Decisión nº KP02-N-2010-000186 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 28 de Marzo de 2011

Remover a la ciudadana F.M.A.B. (…) del cargo de SUBCONTRALORA (…) el cual viene ejerciendo desde el día primero (1º) de enero de 2002.

Reubicar a la ciudadana F.M.A.B. (…) en el cargo que ejercía antes de su nombramiento como Subcontralora Municipal.

…Omissis…”

Lo antedicho, crea la necesidad de que este Tribunal pase a revisar la naturaleza del último cargo desempeñado a los efectos de revisar las consecuencias jurídicas que de él deriven, puesto que mediante el referido acto, la Contraloría querellada “Remueve” a la ciudadana F.M.A.d. cargo de “Subcontralora”, para y “Reubicarla” en el cargo con anterioridad.

En efecto, se observa que el artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública prevé lo siguiente:

Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública serán de carrera o de libre nombramiento y remoción.

Así, los artículos 20 y 21 eiusdem indican que los funcionarios o funcionarias públicos de libre nombramiento y remoción podrán ocupar cargos de confianza; señalando al respecto que:

Artículo 20. Los funcionarios o funcionarias públicos de libre nombramiento y remoción podrán ocupar cargos de alto nivel o de confianza. Los cargos de alto nivel son los siguientes:

…Omissis…

6.- Los directores o directoras generales, directores o directoras y demás funcionarios o funcionarias de similar jerarquía al servicio de la Presidencia de la República, Vicepresidencia Ejecutiva y Ministerios.

7.- Los miembros de las juntas directivas de los institutos autónomos nacionales.

8.- Los directores o directoras generales, directores o directoras y demás funcionarios o funcionarias de similar jerarquía en los institutos autónomos.

…Omissis…

11.- Los directores generales sectoriales de las gobernaciones, los directores de las alcaldías y otros cargos de la misma jerarquía.

12.- Las máximas autoridades de los institutos autónomos estadales y municipales, así como sus directores o directoras y funcionarios o funcionarias de similar jerarquía.

Artículo 21. Los cargos de confianza serán aquellos cuyas funciones requieren un alto grado de confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades de la Administración Pública, de los viceministros o viceministras, de los directores o directoras generales y de los directores o directoras o sus equivalentes. También se considerarán cargos de confianza aquellos cuyas funciones comprendan principalmente actividades de seguridad del estado, de fiscalización e inspección, rentas, aduanas, control de extranjeros y fronteras, sin perjuicio de lo establecido en la ley.

De lo anterior se colige que el legislador reservó las actividades relacionadas con la dirección y control de la Administración Pública para los cargos de confianza, cuyas funciones por indicación del propio legislador, requieren un alto grado de confidencialidad.

Así, del folio ochenta y tres (83) al ochenta y cuatro (84), se evidencia del acto administrativo recurrido, las funciones desempeñadas por la querellante –no controvertidas ni negadas en el presente asunto- en el ejercicio del cargo de Sub-Contralora, entre las cuales destacan las siguientes: Formular planes y proyectos en materia de normas y procedimientos de control fiscal, manejo de soluciones decisiones y metodologías operativas, tácticas y estratégicas en lo fiscal, económico, recursos humanos, firmas conjuntas con el Titular del Despacho de la Contraloría Municipal para la movilización de las cuentas bancarias, así como el manejo de las áreas administrativas métodos para la creación y redimensión para la aplicación y cumplimiento de la misión, visión y políticas integrales del ente contralor

Aplicando lo indicado al caso sub iudice resulta lógico concluir que el cargo que ocupó la querellante -en principio- dentro de la Contraloría del Municipio C.d.E.T., vale decir, “Directora General” denominado con anterioridad “Subcontralora”, (Vid. Folio 25) debe ser considerado por este Tribunal Contencioso Administrativo como cargo de confianza y, por ende, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En consecuencia, en los casos de funcionarios públicos con tal condición, se indica que -en principio- no existe el deber por parte de la Administración de sustanciar un procedimiento administrativo previo a su remoción en virtud de tal naturaleza. Relacionado a ello, se puede hacer mención a la Sentencia Nº 1472, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de fecha 13 de noviembre de 2000, la cual, al conocer de la presunta violación del derecho a la defensa en el caso de destitución de un funcionario de libre nombramiento y remoción, estableció que no existe el deber por parte de la Administración de sustanciar un procedimiento administrativo previo a su remoción, en los siguientes términos:

