Decisión nº PJ0072010000027 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 26 de Febrero de 2010

a.- Promovió copias fotostáticas de documento denominado “Medida Cautelar” de fecha 26 de octubre de 2006 dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Cabimas del Estado Zulia en el procedimiento de Calificación de Despido incoado por el MUNICIPIO M.D.E.Z. contra el ciudadano F.Q., expediente No. 008.2006.01.00336, marcado con la letra “A”.

Sobre este medio de prueba, la representación judicial del ciudadano F.Q., en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral y público en este asunto, lo reconoció arguyendo que con relación a la separación del cargo que se pretende demostrar, tiene que haber primero una providencia administrativa, pues, sino no puede haber suspensión del salario, de igual forma, alega hubo un despido injustificado al no haberlo nunca notificado y haberlo separado ilegalmente del cargo.

Con respecto a esta documental, esta instancia judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le otorga todo el valor probatorio y la eficacia jurídica de los hechos que allí se explanan, demostrándose que la Inspectoría del Trabajo del Municipio Cabimas del Estado Zulia autorizó al MUNICIPIO M.D.E.Z. a “separar de su cargo” al ciudadano F.Q., mientras dure el procedimiento de calificación de despido. Así se decide.

b.- Promovió original de documento denominado “notificación” de fecha 03 de noviembre de 2006 emanada del MUNICIPIO M.D.E.Z. correspondiente al ciudadano F.Q..

Sobre este medio de prueba, la representación judicial del ciudadano F.Q., en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral y público en este asunto, lo desconoció por no estar suscrita por su representado, arguyendo en todo caso, la notificación de separación debió emanar de la Inspectoría del Trabajo.

Por su parte, la representación judicial del MUNICIPIO M.D.E.Z. alegó que la medida cautelar autoriza al municipio a separar del cargo al ciudadano F.Q..

Seguidamente la representación judicial del ciudadano F.Q., argumentó que la misma medida cautelar refería a que dicha autorización se realizaría mientras durara el procedimiento de calificación de despido, sin que se afectara los derechos patrimoniales o salarios y que no existió providencia administrativa que declarara con lugar la separación.

A este respecto, este órgano jurisdiccional le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, demostrándose que el ciudadano F.Q. fue notificado por el MUNICIPIO M.D.E.Z. en fecha 03 de noviembre de 2006 de la decisión de fecha 26 de octubre de 2006 dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Cabimas del Estado Zulia. Así se decide.

Al margen de lo anterior, no deja este juzgador escapar la oportunidad para manifestar que la misma será adminiculada con los otros hechos base que aparezcan demostrados con otros medios probatorios producidos, para que en su conjunto merezcan plena credibilidad y demuestren unívocamente la conclusión que debe adoptarse sin que subsistan dudas razonables en cuanto a lo decidido en este proceso. Así se decide.

CAPÍTULO SEGUNDO

Promovió, a tenor de lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, prueba de “Informe de Terceros” dirigidas a la “Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia” con sede en la ciudad de Cabimas y a la Dirección de presupuesto del MUNICIPIO M.D.E.Z., con la finalidad de que informaran sobre los hechos litigiosos en esta causa.

En relación a la prueba informativa a la Dirección de Presupuesto del MUNICIPIO M.D.E.Z., se deja expresa constancia de haberse evacuado en el proceso mediante comunicación de fecha 09 de diciembre de 2009, informándose que los presupuestos de ingresos y gastos plasmados en las ordenanzas 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 de esa entidad municipal, no estaba incluida la partida presupuestaria para hacer efectivo el pago por concepto de bonificación de alimentación, pero si aparece para la partida presupuestaria para el año 2005, donde, se observa identificado un bono compensatorio de alimentación a empleados por la suma de cien millones de bolívares (Bs.100.000.000,oo) y un bono compensatorio de alimentación a obreros por la suma de cien millones de bolívares (Bs.100.000.000,oo). En consecuencia debe considerarse que el pago por concepto de cesta tickets no estaba incluido en las partidas presupuestarias de los años 2001, 2002, 2003 y 2004, estableciéndose su disponibilidad presupuestaria a partir del ejercicio fiscal del año 2005. Así se decide.

Con relación a este medio de prueba, se le otorga valor probatorio conforme lo establece el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, demostrándose la existencia de la disponibilidad presupuestaria del MUNICIPIO M.D.E.Z. a partir del año 2005 para el pago del beneficio especial de alimentación para sus empleados, trabajadores y obreros. Así se decide.

