Decisión nº XP01-P-2008-000231 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 5 de Mayo de 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal en funciones de Control Tres del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas

Puerto Ayacucho, 5 de Mayo de 2008

198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2008-000231

ASUNTO : XP01-P-2008-000231

AUTO DE NEGATIVA DE SUSTITUCION DE MEDIDA

Por ante este juzgado de control se recibió en fecha 24 de abril de 2008, escrito de solicitud de otorgamiento de una medida cautelar menos gravosa de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal por parte del abogado, J.V.Q. E., Defensor Público Segundo Penal (S), adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Amazonas, actuando en representación del imputado, A.R.C., suficientemente identificado en la causa signada bajo las siglas, XPO1-P-2008¬-000231, señalando lo siguiente:

Quien suscribe, Abg. J.V.Q., Defensor Público Cuarto en materia Penal Ordinario, en representación de la Defensa Pública Primera Penal, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del Estado Amazonas, en mi condición de Defensor del ciudadano R.C.A., a quien se le sigue en el ASUNTO N° XP01-P-2008-000231, nomenclatura de ese Tribunal, ocurro ante usted con el debido respeto y expongo:

Es el caso ciudadana Juez, que a mi representado se le decretó medida de privación judicial preventiva de la libertad en la Audiencia de presentación, celebrada el 13 de Febrero del presente año, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILíCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; y actualmente se encuentra recluido en la Comandancia General de la Policía de esta entidad federal.

A los efectos de Ley, acudo ante su competente autoridad, muy respetuosamente, a fin de solicitar, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Ley Adjetiva penal, el EXÁMEN Y REVISIÓN DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, que le fue dictada a mi defendido, y le sea sustituida por una medida menos grave de posible cumplimiento de las establecidas en el artículo 256 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar esta defensa, que la misma es procedente según lo establecen los artículos 8 y 9 del código orgánico procesal penal, que establece los principios de presunción de inocencia y afirmación de libertad, y este último tipifica que las medidas de coerción personal se interpretan en forma restrictiva y no extensiva, para tales efectos los cito textualmente.

Artículo 8: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA". Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

Artículo 9: "AFIRMACIÓN DE LA LIBERTAD". Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tiene carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente.

Dichos artículos, guardan estrecha relación con lo indicado en el artículo 243 del ejusdem y que cito a continuación:

Artículo 243: 2ESTADO DE LIBERTAD". Toda persona a quien se le impute Participación de un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.

La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

Las aludidas normas, podemos concordarlas en el artículo 44 ordinal 10 y 49 ordinal 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

10 Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por la razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso.

Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas ...

Ordinal 2°: "Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario" .

Cabe señalar, que los pactos y tratados internacionales, también establecen la afirmación de libertad, los cuales se citan en lo sucesivo:

Declaración Americana de los Derechos del Hombre:

Artículo XVIII: Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos.

Artículo XXIV: Toda persona puede acudir a los Tribunales para hacer valer sus derechos.

Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos según las formas establecidas por las leyes preexistentes.

Así como también lo establece el pacto de San J.d.C.R. en su artículo 7, el cual cita textualmente: Convención Americana sobre Derechos Humanos. "Pacto de San José".

Artículo 7 en sus ordinales 1° y 5°. Derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un Juez o ante otro funcionario autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad sin perjuicio a que continúe el proceso; su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el mismo .

Siendo estos pactos y tratados, vinculantes y de rango constitucional, según lo establece el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual cito a continuación:

"Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta constitución y la ley de la república, y son de aplicación inmediata y directa por lo tribunales y demás órganos del poder público".

En consecuencia, se deduce honorable Juez, que mi representado se hace acreedor de tal medida solicitada por cuanto la finalidad de una medida de coerción, es garantizar la comparecencia de mi defendido a los actos procesales, pero que igualmente puede ser cumplida sometido a estas disposiciones.