Así pues, esta Corte aprecia que la presunta violación al derecho a la defensa en cuanto la inexistencia de un procedimiento tendiente a la destitución del presunto agraviando es improcedente, porque siendo el recurrente un funcionario de libre nombramiento y remoción, no existe el deber por parte de la administración de sustanciar un procedimiento administrativo previo a su remoción. En efecto es discrecional del órgano el nombramiento y remoción, de este tipo de cargos, y así se declara.

Finalmente, con respecto a la presunta violación al derecho al trabajo consagrado en el artículo 85 de la Constitución, esta Corte observa que tal garantía no constituye un derecho absoluto y en el caso de los funcionarios públicos, éstos pueden ser suspendidos, removido o destituidos de conformidad con la Ley, por lo que un pronunciamiento acerca de la violación de tal derecho implica un análisis de carácter legal que necesariamente conllevaría una decisión sobre el recurso contencioso administrativo de anulación, lo que se encuentra vedado a esta instancia jurisdiccional en esta oportunidad, y así se declara

. (Negrillas del Tribunal).

En virtud de ello, una funcionaria que ingrese a la Administración Pública bajo un determinado cargo y que con el tiempo pase a desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, puede, sin mayores limitaciones, ser removida “libremente” del segundo tipo de cargo referido, para ser reubicada en el puesto de trabajo que ocupaba con anterioridad.

No obstante, en el caso en particular por la forma en que ha sido planteada la controversia, resulta indispensable ante cualquier pronunciamiento pasar a conocer a revisar el alegato del fuero maternal invocado.

3.- Del fuero maternal invocado.

A este respecto este Juzgado observa, que el apoderado de la querellante en su escrito señaló que estamos en presencia de un “(…) acto administrativo cierta y efectivamente AUTORITARIO, revestido de una múltiple cadena de violaciones a derechos fundamentales y esenciales que concurren en perjuicio de [su] representada al removerla ilícitamente de su cargo, encontrándose protegida por el fuero maternal, como por todos los derechos que como ciudadana y funcionaria de carrera la invisten”.

A tal efecto, el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:

La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria

.

Así pues, el artículo 29 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, aplicable por tratarse el presente asunto de una relación funcionarial, establece que:

Las funcionarias públicas en estado de gravidez gozarán de la protección integral a la maternidad en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. No obstante, las controversias a las cuales pudiera dar lugar la presente disposición serán sustanciadas y decididas por los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo funcionarial.

(Negrillas del Tribunal).

Es de hacer notar, que la normativa señalada hace alusión a la protección a la maternidad, siendo ello tratado suficientemente en vía jurisprudencial, en razón de que tales prerrogativas son consagradas en la normativa venezolana, en protección integral de la familia y de los hijos.

Con relación a la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada por efecto del fuero maternal, la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de fecha 3 de diciembre de 1990 (caso: M.M. vs. Ministerio de Justicia), dejó sentado lo siguiente:

…esta Corte considera que cualquier intento del patrono o empleador de cercenar el derecho a la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada, sin que medie causal de despido o de retiro por razones disciplinarias y al no permitirle el disfrute del derecho al descanso pre y postnatal constituye una evidente y flagrante violación al principio constitucional consagrado en los artículos 74 y 93 de la Constitución (…) en otras palabras, la desvinculación al servicio debe posponerse una vez verificado el agotamiento de los permisos que la legislación especial prevé…

.

En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia N° 742 de fecha 5 de abril de 2006, expuso lo siguiente:

…En atención a la normativa expuesta, se observa que corre inserto al folio 16 del expediente copia certificada del acta de nacimiento de una niña, (…) cuyo nacimiento ocurrió el 11 de febrero de 2005, de lo que se desprende que la referida ciudadana se encontraba en el período de inamovilidad para el momento en que el ente agraviante la notificó del contenido del Decreto No. 2 de fecha 7 de octubre de 2005, en la que fue removida del cargo de ‘Secretaria’ (el 10 de octubre de 2005), por lo que, en consecuencia, para el momento en que interpuso la acción de amparo constitucional, estaba amparada por la inamovilidad postnatal, al ser este un beneficio que goza de la protección que dispone dicha norma.

