Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 2 de Agosto de 2012
| Fecha de Resolución | 2 de Agosto de 2012 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Reinaldo José Chacón Pacheco |
| Procedimiento | Califica Como Flagrante La Aprehensión |
San A.d.T., 2 de Agosto de 2012
202º y 153º
ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2012-002464
ASUNTO : SP11-P-2012-002464
Ref. AUTO DE DECRETO DE MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL PREVIA CALIFICACIÓN DE LA FLAGRANCIA
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
JUEZ (S): ABG. R.J.C.P.
FISCAL: ABG. G.E.R.R.
FISCAL VIGESIMO CUARTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
DELITO: USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO.
IMPUTADO: J.V.P.B..
DEFENSOR: ABG. T.A.M.
DEFENSA PRIVADA
SECRETARIA: ABG. MARIFE COROMOTO JURADO DÍAZ
LOS HECHOS QUE DIERON OBJETO A LA PRESENTE SOLICITUD.
En fecha 27 de Julio de 2012, funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, Destacamento de Fronteras N° 11, se encontraban de servicio en los canales de circulación del Punto de Control Fijo de Peracal, específicamente en el canal 2 que se encuentra en la vía que conduce de San A.d.T. hacia San Cristóbal p Rubio, cuando observaron un vehiculo de transporte publico perteneciente a la Línea Expresos Bolivarianos, donde se trasladaba en condición de pasajero un ciudadano de sexo masculino a quien le solicitaron que se identificara presentando una cédula de identidad donde se indica como titular de la misma a GRISALES O.J.O., signada con el N° 22.982.846, asimismo el referido ciudadano mostraba una actitud sospechosa y evasiva por lo que procedieron a verificar el referido documento ante la oficina del SAIME, con sede en Peral, donde informaron que la cédula de identidad N° V-22.982.846, registra en el sistema pero la litografía y los números no corresponden al troquel utilizado por el SAIME, igualmente se observo que la fotografía es superpuesta mediante escáner y una impresión dactilar de un huellero ordinario siendo lo correcto y legal las maquinas capta huellas emitidas por el SAIME, además la firma del director del SAIME para ese momento del año 2006 Cddno. H.C. es supuestamente falsa lo que evidencia una falsificación de documento, razón por la cual fue detenido preventivamente el sujeto intervenido, quien fue identificado por un documento encontrado dentro de sus pertenecías con una cédula de ciudadanía como J.V.P.B., quien fue detenido preventivamente por estos hechos.
En este sentido y en virtud de los hechos anteriormente descrito, correspondió a este Tribunal, resolver sobre la situación jurídica del ciudadano J.V.P.B.; de nacionalidad Colombiano, natural de Cundinamarca República de Colombia, titular de la cédula de Ciudadanía N°C.C.-10.536.197; de 56 años de edad, nacido en fecha 25 de Noviembre de 1955, comerciante, hijo de R.E.B. (v) y de J.A.P. (f), residenciado en San Diego; calle Los Magallanes, casa 03-52, calle C; V.E.C.; teléfono 0426-4736672, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la F.P..
DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
Durante la celebración de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, el Fiscal del Ministerio Público solicitó al Tribunal, se calificara la aprehensión en flagrancia del imputado J.V.P.B., ya identificado, en la comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la F.P.; se siguiera la causa por el procedimiento abreviado, se decretara Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad a los fines de garantizar las resultas del proceso, todo de conformidad con los artículos 248, 373 y 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
Acto seguido el Juez impuso al imputado J.V.P.B., ya identificado, del contenido del Precepto Constitucional y Legal, contenido en los artículos 49 numeral 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo le impuso de las medidas alternativas a la Prosecución del proceso y del proceso especial por admisión de los hechos; esto aún cuando no se puedan materializar en este acto, señalando el imputado entender el contenido y alcance de lo expuesto; preguntándole si deseaban declarar manifestando que “NO” y al efecto se acoge al precepto constitucional.
