Decisión nº S-N de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 14 de Agosto de 2008

Fecha de Resolución14 de Agosto de 2008
EmisorTribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control
PonenteBelkis Romero
ProcedimientoInexistente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón

S.A. deC., 14 de Agosto de 2008

198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2006-000491

ASUNTO : IP01-P-2006-000491

AUTO DECRETANDO SIN LUGAR

EXCEPCIÓN OPUESTA

TRIBUNAL:

JUEZA PROFESIONAL: B.R. DE TORREALBA

SECRETARIO DE SALA: S.R. ZORRILLA

PARTES:

FISCALA CUARTA (e) DEL MINISTERIO PÚBLICO: NORAIDA ISABEL GARCIA DE SANTOS

VICTIMA: M.A.M.

IMPUTADOS: L.B., N.G., A.L. y L.Z.

DEFENSOR PRIVADO: J.R. GALUE

DELITOS: ROBO AGRAVADO, LESIONES PERSONALES Y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD

Corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento en ocasión al escrito de excepción interpuesto en la presente causa seguida contra los ciudadanos L.B., N.G., A.L. y L.Z., la cual se encuentra en fase de investigación, siendo que se fijó conforme a lo previsto en el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal la audiencia oral para debatir sobre la excepción opuesta y con fundamento en decisión dimanada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 12 de junio de 2007, sentencia N° 298 con Ponencia del Magistrado HECTOR CORONADO FLORES, expediente N° 07-0142, la cual en tal sentido ilustra:

….En relación a la omisión, por parte del Tribunal de Control, de convocar a la audiencia oral para debatir los fundamentos de la solicitud de sobreseimiento, esta Sala de Casación Penal, en sentencia N° 210 de fecha 9 de mayo de 2007, expresó:

…ante la solicitud de sobreseimiento presentada, el juez de Control deberá convocar a las partes y a la víctima a una audiencia oral, con el objeto de debatir los fundamentos de dicha petición. Esta convocatoria a la audiencia oral no es más que una efectiva manifestación del derecho a la defensa y una reafirmación del derecho de la víctima a ser oída por el tribunal antes de decidir sobre el sobreseimiento, consagrado en el artículo 120, numeral 7, del Código Orgánico Procesal Penal.

La regla general de la convocatoria a la audiencia oral para que las partes y la víctima puedan debatir los fundamentos del sobreseimiento, tiene una excepción establecida en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, y no es otra que el juez considere que la referida audiencia no es necesaria para probar el motivo del sobreseimiento. Pero, esta decisión que impide a todos los legítimamente interesados en el proceso, expresar su opinión en relación al mencionado acto conclusivo, debe ser dictada mediante auto motivado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 eiusdem…

.

En este mismo sentido, la Sala Constitucional, ha señalado:

…En efecto, establece el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal que, luego de la presentación de la solicitud fiscal de sobreseimiento, el Juez deberá, en principio, convocar a las partes y a la víctima a una audiencia oral dentro de la cual serán debatidos los fundamentos de la petición. Es una regla general que constituye una inequívoca manifestación, por parte del legislador, de aseguramiento, en favor de todos los legítimamente interesados en el proceso, de la efectiva vigencia del derecho a la defensa que proclama el artículo 49.1 de la Constitución. Ahora bien, el mismo legislador incluyó la disposición de que el Juez decida prescindir de dicho debate, cuando estime que el mismo no sea necesario para la prueba del motivo del sobreseimiento. Ahora bien, porque se trata, como se acaba de expresar, de una opción excepcional en el trámite del sobreseimiento, la cual, de una u otra manera, afecta el ejercicio del derecho constitucional a la defensa, en beneficio de la celeridad y simplicidad procesal que también proclama la Constitución a través de sus artículos 26 in fine y 257, la decisión de prescindir del debate y, por tanto, de no dar oportunidad a las partes para la exposición de lo que estimen pertinente en relación con el referido acto conclusivo, debe ser razonada o motivada, so pena de nulidad, de acuerdo con el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal.

