Decisión de Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 4 de Abril de 2014
| Fecha de Resolución | 4 de Abril de 2014 |
| Emisor | Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Edgardo Sánchez |
| Procedimiento | Revisión De Medida |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control del Estado Lara (Carora)
Carora, 04 de Abril de 2014
203º y 154º
ASUNTO PRINCIPAL : KP11-P-2014-000097
REVISIÓN DE MEDIDA PRIVACIÓN DE LIBERTAD (CON LUGAR)
Vista la solicitud presentada por el Defensor Privado: Abg. A.S., actuando como defensa técnica de los ciudadanos: QUIEN DICE LLAMARSE L.M.D.P., cedula numero V-13.209.259, QUIEN DICE LLAMARSE A.B.F.U., cedula numero V-13.024.594, QUIEN DICE LLAMARSE L.A.R.D., cedula numero V-15.530.565, QUIEN DICE LLAMARSE D.J.A.G., cedula numero V-8.973.048, en relación a la Revisión de la Medida de Privación Preventiva de Libertad que le fuere impuesta en fecha 23 de enero de 2014, este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:
El artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal establece el deber que tiene el Juez de revisar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares, por lo cual la solicitud que motiva la presente decisión, en cuanto a su forma y tiempo, se encuentra conforme a derecho siendo por tanto legal y necesario pasar a revisar el contenido de dicha solicitud. Obsérvese que en nuestra ley adjetiva penal se orientó la privación de libertad a través de la aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, pero principalmente al principio de Afirmación de Libertad previsto y sancionado en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal y en virtud del cual la persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones legales. Por su parte el principio de proporcionalidad implica la proporción que debe guardar la medida de coerción personal que se imponga con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable; y por su parte el principio de subsidiariedad se refiere que solo se impondrá la medida judicial de privación de libertad sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. En este orden de ideas destaca lo previsto en el artículo 242 ejusdem, norma que regula las medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad, y según la cual, siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de dichas medidas.
En el presente caso, a los imputados de autos les fue decretada Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad tomando en consideración por una parte la gravedad del delito que se le atribuía, entiéndase los delitos de: USO DE DOCUMENTOS FALSOS O ALTERADOS PREVISTOS Y SANCIONADOS EN EL ARTICULO 322 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 319 DEL CODIGO PENAL. ASOCIACION PARA DELINQUIR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37 DE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ADICIONALMENTE PARA EL IMPUTADO A.B.F.U. EL DELITO DE PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 113 DE LA LEY PARA EL DESARME, cuya pena configuraba la presunción legal del peligro de fuga, prevista en el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, revisada nuevamente la presente causa, se observa que las circunstancias que motivaron el decreto inicial de la medida de privación preventiva de libertad, han variado. Por una parte, se observa la presentación del acto conclusivo del Ministerio Público en el cual se observa que los elementos recabados por este no son mas que los mismos que para el momento de la privación ya existían.
Aunado a lo ya expuesto, debe tomarse en consideración que los imputados de autos, poseen su residencia y el asiento de su familia en el territorio nacional, específicamente en la jurisdicción de este Tribunal, e igualmente de autos no existen elementos que evidencien una conducta predelictual cuestionable de su parte, es decir, pues no aparece que haya estado sometido a persecución penal por otras causas. Todos estos elementos en su conjunto llevan a este Juzgador a considerar que con otra medida de coerción personal menos gravosa que la privación de libertad, se podrían igualmente conseguir el normal desarrollo del proceso y los fines del mismo, siendo procedente entonces, conforme a los principios de subsidiariedad y de afirmación de libertad, la imposición de una medida menos gravosa, y así se decide.
DISPOSITIVA
En base a las consideraciones que preceden, este Tribunal de Control Nº 11, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY Declara: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud formulada por la Defensa sobre la revisión de la medida de Privación de Libertad impuesta a los acusados: QUIEN DICE LLAMARSE L.M.D.P., cedula numero V-13.209.259, QUIEN DICE LLAMARSE A.B.F.U., cedula numero V-13.024.594, QUIEN DICE LLAMARSE L.A.R.D., cedula numero V-15.530.565, QUIEN DICE LLAMARSE D.J.A.G., cedula numero V-8.973.048, se SUSTITUYE dicha medida, por la Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad, contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentaciones periódicas cada 15 días ante la sede de este Tribunal; así como la prohibición de salida del País. SEGUNDO: Notifíquese a las partes de la presente decisión, y líbrense las correspondientes boletas de libertad, y oficios que correspondan.
Dada, firmada y sellada en la Sala del despacho de este Tribunal en la ciudad de Carora, a los Cuatro (04) días del mes de Abril del 2014. Años 203º de la Independencia y 155º de la Federación.
EL JUEZ DE CONTROL ESTADAL Nº 11
E.R.S.C.
LA SECRETARIA