En este estado el Juez cede el derecho de palabra al Defensor Privado ABG. T.A.M., del imputado quien realizó sus alegatos de defensa, señala que su defendido tienen domicilio y arraigo en Venezuela, una familia; por ello y dada la entidad del delito, solicita por ello el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad, dejo a criterio del Tribunal la calificación de flagrancia, me acojo al procedimiento Ordinario; por cuanto esta defensa considera que faltan elementos por investigar; consigno constancia de residencia; es todo. Se deja constancia que se recibe de manos del defensor constante de Un folio útil para ser agregado a la causa, solicito el desglose de la cedula de ciudadanía de mi defendido la cual corre inserta a las actas, pido copia certificada del acta, es todo.
DE LA FLAGRANCIA
Conforme se evidencia de la norma contenida en el artículo 248 del Código Adjetivo Penal, se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que se acaba de cometer. También aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar en donde se cometió. Como se evidencia, en este dispositivo de manera clara y precisa se establecen los supuestos o conductas típicas para encontrarnos frente a un delito flagrante. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho. Se trata de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL. De igual manera admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI. Por cierto, figura está muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.
Ahora bien, ante lo expuesto en el acta de investigación penal se determinó que la detención del imputado J.V.P.B., ya identificado, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la F.P., se produce en momentos en que el imputado de autos se identificara presentando una cédula de identidad donde se indica como titular de la misma a GRISALES O.J.O., signada con el N° 22.982.846, asimismo el referido ciudadano mostraba una actitud sospechosa y evasiva por lo que procedieron a verificar el referido documento ante la oficina del SAIME, con sede en Peracal, donde informaron que la cédula de identidad N° V-22.982.846, registra en el sistema pero la litografía y los números no corresponden al troquel utilizado por el SAIME, igualmente se observo que la fotografía es superpuesta mediante escáner y una impresión dactilar de un huellero ordinario siendo lo correcto y legal las maquinas capta huellas emitidas por el SAIME, además la firma del director del SAIME para ese momento del año 2006 Cddno. H.C. es supuestamente falsa lo que evidencia una falsificación de documento, razón por la cual fue detenido preventivamente el sujeto intervenido, quien fue identificado por un documento encontrado dentro de sus pertenecías con una cédula de ciudadanía como J.V.P.B.; es por lo que se considera procedente CALIFICAR COMO FLAGRANTE, la aprehensión del referido imputado, por cuanto se encuentra satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
DEL PROCEDIMIENTO
En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ordinario, formulado por la Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y visto que aún es necesario otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ABREVIADO, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose remitir las actuaciones al Tribunal de Juicio correspondiente, en su oportunidad legal.
DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE
Según las normas del Código Orgánico Procesal Penal para imponer cualquier tipo de medida de coerción de aseguramiento cautelar para el imputado, es necesario que ineludiblemente concurran tres circunstancias, como son las siguientes:
1) La existencia de un hecho punible, sancionado con pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra prescrita:
En el caso sub iudice, el hecho imputado al ciudadano J.V.P.B., ya identificado; conforme la precalificación inicial dada por el Ministerio Público, encuadra perfectamente en el tipo penal USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la F.P.; en virtud que el imputado de autos se identificara presentando una cédula de identidad donde se indica como titular de la misma a GRISALES O.J.O., signada con el N° 22.982.846, asimismo el referido ciudadano mostraba una actitud sospechosa y evasiva por lo que procedieron a verificar el referido documento ante la oficina del SAIME, con sede en Peracal, donde informaron que la cédula de identidad N° V-22.982.846, registra en el sistema pero la litografía y los números no corresponden al troquel utilizado por el SAIME, igualmente se observo que la fotografía es superpuesta mediante escáner y una impresión dactilar de un huellero ordinario siendo lo correcto y legal las maquinas capta huellas emitidas por el SAIME, además la firma del director del SAIME para ese momento del año 2006 Cddno. H.C. es supuestamente falsa lo que evidencia una falsificación de documento, razón por la cual fue detenido preventivamente el sujeto intervenido, quien fue identificado por un documento encontrado dentro de sus pertenecías con una cédula de ciudadanía como J.V.P.B.; en este sentido dicho delito prevé una pena de prisión privativa de libertad, la cual no se encuentra prescrita por cuanto los hechos ocurrieron en fecha 27 de Julio de 2012.
2) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado es el presunto perpetrador o participe del hecho imputado:
Como se ha indicado supra, los elementos de convicción tales como el acta de investigación penal N° 856, de fecha 27 de Julio de 2012, experticia de autenticidad o falsedad N° 6465, reconocimiento legal N° 191, de fecha 27 de Julio de 2012, ; señalan al imputado como presunto perpetrador o autor del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la F.P..
3) Finalmente, verificados los anteriores supuestos, es necesario determinar si existe o no presunción razonable, para apreciar peligro de fuga o peligro de obstaculización.
En este sentido, este tribunal observa que estas circunstancias son determinantes para dictar medida judicial de privación preventiva de libertad o en su lugar una cautelar sustitutiva, a tenor de lo preceptuado en los artículos 256, 257, 258 y 259 de la norma procesal penal ordinaria; por ello el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 251 y 252 respectivamente, enuncia los presupuestos del peligro de fuga y del peligro de obstaculización; y en el numeral 3 del artículo 254, al establecer los requisitos del auto de privación judicial preventiva de libertad, dispone la obligación de indicar los presupuestos a que se refiere los artículos 251 y 252.
En cuanto al peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, como requisito indispensable para la procedencia o no de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y en cuanto a la solicitud de aplicación de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, observa este Juzgador que en el presente caso no existe una presunción razonable del peligro de fuga, en virtud de la pena que pudiera llegar a imponerse la cual no supera los diez años en su termino medio, toda vez que estamos ante un delito imperfecto por ser frustrado, y no existe peligro de obstaculización a la realización de la justicia por cuanto no hay posibilidad que el imputado pueda influir sobre los funcionarios actuantes de la investigación.
En consecuencia este Tribunal DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputado J.V.P.B., ya identificado, a quien el Ministerio Publico le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la F.P., debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones una vez cada CUARENTA Y CINCO (45) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.- Someterse a los actos del Proceso. 3.- Prohibición de cometer nuevos hechos punibles. 4.- Someterse a los actos del Proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal; y así se decide.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. DECIDE:
CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano J.V.P.B.; de nacionalidad Colombiano, natural de Cundinamarca República de Colombia, titular de la cédula de Ciudadanía N°C.C.-10.536.197; de 56 años de edad, nacido en fecha 25 de Noviembre de 1955, comerciante, hijo de R.E.B. (v) y de J.A.P. (f), residenciado en San Diego; calle Los Magallanes, casa 03-52, calle C; V.E.C.; teléfono 0426-4736672; presentado por parte de la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la F.P., por estar llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ordena la prosecución de la presente causa, por los trámites del PROCEDIMIENTO ABREVIADO, conforme lo establece el artículo 372 segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual se ordena remitir las presentes actuaciones al Tribunal Unipersonal de Juicio vencido que sea el lapso de Ley.
SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LA LIBERTAD al imputado J.V.P.B.; presentado por parte de la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público por la presunta comisión del delito atribuido de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el imputado cumplir con las presentes condiciones 1.- Presentaciones una vez cada CUARENTA Y CINCO (45) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.- Someterse a los actos del Proceso. 3.- Prohibición de cometer nuevos hechos punibles. 4.- Someterse a los actos del Proceso.
Líbrese la boleta de Libertad. A fin de cumplir con el principio de Preclusión de los Lapsos Procesales, una vez vencido el lapso de apelación REMÍTASE las actuaciones al Tribunal de Juicio correspondiente, en su oportunidad legal. Quedan notificadas las partes de la presente decisión. Déjese copia en el archivo del Tribunal. Terminó se leyó y conformes firman.
ABG. R.J.C.P.
JUEZ (S) DE CONTROL N° 2
ABG.
SECRETARIA(o)
En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.
SRIO
CAUSA PENAL SP11-P-2012-2464
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