En relación a la prueba informativa dirigida a la “Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia” con sede en la ciudad de Cabimas se deja expresa constancia que fue declarada inadmisible mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2009. Así se decide

CAPÍTULO TERCERO

Promovió la prueba de Inspección Judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de los documentos o comprobantes de pago y cheques llevados por la Dirección de Administración de la Alcaldía del Municipio Miranda que se relacionen con los anticipos de prestaciones sociales, pagos por vacaciones y otros pagos por beneficios sociales recibidos por el ciudadano F.Q. con ocasión a su relación de trabajo con el MUNICIPIO M.D.E.Z..

Con referencia a este medio de prueba, este Tribunal deja expresa constancia que fue declarada inadmisible mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2009. Así se decide.

CAPÍTULO CUARTO

Promovió las testimoniales de los ciudadanos Á.A.G., A.R.P.N. y LERWIN J.M.A., venezolanos, mayores de edad y domiciliados en el municipio M.d.e.Z..

Con relación a este medio de prueba, se deja expresa constancia que fue evacuada únicamente la testimonial de los ciudadanos A.R.P.N. y LERWIN J.M.A., quienes fueron legalmente juramentados y rindieron sus respectivas declaraciones ante las preguntas formuladas por sus promoventes y oponentes, debiéndose aclarar que no se transcribe íntegramente el acta de declaración de estos testigos (léase: las preguntas, repreguntas y respuestas) acogiendo a la doctrina reiterada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, a partir de la sentencia proferida el día 05 de febrero de 2002, caso: J.F.R.G. contra las sociedades mercantiles GEOSERVICES, SA, y PDVSA PETRÓLEO Y GAS, SA, debiendo solamente argumentar así sea en forma resumida, el contenido de las mismas, de manera que pueda controlarse la prueba mediante el análisis de los elementos o bases en que se apoyó el juez para apreciar los testimonios en uno u otro sentido, o para desecharlos por algún motivo legal, sin que valgan al efecto expresiones vagas y genéricas que no pueden aceptarse como cabal fundamentación del fallo.

Con respecto a la testimonial del ciudadano A.R.P.N., al realizarse un análisis minucioso y exhaustivo de cada una de sus respuestas, se observa que manifestó con relación a la relación de trabajo del ciudadano F.Q. con el MUNICIPIO M.D.E.Z., que tiene conocimiento de la notificación de la separación del cargo del ciudadano F.Q.; que su cargo y funciones (entiéndase: el testigo), es como coordinador de nómina; que las circunstancias que rodearon la notificación del ciudadano F.Q. consistieron en que le fue solicitado a la Inspectoría del Trabajo la misma, porque no asistió mas a su puesto de trabajo; que tiene conocimiento que el MUNICIPIO M.D.E.Z. nada adeuda a sus trabajadores por concepto de bonificación de fin de año, pues, su función es hacer las nóminas; que no tiene conocimiento que el ciudadano F.Q. haya seguido trabajando después que se le llevó la notificación.

Al ser repreguntado por la representación judicial del ciudadano FRANISCO QUINTERO, manifestó que su cargo es como coordinador de nómina, que no realiza pagos solo elabora las nóminas, que tiene conocimiento que el ciudadano F.Q. faltó a su trabajo, porque en la Alcaldía se lleva el tiempo de servicio de forma semanal y mensual; que él (entiéndase: el testigo) no se trasladó al sitio de trabajo y verificó esta última circunstancia, pues, eso le corresponde a los supervisores que llevan el tiempo de servicio.

Por su parte la representación judicial del ciudadano F.Q. desestimó la declaración del ciudadano A.R.P.N., por manejar información confidencial al manejar las nóminas, siendo un personal de confianza que siempre va a declarar a favor del MUNICIPIO M.D.E.Z..

Con respecto a la testimonial del ciudadano LERWIN J.M.A., al realizarse un análisis minucioso y exhaustivo de cada una de sus respuestas, se observa que manifestó que tuvo conocimiento que al ciudadano F.Q. le fue entregada una notificación de separación del cargo autorizada por la Inspectoría del Trabajo; que fue por escrito, estando presente en la oficina ya que estaba realizando todo lo concerniente a la nómina y él (entiéndase: el ciudadano F.Q.), se negó a firmarla; que no realizó ninguna reclamación por salarios después de ese hecho, pues no lo vio mas por allí.

Al ser repreguntado por la representación judicial del ciudadano FRANISCO QUINTERO, manifestó que su cargo es como asistente al departamento de informática, cuyas funciones consisten en asistir a la nómina, manejando todo lo concerniente a la información de dicha nómina.

Por su parte, la representación judicial del ciudadano F.Q. desestimó la declaración del ciudadano LERWIN J.M.A., por manejar información confidencial al manejar las nóminas, siendo un personal de confianza que siempre va a declarar a favor del MUNICIPIO M.D.E.Z..

