Sentencia nº 382 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Octubre de 2004
| Fecha de Resolución | 28 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Ponente | Blanca Rosa Mármol de León |
| Procedimiento | Recurso de Casación |
Ponencia de la Magistrada B.R.M. de León.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso de casación interpuesto por las abogadas M.A.M. y S.G.H., inscritas en el Inpreabogado bajo los números 67.763 y 68.241, respectivamente, en su condición de representantes de los ciudadanos Distinguidos de la Guardia Nacional, W.M.V. y T.R.B., venezolanos, titulares de las Cédulas de Identidad números 9.432.737 y 11.183.217, respectivamente, contra la sentencia dictada por la Corte Marcial que DECLARO SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido contra el SOBRESEIMIENTO dictado por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracay, que acordó a solicitud del Fiscal Militar, el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA a favor del Mayor (GN) F.R.R., venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 8.099.667, por ausencia de tipicidad penal militar en los hechos investigados.
El recurso interpuesto fue contestado por la parte fiscal, ratificando el sobreseimiento dictado en todas sus partes.
Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, le correspondió la ponencia a la Magistrada B.R.M. de León quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Cumplidos como han sido los demás trámites procedimentales, se pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:
HECHOS Al pedir el Sobreseimiento de la Causa, el Fiscal Militar Tercero en la Jurisdicción del C. deG.P. en Maracay, señaló:
...Pasa a considerar esta Fiscalía Militar, una vez analizadas y estudiadas las respectivas actas procesales, si verdaderamente estamos en presencia de un hecho punible de carácter penal militar. A tal efecto pasa este despacho a narrar los siguientes hechos: El día 16 de octubre de 2003 el ciudadano Mayor (GN) F.J.R.R., recibe una orden de investigación administrativa emanada del ciudadano General de Brigada (GN) L.F.A.C., donde es designado Funcionario Instructor para practicar las diligencias encaminadas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidad disciplinaria de los Funcionarios de la Guardia Nacional Distinguido (GN) M.V. WILLIAM y Distinguido (GN) T.R.B., en relación a denuncias formuladas en contra de los prenombrados Guardias Nacional por los ciudadanos D.V.D. y el ciudadano ALFANO BANAGELITS CARLOSA, por la presunta extorsión por la cantidad de Ochenta Millones de Bolívares (Bs. 80.000.000,00) por parte de los efectivos antes mencionados, iniciándose así de esta manera dicha averiguación administrativa por encontrarse dichos efectivos, presuntamente incursos en la comisión de faltas militares graves, tipificadas en el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, en fecha 26 de Diciembre de 2003 se lleva a efecto en la Sala de Operaciones del Comando Regional N° 2 la ejecución de los Consejos Disciplinarios Nrs. 12-2003 y 13-2003, integrados por los ciudadanos General de Brigada (GN) LUIS FELIPE ACOSTA CARLES, Jefe del Comando Regional N° 3, Coronel (GN) A.E. CHIRINOS MARTINEZ, Jefe de la División de Personal, Teniente Coronel (GN) L.M., Comandante del Destacamento N° 24 Capitán (GN) LEONARDO IBRARA RAMON, Capitán (GN) ABREU LEONARDO y la Abogada O.M.D.O., Asesora Jurídica, decidiéndose en dichos consejos la recomendación para que los Distinguidos (GN) M.V. WILLIAM y T.R.B. pasen a la situación de retiro de la Institución por Medidas Disciplinarias, de conformidad con lo dispuesto en el Literal ‘E’, del artículo 56 del Reglamento de Calificación del Servicio y Evaluación y Ascenso para el personal de Tropa Profesional y Alistada de la Fuerza Armada Nacional, ya que se concluyó que los referidos efectivos no justifican su permanencia en la Fuerza, posteriormente el día 15 de marzo de 2004 la Comandancia General de la Guardia Nacional se pronuncia mediante Acto Administrativo en donde se decide pasar a la situación de retiro del componente Guardia Nacional por Medida Disciplinaria a los efectivos Militares Distinguidos (GN) M.V. y T.R.B..
Ahora bien, este despacho fiscal ha comprobado que la naturaleza de dicha investigación es de materia administrativa ya que la denuncia interpuesta en contra del Mayor (GN) F.J.R.R. está basada en irregularidades administrativas en la sustanciación del procedimiento administrativo llevado a cabo en contra de los Guardias Nacionales antes identificados, en donde esta Fiscalía observa que dichos funcionarios en todo caso han debido recurrir a la vía administrativa para manifestar su disconformidad o discrepancia en relación al proceso administrativo, instaurado en su contra a través de los recursos administrativos que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos tal cual como lo establece el artículo 85 de la LOPA, que establece que: ‘los interesados podrán interponer los recursos administrativos contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, haga imposible su continuación, causa indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione derechos subjetivos o los intereses legítimos, personales o directos del recurrente’, ya que se trata de un procedimiento administrativo que consecuencialmente llevó a un acto administrativo, el cual es un acto jurídico que produce efectos generales o individuales en cuya decisión se impuso una sanción administrativa emanada de la autoridad administrativa competente y con facultad para ello en la que se decidió un acto administrativo punitivo como fue la DESTITUCIÓN o Retiro por Medida Disciplinaria...