Tal omisión constituye una infracción grave al debido proceso, en su concepto genérico, y a su concreción del derecho a la defensa, cuya tutela interesa al orden público y debe ser, por tanto, provista aun de oficio, dado los efectos negativos que el seguimiento de dicha conducta, por parte de otros órganos jurisdiccionales, produciría al interés social, tal como estableció esta Sala, en su fallo n° 1689, de 19 de julio de 2002, el cual, si bien referido al amparo, es, sin duda, de plena pertinencia para el proceso judicial en general. Se concluye, entonces, que la inmotivada decisión, por parte de la Jueza Sexta del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, de prescindir de la audiencia oral para que las partes debatieran sobre los fundamentos de la antes referida solicitud fiscal de sobreseimiento constituye no sólo una infracción al artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que la observada omisión condujo a una seria lesión del derecho fundamental a la defensa, en perjuicio de las partes involucradas en el proceso penal correspondiente, razón por la cual, por razones de orden público constitucional, debe esta Sala decretar, con base en el artículo 191 eiusdem, la nulidad absoluta del auto que, el 26 de junio de 2002, dictó la Jueza Sexta del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, mediante el cual decretó el sobreseimiento de la antes referida causa penal, y la reposición de la misma al estado de que el Tribunal de Control del preseñalado Circuito Judicial Penal, provea en relación con el contenido del primer párrafo del artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal…

. (Subrayado de la Sala). (Sent. 1195 del 21-06-2004, ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz).

El criterio expuesto en los fallos anteriores fue ratificado por la Sala Constitucional en la sentencia N° 1581 del 9 de agosto de de 2006, ponencia de la Magistrada C.Z. deM., en los términos siguientes:

…Así pues, se hace imprescindible que los Jueces Penales cumplan con su deber de garantizar los derechos que les ofrece el Código Orgánico Procesal Penal a las víctimas, para que exista un equilibrio en el proceso penal que tiene como fin: establecer la verdad de los hechos, la materialización de la justicia y la protección de la víctima, así como la reparación del daño a la que tenga derecho.

Por lo tanto, en cumplimiento de ese deber, el Tribunal Sexto de Control debió practicar la notificación de la representación judicial de la Lotería del Táchira para oírla antes de decretar el sobreseimiento de la causa y también, en el caso que prescindiera de la celebración de la audiencia de sobreseimiento, para que se diere por notificada del fallo que pone fin al proceso, a los efectos de interponer, en el caso que lo considere, los recursos de impugnación que le ofrece el Código Orgánico Procesal Penal.

Además, respecto de la celebración de la audiencia oral establecida en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, cabe destacar que la misma no fue celebrada por el Tribunal Sexto de Control, ni consta que, en el caso que ese Juzgado estimare innecesario realizarla, se haya dictado un auto motivado mediante el cual se explique las razones por las cuales no hacía falta su celebración.

Esta Sala ha asentado que la audiencia de sobreseimiento no debe celebrarse en forma obligatoria, como lo establece el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, pero si el Juez considera que debe prescindir de su celebración, debe, en forma motivada, señalar por qué no se realiza, ya que de lo contrario, estaría ocasionando injuria constitucional…

. (Sent. 1581 del 9-08-2006, ponencia de la Magistrada C.Z. deM.).

De tal manera que ante la excepción opuesta por alguna de las partes, cuya declaratoria con lugar tenga como efecto el sobreseimiento de la causa, de conformidad con el artículo 33, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, el juez de control, está en la obligación de emplazar a las partes y a la víctima para la realización de una audiencia, en la cual éstas puedan expresar su opinión sobre la procedencia o no de la excepción alegada, garantizándose así el derecho a la defensa y el derecho que tiene la víctima a ser oída antes de que se dicte una decisión que pone fin al proceso.

