Decisión nº 448-2016 de Tribunal Segundo de Control de Delta Amacuro, de 15 de Septiembre de 2016

Líbrese la boleta de ENCARCELACIÓN, dirigida al Director del Centro de Retención, Resguardo y Custodia de esta Ciudad. QUINTO: Se acuerda la Rueda de Reconocimiento de Individuos, para el día Jueves 11 de Febrero de 2016, a las 08:30 de la mañana, Líbrese Boleta de Notificación a los testigos, así como el traslado del imputado con su respectivo relleno. SEXTO: CON LUGAR la solicitud de la representante del Ministerio Público, del vaciado del contenido del teléfonos móviles, distinguidos con las siguientes características (01) teléfono celular, ORINOQUIA, modelo BUCARE Y330-U05, serial numero S7KDU14714000063, serial IMEI 964224028143569, CON SU BACTERIA MARCA ORINOQUIA y tarjeta SIM, marca MOVILNET , que le fuera retenido en fecha 01-02-2016, al ciudadano J.R.V.Z., venezolano, nacido en fecha 13-06-1996, de 19 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº 25.255.928 de profesión u oficio obrero, residenciado en sector villa rosa avenida principal casa Nº 05, hijo Yugdelys Velásquez (V) Y J.R.Z. (v), por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas , conforme lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 204, 205 206 y 207 todos del Código Orgánico Procesal Penal, en los últimos sesenta días, lo cual será practicado por los funcionarios del órgano investigador. SEPTIMO: Se acuerdan las copias solicitadas por las partes. Quedan las partes presentes notificadas, es todo. Terminó, siendo las 11:50 se terminó, se leyó y conformes firman.”

En fecha 10 de Febrero de 2016, se recibió del Abg. E.S., el siguiente documento escrito mediante el cual consigna diligencia de solicitud de nombramiento de Defensor Privado, suscrito por el ciudadano J.R.Z.V., mediante el cual nombra al Abogado E.S., constante en su totalidad de dos (02) folios útiles.

En fecha 11 de Febrero de 2016, se efectúa la audiencia de rueda de reconocimiento al ciudadano J.R.V.Z., venezolano, nacido en fecha 13-06-1996, de 19 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº 25.255.928 de profesión u oficio obrero, residenciado en sector villa rosa avenida principal casa Nº 05, hijo Yugdelys Velásquez (V) Y J.R.Z. (v),

En fecha 12 de Febrero de 2016, se recibió del Abg. E.S., en su condición de defensor privado del ciudadano J.R.V.Z., venezolano, nacido en fecha 13-06-1996, de 19 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº 25.255.928 de profesión u oficio obrero, residenciado en sector villa rosa avenida principal casa Nº 05, hijo Yugdelys Velásquez (V) Y J.R.Z. (v), escrito mediante el cual solicita le sea expedida copia simple de todo el expediente que conforma el presente asunto, constante en su totalidad de un (01) folios útiles.

En fecha 16 de Marzo de 2016, se recibió del Abg. E.S., en su condición de defensor privado del ciudadano J.R.V.Z., venezolano, nacido en fecha 13-06-1996, de 19 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº 25.255.928 de profesión u oficio obrero, residenciado en sector villa rosa avenida principal casa Nº 05, hijo Yugdelys Velásquez (V) Y J.R.Z. (v), el siguiente documento escrito mediante el cual consigna diligencia relacionada con el ciudadano J.R.Z.V., plenamente identificado en esta causa, constante en su totalidad de Un (01) folios útil.

En fecha 16 de Marzo de 2016, se recibió oficio Nº 1495-2016, presentado por el ciudadano: J.R., Suscrito por el Fiscal Provisorio en la Fiscalía Auxiliar Interino Sexto encargada de la Fiscalía Segunda del Ministerio Publico, Abg. M.E.R.G., contentivo de actuaciones complementarias y escrito de acusación en contra del ciudadano Imputado J.R.V.Z.. Constante de 131 folios útiles.

En fecha 28 de Marzo de 2016, se recibió del Abg. E.S., en su condición de defensor privado del ciudadano J.R.V.Z., venezolano, nacido en fecha 13-06-1996, de 19 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº 25.255.928 de profesión u oficio obrero, residenciado en sector villa rosa avenida principal casa Nº 05, hijo Yugdelys Velásquez (V) Y J.R.Z. (v), el siguiente documento escrito mediante el cual consigna diligencia relacionada con el ciudadano J.R.Z.V., plenamente identificado en esta causa, constante en su totalidad de siete (07) folios útil.

