Decisión de Juzgado Segundo de Juicio del Trabajo de Lara (Extensión Barquisimeto), de 16 de Enero de 2007

Sentencia

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Citado por

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Fecha de Resolución	16 de Enero de 2007
Emisor	Juzgado Segundo de Juicio del Trabajo
Ponente	Ruben de JesÃºs Medina Aldana
Procedimiento	Cobro De Prestaciones Sociales

República Bolivariana de Venezuela

Poder Judicial

Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo

Circunscripción Judicial del Estado Lara

Asunto: KP02-L-2006-000657

PARTE DEMANDANTE: F.H.Z., J.R.E., M.G.F., R.O.S., N.M.M., A.V. y W.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 23.156.675, 11.427.636, 6.126.566, 12.242.250, 7.303.659, 10.779.739 Y 7.355.040 respectivamente.

APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: JOHANNA BARRIOS BRICEÑO, MARDUNELYN CHANG y YAILA MOLINA, IPSA Nro. 92.411, 92.412 y 102.066 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ISERCA INTEGRAL DE SERVICIOS, C.A

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: M.F.M., IPSA Nro. 29.350

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

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Recorrido Del Proceso

Se inicia la presente causa con demanda incoada por los ciudadanos F.H.Z., J.R.E., M.G.F., R.O.S., N.M.M., A.V. y W.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 23.156.675, 11.427.636, 6.126.566, 12.242.250, 7.303.659, 10.779.739 Y 7.355.040 respectivamente asistido por el Abogado Mardunelyn Chang Hong inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 92.412; en contra de la empresa Iserca (Integral de Servicios C.A); dándose por recibida la misma en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 30 de Marzo del 2006, se admitió la demanda en fecha 30 de Marzo del 2006, posteriormente en fecha 30 de Marzo del 2006; se acordó librar exhorto suficiente para la practica de la notificación a la parte demandada; en donde en fecha 10 de Julio del 2006 se recibió resulta del exhorto ahora bien en fecha 13 de Julio del 2006 la secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación , Mediación y Ejecución dejó expresa constancia de la actuación efectuada por el alguacil, iniciándose así la Audiencia Preliminar en fecha 07 de Agosto del 2006, prolongándose esta en varias oportunidades hasta el 09 de Noviembre del 2006, cuando la misma se dio por concluida y fueron agregadas las pruebas al expediente; fue remitido a los Juzgados de Juicio del Trabajo, dándose por recibido en este Juzgado en fecha 18 de Septiembre del 2006, y admitiéndose las pruebas promovidas por las partes en fecha 25 de Septiembre del 2006.

Ahora bien, verificada la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, en fecha 09 de Enero del 2007, este Tribunal dejó constancia de la inasistencia de la parte demandada; es decir no haciendo acto de presencia ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, visto esto, la presente decisión será proferida tomando en consideración la presunción de admisión sobre los hechos en que han incurrido la parte demandada, y en el lapso de ley conforme a lo establecido en el Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo concatenado con lo establecido por la Sala Social de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia de fecha 12/04/05 (Hildemaro Vera vs Diposurca), en la que, entre otras cosas dejó sentado lo siguiente:

Ahora bien, el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone que si el demandado no compareciere a la audiencia de juicio se tendrá por confeso en relación con los hechos alegados en la demanda, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma oral con base en dicha confesión; decisión que será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar la sentencia en ambos efectos dentro del lapso de cinco días a partir de la publicación del fallo.

El artículo 161 eiusdem dispone que de la sentencia definitiva dictada por el tribunal de juicio, se admitirá apelación dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la publicación del fallo. Oída la apelación, el tribunal de alzada, al quinto día hábil siguiente al recibo del expediente fijará por auto expreso el día y la hora de la celebración de la audiencia oral, dentro de un lapso no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de dicha determinación, según lo previsto en el artículo 163 de la citada Ley.

Se trata, a juicio de esta Sala, de dos situaciones procesales diferentes reguladas por las normas anteriormente citadas: 1º. Cuando apela el demandado incurso en confesión por no haber asistido a la audiencia de juicio, caso en el cual la apelación se tramita en forma sumaria; 2º. Cuando se apela sobre el pronunciamiento de fondo, por haber sido declarada con lugar o sin lugar la demanda, en cuya hipótesis el tribunal de alzada debe conocer sobre las cuestiones de hecho y de derecho.

Ahora bien, el artículo 159 de la citada Ley impone a los jueces el deber de expresar en términos claros, precisos y lacónicos, los motivos de hecho y de derecho de la decisión y el artículo 177 eiusdem, dispone que los jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.

