Sentencia nº 1113 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Octubre de 2000

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: H.P.T.

En fecha 19 de mayo de 1994 los abogados R.L.M., G.P.T., H.M.D., I.C.M., J.C.S., A.S.P., J.M.T., J.I., N.C. y C.J.F.V., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 6.094, 8.752, 10.402, 1.799, 15.858, 45.089, 24.940, 41.407, 46.880 y 42.813, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos F.A.P., titular de la cédula de identidad Nº 938.803; Alberto Báez Duarte, titular de la cédula de identidad Nº 1.750.405; W.H.B., titular de la cédula de identidad Nº 3.157.974; Lukas Boulton, titular de la cédula de identidad Nº 6.976.546; M.A.C.L., titular de la cédula de identidad Nº 6.314.373; Gustavo F. Galdo, titular de la cédula de identidad Nº 6.554.875; Luis G.B., titular de la cédula de identidad Nº 1.660.469; R.T.H.A., titular de la cédula de identidad Nº 247.028; G.A.M., titular de la cédula de identidad Nº 1.714.059; Gonzalo Mendoza, titular de la cédula de identidad Nº 3.180.833; L.M.M.P., titular de la cédula de identidad Nº 1.899.880; A.N.R., titular de la cédula de identidad Nº 31.782; L.A.R., titular de la cédula de identidad Nº 3.753.770; L.A.S., titular de la cédula de identidad Nº 986.532; V.S.A., titular de la cédula de identidad Nº 1.724.559; A.S.M., titular de la cédula de identidad Nº 1.756.935; A.S.S., titular de la cédula de identidad Nº 4.773.724; F.T.P., titular de la cédula de identidad Nº 5.314.565; Alfredo Travieso Passios, titular de la cédula de identidad Nº 1.733.805; G.J.V., titular de la cédula de identidad Nº 27.971; G.V.A., titular de la cédula de identidad Nº 3.376.619 y P.E.V.R., titular de la cédula de identidad Nº 928.716, todos miembros de la Junta Directiva del Banco Mercantil, C.A., S.A.C.A., a excepción del ciudadano F.T.P., quien se desempeña como Comisario de la referida institución bancaria; y los abogados G.P.T., H.M.D., I.C.M., actuando también en nombre propio, interpusieron por ante la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia, acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad conjuntamente con amparo constitucional contra las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 31 aparte único de la Ley Especial de Protección de los Depositantes y de Regulación de Emergencia en las Instituciones Financieras, aprobada el 8 de marzo de 1994 y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.418 de fecha 10 de marzo de ese mismo año.

En fecha 31 de mayo de 1994 se dio cuenta a la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno de la acción indicada y se designó ponente a la Magistrada Josefina Calcaño De Temeltas, a los fines de resolver el amparo solicitado.

Mediante escrito consignado en fecha 31 de mayo de 1994, el abogado R.L.M., ya identificado, actuando en nombre propio y en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos E.E.I., titular de la cédula de identidad Nº 2.074.482, E.J.T., titular de la cédula de identidad Nº 1.899.238, Ludwid H. Johnson, titular de la cédula de identidad Nº 3.142.568, O.M.K., titular de la cédula de identidad Nº 3.181.043 y E.M. y Terán, titular de la cédula de identidad Nº 1.710.130, respectivamente, se adhirió a la acción de nulidad interpuesta y a la solicitud de amparo constitucional.

En fecha 1º de junio de 1994 el abogado P.A.R.O., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9.511, actuando en nombre propio y en su carácter de apoderado judicial del ciudadano A.R.G., titular de la cédula de identidad Nº 2.897.907, presentó escrito mediante el cual ambos se adhieren a las referidas acciones.

Mediante diligencia suscrita en fecha 8 de junio de 1994 el abogado C.J.F.V., ya identificado, actuando con el carácter expresado supra, “(…) a fin de demostrar la amenaza válida e inminente de lesión a un derecho o garantía constitucional…”, consignó un ejemplar de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.435 de fecha 7 de abril de 1994, donde se publicó la Resolución Nº 031-94 de fecha 23 de marzo de ese mismo año, “(…)en la cual se establece un lapso perentorio para la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio…” a la cual hace referencia el artículo 31 de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras.

