Decisión nº XP01-D-2006-000028 de Tribunal de Ejecución Adolescente de Amazonas, de 11 de Marzo de 2008
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2008 |
| Emisor | Tribunal de Ejecución Adolescente |
| Ponente | Luisa Cequea Palacios |
| Procedimiento | Improcedente Solicitud De Beneficio |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial Penal de Circuito Judicial Penal de Puerto Ayacucho
Sección Adolescente
Puerto Ayacucho, 11 de Marzo de 2008
197º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : XP01-D-2006-000028
ASUNTO : XP01-D-2006-000028
RESOLUCIÓN NRO. 7
AUTO NEGANDO PERMISO ESPECIAL
Visto como ha sido el escrito constante de un folio útil suscrito por la Abogado DUVINIANA BENITEZ M.D.P.P. para el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescentes, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado D.A., en su condición de defensora pública del adolescente (articulo 65 LOPNA) suficientemente identificado en auto, a quien se le sigue asunto N° XP01-D-2006-000028, en el que solicita PERMISO para que el mismo pueda trasladarse hasta su comunidad indígena en los días de asueto de la “Semana Mayor” a propósito de la celebración de las fiestas religiosas, propias de esta época del año, cuyos familiares residen como lo es la comunidad indígena, durante los días Viernes: 14 de M.d.M.d. 2008 (Ambas fechas inclusive) basando dicha petición en el artículo 27 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente el cual establece: “El interés superior del niño y el derecho de mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres”.
En primer lugar hay que tener presente la definición de la medida “Privación de Libertad” que según la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su artículo 628 primer aparte anota: “consiste en la internación del adolescente en establecimiento público del cual sólo podrá salir por orden judicial”.
En su parágrafo segundo especifica los delitos que debe cometer el adolescente para que esta medida se sea aplicable.
Se observa en la presente causa que el joven adulto antes identificado fue sancionado con la medida de “Privación de Libertad” por la comisión del delito de: HOMICIO INTENCIONAL previsto y sancionado en el artículo 405 ordinal “3” literal “a” del Código Penal con las agravantes establecidas en el artículo 77 ordinales 1,8 y 17 ejusdem lo que, quiere decir, que sus deberes como adolescente previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que indica: todo adolescente está en el deber de: LITERAL “C” “RESPETAR LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS DEMÁS PERSONAS” vale decir que los mismos no fueron respetados por este adolescente al cometer un delito de tal magnitud como el de homicidio a pesar de la ciudadanía que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga sin distinción o discriminación alguna.
De allí que para poder aplicar el interés superior supra referido, las pautas que deberán seguirse en la aplicación del principio en una situación concreta. Así señala el parágrafo primero que para determinar dicho interés deberá apreciarse entre otros: el literal “C” “La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño o adolescente”.
Como puede observarse, el propio legislador establece una serie de directrices a ser tomadas en consideración por los operadores de justicia en materia de niños y adolescentes se está ante un problema ético con dos aristas, una tiene que ver con la necesidad de protección de niños y adolescentes en condiciones tales que pudieran implicar situaciones de grave daño a la seguridad del joven adulto (articulo 65 LOPNA) al permitírsele dirigirse a la comunidad para pasar la semana mayor donde podría algún familiar de la occisa atentar contra su vida. Por otra parte si reflexionamos sobre hasta que punto puede llegarse cuando en estos momentos debemos anteponer el interés superior de niños y adolescentes infractores de las leyes penales por encima de los intereses insoslayables de la colectividad.
Al respecto en una decisión de la Corte de Apelaciones de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas de fecha 25 de Abril de 200 señaló: “El citado principio del Interés Superior no tiene cabida en la situación de autos toda vez que sólo se trata de aplicar las medidas sancionatorias proporcional al hecho y a las circunstancias del autor”.
En esta misma decisión la Corte señaló que todos los niños y adolescentes son sujetos de derechos, pero también los mismos en tanto que seres humanos y ciudadanos tienen señalados deberes en el artículo 93 de la ley, por lo que “…están obligados a observar una conducta que se oriente a la consecución de la preservación de la existencia y desarrollo de la vida social de la paz social, dentro de la comunidad de la cual forma parte”.
