Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 16 de Junio de 2014
| Fecha de Resolución | 16 de Junio de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Gary Coa León |
| Procedimiento | Perención |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En Su Nombre
JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
En fecha 02 de febrero de 2007, se dio por recibido ante este Juzgado la querella interpuesta por el abogado C.A.G.S., inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 28.575, actuando como apoderado judicial del ciudadano F.R.M., titular de la cédula de identidad Nro. 4.513.193 contra el acto administrativo Nro. 061030/2073 de fecha 26 de Octubre del 2006, emanado de la Dirección General de Desarrollo Humano de la Asamblea Nacional.
En fecha 07 de febrero del 2007, este Tribunal dictó Sentencia mediante la cual declaró Inadmisible la presente querella por haberse interpuesto contra un acto no recurrible e igualmente haberse incoado una petición de prestaciones sociales luego de haber caducado la oportunidad de hacerlo válidamente.
En fecha 21 de febrero del 2007, se dictó auto mediante el cual se oyó en ambos efectos la apelación interpuesta por el apoderado judicial del querellante mediante diligencia de fecha 14 de febrero del 2007 y se ordenó librar oficio Nro.263-07, dirigido a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las C.P. y Segunda de lo Contencioso Administrativo, de esa misma fecha, a fin de que conociera de la apelación interpuesta.
En fecha 27 de febrero del 2007, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las C.P. y Segunda de lo Contencioso Administrativo, recibió el presente asunto, al cual se le asignó el numero AP42-R-2007-000259 y fue asignado a la Corte Segunda en fecha 12 de Marzo del 2007.
En fecha 27 de Junio del 2012, la Corte Accidental “A” de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia mediante la cual declaró Con Lugar la apelación interpuesta y en consecuencia Revocó el fallo apelado, y ordenó remitir el presente expediente a su Tribunal de origen a los fines de que se pronuncie sobre el fondo de la querella.
En fecha 15 de febrero del 2013, se recibió Oficio Nro CSCA-2013-000720, de fecha 07 de febrero del 2013, emanado de la Presidencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual remite el presente asunto, junto con su respectivo cuaderno separado a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en la decisión de fecha 27 de junio del 2012.
I
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Corresponde a este Juzgado pronunciarse con relación a la perención de la instancia y al respecto, observa:
Ha sido pacífico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia constituye un medio de terminación procesal que opera por la no realización, en un período mayor de un año de actos del procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, o cuando se verifica alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las llamadas “perenciones breves” para específicos supuestos en los que la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos sensiblemente inferiores al de un año.
Se constituye entonces el instituto de la perención como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los Órganos de Administración de Justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas, en las cuales no existe ningún tipo de interés de los sujetos de la litis.
Ahora bien, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone lo siguiente:
Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas
.
Mediante sentencia Nº 2.148, de fecha 14 de septiembre de 2004 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso F.H.-Linares, señaló lo siguiente:
“…Omissis…
La norma que se transcribió persigue que, de oficio, el tribunal sancione procesalmente la inactividad de las partes, sanción que se verifica de pleno derecho una vez que se comprueba el supuesto de hecho que la sustenta, esto es, el transcurso del tiempo. Ahora bien, los confusos términos de la norma jurídica que se transcribió llevaron a esta Sala, mediante decisión n° 1466 de 5 de agosto de 2004, a desaplicarla por inintelegible y, en consecuencia, según la observancia supletoria que permite el artículo 19, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicar el Código de Procedimiento Civil a los casos en que opere la perención de la instancia en los juicios que se siguen ante el Tribunal Supremo de Justicia.
En concreto, es el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la norma que debe aplicarse en estos casos, el cual establece:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención
. (Resaltado de la misma sentencia).
En este mismo orden de ideas la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1270 de fecha 09 de diciembre de 2010, estableció lo siguiente:
Determinada la competencia para decidir, esta Sala observa que de las actas que conforman el expediente, se verifica que desde la interposición del escrito contentivo de la acción de nulidad -28 de octubre de 2009- ha existido una total inactividad en el presente procedimiento de nulidad, previo a la admisión de la demanda, situación que evidencia ausencia de actividad procesal por más de un año.
En atención a lo expuesto, se aprecia que el actor no demostró que existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado, interés el cual debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma.