Al respecto, ha sido criterio de esta Sala que para toda remoción a cualquier cargo o puesto de trabajo, se debe esperar que culmine el estado de gravidez o embarazo y se hayan extinguido los correspondientes permisos pre y post-natal. En otras palabras, la desvinculación del servicio debe posponerse por el lapso que falte del embarazo y una vez verificado el agotamiento de los permisos que la legislación especial prevé (vid sentencia No.64/2002)…

(Subrayado y Negritas de este Juzgado)

Por su parte, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado sobre este punto en Sentencia N° 614 de fecha 20 de mayo de 1998 (caso: S.C. vs. Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y Municipios), señalando lo siguiente:

…en lo referente a la inamovilidad a la que se refiere la accionante, ha de señalar la Corte que dicha inamovilidad se halla establecida en la Ley Orgánica del Trabajo, siendo que la Constitución únicamente establece la protección de la maternidad (artículo 74) y la protección de la mujer y el menor trabajador (artículo 93), pero de tales normas no podría derivarse un derecho como la inamovilidad por gravidez, en los términos específicos en los que se hallaba establecida en la normativa laboral.

En efecto, en relación a la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada, (…) en el artículo 74 implica gozar de inamovilidad durante el tiempo del embarazo y hasta la culminación del período postnatal…

.

En la misma línea, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa mediante sentencia de fecha 28 de noviembre de 2001 (caso: F.B.V.. Gobernación del Estado Apure), expresó lo que a continuación se transcribe:

La acción de amparo constitucional interpuesta está dirigida a la (…) restitución de la quejosa en el cargo que desempeñaba, por cuanto (…) se encontraba amparada por la estabilidad que le proporcionaba el Fuero Maternal previsto (…) en el artículo 76 del texto constitucional

(…Omissis…)

La disposición constitucional concibe la protección de la maternidad de manera amplia, lo que debe interpretarse con base al contenido social que comporta su establecimiento en un sistema de libertades públicas como el nuestro. En consecuencia, la determinación de su alcance debe necesariamente concluir en que su interpretación, no admite ningún tipo de restricción.

Siendo así, dicha protección debe entenderse como principio fundamental del derecho a la inamovilidad en el empleo de la mujer trabajadora embarazada y, consecuencialmente, del derecho a disfrutar del descanso pre y post-natal requeridos para llevar a feliz término el proceso de gestación, en su etapa previa y posterior.

Por tanto, tal como advierte el A quo, la inamovilidad en el cargo que asiste a toda mujer embarazada y el derecho a disfrutar de un descanso previo y posterior al alumbramiento, constituyen derechos de permanente vigencia y exigibilidad, resultando por tanto violación a los mismos cualquier acto del empleador dirigido a desconocerlo o incumplirlo, lo que comporta, necesariamente, una violación a la protección que a la maternidad atribuye la norma constitucional…

(Subrayado de este Juzgado)

De las decisiones antes mencionadas, se evidencia que cuando se pretenda desincorporar, desvincular o desmejorar en condiciones de servicio a una funcionaria en estado de gravidez, debe necesariamente sujetarse la decisión al vencimiento del período que falte del curso del embarazo y que se hayan extinguido los permisos correspondientes al período pre y post natal, de lo contrario, se estarían vulnerando los derechos constitucionales que se refieren a la protección de la maternidad.

Ahora bien, en cuanto a la calificación -en principio- dada a la querellante de funcionaria de libre nombramiento y remoción en el desempeño del último de sus cargos, se precisa que en casos similares al de autos, se ha pronunciado la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia Nº 2009-210 de fecha 04 de mayo de 2009, señalando lo siguiente:

La condición de Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción no es excluyente del régimen de protección constitucional, pues el fuero maternal establecido en el Texto Constitucional se encuentra dirigido a la protección de la mujer en estado de gravidez en términos de igualdad y sin discriminación, por lo que, tanto las trabajadoras de sector privado como las del sector público independientemente de la naturaleza del cargo de carrera o de libre nombramiento y remoción, están investidas del régimen especial de protección a la maternidad, cuando se encuentren en estado de gravidez.

