Decisión nº PJ0642013000196 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 11 de Noviembre de 2014
| Fecha de Resolución | 11 de Noviembre de 2014 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo |
| Ponente | Eduarda Gil |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO,
CON SEDE EN VALENCIA
Valencia, 10 de noviembre de 2014
Años 204º y155º
ASUNTO: GP02-O-2013-000059
PRESUNTO AGRAVIADO: F.L., titular de la cédula de identidad No. V-7.036.733
APODERADOS JUDICIALES: J.J.A. y M.P., inscritos en el IPSA bajo los Nos. 110.953 y 67.177.
PRESUNTA AGRAVIANTE: SAMFORT, S.A.
ASUNTO: A.C..
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
En fecha 23 de abril de 2012, el ciudadano F.L., titular de la cédula de identidad No. V-7.036.733 asistido por las abogadas M.G.R. y W.G., inscritas en el IPSA bajo los Nos. 121.440 y 172.628, presentó escrito contentivo de la acción de a.c. frente a las violaciones de derechos de rango constitucional que denuncia transgredidos por la empresa SAMFORT, S.A. constante de 10 folios y anexos en 29 folios.
Por auto de fecha 24 de abril de 2012 se le dio entrada. Por requerimiento del Tribunal en fecha 03 de mayo de 2012 la parte recurrente presentó escrito de subsanación.
Por auto de fecha 04 de mayo de 2012 se admitió la referida acción y se ordenaron las notificaciones pertinentes a los efectos de la celebración de la audiencia constitucional, oral y pública.
Mediante diligencia de fecha 29 de junio de 2012 la parte accionante se da por notificada y consigna los fotostatos necesarios para la práctica de las notificaciones (folio 73).
Por auto de fecha 02 de octubre de 2012 se avoca al conocimiento de la causa la Jueza E.D.C.G., librándose las respectivas notificaciones.
En fecha 26 de octubre de 2012 el alguacil informó la imposibilidad de notificar a la parte agraviada, quien se da por notificada en fecha 06 de noviembre de 2012 y posteriormente suministra la dirección de la agraviante para su notificación (folios 72-86).
Por auto de fecha 13 de diciembre de 2012 se libra nueva boleta de notificación a la parte agraviante, nuevamente en fecha 18 de febrero de 2013 el alguacil informó la imposibilidad de notificar a la parte presuntamente agraviada.
En fecha 22 de mayo de 2013 compareció el ciudadano F.L. y otorgó poder apud acta a los abogados J.J.A. y M.P..
Previa solicitud de la parte presuntamente agraviada por auto del 28 de mayo de 2013 se libró nueva boleta de notificación a la presuntamente agraviante.
En fecha 09 de julio y 08 de agosto de 2013, folios 103-110 el alguacil informó la imposibilidad de notificar a la parte accionada.
Por lo que este Despacho en fecha 02 de octubre de 2013, visto el tiempo transcurrido de un año y cinco meses ordenó la notificación al Ministerio Público y a la presunta agraviante, a los fines de que formaran su criterio al respecto.
A solicitud de la parte accionante por auto de fecha 28 de marzo de 2014 se libró despacho de exhorto a cualquier Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; en fecha 08 de abril de 2014 la parte accionante solicitó su designación como correo especial, por lo que el Tribunal en auto de fecha 22 de abril de 2014 acordó de conformidad lo solicitado. Corre al folio 200 las resultas de dicho exhorto en donde el alguacil adscrito al Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia informó que el local referido en la boleta se encontraba totalmente cerrado con un aviso de remodelación, por lo que consignó las boleas que le fueron entregadas.
En fecha 23 de octubre de 2014 solicita la presunta agraviada, se libre nuevamente boleta de notificación.
En fecha 29 de octubre de 2014, se recibe escrito presentado por la abogada TASMANIA B.R.M., inscrita en el IPSA bajo el No. 45.689 actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Interina Octogésima Primera del Ministerio Público a nivel nacional con competencia en materia de Derechos y Garantías Constitucionales y Contencioso Administrativo contentivo de escrito de opinión fiscal, en el cual observó inactividad de la parte accionante por varios meses, en varios períodos, así, desde que informó la nueva dirección de la empresa accionada no es sino hasta el 22 de mayo de 2013 cuando el ciudadano F.L. confiere poder apud acta, 8 meses después, el 19 de marzo de 2014 la parte actora solicita se emita boleta de notificación a la empresa accionada y el 08 de abril de 2014 los abogados del presunto agraviado solicitan se les designe correo especial, desde el 08 de abril de 2014 no se produjo por parte de los abogados accionantes ninguna actuación tendiente a que tal solicitud prosperara, aún cuando este Despacho proveyó acordando lo solicitado, por lo que solicitó se declare terminado el procedimiento por abandono de trámite.
Vista la inactividad procesal suscitada desde el 08 de abril de 2014 al 08 de octubre de 2014, transcurrieron más de 6 meses de inactividad procesal, sin que se instara al órgano jurisdiccional para la práctica de la notificación de la parte presuntamente agraviante, en el m.d.p. breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que la parte accionante ha perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en obtener la solución judicial acelerada y preferente que se dispensa por conducto del procedimiento de a.c..
En efecto, el interés procesal es la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela: Este interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.
La falta inicial de esta necesidad de tutela (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión del actor y por ello se sanciona con la declaratoria de inadmisibilidad de la pretensión, tal como lo reflejan las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, varias de las cuales recogen supuestos de falta de interés procesal (por irreparabilidad, cesación, consentimiento, elección de otra vía de protección judicial).
Ahora bien, la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso: Es lo que sucede cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del procedimiento. Pero también puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que esté en curso.
Bajo esta perspectiva, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha estimado, como principal efecto del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que puede asumirse el decaimiento de la acción de amparo una vez transcurrido un lapso de seis (06) meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora.
Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos, de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esta causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución, toda vez que aún cuando la acción de amparo tiene por norte el restablecimiento de la situación jurídica infringida mediante un procedimiento breve y sumario, el transcurrir del tiempo tiene también efectos importantes en lo que respecta a la necesidad de protección constitucional.
Una muestra de ello ha sido recogida por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según la cual la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales por más de seis (06) meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía.
En virtud de ello, resulta lógico deducir que soportar -una vez iniciado el proceso- una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.
Por tanto resultaría incongruente concluir que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se soportase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de la tutela jurídica solicitada, por un lapso mayor aquél.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 982 del 6 de junio de 2001 (caso: J.V.A.C.), se ha pronunciado en los siguientes términos:«[S]i el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél. [...]
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el p.d.a., en la etapa de admisión, o una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara».
En consecuencia, conforme al criterio jurisprudencial precedentemente expuesto y verificado que en la presente causa ha transcurrido un lapso superior a seis (6) meses contado a partir del 02 de agosto de 2013, sin que la parte accionante haya impulsado la continuación del proceso, resulta forzoso declarar el abandono del trámite y, en consecuencia, terminado el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como del criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: Terminado el procedimiento, por abandono del trámite, en la acción de a.c. interpuesta por el ciudadano F.L., titular de la cédula de identidad número V-7.036.733 contra la empresa SAMFORT, S.A.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA. En Valencia, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2014.
La Jueza,
Abg. E.D.C.G.. La Secretaria,
Abg. M.L.M..
En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 03:00 p.m.
La Secretaria,
Abg. M.L.M..
GP02-O-2012-000059
11/11/2014
EG/dc.-