En el presente caso, el Juzgado Primero de Control, ante la excepción opuesta por la defensa, referida a que los hechos denunciados no revestían carácter penal, decretó el sobreseimiento de la causa, sin convocar a las partes ni a la víctima a la audiencia oral en la cual las mismas podían expresar lo que considerasen pertinente en relación a dicho acto conclusivo. Tampoco consta en el auto en el cual el referido Juzgado decretó el sobreseimiento, ni en otra decisión anterior, las razones por las cuáles no realizó dicha audiencia. Tales omisiones constituyen una flagrante violación de los derechos a la defensa y a ser oído, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…

Sobre la base de la decisión extractada y lo expuesto en la audiencia oral estima esta Juzgadora:

DE LA AUDIENCIA ORAL

Por su parte señala el Defensor Privado J.R. GALUE MARTINEZ, que ratificaba el escrito de excepción interpuesto y alegando que ha operado la caducidad de la acción, según lo establece la letra “h” numeral cuarto del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no se ha presentado acto conclusivo, y en consecuencia solicita se decrete el sobreseimiento de la causa de conformidad con el numeral 4to del artículo 33 ejusdem y expuso que en fecha 14 de Noviembre de 2005, se formuló denuncia por parte de la víctima, posteriormente se le decretó orden de Aprehensión, y en audiencia se cambio la calificación, se fijo acto de Reconocimiento y en fecha 22 de Octubre de 2007 el Fiscal solicita el sobreseimiento y se le remitió la causa para que fundamentara su petitorio y nunca lo hizo, se ha computado dos (2) años sin presentar acto conclusivo y no se ha presentado prorroga, se ha violado el principio de oportunidad, tales hechos significan que la acción penal caduco, solicita el archivo de las actuaciones y el sobreseimiento de la causa.

Impuestos los imputados de sus derechos constitucionales y procesales manifestaron: L.G.B.B., que quería declarar se identificó como venezolano, de 31 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.732.970, Superintendente De Protección Integral de Hidrofalcón, teléfono 0426 5608805, hijo de W.J.B. y L.E.B.M., T.S.U. , residenciado en la Urbanización A.C., calle 04, casa 56, Coro, estado Falcón, y expuso: Nosotros fundamentamos el sobreseimiento basado que el 13 de Noviembre de 2005, cuando me desempeñaba como Coordinador de Prevención y Control de Pérdidas de Hidrofalcón, me dirigí hacia la Coordinación de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas Policiales de aquel entonces a denunciar al sargento de segunda A.M. por hostigamiento a las claves de seguridad de HIDROGFALCÓN, se presenta un altercado entre el denunciado y mi persona, y toda esta trayectoria no deseable hacia ninguna persona, comienza el señalamiento hacia mi persona y el personal bajo mi cargo, continuando el hostigamiento acudo a la Fiscalía Décimo Séptima del ministerio Público de Derechos Fundamentales el día 17 de Noviembre a proseguir con la denuncia hacia el funcionario policial, quien es el que lleva posteriormente las investigaciones del caso por medio del grupo LINCE de las Fuerzas Armadas Policiales como se evidencia en el folio 11 del expediente y desde entonces nunca se nos llamó a declarar, hemos tenido un trabajo fijo y siempre a disposición de las leyes, nunca se nos llamo a declarar, asistí al reconocimiento solicitado por la Fiscalía donde no se presentó la supuesta víctima y tengo dos años presentándome y padeciendo una reseña y una orden de aprehensión vigente en el CICPC donde recalco mi solicitud para el sobreseimiento de la causa dome siempre hemos estado a disposición para todas las investigaciones pero el tiempo venció y solicitar la nulidad de la orden de aprehensión y reséñame el CICPC.

Posteriormente señaló el ciudadano A.M.L., venezolano, de 28 años de edad, Vigilante, tercer año de bachillerato, soltero, titular de la cédula de identidad N° 14.356.958, hijo de Z.D.C.L., residenciado en la calle Aurora con callejón O.C. y Avenida Pinto Salinas, casa sin número, color amarilla con marrón, residencia de una planta de la señora Haydé, teléfono 0412 1620322, Coro, estado Falcón, cerca de CONSUACA, bar Chirimoyo, y expuso: Solicito el sobreseimiento de la causa, es todo.

Seguidamente declaró el ciudadano L.R.Z., venezolano, de 40 años de edad, casado, Chofer de HIDROFALCON, segundo año de Bachillerato, hijo de L.R. y D.Z. (Dftos), residenciado en la Urbanización Las Velitas II, calle 17, casa N° 03, frente al Kiosco S.B., teléfono 0414 9676108 y expuso: Solicito el sobreseimiento de la causa. Es todo.

