Decisión nº 02 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 12 de Mayo de 2010

Se establece de manera expresa y así lo acepta EL ARRENDATARIO, que el plazo de duración de éste (sic) contrato es de UN (01) AÑO a plazo fijo, más si el (sic) vencimiento del mismo o de unas de sus prorrogas (sic) si las hubiere, una de las partes contratantes no hubiese dado aviso por escrito a la otra expresando su deseo de dar por resuelto este contrato al vencimiento del plazo fijo o de alguna de sus prorrogas (sic), se considerará prorrogado por un lapso igual, en el entendido de que también esta o estas prorrogas (sic) posibles son también a plazo fijo, como se establece para el plazo inicial de duración. Este aviso deberá darlo EL ARRENDATARIO a EL ARRENDADOR o viceversa, por lo menos con treinta (30) días de anticipación al vencimiento del plazo estipulado o de cualquiera de sus prorrogas (sic) que pudiese haber sufrido el contrato.

…Omissis…

El presente contrato comenzará a regir a partir del día PRIMERO (01) DE MAYO DEL 2004.

Como puede observarse, las partes convinieron en que la relación arrendaticia fuera por tiempo determinado, inicialmente por el plazo de un año. Asimismo, acordaron la posibilidad de que dicho contrato fuera prorrogado al vencimiento del término inicial, con el señalamiento expreso de que dichas prórrogas serían a plazo fijo en la misma forma que el plazo inicial, es decir, de un año. Sin embargo, dispusieron que tales prórrogas podrían darse sólo si al vencimiento del plazo inicial de duración del contrato o de alguna de ellas, una de las partes no diere aviso a la otra por lo menos con treinta días de anticipación de su voluntad de dar por resuelto el contrato.

Ahora bien, al folio 10 corre notificación de fecha 15 de marzo de 2008 mediante la cual el arrendador F.J.E.M. le manifiesta al arrendatario J.E.M.L., su voluntad de no renovar el contrato de arrendamiento suscrito entre ambos sobre el inmueble ubicado en la Villa Olímpica, Edificio Los Tuilipanes, cuarto piso, N° 46, San Cristóbal, Estado Táchira, todo de conformidad con la cláusula tercera del referido contrato de arrendamiento autenticado por ante la Notaría Pública Quinta de San Cristóbal en fecha 10 de mayo de 2004, bajo el N° 67, Tomo 88, folios 161 al 163 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, señalándole que se le otorgaba la respectiva prórroga legal de conformidad con la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Dicha notificación se encuentra suscrita al pie por el arrendatario y por cuanto la misma no fue desconocida por la parte demandada, tiene la misma fuerza probatoria que el instrumento público a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil. En tal virtud, se tiene por cierta la notificación efectuada al arrendatario en fecha 15 de marzo de 2008, sobre la no renovación del contrato de arrendamiento.

Se aprecia, asimismo, que el contrato de arrendamiento se inició el 1° de mayo de 2004, tal como lo convinieron las partes en la cláusula novena del mismo. Igualmente, que a tenor de lo establecido en la cláusula cuarta la relación arrendaticia fue objeto de prórrogas sucesivas a partir del vencimiento del plazo inicial, es decir, del 1° de mayo de 2005, por un año, prórrogas que se cumplieron del 1° de mayo de 2005 al 1° de mayo de 2006; del 1° de mayo de 2006 al 1° de mayo de 2007; y del 1° de mayo de 2007 al 1° de mayo de 2008.

Sin embargo, tal como antes se dijo, antes del vencimiento de la última prórroga, es decir, el día 15 de marzo de 2008, el arrendador notificó al arrendatario su voluntad de no renovar el contrato de arrendamiento, advirtiéndole que se le otorgaba la correspondiente prórroga legal, tal como quedó evidenciado de la precitada notificación corriente al folio 10, por lo que a partir del vencimiento del plazo de la última prórroga convencional, es decir, del 1° de mayo de 2008, el arrendatario comenzó a disfrutar de la prórroga legal prevista en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que dispone:

Artículo 38.- En los contratos de arrendamiento que tengan por objeto alguno de los inmuebles indicados en el artículo 1° de este Decreto-Ley, celebrados a tiempo determinado, llegado el día del vencimiento del plazo estipulado, éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y postestativamente para el arrendatario, de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración hasta de un (1) año o menos, se prorrogará por un lapso de seis (6) meses.

2. Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración mayor de un (1) año y menor de cinco (5) años, se prorrogará por un lapso máximo de un (1) año.

En la norma transcrita supra el legislador estableció la figura de la prórroga legal para los contratos de arrendamiento a tiempo determinado, señalando los lapsos que la misma comprende en atención a la duración de la relación arrendaticia. Asimismo, determinó en forma categórica que dicha prórroga opera de pleno derecho.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 1704 de fecha 15 de julio de 2005, expresó:

El artículo 38, letra b, de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece:

…Omissis…

En este sentido, la prórroga de los contratos de arrendamiento a tiempo determinado, que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del artículo que se transcribió de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, opera por orden de la ley y no por decreto del juez; motivo por el cual la aclaratoria objeto de la demanda de autos no produjo agravio constitucional alguno a la parte actora, en cuanto a que se limitó a hacer mención del otorgamiento, por la Ley, de tal prórroga, a través de un pronunciamiento con efectos declarativos y no constitutivos. Así se declara. (Resaltado propio)

(Expediente N° 03-2107)

Como puede observarse, la prórroga legal se cumple obligatoriamente para el arrendador y constituye un beneficio o derecho del arrendatario a permanecer en el inmueble objeto de arrendamiento durante el tiempo máximo establecido en el transcrito artículo 38, de conformidad con el tiempo que haya durado el arrendatario como tal en el uso del inmueble arrendado.

En el caso de autos, habiendo durado la relación arrendaticia cuatro años, los cuales comprenden el año del plazo inicial pautado en el contrato de arrendamiento, así como las tres prórrogas convencionales sucesivas que se dieron por el mismo plazo de un año, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del referido contrato, siendo el vencimiento de la última de ellas el 1° de mayo de 2008, al arrendatario le correspondía un año de prórroga legal de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios transcrito supra, prórroga legal que venció el 1° de mayo de 2009.

Ahora bien, la demanda que dio inicio al presente proceso fue interpuesta el 23 de marzo de 2009, según se constata del sello húmedo del Tribunal distribuidor estampado al vuelto del folio 6, es decir, que la misma fue presentada antes del vencimiento de la prórroga legal.

Al respecto, el artículo 41 de la citada Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece:

Artículo 41: Cuando estuviere en curso la prórroga legal a que se refiere el artículo 38 de este Decreto-Ley, no se admitirán demandas de cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento del término. No obstante, sí se admitirán aquellas que sean interpuestas por el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales. (Resaltado propio)

En la norma transcrita el legislador estableció la prohibición expresa de admitir demandas por cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento de término, cuando esté en curso la prórroga legal. Sin embargo, señaló que deben admitirse las demandas que se fundamenten en el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales, es decir, por resolución de contrato.

En consecuencia, al haber interpuesto la parte actora la demanda que da inicio a la presente causa durante la vigencia de la prórroga legal, con fundamento en el incumplimiento del arrendatario de las cláusulas tercera, cuarta y décima quinta del contrato de arrendamiento, la acción por resolución de contrato de arrendamiento incoada resulta admisible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, pues mal podía el demandante interponer una demanda por desalojo como erróneamente lo señala la parte demandada, cuando en el presente caso se trata de una relación arrendaticia por tiempo determinado, y en tal virtud queda desechado dicho alegato. Así se establece.

Resuelto el anterior punto, entra esta alzada a valorar las pruebas promovidas por las partes conforme a los principios de comunidad de la prueba y exhaustividad probatoria.

A.- PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

a.- Con el libelo de demanda consignó como instrumentos fundamentales:

- Marcado “A”, original del contrato de arrendamiento autenticado ante la Notaría Pública Quinta de San Cristóbal, Estado Táchira, el 10 de mayo de 2004, bajo el N° 67, Tomo 88, folios 161-163 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría (fls.7 al 9). Dicha probanza se valora de conformidad con lo establecido en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.363 del Código Civil, sirviendo para demostrar que las partes celebraron contrato de arrendamiento sobre un inmueble consistente en un apartamento ubicado en la Villa Olímpica, Edificio Los Tulipanes, cuarto piso, signado con el N° 46, San Cristóbal, Estado Táchira. Que tal como antes quedó establecido, en dicho contrato se convino en una relación arrendaticia por tiempo determinado. Que el plazo inicial fue de un año, comenzando su vigencia el 1° de mayo de 2004 y que el mismo fue objeto de prórrogas contractuales sucesivas a tiempo fijo, de conformidad con lo previsto en la cláusula cuarta del referido contrato. Que el canon de arrendamiento fue establecido en la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs 200.000,00), equivalentes actuales a doscientos bolívares Bs 200,00, el cual debía ser pagado por mensualidades adelantadas, conviniendo las partes que la falta de pago de dos mensualidades daría pleno derecho al arrendador a dar por resuelto el contrato. Igualmente, en la cláusula décima quinta las partes convinieron que el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte del arrendatario, daría derecho al arrendador a resolver de pleno derecho el mismo.