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El Juzgado Militar Primero de Primera Instancia Permanente de Maracay , decidió:
...En consecuencia, no han señalado las partes, ni del estudio de las actas del expediente se desprende algún hecho delictivo de naturaleza militar con consistencia y fundamento en elementos de convicción aportados en la Fase Investigativa con antelación al acto conclusivo propuesto por el fiscal militar. Antes más bien, el propio Ministerio Público Militar ha pedido el sobreseimiento con arreglo a la ausencia en los mismos hechos denunciados, del carácter penal militar, vale decir ausente del catálogo delictual dispuesto en el texto del Código Orgánico de Justicia Militar o en otras leyes aplicables, criterio que ha de compartir este Tribunal Militar, con apreciación del principio básico ‘Nullum Crimen Nullum Pena sine Lege’, admitido en la Jurisdicción Penal Militar concretamente en el artículo 6 del Código Orgánico de Justicia Militar, ya que nadie puede ser enjuiciado militarmente sino por los hechos calificados y penados por dicho Código, y al observarse la falta de tipicidad delictual en esta causa abierta en contra de la actuación del Mayor (GN) F.R.R., obstáculo para el ejercicio de la acción penal militar dispuesto en el artículo 28 numeral 4 letra C en ordenada relación con el artículo 318 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se declara...
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RECURSO DE CASACIÓN
Las formalizantes presentan escrito en los términos siguientes:
...DE LOS HECHOS.
En su fecha 16 de junio de 2004, fueron notificados mis representados a fin de hacerse presente en la audiencia fijada por el Juez Primero de Primera Instancia Permanente de Maracay, donde el Fiscal Militar Tercero Teniente (AV) M.A.P., presentaría el sobreseimiento de la causa interpuesta contra el Mayor F.R.P., (Instructor de Expediente formulado contra nuestro representados).
Habiendo acudido a 15 minutos antes de la (8:00 Am), señala en las notificaciones el día 16 de junio de 2004 y encontrándonos en la sala de espera de dicho tribunal se les violó el derecho a la defensa, por no ser notificados por el alguacil de la apertura de la audiencia, estando nuestros representados conjuntamente con nosotros en la sala de espera, es bueno hacer notar que el Fiscal Militar Tercero antes señalado llegó después que los querellantes y aun viéndonos sentados en la sala de espera comenzaron la audiencia, sin la presencia de nuestros representados; en virtud de esto la abogada M.A. solicita al Alguacil, nos informe, ¿Qué pasó con la audiencia? Y en ese momento se nos informó, que la audiencia había comenzado, es mas lo certifica que el alguacil, sargento Cañas, hizo llegar al salón donde se estaba celebrando la audiencia un papel, informando que los querellantes juntos con sus abogados estaban en la sala de espera, como se evidencia en el folio 171 del expediente el cual subió a la corte de apelaciones donde los magistrados declaran sin lugar la apelación.
Es por esto que recurrimos a la Corte de Casación y solicitamos a esta digna corte nos admita dicho recurso a fin de tener la oportunidad de presentar a esa Corte prueba documental que certifica la hora, en que nos hicimos presente en el tribunal primero de primera instancia permanente de Maracay y no como negó el fiscal y la juez de la causa, de que nuestros representados habían llegado 20 minutos tarde después de iniciado el acto.
DEL DERECHO De lo expuesto en los hechos señalamos la violación de los principios y garantías procesales, tipificados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 26 y 27 y lo establecido en el título preliminar del Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos primero /1ro. Juicio Previo y debido proceso) artículo décimo (10mo. respecto a la dignidad humana) artículo doce (12 defensa e igualdad entre las partes), artículo número trece (13 finalidad del proceso), artículo número catorce (14 oralidad), artículo número quince (15 publicidad), artículo número dieciseis (16 intermediación), artículo número dieciocho (18 contradicciones). DEL PETITORIO Ante la narrativa de los hechos y el derecho alegado, solicitamos a esta digna corte nos confiera la oportunidad de probar la violación del derecho alegado y por último pedimos con debido respeto, se admita el recurso de casación interpuesto, sustancie conforme a derecho y se declare con lugar. Es justicia en Caracas a la fecha de su presentación...
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La Sala para decidir observa:
De la lectura de la presente denuncia se evidencia que los formalizantes atribuyen a la recurrida la violación de los artículos 26 y 27 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y de los artículos 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien los formalizantes de manera conjunta denuncian la infracción de normas constitucionales que consagran el derecho a la justicia de todas las personas; así como de normas legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal que consagran principios y garantías procesales.
Al respecto esta Sala ha dicho que no es admisible la denuncia aislada de normas constitucionales ni de normas rectoras del proceso penal, en razón de que dichos textos contienen formulaciones abstractas y generales que la ley señala al juez para el recto cumplimiento de su función decisiva. Dada pues, la naturaleza genérica y programática de dichos artículos la denuncia de éstos debe ser adminiculada con la del precepto particular y concreto que el juzgador hubiere violado al apartarse de los aludidos principios.
El artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
Interposición. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de que modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo
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Y por cuanto la denuncia en estudio carece de la debida fundamentación, la Sala la rechaza declarándola desestimada por manifiestamente infundada, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación presentado por las abogadas M.A.M. y S.G.H., apoderadas de los ciudadanos W.M.V. y T.R.B..
Publíquese, regístrese y remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los 28 días del mes de OCTUBRE de dos mil cuatro. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
A.A.F.
La Vicepresidenta,
B.R.M. de León
(Ponente)
El Magistrado Suplente,
J.B.R.D.
La Secretaria,
L.M. deD.
BRMdeL/hnq.
RC. Exp. N° 04-0380