(Subrayado de este Juzgado)

De allí que, más allá de la condición de trabajador del sector público o del sector privado, y de su calificación dentro del sistema jurídico funcionarial, se encuentra la protección a la familia, razón por la cual el fuero invocado, vale decir, el maternal, de cumplir con los presupuestos para su disfrute, debe ser respetado más allá de la forma de relación existente entre la querellante y el ente querellado.

En efecto, en el caso de marras, aún cuando el cargo de “Director General”, anteriormente denominado “Sub-Contralora” (folio 25) puede ser reputado en principio –por las funciones que se evidencian en autos (folio 83 y 84)- como de libre nombramiento y remoción, debe señalarse que dicha condición no la excluye del régimen de protección constitucional analizado, pues el fuero maternal establecido en el Texto Constitucional se encuentra dirigido a la protección de la mujer en estado de gravidez en términos de igualdad y sin discriminación, por lo que, tanto las trabajadoras del sector privado como las del sector público independientemente de la naturaleza del cargo de carrera o de libre nombramiento y remoción, están investidas del régimen especial de protección a la maternidad, cuando se encuentren en estado de gravidez.

Así pues, este Juzgado de autos constata los siguientes elementos:

.-Resolución Nº 001, por medio de la cual remueven y reubican a la querellante, de fecha 27 de enero de 2010. (Folio 82)

.-Acta de nacimiento donde hace constar que en fecha 07 de diciembre de 2009, nació una niña que tiene por nombre Marianyi N.A.A., hija de los ciudadanos C.E.A.M. y la ciudadana hoy querellante, F.M.A.B.. (Folio 30)

Dentro de este marco de consideraciones, se hace necesario precisar que el fuero maternal que la Ley Orgánica del Trabajo otorga a la madre, -normativa aplicable en el caso de marras conforme a lo previsto en el ya citado artículo 29 de la Ley del Estatuto de la Función Pública- se inicia con el embarazo, y culmina un (1) año después del parto, así el artículo 384 de la normativa laboral dispone que:

La mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante el embarazo y hasta un (1) año después del parto.

Cuando incurra en alguna de las causas establecidas en el artículo 102 de esta Ley, para su despido será necesaria la calificación previa del Inspector del Trabajo mediante el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título VII.

(Subrayado de este Tribunal)

En mérito de lo precedente, este Juzgado debe concluir que efectivamente la ciudadana F.M.A., antes identificada, estaba investida de fuero maternal para el momento en el cual fue removida del cargo de “Subcontralora”, puesto para la fecha 27 de enero de 2010, fecha correspondiente a su remoción, estaba en estado de gravidez.

Ahora bien, es de hacer notar que tal protección no opera de manera absoluta y permanente, puesto que esta consagrada dentro de un intérvalo de tiempo, vale decir “hasta un (1) año después del parto”.

Conforme a lo cual, si la niña, nació el 07 de diciembre de 2009, tal y como se desprende de la partida de nacimiento anexa al folio treinta (30) del presente asunto, la ciudadana F.M.A., hoy querellante, no podría ser despedida, desmejorada ni trasladada sin justa causa previamente calificada ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente, protección de la cual gozaba hasta el 07 de diciembre de 2010.

De lo expuesto se colige que, la protección invocada por la querellante en el presente recurso, cesó en el presente caso, pues el alumbramiento tuvo lugar en fecha 07 de diciembre de 2009, por lo que el fuero maternal culminó el 07 de diciembre de 2010. Ello así, debe concluirse que la reincorporación de la recurrente al cargo de “Directora General” o “Subcontralora” en la Contraloría del Municipio C.d.E.T. es a todas luces improcedente y, en consecuencia, la solicitud de nulidad de la Resolución Nº 001 de fecha 27 de enero de 2010, dictada por el Contralor Municipal resulta negada siendo que el mismo debe mantener su validez, puesto que -se reitera- la querellante desempeñaba –según lo evidenciado en el presente asunto- un cargo de libre nombramiento y remoción para el momento de ser dictado el acto recurrido, sin embargo, en virtud del fuero maternal del cual fue objeto, como suficientemente quedó evidenciado en el presente asunto, sus efectos debían posponerse hasta el día siguiente al cese del mismo, vale decir hasta el día 08 de diciembre de 2010, después de cumplido un (01) año de edad su hijo, tal como lo ha señalado la jurisprudencia anteriormente transcrita.

