Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 25 de Marzo de 2008

Visto, estudiado y por demás analizado en Capitulo II, del escrito interpuesto por la Representante del Ministerio Público, esta defensa hace las siguientes acotaciones: En Primer lugar, en cuanto al Primer aparte debo manifestar categóricamente con el respeto y la investidura que ostenta el Rector de la investigación Penal, y adminiculado con lo depuesto por la ut-supra en la Audiencia de Presentación que se llevo a cabo en fecha 26 de noviembre de 2007, en que la misma en ningún momento manifestó lo siguiente: “…que fuese acordada en su contra una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo previsto en el ordinal 3º y 4º del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal” en contra de mi defendido, pero Ciudadanos Magistrados, que tengan a bien conocer de la presente Apelación, cabe destacar que la Ciudadana Fiscal esta exagerando y no ciñéndose a la realidad ni mucho menos ser objetiva de tal o como se llevo a cabo el desarrollo de dicha audiencia, por cuanto en ningún momento determinado y así quedo evidentemente asentado que la misma haya manifestado que se le impusiera lo que prevé el ordinal 4º de la norma in comento, al ciudadano. F.A.B.B., por consiguiente esta defensa rechaza, niega, contradice y refuta lo manifestado por el Representante del Ministerio Público, asimismo esta defensa solicita a la Honorable Corte de Apelaciones que así debe ser declarado en sus resultas. En segundo aspecto, debo de manifestar, que si analizamos lo trascrito en el Segundo aparte de dicho capitulo y adminiculado con lo depuesto en la Audiencia de Presentación llevada a cabo en fecha 26 de noviembre de 2007, por ante el Tribunal de control antes mencionado, se evidencia Ciudadanos Magistrados, que hay contradicciones en cuanto y tanto de cómo ocurrieron los hechos en lo que respecta al modo, tiempo y lugar, ya que si analizamos el Acta Policial de fecha 25 de noviembre de 2007, suscrita por los funcionarios Sub-Inspector: V.B. y Agente: RAINIEL RODRIGUEZ, adscrito al Instituto Autónomo de la Policía Municipal de Baruta, Estado Miranda, por cuanto el funcionario mencionado en segundo lugar entre otras cosas manifiesta: “ procedió a realizarle la respectiva revisión logrando incautarle en la pretina del lado derecho del short …un arma de fuego, tipo pistola, marca Glock, modelo 26, calibre 9mm, serial Nº HSH023, de color negra, con un cargador para pistola Glock, modelo 17, contentivo de Trece (13) cartuchos del mismo calibre sin percutir, dentro de una funda de uso interno de material sintético, de color negro, marca (De Blasi), …asimismo depone; que verifico el ciudadano y el arma de fuego por el sistema integral de información policial (S.I.I.POL), no arrojando ningún dato de interés policial…de igual forma el aporte de la referida arma se verifico por medio del Sistema Automatizado de verificación de Portes de Armas de DARFA constatándose que el mismo registra por ante ese Organismo con las características antes mencionadas bajo el Nº 2006110…” , como se evidencia del extracto del acta policial todas las Evidencias Físicas de Interés Criminalístico quedaron depositadas en la Policía Municipal de Baruta, Estado Miranda a las ordenes de la Fiscalía del Ministerio Público, de igual manera lo adminiculamos con lo depuesto por mi defendido en la Audiencia de Presentación del día 26 de noviembre de 2007, que se llevo a cabo por ante el tribunal de Control antes mencionado, donde entre otras cosas manifiesta: “En eso llegan los funcionarios de Polibaruta y les entrego mi arma como me enseñaron y cuando llego al Comando de Polibaruta me llevo la sorpresa que me quedo detenido y en ningún momento yo había sacado el arma. Al entrar a la celda de Polibaruta el funcionario que me recibe me arremete y yo no soy un delincuente y ellos se ensañaron conmigo, por qué yo no les di plata…” , como se evidencia Ciudadanos Magistrados, hay un gran cúmulo de contradicciones en lo depuesto por funcionarios actuantes y lo relatado por mi defendido en dicha audiencia, es más lo que si es evidente y esta demostrado que el ciudadano: F.A.B.B., en todo momento estuvo ceñido a la verdad de cómo ocurrieron los hechos, es por ello que el Ciudadano Juez Control que conoció el presente caso, vista tal situación decreta a favor de mi defendido la libertad plena sin restricciones de ninguna índole naturaleza, por supuesto tomando en consideración lo que prevé el M.L. y Constitucional en referente a la Presunción de Inocencia, descrito en los artículos 8 del Código Orgánico Procesal Penal y 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto de las actuaciones presentadas por el Ministerio Público en dicha audiencia no demostraban suficientes elementos de convicción como para estimar que mi defendido haya coartado la norma jurídica penal venezolana vigente, y por ende considerándose insatisfechos los extremos legales exigidos por el Legislador en el artículo 250 del Código orgánico Procesal Penal, para poder decretarse en su Contra Medida de Coerción Personal alguna, es por ello que el Ciudadano Juez, vista tal situación es que procede a decretar la inmediata libertad sin restricciones de ninguna índole naturaleza en contra de mi defendido, dejando por supuesto que el Representante del Ministerio Público como Director de la investigación Penal, tal y como lo describe la norma que regule la materia, realizara todas las investigaciones, ya que dicho procedimiento se debería llevará a cabo por el Procedimiento Ordinario tal y como lo describen los artículos 373 en su parte infine en concordada relación con el 280 ambos inclusive de la Normativa Adjetiva Penal, y no como pretende hacer saber, manifestar y deponer en su Escrito de Apelación el Representante del Ministerio Público.

