Sentencia nº 916 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Junio de 2008

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: francisco a. carrasquero lópez

El 10 de abril de 2008, el profesional del derecho G.M.B., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad n° 1.880.427, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 15.692, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano C.M.N.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 3.752.633, según documento poder otorgado apud acta que cursa en el expediente n° 15.127, seguido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, presentó acción de amparo constitucional ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contra la decisión dictada, el 29 de febrero de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

El 14 de abril de 2008, el abogado G.M.B., quien dice actuar con el carácter de apoderado judicial del accionante en amparo, mediante diligencia consignó copias certificadas de los documentos mediante los cuales fundamentó la presente pretensión. El 16 de abril de 2008, se dio cuenta en Sala de la diligencia antes señalada y sus anexos. Se acordó agregarlo al expediente.

El 16 de abril de 2008, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Doctor F.A.C.L., quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 29 y el 30 de abril de 2008, el abogado Tíbulo Y.C.R., actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos L.G.T. y M.F. deS. deT., mediante sendos escritos ratificó la solicitud de declaración de improcedibilidad de la presente pretensión de amparo, se dio cuenta en Sala de los escritos y anexos. Se acordó agregarlos al expediente.

Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

ÚNICO

En primer lugar, debe la Sala determinar su competencia para conocer el presente asunto, y a tal efecto observa:

Corresponde a esta Sala Constitucional conocer en primera instancia, las acciones de amparo contra decisiones u omisiones de los juzgados o tribunales superiores de la República, las corte primera de lo contencioso-administrativo, las cortes de apelaciones en lo penal, así como de los juzgados superiores en lo contencioso-administrativo, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal, de acuerdo con lo establecido en la decisión del 20 de enero de 2000 (caso: E.M.M.) y en el artículo 5.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Acorde con lo expresado, visto que la presente pretensión de tutela constitucional fue interpuesta contra la decisión dictada, el 29 de febrero de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, es por lo que efectivamente corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de la misma, de conformidad con la doctrina contenida en el fallo citado, aplicable según lo dispuesto por la letra b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la mencionada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

Ahora bien, el accionante del presente amparo constitucional fundamentó su pretensión en lo siguiente:

Que, “(…) por haber conculcado Derechos Constitucionales, provistos (sic) en los artículos 51, 26, 21 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que se originaron en el juicio que por Resolución de Contrato de Arrendamiento, ha incoado el ciudadano José Ignacio Henríquez (…)”.

Que, “(…) acudo ante su competente autoridad, con el fin de ejercer formalmente Acción de A.C., Conforme (sic) al artículo 4° (sic) de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (…)”.

Que, “(…) Tal Apelación (sic) interpuesta contra la decisión interlocutoria, que declaró la nulidad del convenimiento celebrado por C.M.N.R. y A.E.Q.P. este ultimo (sic) actuando como apoderado del ciudadano José Ignacio Henríquez, mayor de edad… quien a su vez actúa como mandatario General de los Ciudadanos (sic) L.G.T.M. y M.F. deS. deT. (…)”.

Que, “(…) Al sentenciar el Tribunal (sic) querellado sin haber la jueza estudiado el contenido del ilícito convenimiento, además de conculcar los derechos Constitucionales (sic) denunciados, y ordenar que el Aqüo (sic) imparta la Homologación (sic) al sediciente convenimiento le agota toda prerrogativa de defensa al querellante, dejando solo la única vía para reclamar los derechos Constitucionales (sic) conculcados cual es la interposición de la acción de A.C. contra dicha sentencia (…)”.

Que, “(…) el 31 de mayo de 2005, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil (sic) y del Transito, (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, admitió la Demanda, (sic) que por Resolución de Contrato de Arrendamiento, interpuso el Ciudadano (sic) José Ignacio Henríquez (…)”.

Que, “(…) en fecha 3 de mayo de 2006, comparece el ciudadano C.M.N.R., quien inducido en error suscribe un Ilegal y Fraudulento (sic) convenimiento (…)”.

Que, “(…) Es preciso dejar constancia del vicio existente en el convenimiento supra citado, que constituye el delito de emisión de cheques sin previsión de fondo (sic) contenido en el artículo 462 del Código Penal y del artículo 494 del Código de Comercio, con lo cual independientemente de las exigencias establecidas en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil vician de ilegalidad dicho convenimiento (…)”.

Ahora bien, de las actas que integran el presente expediente se constata que la pretensión de tutela constitucional fue planteada por el abogado G.M.B., quien alega que actúa con el carácter de apoderado judicial del ciudadano C.M.N. “según consta en instrumento poder apud acta que fue conferido por mi mandante en el expediente signado con el n° 15.127 llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques”.

Analizados los recaudos recibidos por esta Sala, se evidencia que al folio ciento veinte (120) de las copias certificadas del señalado expediente, riela poder apud acta conferido por el accionante al referido profesional del derecho, el día 4 de julio de 2007.