Sin embargo, del escrito libelar y de los recaudos anexos al mismo se observa que, la querellante en el ejercicio sus funciones como “Directora General” o “Subcontralora”, devengaba un salario mensual de Dos Mil Trescientos Bolívares sin Céntimos (Bs. 2.300,00) (folio 35 y siguientes), cantidad esta que a decir de la parte actora disminuyó a partir de la primera quincena de febrero del año 2010, cuando esta fue reubicada en el cargo de “Asistente Administrativo”, pasando a devengar la cantidad de Un Mil Trescientos Bolívares sin Céntimos (Bs. 1.300,00), consignando al efecto “Estado de Cuenta”, con sello húmedo del Banco de Venezuela, (folio 38 y siguientes), aludiendo la parte actora que allí se encuentran reflejados los depósitos por el sueldo correspondiente al cargo de Asistente Administrativo, no obstante, este Juzgado no puede desprender con certeza de dichos Estados de Cuentas que efectivamente exista el pago señalado por parte del Ente querellado, y más aún que correspondan a las quincenas aludidas para poder declarar que efectivamente existe la desmejora salarial a partir del 1º de febrero de 2010.

No obstante, en las generalizaciones anteriores, siendo que la funcionaria debió mantenerse con las mismas condiciones remunerativas, pues la protección integral de la familia y de los hijos constituye el eje primordial en el caso que se ventila, esto es, de resguardar la institución familiar, siendo que el retiro de un funcionario o trabajador causa un desajuste en los ingresos familiares con los cuales se debe contribuir al pago de los gastos básicos y necesarios para el sustento familiar, este Tribunal no observa que la Administración haya demostrado el pago de los sueldos dejados de percibir desde el 1º de febrero de 2010 hasta el día 7 de diciembre de 2010, fecha en la cual cesó el fuero invocado o en su defecto la diferencia salarial del cargo de Subcontralora y Asistente Administrativo, conforme fue solicitado, resultando forzoso para este Juzgado acordar dicho pago, previa experticia complementaria del fallo. Así se decide.

Se exhorta a la Administración Pública a ejercer a cabalidad el derecho a la defensa en cada uno de los procedimientos suscitados, pues aun y cuando en el presente asunto se solicitaron los antecedentes administrativos, los pagos realizados a la querellante no constan en autos, ni se evidencia ningún otro documento o elemento, que llevase a la convicción inequívoca sobre el efectivo pago de lo reclamado en el presente asunto.

4.- Otros conceptos peticionados.

En relación a los restantes pedimentos, vale decir, la “(…) inclusión de los incrementos salariales que se produzcan tales como, bonos, aguinaldos, bonos vacacionales, pagos por vacaciones, así como cualquier rubro que le correspondan o puedan llegar a corresponderle como persona y funcionaria pública afectada la (sic) actividad administrativa ilícita recurrida”, este Juzgado observa que la querellante no especificó con claridad en su recurso contencioso administrativo funcionarial; simplemente se limitó a peticionarlos.

Así las cosas, este Tribunal estima útil transcribir la norma que exige la precisión de las pretensiones pecuniarias en el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, lo cual corresponde al artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuyo tenor expresa:

Artículo 95. Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente Ley se iniciarán a través del recurso contencioso administrativo funcionarial, el cual consiste en una querella escrita en la que el interesado o interesada deberá indicar en forma breve, inteligible y precisa:

…Omissis…

3. Las pretensiones pecuniarias, si fuere el caso, las cuales deberán especificarse con la mayor claridad y alcance

.