En este orden de ideas, se aprecia que el interés procesal, no basta con ser demostrado con la interposición de una determinada demanda sino que el mismo debe ser continuo a lo largo del devenir del proceso, ya que su falta de demostración acarrea la consecuencia de la extinción de la acción, declaratoria la cual puede ser declarada, incluso de oficio por los órganos jurisdiccionales (Vid. Sentencia de esta Sala n° 956/2001 y 1649/2009).
Así pues, esta Sala ha establecido que la presunción de la pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia (Vid. Sentencia de la Sala n° 2673/2001), por lo que, siendo que en el presente caso, el demandante no actuó con posterioridad a la interposición de la demanda de nulidad, demostrando una falta de interés procesal en la resolución de la misma, previo a la emisión de un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda, se aprecian que concurren las condiciones para la declaratoria de la perdida de interés en la presente causa por el no impulso de la misma.
En razón de ello, se declara la pérdida del interés procesal, y en consecuencia, el abandono del trámite. Así se decide
.
Visto el criterio jurisprudencial citado en el que se estableció que en materia de perención de la instancia debe aplicarse el supuesto normativo previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adminiculado con lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal pasa a determinar si en este caso, se ha verificado la perención de la causa.
Ahora bien, se observa que el acto procesal siguiente en el presente proceso no le corresponde al Tribunal, por cuanto la última actuación que cursa en autos destinada a dar impulso al presente recurso fue el auto dictado por este Juzgado en fecha 16 de abril de 2013, mediante el cual se admitió la presente querella, sin que ninguna otra actuación demostrativa del interés de continuación del juicio desplegara la parte querellante, asimismo se observa la diligencia consignada por el abogado J.S., Inpreabogado Nro. 109.373, actuando en su carácter de sustituto de la Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual solicita que: “…sea declarada la perención de la Instancia en la presente causa, ya que ha transcurrido mas (sic) de un año sin haberse ejecutado ningún acto por parte del querellante…”.
En consecuencia, del análisis anterior se desprende que la causa perimió el día 16 de abril de 2014, esto es, vencido el lapso del año que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 267 del Código de Procedimiento Civil. Por tal razón este Tribunal luego de constatar que en el presente caso no se violan normas de orden público, declara consumada la perención de la instancia, y así se decide.
Ahora bien, siguiendo el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la procedencia o no de notificación de la parte afectada, contenido en sentencia de fecha 05 de agosto de 2004 estableció:
… que la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año
, lo que implica que en poco o nada puede incidir cualquier alegato de la parte para enervar los efectos de su inactividad, que pudiese eventualmente sostener como consecuencia del llamado recibido a través del cartel, pues como se expresa aquella opera ipso jure. Aunado a ello, la falta de sentido práctico que sugiere ordenar notificar a una parte para quizás “avisarle” de la inmediata decisión que el Tribunal tomará, o de lo que es obvio, es decir, de su falta de interés o inactividad, o del incumplimiento de la carga que tenía y que como tal sólo a ella concernía cumplir.
Por otra parte, si se prefiere interpretar que la notificación es posterior a la decisión de perención, resulta igualmente absurdo ya que el Tribunal entonces estaría avisándole a la parte, cuya falta de interés precisamente motivó la declaratoria de perención, que el Tribunal está muy interesado, no obstante su desinterés, en que se interese de la decisión, para poder volver a “redecretar” o decretar “reperimida” la instancia...”
Se deja entendido que en virtud del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, no se notificará a las partes del presente juicio de la decisión dictada por este Tribunal.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara PERIMIDA la instancia en la querella interpuesta por el abogado C.A.G.S., Inpreabogado No. 28.575, actuando como apoderado judicial del ciudadano F.R.M., titular de la cédula de identidad Nro. 4.513.193 contra el acto administrativo Nro. 061030/2073 de fecha 26 de Octubre del 2006, emanado de la Dirección General de Desarrollo Humano de la Asamblea Nacional.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil catorce (2014). Años 205° de la Independencia y 154° de la Federación.
EL JUEZ,
ABG. G.J.C.L.
LA SECRETARIA,
ABG. D.M.
En esta misma fecha 16 de junio de 2014, siendo las tresde la tarde (03:00 p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
Exp: 07-1837/GC/DM/FM.