De las testimoniales evacuadas ante la jurisdicción en la audiencia de juicio oral y pública, específicamente de los ciudadanos Á.A.G., A.R.P.N. y LERWIN J.M.A., se infiere con meridiana claridad que al realizarse un análisis minucioso y exhaustivo de cada una de sus respuestas, que son testigos contestes entre sí, con los interrogatorios formulados a viva voz por su promovente y con los hechos afirmados por la parte demandada en su escrito de la demanda, por lo que se trata de deponentes que llevan a la convicción de quién suscribe el presente fallo, de que se tratan de testigos presenciales de los hechos controvertidos, es decir, que el ciudadano F.Q. fue notificado de la decisión de la Inspectoría del Trabajo de su separación del cargo y este se negó a firmar dicha notificación.

En cuanto al hecho de que los testigos fueron trabajadores del Departamento de Nómina del MUNICIPIO M.D.E.Z. para el momento de la ocurrencia de los hechos y continuaran siéndolo para el momento en que se celebrara la audiencia de juicio oral y pública en este proceso, no es óbice para desecharlos, pues, por el contrario, cuando ocurren estos hechos en el área donde no tiene acceso sino esta clase de trabajadores (léase: gerentes, asistentes administrativos, supervisores, entre otros), estos son los únicos presenciales. En razón de ello, tales declaraciones deben ser valoradas en su justo valor probatorio, a tenor de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y deberán ser adminiculadas a otros medios de prueba idóneos para que ofrezcan al juzgador la convicción necesaria para dar por demostrados los hechos controvertidos. Así se decide.

CONCLUSIONES

Analizadas como han sido las afirmaciones espontáneas de las partes tanto en el escrito de la demanda y su reforma como en el escrito de su contestación, así como las pruebas promovidas en el proceso >, quién suscribe el presente fallo, conforme a los principios de justicia y equidad y el derecho pertinente al caso sometido a esta jurisdicción, pasa a realizar las siguientes consideraciones:

En primer lugar, esta instancia judicial debe determinar si efectivamente el ciudadano F.Q. fue despedido en forma injustificada ó fue separado temporalmente de sus funciones al servicio del MUNICIPIO M.D.E.Z..

Al efecto se observa lo siguiente:

De las copias simples debidamente reconocidas por la representación judicial del ciudadano F.Q., en la oportunidad de la celebración de la audiencia de juicio oral publico y contradictorio en este asunto, del procedimiento administrativo incoado por el MUNICIPIO M.D.E.Z. contra el ciudadano F.Q., se evidencia fehaciente que el Ministerio del Trabajo dictó medida cautelar innominada autorizando la separación del cargo que venía desempeñando como operador, siendo notificado el día 03 de noviembre de 2006, trayendo como consecuencia una especie de suspensión temporal de la relación de trabajo mientras durara el procedimiento de calificación de despido pues ésta no se encuentra establecida en ninguna de las causales establecidas en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo y, a la vez, de la suspensión las obligaciones contractuales contraídas entre ellos, tal como lo dispone el artículo 95 ejusdem y el artículo 34 de su Reglamento, es decir, tanto los trabajadores como el empleador quedan exonerados de los deberes recíprocos de prestar el servicio personal y de pagar el salario como contraprestación de esos servicios y además, el rompimiento de su antigüedad habida consideración que éste es computable por el tiempo efectivo de las labores de los trabajadores al servicio de un patrono.

Criterio este compartido por este juzgador, pues para que exista el derecho del trabajador de percibir el salario tiene que prestar los servicios para el cual fue contratado, y en el caso de cese de esa suspensión ó de reincorporación del trabajador a sus laborales habituales de trabajo, le corresponde una indemnización o prestación social por el tiempo que duró esa suspensión que pueden alcanzar hasta por el monto de los salarios dejados de percibir, reanudándose nuevamente el computo de la antigüedad a la anterior.

Cónsono con el criterio anteriormente esbozado, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 174, de fecha 13 de marzo de 2002, caso: H.G.V.M. contra la sociedad mercantil DIARIO EL UNIVERSAL, CA, con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., dejó sentado que quedaba excluido del tiempo de servicio para el cálculo de las prestaciones, el lapso de duración del procedimiento de estabilidad laboral, porque los salarios caídos tienen el carácter jurídico de una indemnización, no el de un salario entendido éste como la remuneración, provecho o ventaja, que corresponde al trabajador por la prestación personal del servicio.