Y por último el ciudadano N.G., venezolano, de 34 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.479.811, Bachiller, casado, hijo de C.M. y Á.E.G., estudiante, residenciado en la Urbanización Los Médanos, manzana B-6, casa N° 01, cerca de la cancha deportiva, Coro, estado Falcón, teléfono 0416 2673812 y expuso: Solicito el sobreseimiento de la causa. Es todo.

Posteriormente se le concedió la palabra a la ciudadana Fiscal del Ministerio Público quien expuso: Solicito se declare sin lugar el escrito de excepciones interpuesto en virtud de que la presente causa no opera la caducidad tomando en cuenta el lapso establecido para la caducidad que es la prescripción extraordinaria, se toma en cuenta el inicio de la investigación que es a partir del 14 de Noviembre de 2005, la jurisprudencia dice que se tome en cuenta el lapso de la prescripción ordinario con la acotación que es a partir de la orden de inicio y al computar solo ha transcurrido un lapso menor a tres años, tomando en consideración los delitos imputados por el Ministerio Público, los cuales las pena a imponer son lesiones personales leves, robo agravado y privación ilegitima de libertadse los cuales tienen penas altas y tendría que tomar el artículo 108 del Código penal para la prescripción y dichas penas exceden de tres años, es por lo que solicita se declare sin lugar lo solicitado por la defensa y el sobreseimiento y pide se remitan las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público para emitir un acto conclusivo.

Por su parte señaló el ciudadano M.A.M., en su condición de víctima, que no cierren el caso y sigan las investigaciones. Es todo.-

PRONUNCIAMIENTO

Alega que ha operado la caducidad de la acción, según lo establece la letra “h” numeral cuarto del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no se ha presentado acto conclusivo, y en consecuencia solicita se decrete el sobreseimiento de la causa de conformidad con el numeral 4to del artículo 33 ejusdem por cuanto en fecha 14 de Noviembre de 2005, se formuló denuncia por parte de la víctima, posteriormente se le decretó orden de Aprehensión, en audiencia oral se cambio la calificación, se fijo acto de Reconocimiento, en fecha 22 de Octubre de 2007 el Fiscal solicita el sobreseimiento y se le remitió la causa para que fundamentara su petitorio y nunca lo hizo, se ha computado dos (2) años sin presentar acto conclusivo y no se ha presentado prórroga, se ha violado el principio de oportunidad, tales hechos significan que la acción penal caduco, solicita el archivo de las actuaciones y el sobreseimiento de la causa.

Sobre lo alegado por el Abogado Defensor debe este Tribunal señalar que prevé el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal en su numeral 4 literal “h”, lo siguiente:

Durante la fase preparatoria, ante el Juez de control, y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:

1. La existencia de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 35;

2. La falta de jurisdicción;

3. La incompetencia del tribunal;

4. Acción promovida ilegalmente, que sólo podrá ser declarada por las siguientes causas:

a) La cosa juzgada;

b) Nueva persecución contra el imputado, salvo los casos dispuestos en los numerales 1 y 2 del artículo 20;

c) Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada, se basen en hechos que no revisten carácter penal;

d) Prohibición legal de intentar la acción propuesta;

e) Incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción;

f) Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción;

g) Falta de capacidad del imputado;

h) La caducidad de la acción penal;..

En el presente caso, antes de pronunciarse este Juzgado sobre la caducidad de la acción penal, igualmente es necesario pronunciarse sobre los fundamentos esgrimidos por el Abogado Defensor en relación a la excepción opuesta, por cuanto refiere el oponente que el Ministerio Público inobservó el debido proceso como el derecho a la defensa en la presente fase de investigación prescindió de la acción penal al tener suspendida la investigación por un tiempo de más de dos años, violando el debido proceso como el derecho a la defensa sin la autorización del Jueza de Control (folio 325 primera pieza).

Observa esta Juzgadora que en el presente caso se dio inicio a la investigación en fecha 15 de noviembre de 2005 por ante la Fiscalía Primera del Ministerio Público, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas.