- Notificación de fecha 15 de marzo de 2008, dirigida por el ciudadano F.J.E.M., en su carácter de propietario arrendador, al señor J.E.M.L., en su condición de arrendatario (fl. 10). Dicha probanza ya recibió valoración al resolver en este fallo el alegato de la parte demandada, relativo a la fundamentación de la acción propuesta.

b.- Durante el lapso probatorio, mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2009 (fls. 50 al 53), el apoderado judicial del demandante promovió:

1. - Marcado “A”, contrato de arrendamiento suscrito entre el ciudadano F.J.E.M., con el carácter de arrendador, y el ciudadano J.E.M.L. con el carácter de arrendatario, autenticado en la Notaría Pública Quinta de San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 10 de mayo de 2004, bajo el N° 67, Tomo 88, folios 161-163 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría (fls. 7 al 9). Dicha probanza ya fue objeto de valoración.

2. - Copia simple del expediente N° 684, nomenclatura del Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, relativo a la solicitud efectuada por J.E.M.L., de consignar los cánones de arrendamiento del inmueble ubicado en el Edificio Los Tulipanes, cuarto piso, apartamento 46, Villa Olímpica, San Cristóbal, Estado Táchira. (Fls. 54 al 77)

   De las actuaciones que cursan en dicho expediente de consignaciones arrendaticias se valoran las siguientes:

   _ Al folio 70 corre copia simple de depósito bancario N° 0439576, y al folio 71 copia simple de diligencia de fecha 14 de enero de 2009 suscrita por el consignatario de los cánones de arrendamiento, ciudadano J.E.M.L., la Secretaria y el Juez Temporal del Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial.

   -Al folio 72 corre copia simple de depósito bancario, y al folio 73 copia simple de diligencia de fecha 30 de enero de 2009 suscrita por el consignatario de los cánones de arrendamiento, ciudadano J.E.M.L., la Secretaria y el Juez Temporal del Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial.

   -Al folio 74 cursa copia simple de depósito bancario, y al folio 74 copia simple de diligencia de fecha 03 de marzo de 2009 suscrita por el mencionado consignatario de los cánones de arrendamiento J.E.M.L., la Secretaria y el Juez Temporal del Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial.

   Las referidas diligencias no fueron impugnadas, por lo que se valoran como documentos públicos, sirviendo para demostrar lo siguiente: Que en fecha 14 de enero de 2009, el arrendatario J.E.M.L. consignó el pago correspondiente a los cánones de arrendamiento de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008, el cual efectuó mediante depósito bancario número 0439576 de fecha 12 de enero de 2009 por la cantidad de seiscientos bolívares (Bs 600,00). Que en fecha 30 de enero de 2009 el arrendatario consignó el pago correspondiente al canon de arrendamiento del mes de enero 2009, el cual efectuó mediante depósito bancario de fecha 26 de enero de 2009 por la cantidad de doscientos bolívares (Bs 200,00); y que el 03 de marzo de 2009 el arrendatario consignó el pago correspondiente al canon de arrendamiento del mes de febrero de 2009, el cual efectuó mediante depósito bancario de fecha 26 de febrero de 2009.

3. - A los folios 36 al 38, marcados “A”, “B” y “C” corren recibos de pago del canon de arrendamiento del referido inmueble correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2008, los cuales fueron promovidos por la parte demandada en el escrito de contestación de demanda, insertos en copias simples a los folios 63, 78 al 80. Las referidas probanzas se desechan por cuanto se contraen al pago de cánones de arrendamiento cuyo incumplimiento no fue alegado por la parte actora en el libelo de demanda, por lo que no guardan relación con la materia controvertida en la presente causa.

4. - A los folios 81 al 94 corren copias simples de facturas, fotografías y actas de la Junta de Condominio del Edificio Los Tulipanes, Villa Olímpica, San Cristóbal, Estado Táchira.

   Las anteriores probanzas no reciben valoración por cuanto nada aportan a la solución de la litis planteada.