En fecha 5 de mayo de 1998 se reasignó la ponencia al Magistrado José Erasmo Pérez España.

En fecha 8 de junio de 1994 la Magistrada Josefina Calcaño De Temeltas, se inhibió de conocer de la presente causa, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 82 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil.

Mediante auto de fecha 14 de junio de 1994, se declaró con lugar la inhibición formulada por la prenombrada Magistrada y se ordenó convocar al suplente correspondiente, a fin de constituir la Corte en Pleno Accidental.

En fecha 28 de junio de 1994 se libró oficio de convocatoria al ciudadano J.A.R.M., en su condición de Tercer Suplente de la Sala Político-Administrativa, a objeto de constituir la Corte en Pleno Accidental.

Mediante escrito consignado en fecha 28 de junio de 1994, los abogados E.C.M., L.S. y G.M., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 163, 17.153 y 45.143, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos J.L.L.L., titular de la cédula de identidad Nº 1.733.000; G.F.E., titular de la cédula de identidad Nº E-81.736.934; F.L.H., titular de la cédula de identidad Nº 217.199; J.L.L.A., titular de la cédula de identidad Nº 4.765.644; J.L.A., titular de la cédula de identidad Nº 952.633; F.A.C., titular de la cédula de identidad Nº 3.976.413; F.F.P., titular de la cédula de identidad Nº 1.710.067; C.B.D.-Costa, titular de la cédula de identidad Nº 19.402; L.E.F., titular de la cédula de identidad Nº 952.525; M.C.D., titular de la cédula de identidad Nº 3.178.324; E.S., titular de la cédula de identidad Nº 9.674 y E.S.G., titular de la cédula de identidad Nº 6.815.022; miembros de la Junta Directiva del Banco Exterior, C.A.; R.B., titular de la cédula de identidad Nº 3.735.727 y Belkys Apolinar, titular de la cédula de identidad Nº 3.625.469; miembros de la Junta Directiva de Arrendadora Exterior, C.A.; F.R., titular de la cédula de identidad Nº 2.087.815 y M.A.D.D., titular de la cédula de identidad Nº 4.453.423; miembros de la Junta Directiva de Fondo Exterior C.A.; C.D.H., titular de la cédula de identidad Nº 1.719.095; Yraida Guerra De Gabante, titular de la cédula de identidad Nº 4.275.597; E.D., titular de la cédula de identidad Nº 3.949.312; M.M., titular de la cédula de identidad Nº 2.744.693 y L.S., titular de la cédula de identidad Nº 4.349.309; miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Financiera Banco Exterior, se adhirieron a la presente causa.

Mediante oficio suscrito en fecha 4 de julio de 1994, el ciudadano J.A.R.M., en su condición de Tercer Suplente de la Sala Político-Administrativa se excusó de aceptar el referido cargo para constituir la Corte en Pleno Accidental.

En fecha 7 de julio de 1994 el abogado H.T.C., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.299, actuando en su carácter de representante judicial de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, consignó un ejemplar de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.493 de fecha 30 de junio de 1994, donde aparece publicada la Resolución Nº 078-94 emanada de esa Superintendencia en fecha 29 de junio de ese mismo año, que derogó la Resolución Nº 031-94 dictada por esa misma Superintendencia.

En fecha 13 de julio de 1994 se acordó convocar al ciudadano L.L.O., en su condición de Cuarto Suplente de la Sala Político-Administrativa, quien mediante oficio de fecha 28 de julio de 1994, también se excusó de aceptar el señalado cargo para constituir la Corte en Pleno Accidental.

En fecha 1º de agosto de 1994 se acordó convocar al ciudadano L.I.Z., en su condición de Quinto Suplente de la Sala Político-Administrativa, quien asimismo mediante oficio de fecha 4 de agosto de 1994, se excusó de aceptar la convocatoria para constituir la Corte en Pleno Accidental.

En fecha 8 de agosto de 1994 se acordó convocar al ciudadano E.L., en su condición de Primer Suplente de la Sala de Casación Civil, quien mediante oficio de fecha 28 de julio de 1994, quien no concurrió a manifestar la aceptación del cargo para constituir la Corte en Pleno Accidental.