En fecha 08 de abril de 2006, el Fiscal Primero del Ministerio Público solicita orden de aprehensión, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, LESIONES PERSONALES DE CARÁCTER GRAVE y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD contra el ciudadano LENIM BOLIVAR, en cuanto al ciudadano L.Z. por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRACIÓN EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO y LESIONES GRAVES. Para el ciudadano N.G. HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRACIÓN EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO y LESIONES GRAVES y para el ciudadano A.L. HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRACIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, ROBO AGRAVADO y LESIONES GRAVES pero en grado de complicidad necesaria.

En fecha 11 de abril de 2006, este Tribunal decreta la ORDEN DE APREHENSIÓN solicitada.

En fecha 20 de abril de 2006, se celebró la audiencia oral de presentación de imputados y este Tribunal resolvió, la imposición de la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, a los imputados de autos BOLIVAR LENIM, N.G., LUZARDO ALEXANDER Y ZAVALA LEONEL, de conformidad con los artículos 256 ordinal 3 y 6 del Código Orgánico Procesal Penal, (Consistente en Presentación cada 8 días por ante este despacho y Prohibición de acercarse a la victima), se libraron las respectivas Boletas de Libertad y se remitió la causa a la Fiscalía del Ministerio Público del estado Falcón.

En fecha 31 de julio de 2007, fijada audiencia oral para resolver la solicitud de fijación de plazo prudencial, el Fiscal del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa conforme al artículo 318 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal, sin fundamentar dicha solicitud por escrito, y sin hacer referencia alguna sobre si la solicitud correspondía a los cuatro imputados de autos por cuanto en la audiencia sólo comparecieron dos, que fueron los ciudadanos N.G. y A.L. (folios 299 y 300 primera pieza).

En fecha 01 de octubre de 2007, este Tribunal a cargo del Abogado A.C.L. remitió la causa a la Fiscalía Cuarta a los fines de que el titular de la acción penal fundamentara la solicitud realizada de manera oral en la audiencia de plazo prudencial.

Estima este Tribunal sobre la base de lo antes expuesto que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 285 lo siguiente: “Son atribuciones del Ministerio Público: 1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. 2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso”.

Por su parte dispone el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, “Titularidad de la acción penal. La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales”.

Como atribuciones del Ministerio Público se puede citar el artículo 108 del texto adjetivo penal, que reza: “Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal: 1. Dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policía de investigaciones penales para establecer la identidad de sus autores y partícipes…”.

Asimismo, ha ilustrado la Sala Constitucional al respecto: “…De manera que, el Ministerio Público no puede ser a la vez sujeto activo y pasivo en esa relación penal, ya que, tiene el deber constitucional de ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o autoras y demás participantes, por lo que no es procedente que dicho ente intente, en su contra, un obstáculo de la acción penal. El Ministerio Público debe garantizar en los procesos penales el respeto de los derechos y garantías constitucionales de las partes; y para que ello se lleve a cabo, debe velar igualmente por el cumplimiento de las normas procesales…” (Ponente Dra. C.Z. deM. en fecha 09/02/2007, exp. 06/1728, Sentencia N° 185).

Establecido lo anterior, considera quien aquí decide que no le asiste la razón al oponente por cuanto éste señala que el Ministerio Público en la presente causa no procuró dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requería, pues ha transcurrido los seis meses como lo indica el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal y no requirió del Jueza de Control de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación. La normativa legal en referencia prevé expresamente que es el imputado quien requerirá al Jueza de Control, pasados seis meses desde su individualización la fijación de un plazo prudencial a los fines de que el Ministerio Público concluya con la investigación, en tal sentido, mal puede el Ministerio Público solicitar al Jueza de Control le fije un plazo para que concluya con dicha investigación, tal como lo expresa la normativa legal señala ut supra, cuando dicho funcionario es el titular de la acción penal encargado precisamente de la fase preparatoria y quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales.