Ahora bien ciudadana Juez, en fecha 21 de Abril del presente año, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, emite decisión en el expediente N° 2008-0287 producto de recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de los efectos de los parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460, 470 parte in fine, todos del Código Penal, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas vigentes, donde las prohibiciones del referido beneficio en las normas antes señaladas quedan sin efecto, entendiéndose que los encausados por los delitos establecidos en las normas sustantivas, tienen la posibilidad que le sea otorgada una medida de coerción personal menos gravosa (Ver sentencia), es por esto que solicito muy respetuosamente, apegado y ajustado a derecho, que esta solicitud de examen y revisión de medida sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar.

Es justicia que invoco, en la ciudad de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, esperando una respuesta favorable a favor de mi defendido, a la fecha de su presentación.

Para decidir este Tribunal observa:

El día lunes 13 de febrero de 2008, se celebro audiencia de presentación contra el ciudadano, A.R.C., titular de la cedula de identidad Nº E-4.055.538, por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el Art. 31 De la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas, en perjuicio del estado Venezolano, decretándose en su contra, medida de privación judicial preventiva de libertad, basándose en los Artículos, 250, 251 y 252 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, dichas circunstancias, a estas alturas del proceso no han variado lo que justifica aun mas el mantenimiento de dicha medida contra el ciudadano, R.C., este criterio posee suficiente sustento, en decisiones del Tribunal Supremo de justicia como el de la Sala constitucional sentencia 499, de fecha 21 de marzo de 2007, expediente 06-1658, que dice:

La segunda denuncia realizada por la defensa del acusado está íntimamente relacionada con la anterior, ya que, el abogado defensor señaló que se le había violado a su defendido su derecho a ser juzgado en libertad, en virtud que el juez de control le negó la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad por ellos solicitada. Habiendo estudiado la denuncia formulada, esta Sala le recuerda al accionante que el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, y que además el juez tiene la obligación de revisarla cada tres meses, quien de estimarlo prudente sustituirá la medida por otra menos gravosa; contra esa negativa el imputado no puede ejercer el recurso de apelación, ya que siempre tiene abierta la posibilidad de solicitar nuevamente se revise la medida.

En el presente caso, el juez revisó la medida y decidió negar la misma por cuanto no han cambiado las condiciones que ameritaron se dictada la privativa de libertad. En consecuencia, al tener el accionante la vía ordinaria a su disposición, a saber, la revisión de las medidas cautelares, lo ajustado a derecho es declarar inadmisible la presente denuncia de conformidad con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

De esta nota se puede concluir que efectivamente al no variar las circunstancias mediante el cual se dictó una medida de privación de libertad es un deber para el juzgador, su mantenimiento, puesto que persigue la protección de dos derechos fundamentalmente vitales, una asegurar el resultado del proceso, con la presencia de todas las partes intervinientes, pero sobre todo la del imputado, la otra los derechos de la victima, que en este caso se trata de los colectivos, ya que los delitos de narcotráfico son catalogados de lesa humanidad, afectando de forma importante la sociedad. De tal forma que vista estas circunstancias se debe negar la sustitución de la medida de privación de libertad.

Es claro que con los razonamientos anteriores y los hechos que dieron lugar a la medida, se hace necesario el mantenimiento de ella, pero no (quiere puntualizar esta unidad de justicia) de manera inquisitiva y como pena anticipada, como lo señala la defensa, si no como una medida precautelativa, instrumental que solo dependerá del resultado de la investigación y del accionante principal, el estado, representado por la vindicta pública como titular de la acción penal, con el debido control y resguardo de las garantías constitucionales del reo, Ahora nuestra sala constitucional establece dos clases de privación de libertad a saber: 1.- Como sanción (presidio, prisión o arresto, según el Código Penal venezolano); y 2.- Como medida preventiva (la orden de captura emitida por el juez, la privación judicial preventiva de libertad y la flagrancia)….”