Ahora bien, suspendida la relación de trabajo por efecto de la decisión proferida por el Ministerio del Trabajo del Municipio Cabimas del Estado Zulia en fecha 26 de octubre de 2006 y, notificado como fue el ciudadano F.Q., el día 03 de noviembre de 2006, es evidente, que debía esperar otra decisión del mencionado órgano administrativo con la finalidad de establecer si la calificación de despido era procedente o no en cuanto a derecho se requiere, para así determinar el cese de la suspensión de la relación de trabajo y, consecuencialmente, a la reincorporación a las labores habituales de trabajo ó la procedencia del despido con base a alguna de las disposiciones establecidas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Así las cosas, al haber ocurrido el ciudadano F.Q. a reclamar sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales ante la jurisdicción, perdió el derecho de invocar la reclamación de las indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues se repite, debió esperar por una decisión del ente administrativo, sea ésta o no favorable y, en el primero de los supuestos solicitar le sean resarcidas las acreencias a las que tiene derecho de conformidad con la estabilidad laboral que dispone el artículo 112 ejusdem, trayendo como consecuencia jurídica, que desistió tácitamente del procedimiento ventilado ante el Ministerio del Trabajo del Estado Zulia con sede en la ciudad de Cabimas, y; ese sentido, se declaran improcedentes dichas indemnizaciones, estableciéndose que el día 23 de septiembre de 2008, fecha en que ocurre ante la jurisdicción a reclamar el pago de sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales, fue la fecha de culminación de la relación de trabajo del ciudadano F.Q., exceptuando el tiempo de suspensión de esa prestación de servicios, es decir, desde el día 03 de noviembre de 2006 hasta el día 23 de septiembre de 2008. Así se decide.

Sin embargo, como se dijo anteriormente, le corresponde una indemnización o prestación social por el tiempo que duró esa suspensión que pueden alcanzar hasta por el monto de los salarios dejados de percibir; dicha indemnización le corresponde desde el día 03 de noviembre de 2006 hasta el día 23 de septiembre de 2008, amén que la decisión dictada por la Inspectoría del Trabajo estableció que la suspensión no afectaría los derechos patrimoniales del ciudadano F.Q., en este caso, del pago de sus salarios. Así se decide.

En segundo lugar, esta instancia judicial debe determinar si al ciudadano F.Q. le corresponden o no los salarios establecidos en el escrito de la demanda y, consecuencialmente, las prestaciones sociales y otros conceptos laborales durante la prestación del servicio al MUNICIPIO M.D.E.Z..

Ahora bien, considera quién suscribe el presente fallo que, el MUNICIPIO M.D.E.Z. no logró demostrar el pago de los salarios al ciudadano F.Q. a lo que estaba obligado en virtud de haberse revestido en ella la carga de la prueba sobre la base de lo dispuesto en los artículos 135 y 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y con la doctrina judicial vigente en materia de contestación de la demanda en el proceso laboral; por el contrario, no trajo a las actas del expediente ningún medio de prueba que trajera a la convicción de este órgano jurisdiccional cuales fueron los salarios devengados por el ciudadano F.Q. a lo largo del desarrollo de toda la relación de trabajo, trayendo como consecuencia jurídica, la procedencia de lo peticionado en el escrito de la demanda, y en ese sentido, a los fines de la determinación de los montos que debe pagar el ente municipal se tomarán en consideración los salarios básicos e integrales invocados por él. Así se decide.

En referencia a la procedencia o no de la bonificación por alimentación prevista en la Ley de Alimentación para los Trabajadores en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.094, de fecha 27 de diciembre de 2004, reclamada por el ciudadano F.Q., en su escrito de la demanda, se observa que el MUNICIPIO M.D.E.Z. en su descargo no opuso ninguna objeción, ni refutó en forma alguna el mencionado beneficio alimentario, por lo que, aplicando las reglas sobre materia probatoria debe tenerse como admitida su procedencia desde el día 01 de enero de 2005 hasta el día 30 de junio de 2008. Así se decide.

En resumen, al no haber demostrado el MUNICIPIO M.D.E.Z. el pago de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales, salarios dejados de percibir, y demás beneficios laborales al ciudadano F.Q., es evidente, que debe declararse la parcialmente la procedencia de la pretensión instaurada ante la jurisdicción, tomándose en consideración los salarios básicos e integrales invocados por éste último en el escrito de la demanda. Así se decide.

Con relación a los salarios básicos se discriminan a continuación de la siguiente forma:

a.- la suma de cinco bolívares con veintiocho céntimos (Bs.5,28) diarios desde el día 23 de abril de 2001 hasta el día 30 de abril de 2002.

b.- la suma de seis bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs.6,34) diarios desde el día 01 de mayo de 2002 hasta el día 30 de abril de 2003.

c.- la suma de ocho bolívares con veinticuatro céntimos (Bs.8,24) diarios desde el día 01 de mayo de 2003 hasta el día 30 de abril de 2004.

d.- la suma de diez bolívares con setenta y un céntimos (Bs.10,71) diarios desde el día 01 de mayo de 2004 hasta el día 30 de abril de 2005.

e.- la suma de trece bolívares con cincuenta céntimos (Bs.13,50) diarios desde el día 01 de mayo de 2005 hasta el día 30 de abril de 2006.

f.- la suma de diecisiete bolívares con ocho céntimos (Bs.17,08) diarios desde el día 01 de mayo de 2006 hasta el día 03 de noviembre de 2006.