Mediante diligencia suscrita en fecha 25 de octubre de 1994, los abogados R.L.M., H.M.D., I.C.M. y C.J.F.V., actuando con el carácter expresado en autos, desistieron de la acción de amparo constitucional intentada. Igualmente, los abogados P.A.R.O. y G.P.T., actuando con el carácter supra expresado, mediante diligencias suscritas en fecha 28 de octubre y 1º de noviembre de 1994, respectivamente, también desistieron de la acción de amparo constitucional por ellos solicitada.

En fecha 31 de enero de 1995 se acordó convocar al ciudadano C.B.P., en su condición de Quinto Suplente de la Sala de Casación Civil, para constituir la Corte en Pleno Accidental

Por oficio N° TPI-00-042 emanado de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, se remitió el presente expediente a esta Sala Constitucional, en virtud de las previsiones sobre competencia contenidas en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En fecha 15 de mayo de 2000 se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión.

Revisadas las actas procesales que integran el presente expediente esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

Fundamentos de la Acción Interpuesta El fundamento de la presente acción de nulidad ejercida por razones de inconstitucionalidad, lo constituyen los siguientes motivos: En opinión de los recurrentes, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 18 de la mencionada Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras, el legislador confirió la facultad reglamentaria constitucionalmente otorgada al Ejecutivo Nacional en un ente descentralizado como lo es la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras y en tal sentido, consideran vulnerado lo dispuesto en el ordinal 24 del artículo 136 de la Constitución de 1961, que reservaba la competencia del Poder Nacional para legislar en diversas materias (civil, penal, mercantil, penitenciaria y de procedimientos), toda vez que en virtud del referido artículo 18 de la Ley in commento, se dispuso que en “(...) los casos de intervención la compensación no opera de pleno derecho...”, y que sería la Superintendencia quien fijaría las normas, las condiciones para ello. En relación al aparte único del artículo 31 de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras -conforme al cual se les exige la presentación de una declaración jurada de patrimonio ante la Superintendencia de Bancos-, señalaron los recurrentes, que dicha norma vulnera el derecho constitucional a la intimidad y la vida privada previsto en el artículo 59 de la Constitución de 1961, y que además, violenta las disposiciones contenidas en el artículo 84 eiusdem que consagra el derecho al trabajo, por constituir la presentación del referido documento, un requisito para quienes aspiraban desempeñarse en los cargos enunciados en el artículo 31 aparte único de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras y que por tanto, resultaba contrario al principio de proporcionalidad de la norma.

Por último, los apoderados judiciales de los recurrentes solicitaron se decretera mandamiento de amparo constitucional a favor de sus representados, a objeto de que este Tribunal Supremo de Justicia “(…) se sirva suspender de manera provisional hasta tanto dure el juicio de nulidad (…) la aplicación del artículo 31 de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras”.

Del Procedimiento

Se desprende del escrito que da inicio a las presentes actuaciones, que la causa planteada en autos es una acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad, conjuntamente con amparo constitucional contra las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 31 aparte único de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.418, de fecha 10 de marzo de 1994.

En casos como el presente, esta Sala viene adoptando el criterio expuesto en su sentencia Nº 88 de fecha 14 de marzo de 2000 (Caso Ducharme de Venezuela C.A.), con relación al procedimiento a seguirse cuando se interponga de manera conjunta acción de nulidad por inconstitucionalidad y pretensión de amparo cautelar contra actos normativos, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; dicho criterio establece que:

1. Una vez recibida en esta Sala la acción de nulidad, interpuesta conjuntamente con amparo constitucional, el Juzgado de Sustanciación de la Sala decidirá mediante auto sobre la admisibilidad de la acción principal, a menos que por la urgencia del caso la Sala decida pronunciarse sobre la admisión de la misma, supuesto en que también la Sala se pronunciará sobre el amparo ejercido conjuntamente con la referida acción de nulidad.

2. En caso de que se declare inadmisible la acción principal, se dará por concluido el juicio y se ordenará el archivo del expediente.

3. Para el supuesto que se admita la acción de nulidad, en el mismo auto se ordenará abrir cuaderno separado en el cual se designará Ponente, a los efectos de decidir sobre el amparo constitucional.