Tal norma establece como carga del querellante la precisión y detalle de las pretensiones pecuniarias reclamadas en sede judicial, ello con la finalidad de evitar un pronunciamiento indeterminado sobre las cantidades que, en caso de una sentencia favorable, son adeudadas al funcionario público. Tal deber del Juez de determinar los efectos de su sentencia y el alcance de la indemnización que corresponde al funcionario afectado por la actuación ilegal -e incluso inconstitucional- de la Administración Pública, constituye uno de los requisitos de la sentencia, exigido por el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

Partiendo de la anterior premisa, para que el Juez en su sentencia definitiva pueda fijar cuáles son los montos adeudados y su fuente -legal o contractual- el reclamante deberá, por imperativo legal, describir en el escrito del recurso contencioso administrativo funcionarial todos aquellos beneficios legales y contractuales derivados de su relación de empleo público, así como el monto percibido por cada uno de ellos para brindar al Juez elementos que permitan restituir con la mayor certeza posible la situación que se denuncia como lesionada. En consecuencia, al no haberse especificado con claridad y alcance las pretensiones pecuniarias que solicita como “(…) inclusión de los incrementos salariales que se produzcan tales como, bonos, aguinaldos, bonos vacacionales, pagos por vacaciones, así como cualquier rubro que le correspondan o puedan llegar a corresponderle”, este Tribunal desecha los referidos pedimentos. Así se decide.

5. - Daños y perjuicios reclamados.

   En cuanto al reclamo de daños y perjuicios realizado en le presente asunto, considera este Órgano Jurisdiccional pertinente traer a colación el contenido del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, el cual precisa qntre otras cosas que:

   El libelo de la demanda deberá expresar:

   …Omissis,,,

   7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas…

   (Subrayado de este Tribunal)

   En tal sentido, se pudo constatar que la querellante de autos no cuantificó ni probó los daños y perjuicios que sufrió a causa del acto, a su decir, “autoritario”, dictado por el Contralor del Municipio C.d.E.T..

   De forma que, en anuencia con lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que: “Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado, y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma (…)”; visto que en el caso de marras hubo ausencia de especificación de los daños y por tanto no existe plena prueba de los mismos, debe necesariamente negarse la solicitud realizada bajo la denominación de “daños y perjuicios”. Así se decide.

6. - Costas reclamadas.

   Por criterio de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de sentencia de fecha 26 de mayo de 2009, expediente Nº 2004-0330, se precisó lo siguiente:

   Así, los honorarios profesionales de abogados constituyen uno de los dos elementos que componen las costas, entendidas como el conjunto de gastos necesarios que las partes deben realizar dentro del litigio, por lo que resulta improcedente la reclamación de ambos conceptos por separado. Así se establece.

   Sin perjuicio de ello, debe destacarse que al ser declarada parcialmente con lugar la demanda y no existir, por ende, un vencimiento total de la parte accionada, resulta improcedente la condenatoria en costas en este proceso. Así se decide.

   ” (Negrillas y Subrayado de este Juzgado)

   En consecuencia, por considerar los conceptos peticionados, integrantes de un todo referente a “costas”; en aplicación del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por encontrar conceptos acordados y conceptos negados en el presente fallo, y en consecuencia no verificarse vencimiento total, resulta forzoso para este Juzgado negar los conceptos de costas y costos procesales reclamados. Así se decide.

7. - De la reedición del acto.

   En cuanto al señalamiento del querellante en la audiencia preliminar celebrada en el presente asunto, sobre la reedición del acto se tiene que un acto reeditado es aquel que “(...) se presenta idéntico en su contenido y finalidad a uno precedentemente dictado por la misma autoridad, o por otra de su propia esfera de competencias, cuyo objetivo se presume constituido por la intención del órgano autor del acto de reafirmar el contenido de su decisión originaria cuando ya han operado los mecanismos para el ejercicio del control de la legitimidad ante el organismo competente (...)” (Vid. Sentencia emanada de la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, en fecha 9 de junio de 1998. Caso: Aerovías Venezolanas, S.A. [AVENSA]).

   Así, ha señalado constantemente la jurisprudencia que las consecuencias de la reedición son las siguientes:

   1. El procedimiento incoado contra el primer acto se extenderá al segundo, por lo cual ambos serán considerados como objetos plurales de la impugnación originaria. De allí que, no se tratará de un nuevo objeto o causa petendi sobrevenido, sino de la prolongación del mismo acto inicial. Por lo anterior, el juez podrá pronunciarse no sólo sobre el primer acto impugnado, sino también, sobre el acto que se califique como reeditado;

   2. La extinción del primer acto (por revocación, anulación o modificación sustancial) no puede llevar a la declaratoria de que no hay materia sobre la cual decidir en el recurso de nulidad, porque el mismo se considera, sobrevive en el acto reeditado.