   B.- PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

   a.- Con el escrito de contestación consignó:

1. - A los folios 36 al 40, marcados “A”, “B”, “C”, “D” y “E” corren recibos expedidos a nombre de J.E.M.L. por concepto de pago de alquiler del inmueble objeto del contrato de arrendamiento a que se contrae la presente acción. Dichas probanzas, tal como antes se señaló al a.l.p.d.l. parte actora, se desechan por cuanto se contraen al pago de cánones de arrendamiento cuyo incumplimiento no fue alegado por la parte demandante como fundamento de la demanda, y en tal virtud no guardan relación con la materia controvertida en la presente causa.

   - A los folios 41 al 42 corren marcados “F” y “G” copias simples de depósitos bancarios por la suma de doscientos bolívares, efectuados por el arrendatario en fechas 25 de septiembre de 2009 y 31 de agosto de 2009 en la cuenta del ciudadano F.E..

   Dichos depósitos no reciben valoración probatoria, por cuanto fueron hechos con posterioridad a la introducción de la demanda, no contrayéndose a los meses reclamados.

   - Marcado “H” riela recibo suscrito por el ciudadano F.A.M.A., titular de la cédula de identidad N° 5.680.632, quien no es parte en la presente causa, señalando que recibió los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2008. Dichas probanzas no reciben valoración, por cuanto el suscribiente del recibo no es el arrendador demandante.

   - Al folio 44, cursa constancia de fecha 17 de abril de 2008 expedida por la Junta de Condominio del Edificio Los Tulipanes de la Villa Olímpica, San Cristóbal, Estado Táchira, referente a la conducta honesta y colaboradora de J.E.M.L.. Dicha probanza es desechada por cuanto la misma no aporta solución a la litis planteada y, además, no fue ratificada en el juicio a tenor de lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

   b.- Mediante escrito de fecha 05 de octubre de 2009 (fl. 46), la representación judicial del demandado promovió:

1. - Ratificó el mérito favorable que obra en los autos del presente expediente. Dicha promoción efectuada en forma genérica, no constituye un medio de prueba susceptible de valoración.

2. - Al folio 32 riela poder apud acta otorgado en fecha 24 de septiembre de 2009 ante la Secretaría del Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, por el ciudadano J.E.M.L. al abogado O.C.D.. El referido poder se desecha por no constituir medio de prueba en el presente juicio, pués sólo acredita la representación judicial del demandado ejercida por el mencionado abogado.

3. - El valor probatorio de los recibos anexos marcados desde la “A” hasta la “I”. Dichos recibos fueron desechados al analizar las pruebas que fueron acompañadas con la contestación de demanda.

4. - El escrito de contestación de demanda por ser seria y cierta, y solicitud de no darle crédito legal ni valor probatorio al libelo de demanda.

   Dichas probanzas no reciben valoración en virtud de que las afirmaciones contenidas en el libelo de demanda y en la contestación no constituyen la confesión como medio de prueba contemplado en el artículo 1.401 del Código Civil, pues carecen del “animus confitendi”, razón por la cual no pueden ser objeto de valoración probatoria, sino que constituyen actos procesales que sirven para fijar los límites de la controversia. (Vid. sentencias Nº 100 de fecha 12-04-2005 y RN y C-00681 de fecha 11 de agosto de 2006, Sala de Casación Civil).

5. - Juramento decisorio. La referida probanza fue declarada inadmisible por el a quo según auto de fecha 5 de octubre de 2009, inserto a los folios 47 al 49.

   De las pruebas traídas a los autos puede concluirse lo siguiente: Que las partes celebraron un contrato de arrendamiento a tiempo determinado sobre un inmueble consistente en un apartamento, ubicado en la Villa Olímpica, Edificio Los Tulipanes, cuarto piso, signado con el N° 46, San Cristóbal, Estado Táchira. Que la relación arrendaticia comenzó el 1° de mayo de 2004 y fue objeto de prórrogas sucesivas de un año hasta el 2008, cuando el arrendador conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato notificó al arrendatario su voluntad de no renovar el mismo, por lo que a partir del 1° de mayo de 2008 se dio inicio a la prórroga legal arrendaticia de un año. Que conforme a lo establecido por las partes en la cláusula tercera del contrato de arrendamiento, el canon de arrendamiento fue fijado por las partes en la suma de doscientos mil bolívares equivalentes actuales a doscientos bolívares (Bs. 200,00), conviniendo expresamente que el mismo debía ser pagado por mensualidades adelantadas. Que el arrendatario pagó los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008 en fecha 12 de enero de 2009, lo que evidencia un evidente atraso en su pago, pues ni siquiera fueron cancelados al vencimiento de cada mes, incumpliendo con ello la obligación contraída en la referida cláusula tercera, de pagar los cánones de arrendamiento por mensualidades anticipadas. Asimismo, quedó demostrado que el arrendatario pagó los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de enero y febrero de 2009 en fechas 26 de enero y 26 de febrero de 2009 respectivamente, y que el arrendatario no demostró haber pagado al arrendador el canon de arrendamiento correspondiente al mes de marzo de 2009, adeudándole la suma de doscientos bolívares por tal concepto.