4. El procedimiento de nulidad continuará su trámite por ante el Juzgado de Sustanciación, y la Sala decidirá sobre la procedencia o no del amparo constitucional. En el caso de que se acuerde el amparo se le notificará de dicha decisión al presunto agraviante, para que, si lo estima pertinente, formule oposición contra la medida acordada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación, supuesto en el cual se convocará para una audiencia oral y pública que se efectuará en el tercer (3º) día siguiente a la formulación de la oposición, a fin de que las partes expongan sus alegatos. En el auto en el que se fije la celebración de la audiencia oral y pública, se ordenará la notificación del Ministerio Público.

5. Una vez concluido el debate oral, la Sala en el mismo día deliberará, y podrá:

a) Pronunciarse inmediatamente sobre la oposición, en cuyo caso se expondrá de forma oral los términos de la decisión, la cual deberá ser publicada íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia en la cual se dictó aquélla.

b) Diferir la audiencia oral por un lapso que en ningún momento será mayor de cuarenta y ocho (48) horas por estimar que es necesario la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el caso, o a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público.

6. La decisión recaída sobre el amparo constitucional en nada afecta la tramitación de la causa principal

.

Ahora bien, por cuanto se observa que el presente caso ha transcurrido un tiempo muy extenso desde la interposición del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad hasta la fecha de designación del ponente en esta Sala Constitucional, y en aras del cumplimiento del principio de economía procesal, no se considera necesario devolver los autos al Juzgado de Sustanciación y en consecuencia, la Sala Constitucional procederá a revisar en virtud del presente fallo la admisibilidad de la acción principal, previa determinación de la competencia, para luego, de ser el caso, pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional. Así se decide.

De la Competencia Tal y como se expresó anteriormente, el objeto de la acción de nulidad ejercida por razones de inconstitucionalidad lo constituyen las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 31 aparte único de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.418, de fecha 10 de marzo de 1994.

Dicha acción fue interpuesta por ante la entonces Corte en Pleno durante la vigencia de la Constitución de 1961. En tal sentido debe esta Sala señalar, que en el marco de lo dispuesto en los artículos 215 ordinal 3º y 216 eiusdem, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 42 ordinal 1º y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para declarar la nulidad total o parcial de las leyes y demás actos generales de los cuerpos legislativos nacionales que colidieran con la Constitución, correspondía a la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno.

En virtud de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, tal competencia, atribuida anteriormente a la Corte en Pleno, se encuentra actualmente asignada a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 336 de la Carta Magna, el cual dispone que, es atribución de la Sala Constitucional, “Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución”. Por ello, en el caso de autos al plantearse la acción de nulidad ejercida por razones de inconstitucionalidad contra las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 31 aparte único de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras, esto es, una ley nacional dictada por el entonces Congreso de la República, esta Sala resulta competente para conocer de la nulidad solicitada. Así se decide.

Consideraciones para Decidir

Declarado lo anterior, corresponde a esta Sala revisar la admisibilidad de la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercida contra las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 31 aparte único de la Ley Especial de Protección de los Depositantes y de Regulación de Emergencia en las Instituciones Financieras, aprobada el 8 de marzo de 1994 y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.418 de fecha 10 de marzo de ese mismo año.

A tal efecto se observa, que en fecha 6 de julio de 1995 se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.931 Extraordinario, la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera, que en su artículo 76 derogó la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencia en las Instituciones Financieras, impugnada por los recurrentes.

Luego, en fecha 1º de diciembre de 1995 se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.850 el texto de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera, en cuyo artículo 77 se derogó expresamente la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras.

Asimismo, observa esta Sala que en fecha 17 de abril de 1996, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.941 la nueva Ley de Regulación de Emergencia Financiera, cuyo artículo 78 dispone -también expresamente- que deroga a la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras.

Posteriormente, en fecha 12 de enero de 2000 fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.868, el Decreto con Fuerza y Rango de Ley Nº 359 dictado por el Presidente de la República en fecha 5 de octubre de 1999, contentivo de la Ley de Regulación Financiera, instrumento normativo dictado en uso de las facultades que le conferían el ordinal 8º del artículo 190 de la Constitución de 1961 en concordancia con lo dispuesto en el literal d, numeral 2 del artículo 1º de la Ley Orgánica que Autoriza al Presidente para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera requeridas por el Interés Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.687 de fecha 26 de abril de 1999.