   3. Constatada la reedición, esto es, la identidad entre los actos, la medida cautelar que fuera acordada o solicitada respecto al primero, se trasladará al segundo.

   Ahora bien, en fecha 28 de junio de 2010, la parte actora presentó escrito señalando que mediante notificación Nº 005, de fecha 28 de mayo de 2010, la Contraloría del Municipio C.d.E.T., le comunicó a su representada el acto de destitución, ante lo cual solicitó se tuviese el mismo como una reedición del acto administrativo Nº 001 de fecha 27 de enero de 2010.

   Sin embargo este Órgano Jurisdiccional constata que ciertamente del contenido de la notificación Nº 005 (folio 157 al 159) de fecha 02 de junio de 2010, se verifica la destitución de la funcionaria del cargo de Asistente Administrativo, contenido este que sustancialmente difiere del acto cuya nulidad se solicita en el presente asunto, pues este último esta dirigido a remover a la ciudadana del cargo de Subcontralora y a reubicarla en el cargo que ejercía con anterioridad, con lo cual mal podría entenderse como una prolongación del mismo acto inicial, mas aun cuando por ser un acto dirigido a la “destitución”, conllevaría a analizar el procedimiento tramitado y las causales de destitución aplicadas, lo cual no es objeto de análisis en el presente asunto; sin que ello obvie la existencia de la protección del fuero maternal aquí analizado, hasta el 07 de diciembre de 2010 –un año después del parto-, conforme fue establecido en el presente fallo.

   En consecuencia, resultando conceptos acordados y conceptos negados a través del presente fallo, resulta forzoso para este Tribunal declarar Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, por el ciudadano M.S.A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 10.896, en representación de la ciudadana F.M.A.B., titular de la cédula de identidad Nº 12.722.749; contra la Contraloría del Municipio C.d.E.T.; debiéndose ordenar la realización de una experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil a los efectos de determinar el monto a ser cancelado a la querellante por los conceptos que fueron acordados en la presente decisión. Así se decide.

   V

   DECISIÓN

   Por las razones precedentes, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, actuando en Sede Contenciosa Administrativa, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

SU COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, por el ciudadano M.S.A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 10.896, en representación de la ciudadana F.M.A.B., titular de la cédula de identidad Nº 12.722.749; contra la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO C.D.E.T..

PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. En consecuencia:

2.1.- Se NIEGA la solicitud de reincorporación al cargo de “Subcontralora” de la Contraloría del Municipio C.d.E.T..

2.2.- Se ACUERDA el pago diferencial de los sueldos dejados de percibir hasta el 07 de diciembre de 2010.

2.3.- Se NIEGA el pago de la “(…) inclusión de los incrementos salariales que se produzcan tales como, bonos, aguinaldos, bonos vacacionales, pagos por vacaciones, así como cualquier rubro que le correspondan o puedan llegar a corresponderle”, además de los daños y perjuicios.

Se mantienen los efectos jurídicos el acto administrativo de remoción que se expresa en el la Resolución Administrativa Nº 001, de fecha 27 de enero de 2010, dictada por el Contralor del Municipio C.d.E.T..

Se ORDENA la realización de una experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil a los efectos de determinar el monto a ser cancelado a la querellante por los conceptos que fueron acordados en la presente decisión.

No se condena en costas por no haber vencimiento total en el presente asunto.

Notifíquese al Síndico Procurador del Municipio C.d.E.T. de conformidad con el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Para la práctica de la misma, se comisiona al Juzgado de los Municipios Carache, Candelaria y J.F.M.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, otorgándole al notificado, dos (02) días de despacho para la ida y dos (02) días de despacho para la vuelta, como término de distancia, de conformidad con el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil once (2011). Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Jueza,

M.Q.B.

La Secretaria,

S.F.C.

Publicada en su fecha a las 2:50 p.m.

Aklh.- La Secretaria,

L.S. Jueza (fdo) M.Q.B.. La Secretaria (fdo) S.F.C.. Publicada en su fecha a las 2:50 p.m. La Secretaria (fdo). La suscrita Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil once (2011). Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Secretaria,

S.F.C..