Es evidente que la naturaleza jurídica de la medida otorgada al imputado no es sancionatoria, es preventiva y así la ha sostenido este despacho, con el debido resguardo de los derechos fundamentales del ciudadano A.R.. Propicia la ocasión para colocar parte del texto de la sentencia emanada de la Sala Constitucional número 1744 del 09 de agosto de 2007, relacionado a la inconstitucionalidad del Código de Policía del Estado Lara, cuyo extracto transcribimos a continuación:

Ahora bien, es menester resaltar que si bien el derecho fundamental a la libertad personal es la regla general, no es menos cierto que el propio texto constitucional permite que el mismo pueda verse restringido en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos -taxativamente- en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicha norma establece:

Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso (…)

(Subrayado del presente fallo).

Esta Sala reitera (ver sentencia n° 130/2006, del 1 de febrero), que del texto de ese primer numeral se pueden distinguir varios aspectos, todos relevantes en cuanto al referido derecho a la libertad:

...1.- La libertad es la regla. Incluso las personas que sean juzgadas por la comisión de delitos o faltas deben, en principio, serlo en libertad.

2.- Sólo se permiten arrestos o detenciones si existe orden judicial, salvo que sea la persona sorprendida in franganti.

3.- En caso de flagrancia, sí se permite detención sin orden judicial, pero sólo temporal, para que en un plazo breve (48 horas) se conduzca a la persona ante la autoridad judicial.

...

Dicha disposición normativa establece una obligación en salvaguarda del derecho: la de intervención de los jueces para privar de libertad a una persona. De hecho, la garantía del juez natural presupone la existencia de un juez. El Poder Judicial se entiende, al menos así ha sido el resultado de la evolución de las instituciones públicas, como el garante de los derechos, protegiéndolos del aparato administrativo del Estado, al cual se le reservan otras tareas (sentencia n° 130/2006, del 1 de febrero).

Debe resaltarse que tal orden judicial constituye una garantía ineludible a los efectos de la salvaguarda del mencionado derecho fundamental. El fundamento de ello estriba, como bien lo alega la parte recurrente, en que a través de la privación de libertad, sea como pena o como medida cautelar, el Estado interviene del modo más lesivo en la esfera de derechos de la persona, razón por la cual, la Constitución ha preferido que tales limitaciones a la libertad estén sometidas al control de una autoridad revestida de suficientes garantías de independencia e imparcialidad (Juez), siguiendo un procedimiento legal que otorgue reales posibilidades de defensa (procedimiento penal).

La manifestación más importante de las mencionadas excepciones consagradas en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ve materializada fundamentalmente, dentro del proceso penal, en el instituto de la privación judicial preventiva de libertad –o prisión provisional- regulada en el artículo 250 de la ley adjetiva penal, siendo ésta la provisión cautelar más extrema a que hace referencia la legislación adjetiva penal, tanto a nivel internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como a nivel interno, siendo este el caso del Código Orgánico Procesal Penal (sentencia n° 2.426/2001, del 27 de noviembre, de esta Sala), de allí que resulte válido afirmar que la institución de la privación judicial preventiva de libertad, denota la existencia de una tensión entre el derecho a la libertad personal y la necesidad irrenunciable de una persecución penal efectiva.

En este orden de ideas, y como lo ha afirmado el Tribunal Constitucional español, la prisión provisional se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano (STC 47/2000, del 17 de febrero). Ahora bien, debe afirmarse que el hecho de que la medida de coerción personal antes mencionada posea, en principio, un contenido material que coincide con el de las penas privativas de libertad, no implica que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena anticipada, toda vez que la misma recae sobre ciudadanos que se ven amparados por el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 49.2 Constitucional y en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, cristalizándose así el principio indubio pro libertate.

Así, el Tribunal Constitucional Federal alemán ha establecido al respecto lo siguiente:

...La penalización pronta y adecuada de los delitos más graves no sería posible en muchos casos, si a las autoridades encargadas de la persecución penal les estuviere prohibido, sin excepción, detener y mantener en prisión a los presuntos autores hasta que se dicte la sentencia. Otra cosa es que la plena restricción de la libertad personal, mediante la confinación a un establecimiento carcelario, sea una sanción, que el Estado de Derecho, en principio, permite imponer sólo a quien ha sido juzgado por una actuación sancionada penalmente. Este tipo de medidas, en contra de una persona acusada de haber cometido un delito, son admisibles sólo en casos excepcionalmente limitados. De esto se origina que respecto de la presunción fundamental de inocencia, se excluyan las acusaciones graves en contra del inculpado, permitiendo la imposición anticipada de medidas que por sus efectos se equiparan a la pena privativa de libertad...