Durante la audiencia oral el oponente señaló que esta Juzgadora confundía la normativa legal referida a los artículos 313, 314 y 31 todos del Código Orgánico Procesal Penal, pero precisamente se dictaminó en el presente casó no ha operado la CADUCIDAD DE LA ACCIÓN por cuanto en primer lugar no se le ha establecido lapso alguno al Ministerio Público a los fines de que concluya con la investigación, en la audiencia fijada para establecer el plazo prudencial no se fijó plazo alguno, por el contrario el Ministerio Público solicitó de manera oral un sobreseimiento de la causa sin fundamentación alguna y hasta la presente fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte del Titular de la acción penal al respecto.

Por otra parte, señaló el oponente que en el presente caso se ha violentado el Principio de Oportunidad, a tal respecto prevé el artículo 37 del texto procesal penal, lo siguiente:

“El Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar al Juez de control autorización para prescindir, total o parcialmente, del ejercicio de la acción penal, o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, en cualquiera de los supuestos siguientes:

  1. Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia o por su poca frecuencia no afecte gravemente el interés público, excepto, cuando el máximo de la pena exceda de los tres años de privación de libertad, o se cometa por un funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo o por razón de él;

  2. Cuando la participación del imputado en la perpetración del hecho se estime de menor relevancia, salvo que se trate de un delito cometido por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo o por razón de él;

  3. Cuando en los delitos culposos el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, daño físico o moral grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena;

  4. Cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción, de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones, o a la que se le impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

Como quedara establecido, dicho principio de oportunidad solo procede en los casos expresamente señalados por la ley, siendo que el presente proceso no se encuentra contenido dentro de los cuatro supuestos antes mencionados, por cuanto la investigación se inició por la presunta comisión de varios ilícitos penales, es decir, concurrencia de delitos los cuales hasta la presente fechas no han dejado de ser considerados por el Titular de la Acción Penal como se desprende de los autos.

Por tales razones, considera quien aquí decide, en primer lugar, que no nos encontramos ante la fijación de un plazo prudencial según lo previsto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, y mal puede haber operado la prórroga a la que hace referencia el artículo 314 ejusdem como lo señala el oponente. Y así se decide.-

En segundo término, el Ministerio Público no ha requerido de este Tribunal la autorización para prescindir, total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas investigadas que intervinieron en el hecho, por tanto no nos encontramos ante la violación del Principio de Oportunidad. Y así se decide.-

En tercer término, aún cuando han transcurrido más de dos años en el presente proceso desde que se dio inicio a la investigación, esta Juzgadora no puede sustituirse en la actividad propia de las partes, siendo que los imputados de autos, cuentan con los mecanismos procesales que le otorga la ley para requerir la conclusión de la investigación seguida en su contra, así como, el decaimiento de las medidas de coerción personal que les hayan sido impuestas. Y así se decide.-

Por último, por no haberse verificado la caducidad de la acción interpuesta, y por tanto, se declara sin lugar el Sobreseimiento de la causa como efecto de la Caducidad, siendo motivos suficientes para declara sin lugar la excepción opuesta por el ciudadano A.M.L., representado por su Abogado de Confianza J.G.. Y así se decide.-

DISPOSITIVA

En consecuencia, este Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: DECRETA: PRIMERO: SIN LUGAR la excepción opuesta por el ciudadano A.M.L., representado por su Abogado de Confianza J.G. por no haberse verificado la caducidad de la acción en el presente caso, por tal motivo se declara sin lugar el Sobreseimiento de la causa como efecto de la Caducidad. SEGUNDO: Se declara con lugar la solicitud interpuesta por el ciudadano L.B. de que se deje sin efecto la ORDEN DE APREHENSIÓN librada en su contra y contra el resto de los imputados en fecha 11 de abril de 2006. TERCERO: Remítanse las presentes actuaciones en su oportunidad legal. Líbrese oficio al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y así se decide.-

Publíquese, regístrese, diarícese. Notifíquese de conformidad con el artículo 184 del Código Orgánico Procesal Penal.-

LA JUEZA PRIMERA DE CONTROL

ABG. B.R. DE TORREALBA

EL SECRETARIO DE SALA,

S.R. ZORRILLA

RESOLUCIÓN N° PJ0012008000685.-

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