Hay que destacar el artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que establece: “Las disposiciones de este título deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución, del Derecho Penal y Procesal Penal, Sustantiva y Procesal y en su defecto el Código de Procedimiento Civil.
En este sentido la advertencia que la ley establece en la primera parte del ya señalado artículo 537 como un “deber ser” la interpretación y aplicación del Sistema en armonía con sus Principios Generales de la Constitución, del derecho penal, Procesal y de los Principios Internacionales consagrados a favor de la persona y especialmente de los adolescentes.
En relación a lo planteado en el párrafo anterior existe normativa internacional aplicables a los adolescentes con conflicto con la Ley Penal; en efecto se observa de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (ONU) de fecha 14 de Diciembre de 1990 Resolución 45/113 un artículo que está referido a los contactos de los adolescentes privados de libertad pero que no son subsumibles en la solicitud planteada por la defensora pública por cuanto el mismo establece: “Y se darán permisos especiales para salir del establecimiento por motivos educativos, profesionales u otras razones de importancia. En caso de que el menor esté cumpliendo una condena, el tiempo transcurrido fuera de un establecimiento deberá computarse como parte del periodo de cumplimiento de la sentencia” (Subrayado nuestro).
La solicitud para que el joven adulto ya identificado pueda estar diez días fuera del centro de reclusión por motivos de la semana mayor, no se enmarca dentro de esta normativa internacional por cuanto dicha solicitud no es por motivos educativos, profesionales ni razón de suma importancia.
Por otra parte la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en sus artículos 630 y 631 es clara y precisa en cuanto a los derechos en la ejecución de las medidas y los derechos del adolescentes sometidos a la medida de privación de libertad en la que se evidencia que “permisos especiales” no aparecen dentro de los mismos; es necesario destacar el literal “K” del artículo 631 ejusdem un derecho importante para el adolescente privado de libertad como lo es el de “recibir visitas por lo menos semanalmente,” lo que significa que sus familiares y amigos deben venir donde está recluido y él no ir a visitarlos a la comunidad donde estos residen.
Otro dato de relevancia que refleja una posible situación desfavorable para el joven en cuestión, lo representa el Informe General que presenta el Equipo Técnico de la Casa de Formación Integral Amazonas, y que corre inserto en el folio 104 de la pieza IV específicamente en la evaluación correspondiente al AREA DE SALUD: En que él adolescente manifiesta que niega el uso de estupefacientes pero admite el consumo de bebidas alcohólicas, lo cual no está garantizado al trasladarse sin seguridad alguna no que las consuma.
Ahora bien, en aplicación de este instrumento internacional en concordancia con los artículos 630 y 631 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente , considera esta juzgadora que debe haber pronunciamiento jurisdiccional.
Por lo que se deduce con meridiana logicidad que el joven adulto __ titular de la Cédula de Identidad 25.734.284 no debe ser sujeto de autorización para que se traslade hasta su comunidad Indígena en los días del asueto de “Semana Santa”.
DISPOSITIVA
Por las razones expuestas y en base a las razones de hecho y de derecho presentadas, este Tribunal en función controladora de la Ejecución de las medidas. Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Improcedente otorgar autorización para que el joven adulto ya identificado se traslade hacia la comunidad indígena Platanillal durante diez días a propósito de la celebración de la Semana Mayor; SEGUNDO: Ofíciese a la Defensora Pública Primera del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente; a la Fiscalía del Ministerio Público, al ciudadano Director de la Casa de Formación Integral Amazonas informando de esta resolución sobre la decisión tomada anexándoles copia de la misma.
Publíquese y Regístrese, agréguense copias al Copiador de Resoluciones. Dada, sellada y refrendada en Puerto Ayacucho estado Amazonas
La Jueza de Ejecución La Secretaria
Abg. Luisa Cequea Palacios Abg. Iris Salazar Morales.-