Ahora bien, se evidencia del contenido de la Ley de Regulación Financiera publicada el 12 de enero de 2000, que este instrumento normativo en su artículo 73 vuelve a declarar derogada a la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras, a pesar de que tal derogatoria se encontraba contenida en las anteriores Leyes de Regulación de Emergencia Financiera, ya referidas.

En tal sentido, en sentencia pronunciada por esta Sala Constitucional en fecha 8 de junio de 2000 (Caso: Enrique Agüero Gorrín y Otros) se señaló que:

(...) en sentencia dictada en fecha 20 de enero de 1996 la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa sostuvo el mismo criterio, al precisar que entre las circunstancias determinantes de la relación procesal en el recurso de inconstitucionalidad, ‘tiene especial relieve la existencia misma del acto impugnado por inconstitucionalidad, cuya validez o nulidad viene a constituirse precisamente, en la materia u objeto del proceso’, por lo que al solicitarse la nulidad de un acto que ya ha cesado en su vigencia, el recurso, carece de objeto. Por otra parte, mediante sentencia de 6 de diciembre de 1973, con motivo de la impugnación de un Acuerdo del Concejo Municipal del Distrito Federal, derogado posteriormente por una Ordenanza, la Corte Suprema de Justicia ratificó el criterio señalado en los siguientes términos:

‘Ahora bien, por efecto de la promulgación de la citada Ordenanza, el recurso interpuesto en este procedimiento carece, para el momento, de toda finalidad y objeto, en virtud de que el Acuerdo impugnado de nulidad fue derogado y sustituido por la Ordenanza en vigor. En este mismo orden de razones, cualquier vicio o defecto que pudiera haber padecido el mencionado Acuerdo, habría quedado remediado por el nuevo estatuto, sancionado y promulgado conforme a la ley y el cual vendría a ser el instrumento cuestionable, si se objetara nuevamente la personalidad jurídica de la “Fundación Caracas”. En consecuencia, el presente recurso de nulidad carece de objeto, y por tal motivo, resulta inútil la decisión que se pronuncie sobre sus planteamientos’.

Como se puede apreciar, este ha sido el criterio asumido por la entonces Corte Suprema de Justicia en Sala Plena respecto de la leyes derogadas en cuanto a su impugnabilidad por la vía del recurso de inconstitucionalidad, aplicado también a la leyes de carácter temporal.

Así, en sentencia de fecha 25 de noviembre de 1995 en Sala Plena, razonó la Corte de la siguiente manera:

‘(...), que no tiene materia sobre la cual decidir en el presente caso por cuanto ambos Decretos (241 y 285) han dejado de surtir sus efectos; el primero por haber sido revocado por el Congreso de la República en ejercicio de sus facultades de control y, el seguido el propio Presidente de la República al considerar cesadas las causas que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales.

En tal virtud, y siguiendo jurisprudencia reiterada de esta Corte, en el sentido de que no es posible conocer acciones de nulidad contra actos que no se encuentren vigentes, por no haber nada que anular, se declara la terminación de este juicio’.

Así las cosas, considera esta Sala Constitucional, que las leyes de la naturaleza como la impugnada pierden su vigencia al cumplir la finalidad para la cual fueron promulgadas, por lo que agotada como ha sido, la misma no puede ser objeto de un juicio de constitucionalidad respecto a la Constitución vigente para emitir pronunciamiento acerca de los presuntos vicios denunciados. Razón por la que esta Sala Constitucional considera que no habiendo actualmente acto susceptible de ser anulado declara que es inadmisible sobrevenidamente la acción de nulidad interpuesta contra los puntos 1 y 3 del artículo Único de la Ley que Autoriza al Presidente para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera, de 1998 y en consecuencia se da por terminado este juicio

.

De esta manera ha sostenido esta Sala, que el criterio expuesto anteriormente, tiene su fundamento en que las leyes derogadas por la entrada en vigencia de un nuevo texto legal, pierden su eficacia en el ordenamiento jurídico, por lo que, de ninguna manera, las mismas pueden contradecir preceptos constitucionales; por tanto, siendo ello así, debe concluir esta Sala, que las leyes derogadas deben ser excluidas de la posibilidad de ejercer contra ellas la acción de inconstitucionalidad, por cuanto las mismas han dejado de ser leyes vigentes, en virtud de lo cual debe declararse en el presente caso, la Inadmisibilidad en forma sobrevenida del recurso de nulidad que por razones de inconstitucionalidad se interpusiera contra las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 31 aparte único de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras, aprobada el 8 de marzo de 1994 y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.418 de fecha 10 de marzo de ese mismo año. Así se decide.