Sobre este particular, es menester reiterar que el poder que se confiere apud acta sólo faculta a los abogados para que actúen en el juicio que se tramita en el expediente donde se otorgó dicho mandato, según lo dispone el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, y que la acción de amparo constitucional no constituye una instancia del juicio primigenio, sino una solicitud autónoma en orden al restablecimiento de los derechos de rango constitucional presuntamente lesionados en el curso de un determinado proceso.

En este sentido, esta Sala Constitucional, en sentencia n°. 2.644 del 12 de diciembre de 2001, (caso: C.A.C.) en un proceso de amparo, estableció la doctrina que resulta perfectamente aplicable al caso de autos, en razón de la naturaleza y efectos del poder otorgado apud acta, y precisó lo siguiente:

Quien funge como apoderada actora hace valer, como prueba de su representación, un poder otorgado apud acta, el 28 de enero de 1.993, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos seguía el entonces demandante contra Supermercado El Comienzo, C.A.

A los efectos de esta causa, el citado instrumento es ineficaz, visto que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, el poder que se otorga apud acta es, precisamente, ‘para el juicio contenido en el expediente correspondiente’

‘Artículo 152- El poder puede otorgarse también apud acta, para el juicio contenido en el expediente correspondiente, ante el Secretario del Tribunal, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad.’ (Subrayado de la Sala)

De conformidad con la norma transcrita (artículo 152 del Código de Procedimiento Civil), el poder apud acta acredita al abogado para actuar como representante de quien lo otorga únicamente en el juicio en el cual éste es conferido.

La circunstancia que antecede impide a esta Sala tener la indispensable certeza acerca de la voluntad de quien se señala como parte actora, tanto en lo que concierne a la representación de quien funge como su apoderado, como en lo que toca al ejercicio mismo de la demanda.

En particular, la incertidumbre acerca de la voluntad del presunto agraviado impide a la Sala formarse criterio acerca de la presente demanda, visto que no se sabe a ciencia cierta si cabe atribuir al presunto agraviado los dichos de quien funge como su representante.

Por otra parte, yerra la abogada Carpio al sostener que se trata ‘del mismo juicio para el cual se (le) otorgó el Poder apud acta, no de otro distinto, en una instancia extraordinaria como es la de la Sala Constitucional...’. El juicio de amparo, es muy por el contrario, un proceso distinto del ordinario en el que se produce la sentencia impugnada, en el que deben ventilarse, exclusivamente violaciones a derechos fundamentales y no, en tercera instancia, el mismo asunto decidido por los tribunales de instancia.

(…omissis…)

Razón por la cual procede aplicar la consecuencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de declarar inadmisible la presente demanda. Así se decide

.

Así las cosas, esta Sala Constitucional no puede suponer la referida representación para la proposición de la pretensión que se analiza, pues el interesado no otorgó de manera específica un mandato o poder que permitiera que el abogado G.M.B. efectuara la presente solicitud constitucional en su nombre, ya que, según consta en autos, el prenombrado abogado actuó en representación del ciudadano C.M.N.R., en virtud del documento-poder apud acta, que le fue conferido para actuar en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento intentado por el ciudadano A.E.P..

A este respecto, el artículo 19.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:

Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada

(subrayado de la Sala).

En el caso de autos, por cuanto el accionante atribuyó su representación en el mandato que, apud acta le fue conferido por el ciudadano C.M.N., para actuar en el juicio que por resolución de contrato de arrendamiento interpuso el ciudadano A.E.P. contra el ciudadano C.M.N.R., esta Sala Constitucional, de conformidad con el artículo 19.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y con la doctrina jurisprudencial parcialmente transcrita, encuentra inadmisible la pretensión de tutela constitucional en cuestión. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional propuesta por el Abogado G.M.B., el cual dijo actuar como apoderado judicial del ciudadano C.N.R., contra la decisión dictada, el 29 de febrero de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de mayo de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta,

L.E.M. LAMUÑO

El Vicepresidente,

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

Ponente

Los Magistrados,

J.E. CABRERA ROMERO

P.R. RONDÓN HAAZ

M.T. DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

A.D.J. DELGADO ROSALES

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

FACL/

EXP. n° 08-0416

El Magistrado P.R. Rondón Haaz manifiesta su disentimiento con el fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto, en los siguientes términos:

1. La discrepancia con la referida decisión atañe a la declaración de inadmisibilidad de la demanda de amparo, con base en la aplicación supletoria del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, se advierte:

