Decisión de Tribunal Primero de Juicio de Monagas, de 9 de Noviembre de 2012
| Fecha de Resolución | 9 de Noviembre de 2012 |
| Emisor | Tribunal Primero de Juicio |
| Ponente | Jorge Alejandro Cardenas Mora |
| Procedimiento | Sentencia |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas
Maturín, 9 de Noviembre de 2012
202º y 153º
ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2011-001064
ASUNTO : NP01-P-2011-001064
RESOLUCIÓN Nº PJ007-2012-000317
Corresponde a este Tribunal conocer y decidir, la solicitud de revisión y examen de la medida, interpuesta por ante este Tribunal en fecha 30 de octubre de 2012, por la defensora pública séptima penal del estado Monagas a favor de la co-acusada de autos Z.P., este Tribunal previo a decidir, hace las siguientes consideraciones:
La ciudadana Z.D.P.M., titular de la cédula de identidad Nº 18.339.461, se encuentra acusado por su presunta participación en la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN CANTIDADES MENORES, previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas, ello en agravio del estado venezolano, delito éste que conforme a lo establecido en dicha norma jurídica prevé una pena de doce a dieciocho años de prisión.
El Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, al momento de celebrar la audiencia de presentación, en fecha 10-02-2011, resolvió decretar en la persona de la ciudadana acusada Z.D.P.M., la medida privativa judicial preventiva de libertad, considerando la pena que pudiera llegar a imponerse que es de doce a dieciocho años de prisión, la magnitud del daño causado, al tratarse de un tipo penal grave, considerado pluriofensivo y de lesa humanidad, lo cual hace evidente el peligro de fuga, de conformidad con las previsiones del artículo 250, 251 numerales 2°, 3° y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, que contempla la presunción legal de fuga.
De la revisión de las actas procesales que conforman el presente asunto, se tiene que la razón jurídica que justifica la medida privativa judicial preventiva de libertad, en la persona de la acusada de autos, es el peligro de fuga determinado por la pena eventualmente aplicable, la cual sobrepasa los diez años de prisión en su límite máximo. Es así como el artículo 251 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:
Parágrafo primero: Se presume el peligro de fuga en los casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo termino máximo sea igual o superior a diez años
Ahora bien, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.
De la lectura del dispositivo legal, arriba citado, se infiere, que el imputado esta facultado para peticionar la sustitución, cambio o revocación de la medida privativa judicial preventiva de libertad, las veces que quiera, por lo que, en principio es procedente la solicitud efectuada por el acusado.
Efectuada esta primera consideración, debe este Sentenciador entrar a analizar la medida de coerción personal impuesta al acusado de autos y verificar si a la fecha, subsisten las mismas circunstancias que motivaron o justificaron la imposición de la medida.
En el caso que nos ocupa, se trata de un tipo penal pluriofensivo, de drogas, considerado de lesa humanidad, cuya penalidad posiblemente aplicable sobrepasa los diez años de prisión, razón por la cual quien aquí decide, estima que a la fecha están vigentes las mismas circunstancias que motivaron la medida de coerción personal, la cual es necesaria para garantizar las resultas del juicio; en otro sentido, existe una prohibición de acordar medidas sustitutivas menos gravosas, en delitos de drogas a excepción de la posesión en este sentido ha sido pacifica y reiterada la jurisprudencia de casación y de la sala Constitucional del alto Tribunal de la República, en este sentido, en sentencia de fecha 26 de junio de 2012, dejo sentado la Sala Constitucional, el siguiente criterio:
En este mismo sentido se ha orientado la jurisprudencia pacífica de este Alto Tribunal, la cual se ha mantenido en el tiempo, como puede observarse en las sentencias números 1.485/2002, 1.654/2005, 2.507/2005, 3.421/2005, 147/2006, 1.114/2006, 2.175/2007, entre otras, las cuales fueron ratificadas en sentencias recientes, como las números 1.874/2008, 128/2009 y 90/2012, dirigidas a ratificar la imposibilidad de conceder beneficio alguno a los delitos que atentan contra la salud física y moral del colectivo, como es el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, en todas sus modalidades, por lo que se precisa, que a estos tipos penales no le es aplicable ninguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena, ni ningún algún otro beneficio de los establecidos en el Capitulo Tres del Libro Quinto, referido a la ejecución de la pena, del Código Orgánico Procesal Penal, ni a la suspensión condicional de la pena…
(Sentencia Nº 875, Exp. 11-0548; Ponente Magistrado Luisa Estella Morales Lamuño)
En virtud de ello y siendo que se encuentra vigente el mismo peligro de fuga, considerado por el Tribunal de Control, considerando la anterior decisión arriba citada de la Sala Constitucional, la cual no hace distinción entre los beneficios procesales y postprocesales, lo procedente y ajustado en derecho es negar la sustitución de la medida judicial privativa de libertad, decretada en la persona de la acusada Z.D.P.M., ratificando en consecuencia la medida de coerción personal privativa de libertad. Y ASI SE DECIDE.-
DISPOSITIVA
Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento:
-
- Se declara CON LUGAR la solicitud de examen y revisión de medida, solicitada por la defensora pública doctora E.A., a favor de la acusad Z.D.P.M. y por cuanto a la presente fecha, no han variado las circunstancias que motivaron la medida privativa judicial preventiva de libertad, se NIEGA la sustitución de la medida de coerción personal, al ser esté necesaria para garantizar las resultas del juicio, en consecuencia se acuerda mantener la medida privativa judicial preventiva de libertad, dictada en la persona del acusado por el Tribunal de Control en fecha 10 de febrero de 2011; todo de conformidad con lo pautado en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.
Regístrese, diaricese, déjese copia certificada y notifíquese la defensa de la acusada de la presente decisión.
EL JUEZ.,
ABG. J.C.M.
LA SECRETARIA
ABG. YOHANNI RONDÓN