Con relación a los salarios integrales se discriminan a continuación de la siguiente forma:

a.- la suma de cinco bolívares con sesenta y dos céntimos (Bs.5,62) diarios desde el día 23 de abril de 2001 hasta el día 30 de abril de 2002.

b.- la suma de seis bolívares con setenta y cuatro céntimos (Bs.6,74) diarios desde el día 01 de mayo de 2002 hasta el día 30 de abril de 2003.

c.- la suma de ocho bolívares con setenta y nueve céntimos (Bs.8,79) diarios desde el día 01 de mayo de 2003 hasta el día 30 de abril de 2004.

d.- la suma de once bolívares con cuarenta y seis céntimos (Bs.11,46) diarios desde el día 01 de mayo de 2004 hasta el día 30 de abril de 2005.

e.- la suma de catorce bolívares con cuarenta y siete céntimos (Bs.14,47) diarios desde el día 01 de mayo de 2005 hasta el día 30 de abril de 2006.

f.- la suma de dieciocho bolívares con treinta y seis céntimos (Bs.18,36) diarios desde el día 01 de mayo de 2006 hasta el día 03 de noviembre de 2006.

Establecido lo anterior, y siendo que las indemnizaciones laborales se calculan de acuerdo con la normativa contractual o legal en que se fundamentan (las cuales a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público), en función del tiempo de servicio efectivamente prestado y del salario devengado; se procederá de seguidas a determinar el monto que debe pagarse al ciudadano F.Q. por cada concepto reclamado y procedente en derecho, de la siguiente manera:

1. - cuarenta y cinco (45) días por concepto de prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2001 hasta el día 23 de abril de 2002, lo cual alcanza a la suma de doscientos cincuenta y dos bolívares con noventa céntimos (Bs.252,90).

2. - sesenta y días (60) días por concepto de prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2002 hasta el día 23 de abril de 2003, lo cual alcanza a la suma de cuatrocientos cuatro bolívares con cuarenta céntimos (Bs.404,40).

3. - dos (02) días por concepto de prestación de antigüedad adicional prevista en el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2002 hasta el día 23 de abril de 2003, lo cual alcanza a la suma de trece bolívares con cuarenta y ocho céntimos (Bs.13,48).

4. - sesenta y días (60) días por concepto de prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2003 hasta el día 23 de abril de 2004, lo cual alcanza a la suma de quinientos veintisiete bolívares con cuarenta céntimos (Bs.527,40).

5. - cuatro (04) días por concepto de prestación de antigüedad adicional prevista en el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2003 hasta el día 23 de abril de 2004, lo cual alcanza a la suma de treinta y cinco bolívares con dieciséis céntimos (Bs.35,16).

6. - sesenta y días (60) días por concepto de prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2004 hasta el día 23 de abril de 2005, lo cual alcanza a la suma de seiscientos ochenta y siete bolívares con sesenta céntimos (Bs.687,60).

7. - seis (06) días por concepto de prestación de antigüedad adicional prevista en el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2004 hasta el día 23 de abril de 2005, lo cual alcanza a la suma de sesenta y ocho bolívares setenta y seis céntimos (Bs.68,76).

8. - sesenta y días (60) días por concepto de prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2005 hasta el día 23 de abril de 2006, lo cual alcanza a la suma de ochocientos sesenta y ocho bolívares con veinte céntimos (Bs.868,20).

9. - ocho (08) días por concepto de prestación de antigüedad adicional prevista en el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2005 hasta el día 23 de abril de 2006, lo cual alcanza a la suma de ciento quince bolívares con setenta y seis céntimos (Bs.115,76).

10. - treinta (30) días por concepto de prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2006 hasta el día 23 de octubre de 2006, lo cual alcanza a la suma de quinientos cincuenta bolívares con ochenta céntimos (Bs.550,80).

11. - diez (10) días por concepto de prestación de antigüedad adicional prevista en el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral diario devengado por el trabajador por el periodo discurrido entre el día 23 de abril de 2006 hasta el día 23 de octubre de 2006, lo cual alcanza a la suma de ciento ochenta y tres bolívares con sesenta céntimos (Bs.183,60).