   1.1 En primer lugar, la aplicación supletoria de normas jurídico positivas tiene, como propósito único, la solución de una situación que no aparezca regulada, o lo esté insuficientemente, por la ley que, en principio, sea la aplicable. Se trata, en otros términos, de la necesidad de subsanación de vacíos legales o de puntos dudosos que existan en el texto normativo que deba aplicarse al caso concreto, tal como, por ejemplo, lo establecía, de manera expresa, el artículo 20 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En la situación que se examina no existe tal insuficiencia, ya que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales regula claramente cuáles son los requisitos que debe satisfacer la solicitud de amparo –entre ellos, la “suficiente identificación del poder conferido”-, so pena de declaración de inadmisión de la pretensión, luego de que el Juez de la causa verifique que el demandante no acató la orden de subsanación de la falta o defecto de acreditación de la representación que se hubiera atribuido quien dijo actuar como tal representante del actor (artículos 18 y 19). Entonces, no tiene justificación alguna que hubiera sido traída a la presente causa una norma legal, para su aplicación supletoria, en relación con la falta de debida acreditación de la representación judicial, habida cuenta de que, como se expresó anteriormente, dicha situación fue suficientemente regulada por la Ley que norma el amparo, de suerte que no había, en dicha ley –tan orgánica, por lo demás, como la del Tribunal Supremo de Justicia- vacío ni punto dudoso que, al respecto, hubiera que suplir o esclarecer en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales;

   1.2 Por otra parte, tampoco puede afirmarse que, para la apreciación de la admisibilidad de la pretensión de amparo, tenga primacía el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sobre las equivalentes de la también Ley Orgánica de Amparo, que anteriormente se nombró, no sólo por razón de que la antinomia entre tales normas de estas leyes de igual jerarquía debió resolverse sobre la base del principio de especialidad normativa, sino, porque, además, la aplicación del citado artículo 19 de la antes mencionada ley que regula a este Supremo Tribunal (la cual fue creada para “establecer el régimen, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia”), como fundamento de la declaración de inadmisibilidad de las demandas de amparo, sólo sería posible contra las que sean presentadas ante el M.T. de la República, pero no ante los tribunales de instancia que conozcan en primer grado de jurisdicción, porque, en éstos, la admisión o no de la pretensión de tutela tiene que ser decidida, en principio, con base en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual la aplicación, en el particular que se analiza, de la referida norma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el juicio de amparo, crea un desfase en el tratamiento de la tutela, cuando de la misma deba conocerse, en primera instancia, por los juzgados ordinarios y cuando dicho conocimiento sea de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia. Más aún, si, por ejemplo, la Sala Constitucional actúa como órgano de alzada, dicho órgano jurisdiccional deberá resolver un innecesario dilema sobre la ley aplicable: la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales o la del Tribunal Supremo de Justicia, para la valoración del pronunciamiento que, sobre admisibilidad de la pretensión de tutela, hubiera expedido el a quo, conforme a la Ley de Amparo y el Código de Procedimiento Civil. Así las cosas, ¿deberá esta segunda instancia revocar la decisión del a quo mediante la cual se admitió un amparo porque se estimó que el mismo satisfacía los requisitos que, sobre tal respecto, preceptúan el cuerpo legal que disciplina la tutela constitucional y el Código de Procedimiento Civil, pero que, en el curso de la apelación, se encuentre que dicha demanda no se encuentra conforme a las exigencias del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia?;

   1.3 En criterio del salvante, los supuestos de inadmisibilidad que tienen pertinencia en el procedimiento de amparo son los que derivan de los artículos 6, 18 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como los generales que dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con la norma de remisión que contiene el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y con los criterios doctrinales que ha establecido esta Sala;

   1.4 De conformidad con las consideraciones que anteceden, se concluye que si quien alegó que actuaba en nombre y por cuenta del quejoso de autos no acreditó debidamente dicha representación, junto con la demanda de amparo, tal omisión debió dar lugar al referido pronunciamiento de inadmisibilidad sólo después de que caducara el lapso que establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin que dicho abogado hubiera subsanado el defecto de acreditación de su cualidad procesal, tal como debió haberle sido ordenado, de acuerdo con dicha disposición legal;

   1.5 La declaración de inadmisión que fue expedida, en el fallo que antecede, con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia produjo, además del antes anotado efecto de desfase entre el procedimiento que corresponda, en primera instancia, a los tribunales ordinarios y el que deba aplicar el Tribunal Supremo de Justicia, un inconstitucional efecto de desigualdad que favorece a quienes demanden amparo ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, porque ellos tendrán oportunidad de subsanación de los defectos que el Juez aprecie respecto de la formalización de su pretensión, en tanto que aquéllos, que deban ocurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia para la interposición del amparo, no gozarán de dicha oportunidad, porque la misma está negada por el referido artículo 19 de la ley orgánica que rige a este M. tribunal.

2. Como conclusión, quien suscribe estima que la admisibilidad del amparo de autos no debió ser valorada según el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia sino según las normas que, como se afirmó anteriormente, son las aplicables para el particular en examen.

   Quedan expresados, en los términos precedentes, los motivos del disentimiento del Magistrado que expide el presente voto salvado.

   Fecha retro.

   La Presidenta,

   L.E.M. LAMUÑO

   El Vicepresidente,

   F.A.C.L.

   Los Magistrados, J.E. CABRERA ROMERO

   P.R. RONDÓN HAAZ

   Disidente

   M.T. DUGARTE PADRÓN

   CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

   A.D.J. DELGADO ROSALES

   El Secretario,

   J.L. REQUENA CABELLO

   PRRH.sn.ar.

   Exp. 08-0416