   En este orden de ideas, debe puntualizarse lo dispuesto en los artículos 1.159, 1.160, 1.167 y 1.264 del Código Civil, los cuales son del tenor siguiente:

   Artículo 1.159.- Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley.

   Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley.

   Artículo 1.167.- En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.

   Artículo 1.264.- Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención.

   Del contenido de tales normas se desprende que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes; que los contratantes deben cumplir cabalmente las obligaciones contraídas, tal como fueron pactadas, y que en caso de que alguno incumpla sus obligaciones, el otro puede a su elección, solicitar judicialmente la ejecución o cumplimiento del contrato, o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos, si a ello hubiere lugar.

   Asimismo, respecto a las obligaciones del arrendatario, el artículo 1.592 del mencionado código sustantivo establece:

   Artículo 1.592.- El arrendatario tiene dos obligaciones principales:

   1. Debe servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia, y para el uso determinado en el contrato, o, a falta de convención, para aquél que pueda presumirse, según las circunstancias.

   2. Debe pagar la pensión de arrendamiento en los términos convenidos. (Resaltado propio).

   En la norma transcrita el legislador señaló expresamente como una de las obligaciones del arrendatario, la de pagar las pensiones de arrendamiento en los términos convenidos en el contrato de arrendamiento.

   Conforme a lo expuesto, ambas partes estaban obligadas a dar cumplimiento a las estipulaciones previstas en el contrato de arrendamiento, siendo una de ellas la forma de efectuar el pago de los cánones de arrendamiento establecida en la cláusula tercera del mismo, es decir, por mensualidades adelantadas, y habiendo quedado demostrado en autos que el arrendatario pagó los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008, el 12 de enero de 2009; los meses de enero y febrero de 2009 en fechas 26 de enero de 2009 y 26 de febrero de 2009, y que adeuda al arrendador el mes de marzo de 2009, resulta forzoso para quien decide declarar el incumplimiento del arrendatario de una de las obligaciones principales prevista en el ordinal segundo del artículo 1.592 del Código Civil, cual es la de pagar la pensión de arrendamiento en los términos convenidos en la cláusula tercera del contrato, es decir, por mensualidades anticipadas. En tal virtud, debe confirmarse la decisión apelada proferida por el a quo en fecha 12 de febrero de 2010, y así se decide.

   III

   DISPOSITIVA

   En orden a las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:

DECLARA SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada, mediante diligencia de fecha 15 de marzo de 2010.

CONFIRMA la decisión de fecha 12 de febrero de 2010, dictada por el Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró parcialmente con lugar la demanda incoada por el ciudadano F.J.E.M. contra el ciudadano J.E.M.L., por resolución del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes ante la Notaría Pública Quinta de San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 10 de mayo de 2004, bajo el N° 67, Tomo 88 de los libros de autenticaciones, sobre un inmueble consistente en un apartamento ubicado en la Villa Olímpica, Edificio Los Tulipanes, cuarto piso, N° 46, San Cristóbal, Estado Táchira y, en consecuencia, declaró resuelto el referido contrato; condenó al demandado a hacer entrega al demandante del inmueble que ocupa como arrendatario; declaró sin lugar el pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero y febrero de 2009; y condenó al demandado al pago del canon de arrendamiento del mes de marzo de 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso a la parte demandada.

Publíquese, regístrese, notifíquese a las partes y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los doce días del mes de mayo del año dos mil diez. Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Juez Titular,

A.M.O.A.

La Secretaria,

Abg. F.R.S.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previas las formalidades de Ley, siendo las nueve y quince minutos de la mañana (09:15 a.m.), dejándose copia certificada para el archivo del Tribunal.

Exp. N° 6.126