12. - quince (15) días por concepto de vacaciones legales cumplidas correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2001 hasta el día 23 de abril de 2002, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el criterio jurisprudencia emanado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No.031, expediente No.01-424, de fecha 05 de febrero de 2002. Caso: O.D.L. contra BANCO DE VENEZUELA SACA, con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., en el cual se estableció que las vacaciones al no ser disfrutadas en su oportunidad legal, deberán ser pagadas al salario normal devengado para el momento de la terminación de la relación laboral, y en este caso, a razón del salario devengado por el trabajador, es decir, la suma de diecisiete bolívares con ocho céntimos (Bs.17,08) diarios, lo cual alcanza a la suma de doscientos cincuenta y seis bolívares con veinte céntimos (Bs.256,20).

13. - dieciséis (16) días por concepto de vacaciones legales cumplidas correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2002 hasta el día 23 de abril de 2003, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina casacionista antes reseñada, a razón del salario devengado por el trabajador, es decir, la suma de diecisiete bolívares con ocho céntimos (Bs.17,08) diarios, lo cual alcanza a la suma de doscientos setenta y tres bolívares con veintiocho céntimos (Bs.273,28).

14. - diecisiete (17) días por concepto de vacaciones legales cumplidas correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2003 hasta el día 23 de abril de 2004, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina casacionista reseñada en el ordinal 12 de este fallo, a razón del salario normal devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de doscientos noventa bolívares con treinta y seis céntimos (Bs.290,36).

15. - dieciocho (18) días por concepto de vacaciones legales cumplidas correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2004 hasta el día 23 de abril de 2005, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina casacionista reseñada en el ordinal 12 de este fallo, a razón del salario normal devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de trescientos siete bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs.307,44).

16. - diecinueve (19) días por concepto de vacaciones legales cumplidas correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2005 hasta el día 23 de abril de 2006, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina casacionista reseñada en el ordinal 12 de este fallo, a razón del salario normal devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de trescientos veinticuatro bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs.324,52).

17. - diez (10) días por concepto de vacaciones fraccionadas correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2006 hasta el día 23 de octubre de 2006, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia la doctrina casacionista reseñada, a razón del salario normal devengado por el trabajador, es decir, lo cual alcanza a la suma de ciento setenta bolívares con ochenta céntimos (Bs.170,80).

18. - siete (07) días por concepto de bono vacacional cumplido correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2001 hasta el día 23 de abril de 2002, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina casacionista reseñada en el ordinal 12 de este fallo, a razón del salario básico devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de ciento diecinueve bolívares con cincuenta y seis céntimos (Bs.119,56).

19. - ocho (08) días por concepto de bono vacacional cumplido correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2002 hasta el día 23 de abril de 2003, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina casacionista reseñada en el ordinal 12 de este fallo, a razón del salario básico devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de ciento treinta y seis bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs.136,64).

20. - nueve (09) días por concepto de bono vacacional cumplido correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2003 hasta el día 23 de abril de 2004, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina casacionista reseñada en el ordinal 12 de este fallo, a razón del salario básico devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de ciento cincuenta y tres bolívares con setenta y dos céntimos (Bs.153,72).

21. - diez (10) días por concepto de bono vacacional cumplido correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2004 hasta el día 23 de abril de 2005, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina casacionista reseñada en el ordinal 12 de este fallo, a razón del salario básico devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de ciento setenta bolívares con ochenta céntimos (Bs.170,80).

22. - once (11) días por concepto de bono vacacional cumplido correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2005 hasta el día 23 de abril de 2006, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina casacionista reseñada en el ordinal 12 de este fallo, a razón del salario básico devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de ciento ochenta y siete bolívares con ochenta y ocho céntimos (Bs.187,88).

23. - seis (06) días por concepto de bono vacacional fraccionado correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2006 hasta el día 23 de octubre de 2006, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en los artículos 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina casacionista reseñada en el ordinal 12 de este fallo, a razón del salario básico devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de ciento dos bolívares con cuarenta y ocho céntimos (Bs.102,48).

    Con relación a las utilidades reclamadas por el ciudadano F.Q., este juzgador observa que fueron reclamadas desde el día 23 de abril de 2001 hasta el día 30 de junio de 2008 con base al último salario normal de la suma de veintiséis bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs.26,64) devengado por el trabajador, siendo que para su cálculo, tal y como lo ha reiterado la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, debe tomarse en consideración el salario normal de los meses completos de servicio durante cada ejercicio económico respectivo, y en tal sentido, se declara la parcialidad de lo peticionado. Así se decide.

24. - diez (10) días por concepto de utilidades fraccionadas, correspondientes al período discurrido entre el día 23 de abril de 2001 hasta el día 31 de diciembre de 2001, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario normal devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de cincuenta y dos bolívares con ochenta céntimos (Bs.52,80).

25. - quince (15) días por concepto de utilidades legales vencidas, correspondientes al período discurrido entre el día 01 de enero de 2002 hasta el día 31 de diciembre de 2002, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario normal devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de noventa y cinco bolívares con diez céntimos (Bs.95,10).