En cuanto al Capitulo III, del escrito interpuesto por el Representante del Ministerio Público, una vez visto y analizado, en lo que respecta al Punto Primero, esta defensa manifiesta que si bien es cierto la Representación Fiscal, Precalifico un delito como fue “Uso Indebido de Armas de Fuego” previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal Vigente, también es cierto que el Ciudadano Juez Vigésimo Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Del Área Metropolitana de Caracas, acogió la misma, pero una vez oídas a las partes en la Audiencia de Presentación para Oír al imputado y analizadas las actuaciones determino que efectivamente el ciudadano: F.A.B.B., no había cometido ningún delito o infringido la norma penal vigente, por ello es que acuerda la libertad plena sin restricciones de ninguna índole naturaleza, cuando el mismo da sus pronunciamientos, ya que esta humilde defensa a ciencia cierta el Juzgador actuó apegado bajo esos Principios Fundamentales como: Ser imparcial, idóneo, transparente, autónomo, independiente y objetivo, tal y como lo describe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otros actos normativos que regulen la materia, ya que licita esta defensa que sea declarado con lugar por los Señores Magistrados.

En cuanto al Segundo Punto de ese Capitulo III, vista y analizado, esta defensa le manifiesta a los Señores Honorables Magistrados, que se declare sin lugar el acto peticionario aquí expuesto por el Fiscal del Ministerio Público, vista el análisis de la causa en marras, por cuanto la misma tiene como vía alterna lo que prevé el artículo 373 parte infine en concordancia relación con el 280 de la N.A.P..

En cuanto al Tercer particular expuesto en su Capitulo III, por la Representante del Ministerio Público, esta defensa hace los siguientes planteamiento: En principio, debo de manifestar que así quedo evidentemente demostrado tanto del estudio de las actuaciones preliminares presentadas por los funcionarios actuantes de la Policía Municipal de Baruta de fecha 25-11-2007, y lo depuesto por las partes en la Audiencia de Presentación para Oír al Imputado, en fecha 26 de noviembre de 2007, por ante el Tribunal Vigésima Cuarto en Funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que no quedo plenamente y evidentemente demostrado que el ciudadano F.A.B.B. , haya infringido la N.P.V.; por ello es que esta defensa solicita a los Señores Honorables Magistrados, que se declare sin lugar el acto peticionario expuesto por el Ministerio Público en contra de mi defendido. Por consiguiente observa esta defensa que en cuanto y tanto a la dispositiva dada por el Juez, en fecha 26 de noviembre de 2007, de las razones por las cuales no esta presente el Periculum in Mora, para proceder a decretar la Medida Provisional Privativa de Libertad, en contra de mi defendido y es por ello y en consecuencia es que procede a Decretar a favor del ciudadano: F.A.B.B., la libertad plena sin restricciones de ninguna índole naturaleza; de igual manera dejando asentado que acoge la Precalificación Jurídica del Uso Indebido de Armas de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal Venezolano Vigente, para esta defensa una cosa es que el Juez acoge la precalificación y otra es que le fuera impuesta a mi defendido ya que del desarrollo de la audiencia y de las actuaciones preliminares presentadas en la misma el Ciudadano Juez determino que mi defendido no había infringido la precalificación da por la fiscalía, y por consiguiente no es como lo pretender aseverar la Fiscalía del Ministerio Público en su escrito de apelación, y en segundo termino manifiesta el Juez que el Ministerio Público prosiga con las investigaciones por la Vía del procedimiento Ordinario, de conformidad en los artículos 373 ultimo aparte y 280 inclusive ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

PETITORIO

En virtud de los razonamientos antes expuestos solicito muy respetuosamente a la Honorable Corte de Apelación, que a bien tenga de conocer el presente escrito, que se declare SIN LUGAR, la apelación interpuesta por el Fiscal del Ministerio Público, en fecha 3 de Diciembre de 2007.