Observa igualmente la Sala que el artículo 165 de la citada Ley dispone que en la audiencia oral ante el tribunal superior, concluido el debate oral, el juez superior del trabajo deberá pronunciar su fallo en forma oral, debiendo “reproducir” en todo caso, “de manera sucinta y breve la sentencia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, sin formalismos innecesarios dejando expresa constancia de su publicación”, para lo cual se deberá dejar transcurrir íntegramente dicho lapso a los efectos del ejercicio de los recursos a que hubiere lugar, salvo casos excepcionales, que por la complejidad del asunto o por caso fortuito o fuerza mayor, se podrá diferir, por una sola vez, la oportunidad para dictar sentencia, por un lapso que no excederá de cinco (5) días hábiles, caso en el cual el tribunal superior deberá determinar, por auto expreso, para cuándo fue diferido el acto para sentenciar a los fines de la comparecencia “obligatoria del apelante”.

En este orden de ideas, también este Juzgador debe acoger la sentencia número 1300 de fecha 15/10/04 (Ricardo A.P. vs Coca Cola FEMSA), en la que, entre otras cosas, el m.T. de la República dejó sentado lo siguiente:

Ahora bien, a más de un año de la entrada en vigencia de la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala de Casación Social a través de la jurisprudencia, ha tenido sin lugar a duda, un papel preponderante en la interpretación de la normativa contenida en la Ley adjetiva mencionada, flexibilizándola en muchas ocasiones con el propósito de obtener una justicia real, eficaz y fundada en la verdad como valor indispensable dentro de todo proceso judicial.

Es así, que esta Sala considera necesario flexibilizar el carácter absoluto otorgado a la confesión ficta contenida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, estableciendo que, cuando el demandado no comparezca a una de las sucesivas prolongaciones de la audiencia preliminar, empero, se haya promovido pruebas, la confesión que se origine por efecto de la incomparecencia a dicha audiencia (prolongación) revestirá un carácter relativo, permitiéndole por consiguiente al demandado desvirtuar dicha confesión, es decir, desvirtuar la confesión ficta que recae sobre los hechos narrados en la demanda mediante prueba en contrario (presunción juris tantum), siendo éste el criterio aplicable en estos casos a partir de la publicación del presente fallo. (Cursivas y negrillas del Tribunal).

Cónsono con lo anterior, este Juzgador, tendrá en cuenta para la presente causa, en contra de la demandada la presunción Iuris Tantum que consagra la Doctrina Jurisprudencial, en el sentido de que, la misma será desvirtuada con prueba en contrario que al ser valorada sea contundente y capaz para ello.

De igual forma se aplicará el principio de primacía de la realidad establecido en el Artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo y el Artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999. Así se establece.-

Visto lo anteriormente expuesto, y siendo esta la oportunidad para decidir este Juzgado procede a hacerlo en los siguientes términos:

Sobre La Demanda

Afirman los demandantes F.H.Z., J.R.E., M.G.F., R.O.S., N.M.M., A.V. y W.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 23.156.675, 11.427.636, 6.126.566, 12.242.250, 7.303.659, 10.779.739 Y 7.355.040 respectivamente, que en fechas 15 de Enero del 2000; 15 de Febrero del 2000; 01 de Febrero del 2000; 19 de Mayo del 2000; 01 de Septiembre del 2000; 16 de Octubre del 2000 y 02 de Octubre 2000; respectivamente comenzaron a prestar servicios subordinados con el cargo de Operativos de Mantenimientos para la empresa demandada, cuyo servicios principal es el de prestar servicios a otras empresas con personal calificado para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de las mismas, alude que las labores de la empresa son realizadas en la sede de los clientes de Isersa ( integral de Servicios, CA;); alude que las obligaciones patrono- trabajador siempre se han regulado de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva.-

Ahora bien; alude los demandantes que la demandada ha incurrido hasta la fecha en el incumplimiento de uno de los mandatos de ley ya que se ha negado en todo momento a informar de los montos acumulados por concepto de Antigüedad; así mismo alegan del incumplimiento por parte de la demandada en lo que respecta al beneficio de la alimentación por cuánto alega que los mismos desde el mes de Septiembre del 2005 ese derecho no ha sido cancelado vulnerando a todas luces dicho derecho, razón por la cual piden sea cancelado los mismos con los respectivos intereses de Mora por haber incumplido la empresa con dicho concepto, alega ,igualmente el incumplimiento por parte de la demandada referente de las disposiciones de Ley referentes al Seguro Social obligatorio y la Ley de Política Habitacional señalando que la empresa demandada se ha dedicado a descontar a los salarios de los trabajadores reflejando en recibos que dichos descuentos son los aportes correspondientes por Seguro Social obligatorio y ley de Política Habitacional , negándoles el goce de dicho beneficio de la seguridad social y de la política habitacional, del Daño Moral, por la conducta del patrono por la privación del acceso de la seguridad y a la opción de adquirir una vivienda es por lo anterior que los demandantes proceden a demandar los siguientes conceptos:

F.H.Z.

Concepto Suma demandada (Bs.)

Antigüedad 1.828.368,96

Bono de Alimentación 840.000,00

Del Daño Moral 1.822.500,00