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La Fiscalía no debió cerrar 76% de los casos de corrupción

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Vincent

El artículo 271 de la Constitución establece que "no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes", lo cual significa que pueden ser investigados, juzgados y sancionados sin límite de tiempo. Por eso, la ex directora de Actuación Procesal del Ministerio Público, Carmen Alguindigue, considera injustificable que 76% de los pronunciamientos fiscales en 2010 sobre presuntos daños al patrimonio público hayan sido sobreseimientos; es decir, que se le dio definitiva exoneración de responsabilidad penal a los imputados por falta de pruebas en su contra.

La estadística que aparece en el informe anual del Ministerio Público de 2010, presentado el martes por la fiscal general de la República Luisa Ortega ante la Asamblea Nacional, entraña dos posibilidades: o la corrupción no es como sospechaba la Fiscalía y se habría perdido tiempo, esfuerzo y dinero, o la capacidad de investigación del organismo es deficiente.

Al término de una averiguación fiscal, el Ministerio Público tiene tres opciones: 1) acusar, con fundamento en pruebas suficientes; 2) solicitar el sobreseimiento de la causa, lo cual equivale al cierre del caso por la imposibilidad de identificar y precisar la responsabilidad penal de los presuntos autores del delito; y 3) decretar el archivo del expediente, de modo que la causa quede en suspenso hasta que se logre la aclaración definitiva de los hechos.

En materia de corrupción, indicó Alguindigue, se ha debido optar por el archivo y no por el sobreseimiento, pues este puede constituir un mecanismo de impunidad.

El capítulo sobre corrupción ocupa un poco más de 3 páginas de las 98 que integran el informe anual. Se indica que en 2010 hubo 3.374 "egresos": 2.443 (76,1%) fueron solicitudes de sobreseimientos, 596 (18,56%) acusaciones, y 171 (5,32%) decretos de archivo. No se precisan los ingresos, sino sólo que el año pasado se formularon 1.210 imputaciones y se realizaron 2.530 diligencias.

En cuanto a casos concretos sólo se mencionan las actuaciones contra 15 entidades financieras y 22 empresas relacionadas, para un total definitivo de 80 órdenes de captura, 70 medidas de libertad condicional y 18 acusaciones.

El caso de los 1.196 contenedores de alimentos vencidos de Pdval se resume en un párrafo de 6 líneas para señalar que se solicitó el enjuiciamiento de 3 personas.

¿Razones? Carmen Alguindigue lamenta que las...

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