Solicito de igual manera a la Honorable Corte de Apelaciones que ratifique el Punto Tercero, de la dispositiva de fecha 26-11-2007, de la Audiencia para Oír al Imputado dada por el Juez Vigésimo Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en contra del ciudadano: F.A.B.B..

Promuevo y ofrezco para ser evacuado en su momento oportuno como medio de prueba, la testimonial de la persona que se menciona más adelante, quien deberá ser citada por la Corte de Apelaciones, en la dirección que aporte, de conformidad con lo previsto en el artículo 184 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordada relación con los artículos 26,49.1.3,51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo testimonio es pertinente por referirse directamente al objeto que se ventila, y ser útil para el descubrimiento de la verdad, y necesario escuchar con el objeto de interrogarlo, en torno al conocimiento que tuviese de los hechos y la misma es: E.D.C.G., venezolana, natural de Caracas hoy Distrito Capital, mayor de edad, quien reside en la vía El Hatillo, Parque Residencial “La Arboleda”, torre “C”, Nº 81C, La Trinidad, Estado Miranda, portadora de la cédula de identidad Nº V-11.408.523,

A Tenor de lo preceptuado dentro del marcoL. y Constitucional en sus artículos 23,3,26,49.1.3,51,141,143 y 257 en consonancia con los artículos 5,9 y 12 de la L.O.A.P.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Ahora bien, luego de estudiadas las actas que conforman el presente expediente, esta Sala para decidir observa:

El Representante del Ministerio Público en su escrito de apelación entre otras cosas señala expresamente lo siguiente:

…en consecuencia no asegurando las resultas de una justa investigación así como el aseguramiento de un debido proceso.

…es incongruente no acordarle ninguna medida de seguridad, cuando la investigación continua por la vía ordinaria, para así asegurar las resultas de un debido Proceso.

“..En el particular tercero de la decisión recurrida, señala el Juzgador de la causa que “(…) En cuanto a la Libertad o no del imputado si bien es cierto podemos estar presente ante un hecho ilícito, no es menos cierto que el juzgador en su decisión acuerda y acoge la precalificación dada por el Ministerio Público, debido a que están los elementos serios de convicción para presumir una culpabilidad y estar llenos los extremos del artículo 250 de la norma adjetiva penal, pero no obstante se contradice pronunciándose que hasta en este preciso momento procesal solamente cuenta con unas actuaciones que no muestran suficientes elementos de convicción como para estimar la conducta desplegada por el hoy imputado en la comisión del hecho punible que hoy nos ocupa y entonces considerándose insatisfechos los extremos legales exigidos por nuestro legislador establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para poder así decretarse una medida de Coerción personal alguna, -este acuerda libertad plena al referido imputado, lo cual claramente resulta erróneo, atendiendo a los particulares en los cuales se sucede el hecho que da origen al proceso, donde claramente queda establecido que el hoy imputado que aprehendido en fecha 26 de noviembre de 2007, haciendo mal uso de la misma arma el cual se le incauto entre su vestimenta”.

…nada señala el Juzgador de la recurrida a objeto de explicar el motivo de considerar la no existencia de elementos serios de convicción para decretarle una medida de coerción personal al imputado, con lo cual se evidencia que la decisión recurrida no constituye un auto fundado, impidiendo al Ministerio Público conocer las razones que llevan al Juzgador a pronunciar tal decisión…

,

Al respecto, es importante señalar que las Salas de la Corte de Apelaciones conocen del Derecho y no de los hechos, con las excepciones de Ley. Ahora, la parte que solicita la revisión de una decisión de Primera Instancia alega hechos concretos que la enerven, deberá demostrarlos, bajo el principio de la carga de la prueba, es decir que debe promover los medios probatorios que estime necesarios en el mismo escrito de apelación de autos incoado, y que sean evacuados si es el caso, en su oportunidad legal en una audiencia, para comprobar lo indicado en su recurso de apelación y para cumplir con la finalidad de crear la certidumbre en los Jueces de Alzada, que la decisión recurrida no estuvo ajustada a derecho, por cuanto, las sentencias o decisiones dictadas por los tribunales de primera instancia y demás jueces, gozan de fe pública, es decir, su contenido es cierto salvo prueba en contrario.