26. - quince (15) días por concepto de utilidades legales vencidas, correspondientes al período discurrido entre el día 01 de enero de 2003 hasta el día 31 de diciembre de 2003, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario normal devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de ciento veintitrés bolívares con sesenta céntimos (Bs.123,60).

27. - quince (15) días por concepto de utilidades legales vencidas, correspondientes al período discurrido entre el día 01 de enero de 2004 hasta el día 31 de diciembre de 2004, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario normal devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de ciento sesenta bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs.160,65).

28. - quince (15) días por concepto de utilidades legales vencidas, correspondientes al período discurrido entre el día 01 de enero de 2005 hasta el día 31 de diciembre de 2005, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario normal devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de doscientos dos bolívares con cincuenta céntimos (Bs.202,50).

29. - doce punto cincuenta (12.50) días por concepto de utilidades legales fraccionadas, correspondientes al período discurrido entre el día 01 de enero de 2006 hasta el día 30 de octubre de 2006, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario normal devengado por el trabajador, lo cual alcanza a la suma de doscientos trece bolívares con cincuenta céntimos (Bs.213,50).

30. - Con relación a los salarios dejados de percibir durante el lapso comprendido desde el día 15 de agosto de 2006 hasta el día 03 de noviembre de 2006, ambas fechas inclusive, reclamados en el escrito de la demanda, esto es, ochenta y un (81) días, esta instancia judicial declara su procedencia, pues el MUNICIPIO M.D.E.Z. no demostró el pago liberatorio de los mismos, a loa cual estaba obligado en virtud de haberse revestido en él la carga de la prueba sobre la base de lo establecido en los artículos 135 y 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual no hizo, y, multiplicados por el salario básico devengado en la época, ello asciende a la suma de un mil trescientos ochenta y tres bolívares con cuarenta y ocho céntimos (Bs.1.383,48).

31. - ciento setenta y ocho (178) días por concepto de salarios dejados de percibir como justa indemnización o prestación social por el tiempo que duró la suspensión de la relación de trabajo, correspondientes al período discurrido entre el día 04 de noviembre de 2006 hasta el día 30 de abril de 2007, ambas fechas inclusive, a razón del mínimo decretado por el Poder Ejecutivo de la república Bolivariana de Venezuela, lo cual alcanza a la suma de tres mil cuarenta bolívares con veinticuatro céntimos (Bs.3.040,24).

32. - trescientos cincuenta y nueve (359) días por concepto de salarios dejados de percibir, correspondientes al período discurrido entre el día 01 de mayo de 2007 hasta el día 30 de abril de 2008, ambas fechas inclusive, a razón del salario mínimo decretado por el Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual alcanza a la suma de siete mil trescientos cincuenta y cinco bolívares con noventa y un céntimos (Bs.7.355,91).

33. - ciento setenta y tres (173) días por concepto de salarios dejados de percibir, correspondientes al período discurrido entre el día 01 de mayo de 2008 hasta el día 23 de septiembre de 2008, ambas fechas inclusive, a razón del salario mínimo decretado por el Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual alcanza a la suma de cuatro mil seiscientos ocho bolívares con setenta y dos céntimos (Bs.4.608,72).

    Todos estos conceptos ascienden a la suma de veintiséis mil cuatrocientos treinta y nueve bolívares con veinticuatro céntimos (Bs.23.439,24), a favor del ciudadano F.Q.. Así se decide.

    En relación al concepto laboral del bono alimentación, mejor conocido como cupón ó cesta tickets, esta instancia judicial al haber declarado su procedencia, ordena, en sintonía con la doctrina sentada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 16 de junio de 2005, caso: MAYRIN RODRÍGUEZ contra la sociedad mercantil CONSORCIO LAS PLUMAS Y ASOCIADOS, C.A., con ponencia del Magistrado Dr. A.V.C., la realización de una experticia complementaria del fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 93, 94 y 95 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, realizada por un solo experto contable, nombrado de común acuerdo por las partes y a falta de acuerdo, por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente, quién deberá realizar el cómputo de los días efectivamente laborados por el ciudadano F.Q., para lo cual el MUNICIPIO M.D.E.Z. deberá proveer el control de asistencia del personal al experto contable designado. En caso contrario, se deducirá por días hábiles calendario, excluyendo los días no laborables establecidos en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Trabajo, y para su examen deberá tomarse en consideración los días 01 de enero de 2005 hasta el día 03 de noviembre de 2006.

    Realizado dicho cómputo, deberá calcular el valor correspondiente por cupón o ticket, cuyo valor será el mínimo establecido por el Parágrafo Primero del artículo 5 de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores (hoy en día Ley de Alimentación para los Trabajadores), es decir, el cero punto veinticinco por ciento 0,25% del valor de la unidad tributaria correspondiente al día efectivamente laborado y en el cual nació el derecho a percibir el referido beneficio. Así se decide.