Dada la naturaleza accesoria y provisional de las medidas cautelares, estima esta Sala Constitucional que, al haberse declarado Inadmisible la acción principal, en este caso, el efecto inmediato de tal decisión es el decaimiento de la acción de amparo solicitada por los recurrentes para la inaplicación de la norma impugnada hasta tanto se decidiera dicha acción principal. Así también se decide.

Decisión En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

1. - Inadmisible la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta por los abogados R.L.M., G.P.T., H.M.D., I.C.M., J.C.S., A.S.P., J.M.T., J.I., N.C. y C.J.F.V., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 6.094, 8.752, 10.402, 1.799, 15.858, 45.089, 24.940, 41.407, 46.880 y 42.813, respectivamente, contra las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 31 aparte único de la Ley Especial de Protección de los Depositantes y de Regulación de Emergencia de las Instituciones Financieras, aprobada el 8 de marzo de 1994 y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.418 de fecha 10 de marzo de ese mismo año.

2. - Inadmisible la acción de amparo constitucional solicitada de manera conjunta por los recurrentes.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 04 días del mes de OCTUBRE del año 2000. Años: 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

El Presidente,

I.R.U.

El Vice-Presidente,

J.E.C.R.

Magistrados,

H.P.T.

Ponente

J.M.D.O.

M.A.T.V.

El Secretario,

J.L.R.C.

HPT/daal

Exp. N°00-1574

Quien suscribe, J.E.C.R., salva su voto por disentir de sus colegas del fallo que antecede, por las siguientes razones:

Desde su promulgación hasta su derogación o anulación, la ley produce efectos jurídicos creando derechos, deberes y obligaciones a las personas, y permitiendo a los mismos crear diversas situaciones jurídicas.

La ley inconstitucional se anula, produciendo la nulidad declarada, según los casos, efectos ex tunc o ex nunc, por lo que durante la vigencia de una ley, quien pretende eliminar los efectos nocivos que ella le haya causado debido a razones de inconstitucionalidad total o parcial, debe tratar de obtener la nulidad de la misma, para luego lograr se anulen, además, los efectos nacidos de la ley inconstitucional.

Ahora bien, el que una ley derogue a otra que era inconstitucional, no elimina en quien incoa una acción de nulidad de la derogada, por motivos de inconstitucionalidad, la necesidad de que se declare el cese de los efectos perjudiciales que la ley inconstitucional le está causando, efectos que se mantendrán mientras la inconstitucionalidad no se sentencie judicialmente; y por ello, no comparte quien suscribe el criterio de la Sala en este fallo, cual es, que no es necesario resolver las acciones de nulidad por inconstitucionalidad cuando la ley impugnada ha sido derogada antes del fallo por otra ley, y que ante esta situación, las leyes derogadas quedan excluidas de la posibilidad de que se decida en su contra la acción de inconstitucionalidad, por cuanto dejaron de ser leyes vigentes, y por tanto las acciones que las atacaban se hacen inadmisibles.

Es cierto que las leyes derogadas por la vigencia de un nuevo texto legal, pierden su eficacia en el ordenamiento jurídico, pero los efectos jurídicos que esas derogadas leyes inconstitucionales crearon, siguen vigentes en el tiempo mientras no se declare la inconstitucionalidad de la ley que los creó. Ello es motivo suficiente para que el accionante tenga interés en que se decida su demanda.

Tan ello es así, que muchas leyes se remiten a normas de otras leyes vigentes para la época en que se dicta la ley que hace la remisión, señalando un artículo de esa otra ley, como parte de la norma. Cuando el legislador utiliza esta fórmula, simplemente está reproduciendo, sin necesidad de incorporar en el texto del artículo, la disposición de la otra ley a la cual se remite. Por lo tanto, dicha norma ha de leerse conjuntamente con el texto de la otra ley. La derogatoria de la ley a la cual se hizo la remisión, no deroga en la ley que sigue vigente la norma remitida, ya que el texto que no se reprodujo –por innecesario- es el verdadero de la norma que realizó el reenvío, que lo incorporó indirectamente; y así, como el texto de la ley derogada sigue vigente, “post mortem” en la ley que lo reproducía, igualmente las disposiciones de las leyes derogadas, cuya inconstitucionalidad no haya sido declarada, siguen dadas por reproducidas en los textos legales que a ellas se remiten, lo que haría necesario la declaratoria de inconstitucionalidad de la derogada, para privar de efectos a estas remisiones al contenido de la ley inconstitucional, que siguen vigentes, mientras no se les declare nulas por inconstitucional.