En este sentido, para asegurar el cumplimiento del Principio de Oficialidad, el Juez en funciones de Control, puede dictar en base al Principio de Presunción de Inocencia y al Principio de Afirmación de la Libertad, contemplados en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, cualquier medida cautelar que a su criterio cumpla con los requisitos legales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para asegurar la prosecución del procedimiento hasta sentencia definitiva.

En este orden de ideas, se evidencia que la recurrente no interpuso ninguna prueba que comprobara que la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal haya infringido algún dispositivo legal, siendo de su potestad dar la “L.P.” como regla general en todo proceso acusatorio o el decretar cualquier medida de coerción personal que a su libre criterio, dentro del marco legal y cumpliendo con los requisitos legales, sea suficiente para asegurar las resultas del proceso, constatando en el presente asunto, que no existe el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, ni tampoco la necesidad de asegurar la prosecución del proceso, por cuanto y como lo señala el Juzgado A quo, se constata que hasta el momento procesal de celebrarse la audiencia de presentación en fecha 26-11-2007 y cursante a los folios 11 al 14 inclusive, en el presente caso, se contó con unas actuaciones que no muestran suficientes elementos de convicción como para estimar la conducta desplegada por el ciudadano F.B. en la comisión del hecho punible que nos ocupa, considerándose insatisfechos los extremos legales exigidos por nuestro Legislador en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Pena, para poder decretarse en su contra medida de coerción personal alguna, por cuanto, uno de los requisitos para dictarse alguna medida cautelar, ya sea sustitutiva o preventiva privativa de libertad es que exista fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible, razón por la cual, esta Alzada considera que la medida cautelar sustitutiva o preventiva privativa de libertad no se puede dictar, porque no reúne los requisitos de ley.

Es así, que el Principio de Presunción Inocencia y el Principio de Afirmación de la Libertad son claros en este aspecto. El Principio de Presunción de Inocencia está regulado en el citado artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, así:

Artículo 8. Presunción de Inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

De tal manera, que al no haberse producido elementos de convicción en el presente caso, mal puede pensarse en la posibilidad de considerar al imputado de autos como culpable de los hechos que se le imputan. Enlazado con lo anterior y como ya se señaló, necesariamente debe observarse el Principio de Afirmación de la Libertad, cuya consagración en el artículo 9 de la Ley Adjetiva Penal, dicta pauta para entender la filosofía que sustenta al nuevo proceso penal garantista que tenemos, así:

Artículo 9. Afirmación de la Libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente,…

.

De tal manera que, siendo excepcional la posibilidad de “privar o restringir de la libertad o de otros derechos del imputado”, no debe auspiciarse por los jueces de control que el acto de privar de la libertad a cualquier sospechoso de cometer delito, se convierta en la regla, siendo las medidas cautelares sustitutivas las restrictivas de la libertad.

En el mismo sentido de lo antes expuesto, el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, es del tenor siguiente:

Artículo 243. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en la ley. La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

Nuevamente se alude al carácter excepcional de la restricción o privación de libertad.

Pero es que además, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la necesidad de observarse el Debido Proceso como regla inviolable, cuya vulneración acarreará la nulidad de la actuación judicial. Y es precisamente, el derecho del imputado a que se presuma su inocencia, una de las piedras angulares que sintetizan el debido proceso, así se desprende de lo establecido en el Artículo 49.2 de la Constitución: “Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y; en consecuencia: 1. . 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”. El mandamiento constitucional anterior, debe, en el presente caso, relacionarse con lo establecido en el artículo 44 de la Carta Magna, que consagra “la inviolabilidad de la libertad personal” y “el derecho de toda persona a ser juzgada en libertad”, excepto por las razones determinadas por la Ley.

En seguimiento de la anterior argumentación, debemos decir, que las excepciones a las que se aluden tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como en el antes citado artículo 44 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, para no ser juzgada en libertad la persona imputada, es decir, para que se juzgue privada de su libertad, están contenidas expresamente en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, así:

Artículo 250. Procedencia. El Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho Punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita;

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

3. Un presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación

.