    Así mismo se ordena al MUNICIPIO M.D.E.Z., a pagar los intereses moratorios debidos por la falta oportuna en el pago de las prestaciones sociales, y sus intereses establecidos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo adeudados al ciudadano F.Q. para el momento de la terminación de la relación de trabajo, esto es, el día 03 de noviembre de 2006, tal como lo preceptúa el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia sentada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008, caso: J.S. contra la sociedad mercantil MALDIFASSI & CIA CA, con ponencia del Magistrado Dr. L.E.F.G., ratificada mediante sentencia No. 0511, de fecha 14 de abril de 2009, expediente 08-780, caso: J.E.M.G. contra la sociedad mercantil H.B.I.E. CA, con ponencia de la Magistrada CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA en concordancia con el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual para su examen tomará en cuenta la tasa promedio entre la activa y pasiva señalados por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país y para efectuar dicho computo, ello debe hacerse desde el día 03 de noviembre de 2006, fecha de la culminación de la relación laboral hasta el día de la ejecución del presente fallo, entendiéndose éste como la oportunidad del efectivo pago, excluyéndose del mismo el lapso en que el proceso se encontraba suspendido por acuerdo entre las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor como vacaciones judiciales o huelgas tribunalicias, y los mismos se determinarán mediante una experticia complementaria del fallo con la designación de un experto contable que acordarán las partes de común acuerdo o en su defecto será nombrado por el Tribunal, y en caso de que las partes no dispongan de recursos económicos para la realización de la experticia en referencia, se tendrá en consideración el nombramiento de un experto funcionario público, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y aplicando el método de calculo ampliamente expuesto. Así se decide.

    Con relación al ajuste o corrección monetaria de las cantidades de dinero condenadas a pagar por concepto de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, esta instancia judicial, acogiendo el fallo proferido por el Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en el expediente signado con el No. VP21-R-2008-101, caso: B.G.D.M. contra el MUNICIPIO M.D.E.Z., declara su improcedencia pues éste no genera ingresos para ser condenado por este concepto. Así se decide.

    A los fines de salvaguardar y preservar los derechos que le corresponden al MUNICIPIO M.D.E.Z., se ordena la notificación al Sindico Procurador Municipal conforme lo estatuye el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sin que ello constituya la suspensión del proceso.

    DISPOSITIVO

    Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos antes vertidos, este TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE PROCEDENTE la pretensión por COBRO DE BOLÍVARES POR PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES incoada por el ciudadano F.Q. contra el MUNICIPIO M.D.E.Z., ambas partes plenamente identificadas en las actas procesales. En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar la suma de veintiséis mil cuatrocientos treinta y nueve bolívares con veinticuatro céntimos (Bs.23.439,24) por los conceptos laborales de prestación de antigüedad legal y adicional, vacaciones vencidas y fraccionadas, bono vacacional vencido y fraccionado, utilidades vencidas y fraccionadas, salarios dejados de percibir, los cuales se encuentran debidamente determinados y discriminados en el cuerpo de este fallo, así como las sumas de dinero que arroje el cálculo del beneficio de alimentación e intereses moratorios, realizadas en la forma indicada en el cuerpo de este fallo.

se exime al MUNICIPIO M.D.E.Z. al pago de las costas y costos del proceso por no haber vencimiento total en la controversia.

se ordena la notificación al Sindico Procurador Municipal conforme lo estatuye el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sin que ello constituya la suspensión del proceso.

Se deja constancia que el ciudadano F.Q. estuvo representado por los profesionales del derecho ciudadanos YOSMARY R.M., L.B., A.M.M.G., YENNILY VILLALOBOS, J.A., JHON MOSQUERA, MIGNELY DÍAZ y M.R.O.M., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matriculas 109.562, 107.694, 116.531, 89.416, 115.134, 110.055 y 99.128 actuando en su condición de Procuradores de los Trabajadores del estado Zulia, y, el MUNICIPIO M.D.E.Z. estuvo representado judicialmente por los profesionales del derecho J.R., G.R.H., LOLIXSA URDANETA, J.P., C.A.L. e I.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matriculas Nos. 17.801, 87.894, 56.657, 103.087, 14.698, 78.004 y 21.342, domiciliados en el municipio M.d.E.Z..

REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil diez (2010). Años 199° de la Independencia y 151° de la Federación.

El Juez,

A.J.S.R.

La Secretaria,

D.M.A.

En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, y siendo las diez horas y veinte minutos de la mañana (10:20 a.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando registrado bajo el No. 435-2010.

La Secretaria,

D.M.A.