Lo que sucede en los procesos de inconstitucionalidad, en criterio de quien disiente, es que se hace necesario analizar en cada acción la razón que legitima al actor, y en base a ella, ponderar si su interés procesal se ha perdido en el proceso, con motivo de la derogatoria de la ley impugnada, y por ende si se ha extinguido la acción.

El artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, requiere en quien incoa la acción de nulidad por inconstitucionalidad, el que se encuentre afectado en sus derechos e intereses. Tal disposición ha sido jurisprudencialmente interpretada, en el sentido que cualquier persona puede solicitar la declaratoria judicial de inconstitucionalidad de una ley, sin necesidad de fundarla en derechos o intereses personales, por existir un interés general de tuición al orden constitucional, lo que convierte a la acción de inconstitucionalidad en una acción popular.

Sin embargo, puede darse el caso que el actor, no solo pretenda el mantenimiento per se del orden constitucional, sino que tenga un interés personal y directo en que se declare la nulidad, ya que la o las normas inconstitucionales, están afectando su situación jurídica, por lo que una vez declarada la inconstitucionalidad va a intentar otras acciones tendientes a que se restablezca su situación, o que se le constituya una que le era negada, por mandato de la ley, etc.

Cuando se está ante la primera hipótesis, la derogatoria de la ley inconstitucional, pareciera que hace decaer la acción popular interpuesta, ya que al quedar derogada, el interés tuitivo del actor ya no existe, porque la ley dejó de tener vigencia. En casos como estos, la acción se hace sobrevenidamente inadmisible, porque se extingue por parte del recurrente su interés procesal: ya no hay necesidad de declaración judicial.

Pero cuando se está ante la segunda posibilidad, donde existe un interés que va más allá de la tutela colectiva de la constitucionalidad, el interés procesal no se pierde por la derogatoria de la ley impugnada como inconstitucional, y a juicio de quien disiente en este voto, debe ser resuelta expresamente su pretensión de nulidad. De allí, que en cada caso haya que examinar el interés aducido por el demandante, y calificar si la derogatoria de la ley impugnada, le hizo o no perder el interés. Tal examen no se hizo en este fallo.

Por otra parte, partir en una forma genérica de la idea, que al derogarse la ley cuya inconstitucionalidad se demandó, la acción incoada se hace inadmisible, es permitir una posible práctica fraudulenta, cual sería la que el órgano legislativo de quien emana la ley, ante la demanda de inconstitucionalidad, reforme en algo la ley impugnada y por tanto la derogue, y que por esta vía, que puede repetirse muchas veces, dejar sin efecto las demandas de inconstitucionalidad en curso. De allí, que aun en los casos en que la demanda nazca de la acción popular de inconstitucionalidad, si no existe una perención de la instancia, el juez constitucional no debe declarar inadmisible la acción, mientras la inste en alguna forma el demandante, ya que con tal instancia está oponiéndose a la posibilidad del fraude que se ha señalado.

Además, el Magistrado que aquí disiente, lo hace fundado en otras razones. La demanda de inconstitucionalidad puede ser puntual, dirigida a la nulidad de determinados artículos de una ley. Dicha ley puede quedar derogada por otra que reproduce los mismos artículos, y ante tal situación, constatada la nulidad de las normas de la primera ley, y conociendo ambas leyes, el sentenciador por imperio del principio iura novita curia, ¿cómo declarar inadmisible una acción por la derogatoria y esperar que se instaure una nueva demanda contra las misma inconstitucionales normas mantenidas en la nueva ley?.

Esta última circunstancia abona a la necesidad de otro tipo de análisis que debe efectuar el juez constitucional, antes de declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad, en base a que la ley impugnada haya sido derogada total o parcialmente. En casos como este, por razones de orden público, el Tribunal Constitucional de oficio debería seguir conociendo de la demanda, con el fin de ejercer el control constitucional sobre la norma cuya nulidad se denuncia.