Remarcando lo anterior, tenemos que, excepcionalmente, el principio de ser juzgado en libertad el sospechoso o imputado, puede sufrir limitaciones: Estas limitaciones se presentan cuando existe un hecho punible, que merezca pena corporal, que la acción no este evidentemente prescrita y como se evidencia en este caso, cuando exista “una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto a un acto concreto de la investigación” (Ordinal 3 del artículo 250 Código Orgánico Procesal Penal). Sobre los particulares anteriores: El peligro de fuga o de obstaculización de la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, la Ley Adjetiva Penal dicta la pauta en los artículos 251 y 252, respectivamente. Es así como en el citado artículo 251 se establece, que para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta: 1) El arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o para permanecer oculto; 2) la pena que podría llegarse a imponer en el caso; 3) la magnitud del daño causado; 4) el comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior; y 5) la conducta predelictual del imputado. Por otra parte, el Parágrafo Primero de la norma en comento, consagra una presunción de peligro de fuga: Cuando se encuentre el juzgador ante "hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años". En este último caso, no habrá necesidad de establecer ninguna de las exigencias anteriormente expresadas, previstas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la norma examinada. Estas limitaciones no se presentan en el presente caso pues no se cumplieron con los requisitos legales para que se le restrinja la libertad al ciudadano F.A. BRICEÑO B, con alguna medida cautelar sustitutiva contemplada en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal .

En este sentido y ante lo expresado en el recurso de apelación, en la contestación realizada por la defensa se indica textualmente: “.. por cuanto de las actuaciones presentadas por el Ministerio Público en dicha audiencia no demostraban suficientes elementos de convicción como para estimar que mi defendido haya coartado la norma jurídica penal venezolana vigente, y por ende considerándose insatisfechos los extremos legales exigidos por el Legislador en el artículo 250 del Código orgánico Procesal Penal, para poder decretarse en su Contra Medida de Coerción Personal alguna, es por ello que el Ciudadano Juez, vista tal situación es que procede a decretar la inmediata libertad sin restricciones de ninguna índole naturaleza en contra de mi defendido, dejando por supuesto que el Representante del Ministerio Público como Director de la investigación Penal, tal y como lo describe la norma que regule la materia, realizara todas las investigaciones, ya que dicho procedimiento se debería llevará a cabo por el Procedimiento Ordinario tal y como lo describen los artículos 373 en su parte infine en concordada relación con el 280 ambos inclusive de la Normativa Adjetiva Penal, y no como pretende hacer saber, manifestar y deponer en su Escrito de Apelación el Representante del Ministerio Público”. Así pues, es concluyente, que para el A quo, los hechos precisados en el presente caso no son suficientes para demostrar que el imputado sea el posible agente del delito, ya que, es que las medidas cautelares de carácter personal, tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado en el juicio y evitar que obstaculice la averiguación de la verdad, siempre y cuando, se cumplan con los extremos del citado artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Requisitos estos que no se cumplieron. Ello en acatamiento de los Principios de la Presunción de Inocencia y de Afirmación de la Libertad, antes citados y que son de rango constitucional.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, considera procedente y ajustado a derecho, DECLARAR SIN LUGAR Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada L.M.P., en su carácter de Fiscal Auxiliar Primera a Nivel Nacional en colaboración con la Fiscalía Décima Sexta (16°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de noviembre de 2007, en la causa incoada contra el ciudadano F.A. BRICEÑO BARRAGAN, mediante la cual acuerda la L.P. sin restricciones al referido ciudadano, quedando ratificada la decisión del Tribunal A quo. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente razonado, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada L.M.P., en su carácter de Fiscal Auxiliar Primera a Nivel Nacional en colaboración con la Fiscalía Décima Sexta (16°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de noviembre de 2007, en la causa incoada contra el ciudadano F.A. BRICEÑO BARRAGAN, mediante la cual acuerda la L.P. sin restricciones al referido ciudadano, quedando ratificada la decisión del Tribunal A quo, todo de conformidad con el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

Regístrese, diarícese, publíquese y déjese copia de la presente decisión.

EL JUEZ PRESIDENTE-PONENTE

DR. M.A. POPOLI RADEMAKER

EL JUEZ

J.G. QUIJADA CAMPOS

EL JUEZ

DR. J.G.R. TORRES

LA SECRETARIA

ABG. I.C. VECCHIONACCE I.

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la decisión que inmediatamente antecede.

LA SECRETARIA

ABG. I.C. VECCHIONACCE I.

Exp. No. 2075

MAPR/JGQC/JGRT/ICVI/mcm