En fecha 28 de Marzo de 2016, se recibió del ciudadano: J.R.Z., cedula de Identidad Nº 14.905.731, padre del ciudadano J.R.Z.V., plenamente identificado en la presente causa, escrito mediante el cual solicita le designen un Defensor Público y revoca al Defensor Privado, ya que no cuanta con recursos Económicos, constante de (01) folio útil.

En fecha 11 de Abril de 2016, se recibió del ciudadano J.R.Z., titular de cédula de Identidad Nº 14.905.731, padre del ciudadano J.R.Z.V., plenamente identificado en la presente causa, escrito mediante el cual solicita sea admitido los testimonios como mis testigos, y se le acuerde una medida menos gravosa, constante de (03) folios útiles.

En fecha 11-08-2016, se recibió de la Abg. R.M., actuando en su carácter de Defensor público del ciudadano: J.R.V.Z., venezolano, nacido en fecha 13-06-1996, de 19 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº 25.255.928 de profesión u oficio obrero, residenciado en sector villa rosa avenida principal casa Nº 05, hijo Yugdelys Velásquez (V) Y J.R.Z. (v) en el presente asunto, Escrito Mediante el cual Solicita REVISION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

DE LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE A LA SOLICITUD INTERPUESTA

La defensa privada fundamento su solicitud de libertad plena o en su defecto medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con el contenido de los artículos 236 y 242 ambos del Código Penal Venezolano. La normativa legal patria vigente contiene las disposiciones atinentes al establecimiento de la libertad como regla o principio del proceso penal y la viabilidad de la aplicación de medidas de coerción personal, al exclusivo servicio de los fines procesales, cuando concurren los presupuestos para su imposición, siendo recogidos estos principios y facultades en normas expresamente contenidas en la Carta Magna y en el texto adjetivo penal patrio, a saber:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 44. “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

Código Orgánico Procesal Penal:

Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (resaltado del tribunal)

Artículo 229. Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

Artículo 230. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, no exceder del plazo de dos años.

Artículo 232. Motivación. Las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a los afectados.

Artículo 233. Interpretación restrictiva. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.

Artículo 236. Procedencia. El Juez o Jueza de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

   Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez o Jueza de Control, resolverá respecto del pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicito la medida.

   Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado o imputada será conducido ante el Juez o jueza de Control para la audiencia de presentación con la presencia de las partes, y de la victima si estuviere presente y resolverá sobre mantener la mediad impuesta o sustituirla por otra menos gravosa.

   Si el Juez o Jueza acuerda mantener la medida de privación judicial privativa de libertad durante la fase preparatoria, el o la fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento, en su caso, archivar la actuaciones, durante los cuarenta y cinco día siguientes a la decisión Judicial.

   Vencido este lapso, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva. (Negrillas del tribunal)

   Artículo 242.- Modalidades. Siempre que los supuestos que motivas la privación judicial privativa preventiva de libertad pueden ser razonablemente satisfechos con otra menos gravosa para el imputado o imputada, el tribunal competente, de oficio, o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, deberá imponerla en su lugar, mediante resolución motivada, algunas de las medidas siguientes:

1. - La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal orden.

2. - La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de l una persona o institución determinada, la que infamará regularmente al tribunal.

3. - la presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe.

4. - La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Tribunal.

5. - La prohibición de concurrir a determinados reuniones o lugares.

6. - la prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho a la defensa.

7. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres, niños o niñas, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado o imputada.

8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o imputada o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías reales.

9. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria.

   En caso de que el imputado o imputada se encuentre sujeto a una medida cautelar sustitutiva previa, el tribunal deberá evaluar la entidad del nuevo delito cometido, la conducta predelictual del imputado o imputada y la magnitud del daño, a los efectos de otorgar o no una nueva medida cautelar sustitutiva.

   En ningún caso podrán concederse al imputado o imputada, de manera simultánea tres o más medidas cautelares sustitutivas.

   MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

   Al estudiar las Medidas de Coerción Personal encontramos que éstas deben imponerse para garantizar la presencia del imputado y la correcta marcha del proceso, cuando exista una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, como lo señala el ordinal 3° del Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Por ello, para decretar una medida de Coerción Personal se requiere, como lo afirma la doctrina, la existencia del fumus boni iuris, esto es, la demostración de la existencia de un hecho punible atribuible al imputado, y el periculum in mora, referido al riesgo de que el retardo en el proceso puede neutralizar la acción de la justicia, ante la posible fuga del imputado o la obstaculización por su parte en la búsqueda de la verdad. Por otra parte, si bien es cierto, que el Código Orgánico Procesal Penal consagra en el artículo 9, el Principio de Afirmación de la Libertad en el entendido que la privación o limitaciones cuando las medidas cautelares sustitutivas sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso penal y las mismas deben ser de posible cumplimiento con el fin de no desnaturalizar el propósito por el cual fueron impuestas, considera este Juzgadora que han variado las circunstancias que motivaron la privación judicial privativa de libertad, en este en especial se refiere a la investigación que debía realizarse y que el imputado no la obstaculizaran, ni pusieran en peligro la misma, en la cual podían acceder a los presuntos testigos, considera esta juzgadora que efectivamente y tal y como lo ha señalado la defensa pública han variado las circunstancias, ya que fue presentada como ha sido el acto conclusivo por parte del Ministerio Público y concluida la fase de investigación, no existe pues así obstáculo en relación a la declaración de los testigos y expertos, asimismo el ciudadano J.R.V.Z., venezolano, nacido en fecha 13-06-1996, de 19 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº 25.255.928 de profesión u oficio obrero, residenciado en sector villa rosa avenida principal casa Nº 05, hijo Yugdelys Velásquez (V) Y J.R.Z. (v) y demostrado el arraigo pues tiene establecida residencia estable en esta jurisdicción, considera esta juzgadora que esta puede ser razonablemente satisfecha con la aplicación de una medida menos gravosas de las contenidas en la legislación venezolana, como es la obligación de presentarse por ante la oficina de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal cada ocho (08) días, así como prohibición por parte del imputado de salir de la jurisdicción del municipio Tucupita sin autorización del tribunal así como la prohibición de acercarse al lugar de los hechos , por lo que considera este Juzgadora que efectivamente han variado las circunstancias que motivaron el mantenimiento de las medida judicial privativa preventiva de libertad y en su lugar acuerda la revisión de la misma por una medidas menos gravosa de la contendía en el artículo 242, numerales 3, 4 y 5 del Código Orgánico Procesal penal, consistentes estas en la obligación de presentarse cada 08 días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial penal , la prohibición de salida del Municipio Tucupita del Estado D.A. y la prohibición de acercarse al lugar de trabajo y residencias de los testigos y expertos de la presente causa y así se decide. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con los artículos 242, 250, 236, 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

   DISPOSITIVA

   Este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO D.A. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: PRIMERO: Se revisa la Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad que fuera dictada por este Juzgado en fecha Cuatro (04) de Febrero del año dos mil dieciséis (2016), al ciudadano J.R.V.Z., venezolano, nacido en fecha 13-06-1996, de 19 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº 25.255.928 de profesión u oficio obrero, residenciado en sector villa rosa avenida principal casa Nº 05, hijo Yugdelys Velásquez (V) Y J.R.Z. (v), a quien se le sigue causa por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, de conformidad con el artículo 406 Numeral 2 en GRADO DE COOPERADO INMEDIATO, previsto y sancionado en el artículo 83 del Código Penal Venezolano y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal Venezolano , en perjuicio del ciudadano L.Y.P. (Occiso) y de los delitos HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, de conformidad con el artículo 406 Numeral 2 en grado de COOPERADO INMEDIATO, previsto y sancionado en el artículo 83 en relación al artículo 80 del Código Penal Venezolano y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano A.J.P. (LESIONADO), y se le impone medidas cautelares sustitutiva de libertad de las contenidas en el artículo 242 numerales 3, 4 y 5, consistentes estas en la obligación de presentarse cada ocho (08) días por ante la oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial penal del estado D.A., la prohibición de salida del Municipio Tucupita del Estado D.A. y la prohibición de acercarse al lugar de los hechos de la presente causa. SEGUNDO: Se declara con lugar la solicitud formulada por el Defensor Publico ABG. R.M., en su carácter de Defensor del ciudadano J.R.V.Z., venezolano, nacido en fecha 13-06-1996, de 19 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº 25.255.928 de profesión u oficio obrero, residenciado en sector villa rosa avenida principal casa Nº 05, hijo Yugdelys Velásquez (V) Y J.R.Z. (v).

   Regístrese, publíquese, notifíquese a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal y líbrese la boleta de excarcelación del imputado de autos.

   LA JUEZA SEGUNDA DE CONTROL,

   ABG. LIZGREANA P.N.

   EL SECRETARIO,

   ABG. RIKER GONZALEZ