La tutela jurisdiccional constitucional, a juicio de quien disiente, no está ceñida plenamente al principio dispositivo, con su postulado que el juez sólo puede decidir conforme a lo alegado en autos, lo que significa que solo sentencia sobre los límites de una litis, lo que impide cualquier transformación posterior de los términos de la pretensión (excepto las reformas a las demandas cuando sean permitidas).

Pareciera que es el principio dispositivo el que según el artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, gobierna al proceso de nulidad constitucional, ya que según dicha norma, la demanda “indicará con toda precisión el acto impugnado, las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y de derecho en que se funda la acción”, lo que expresa la voluntad del legislador de que se fijen los términos de la pretensión, sin que se prevea reforma alguna, y menos después que precluyan los lapsos del artículo 117 eiusdem.

Sin embargo, ante un hecho sobrevenido como el apuntado (derogatoria de una ley durante el curso del proceso que la ataca), en la vigente Constitución, a juicio de quien suscribe, surge una situación que desdibuja la prevenida en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y a la solución dada en este fallo. El artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su primer aparte, reza: “En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente” (subrayado nuestro), y considera el Magistrado disidente, que aun dentro del proceso de inconstitucionalidad, detectada la colisión con la Constitución de la norma impugnada, aun subsistente en la nueva ley, el juez constitucional puede declararla de oficio, y por lo tanto, antes de declarar inadmisible una acción de inconstitucionalidad por los motivos señalados en el fallo cuyo voto se salva, habrá igualmente que analizar esta posibilidad.

El principio dispositivo no puede aplicarse estrictamente en la jurisdicción constitucional, y menos en los recursos de nulidad ante la Sala Constitucional, ya que si esta Sala de oficio puede revisar las sentencias firmes de otros Tribunales, que se refieran al control constitucional de las leyes, así como revisar los fallos de amparo constitucional, a fin de que el orden constitucional se mantenga, con mucha mayor razón podrá, antes del fallo del proceso de nulidad por inconstitucionalidad, revisar la constitucionalidad de unas normas que a pesar de su denuncia, sobreviven en las nuevas leyes y que están siendo objeto de una impugnación constitucional.

La institución de la revisión, a juicio de quien disiente, amplía los poderes de la Sala Constitucional en los procesos de nulidad, con relación al postulado del principio dispositivo, que expresa que los límites de la litis los establecen las partes de manera inmutable; y por tanto esta Sala, que puede revisar de oficio los fallos de otros tribunales, a fin de mantener la supremacía e integridad de la Constitución, con más razón podrá examinar la proyección de la inconstitucionalidad de unas normas, en los casos en que la ley impugnada se derogue, y las normas se mantengan en la nueva ley. ¿Para qué esperar que alguien pida la revisión?. Es más, ante esta posibilidad, en la actualidad, el accionante puede solicitar en el proceso de nulidad por inconstitucionalidad, que el examen se extienda a la nueva ley que reproduce los artículos cuestionados, ante el hecho sobrevenido de la derogatoria de la ley impugnada, evitándose así incoar un nuevo juicio a ese fin, y la petición debe ser admitida en el juicio en curso, si no ha perimido la instancia. Si la Sala puede lo más, revisar fallos de otros Tribunales por razones de inconstitucionalidad, cómo no va a poder lo menos, dentro de una causa de nulidad en curso, declarar nulo hacia el futuro, normas que siguen vigentes en las leyes derogatoria, donde ocupan igual posición sistemática que en la derogada, a pesar que fueron impugnadas al atacarse la derogada. Este análisis, expresamente en esta causa no se realizó, y ello es otro argumento que abona la tesis de quien suscribe: que por la existencia de la derogación de la ley cuya nulidad por inconstitucional se demanda, no debe declararse en base a ese solo argumento la inadmisibilidad de la acción.

Queda así expresado el criterio del disidente.

Caracas, en la fecha ut-supra.

El Presidente de la Sala, I.R.U.
	El Vicepresidente, J.E.C.R.D.
Los Magistrados,
H.P.T.
	J.M.D.O.
M.A.T.V.
El Secretario, J.L.R.C.

JECR/

Exp. 00-1574