. (Cfr. CINCUENTA AÑOS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN. Compilación de sentencias por Jürgen Schwabe. Konrad Adenauer Stiftung – Ediciones jurídicas G.I.. Bogotá, 2003, p. 94).

Debe reiterar esta Sala que el interés no sólo de la víctima, sino de todo el colectivo en que las finalidades del proceso penal sean cumplidas, encuentra un límite tajante en el derecho del procesado a presumirse inocente hasta tanto exista la plena certeza procesal de su culpabilidad. En el proceso penal, esta garantía se hace extrema ante la desproporcionalidad de la fuerza del aparato estatal frente al individuo, la funesta posibilidad de fallo injusto que pueda implicar equívocos y, sobre todo, el reconocimiento de encontrar en la acción delictiva una eventualidad que, de suyo, no se reconoce como normal y deseable en una sociedad civilizada regida por la justicia. Sin embargo, la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas (sentencia n° 2.426/2001, del 27 de noviembre, de esta Sala)…..”

…..Precisado lo anterior, debe señalarse que las privaciones a la libertad personal autorizadas por el Texto Constitucional pueden ser de dos clases: 1.- Como sanción (presidio, prisión o arresto, según el Código Penal venezolano); y 2.- Como medida preventiva (la orden de captura emitida por el juez, la privación judicial preventiva de libertad y la flagrancia)….

Así que claro está para quien aquí decide que la medida acordada contra el imputado tiene naturaleza cautelar y no de sanción y su mantenimiento al menos hasta esta fase del proceso se hace menester conservarla: Así se decide.

Por otro lado sostiene la defensa que de conformidad a la SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL publicada en fecha 21 de abril de 2008, con ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, en la cual SUSPENDE la aplicación del parágrafo único del articulo 456 de Código Orgánico Procesal Penal, en el cual se le niegan los beneficios procesales a los que cometan este tipo de delito, razón por la cual no existe basamento jurídico alguno- según sostiene el defensor- para no otorgarle una medida cautelar menos gravosa a su representado. Es importante advertir, como ya se constató anteriormente, el juzgado no basó su decisión sobre la base de la prohibición, para ese momento de otorgamiento de beneficios procesales si no sobre causales que se adecuan al peligro de fuga y obstaculización de la acción penal, de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del artículo 251 y numeral 2 del artículo 252, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, de tal manera que si hay basamento jurídico para su subsistencia, pero además vale decir la suspensión de esa “prohibición de beneficios” en algunas disposiciones de carácter penal, no es una carta que otorga a los interesados la posibilidad automática de una libertad, si no que sigue conservándose por parte de los operadores de justicia la obligación de ponderar si existen circunstancias concurrentes que justifiquen a no la imposición de una medida, incluyendo la privativa, en el caso que nos ocupa su mantenimiento es necesario. Así se destaca.

Por lo tanto corresponde a este juzgado una vez revisada la medida, negar como en efecto lo efectúa la solicitud efectuada por el abogado, J.V.Q. E., Defensor Público Segundo Penal (S), adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Amazonas, actuando en representación del imputado, A.R.C., plenamente identificado, interpuesta en fecha, 24 de abril de 2008.

Así se decide.

DISPOSITIVA

Por todas estas razones, de conformidad con los artículos 173 y 264, del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgado en funciones de Control Tres, del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECRETA:

PRIMERO

Se declara SIN LUGAR, la solicitud de sustitución de medida cautelar, interpuesta en fecha 24 de abril de 2008, por el abogado, J.V.Q. E., Defensor Público Segundo Penal (S), adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Amazonas, actuando en representación del imputado, A.R.C., plenamente identificado. Regístrese y publíquese. Notifíquese a las partes de esta decisión.

El Juez

Abg. Wilman Fernando Jiménez Romero

La Secretaria