Decisión nº pj0062015000273 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Junio de 2015

Fecha de Resolución12 de Junio de 2015
EmisorJuzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito
PonenteLuis Leon
ProcedimientoPartición Y Liquidación Bienes Comunidad Conyugal

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, 12 de junio de 2015

205º y 156º

ASUNTO: AP11-F-2010-000043

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano F.A.B.P., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-4.154.105.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos B.E.M. PERNIA, CHIQUINQUIRA GIMENEZ DE DUARTE, P.F.L.G. y L.M.M.D., abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 51.368, 42.967, 70.380 y 70.372, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Ciudadana L.J.G.I., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-3.339.689.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: M.A.R.S., abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 79.162.

JUICIO: PARTICIÓN Y LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA

-I-

Surge la presente causa originada por demanda de PARTICION Y LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, presentada por el ciudadano F.A.B.P., contra la ciudadana L.J.G.I., debidamente identificados ut supra.

Una vez cumplidas las etapas procesales legales ante este juzgado, en fecha 12 de agosto de 2010, por medio de auto se ordenó el nombramiento del partidor; designándose finalmente al ciudadano Ing. C.J.R.G.; quien una vez aceptó el cargo y fue debidamente juramentado presentó en fecha 15 de noviembre y 07 de diciembre de 2010 el respectivo informe de partición.

Luego, en fecha 22/12/2010 el abogado M.A.R.S. apoderado judicial de la parte demandada, mediante diligencia consignó escrito de impugnación a la partición. Por auto de fecha 19/01/2011, este juzgado ordeno la notificación del partidor y de conformidad con el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, ordena al partidor presente nuevo informe en cuanto al valor que la parte demandada alega, el 10/02/2011, se dio por notificado el partidor voluntariamente, en fecha 14/02/2012, el partidor por mediante diligencia consignó informe de alegatos de partición, luego en fecha 07 de julio de 2011, el abogado Pablo Ledezma apoderado de la parte actora consignó escrito mediante el cual solicito se dicte la decisión correspondiente a la causa, y posteriormente en fecha 24 de noviembre de 2011, el mismo apoderado de la parte actora consignó escrito mediante el cual solicito se dicte sentencia. Por lo que este Tribunal en fecha 20/03/2012 dicto sentencia mediante la cual declaró concluida la partición.

En fecha 25/05/2012 la representación judicial de la parte demandada interpuso el recurso de apelación en contra del fallo antes mencionado, por lo que este Tribunal oyó en ambos efectos la referida apelación y en esa misma fecha remitió el presente expediente a la Unidad de recepción y distribución de documentos de los Juzgados Superiores, en lo Civil, Mercantil, y del Transito de esta Circunscripción Judicial a los fines de que algún tribunal superior conociera la apelación interpuesta por la parte demandada, siendo sorteado el Juzgado Superior Segundo, dictó fallo mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto en fecha 25/05/2012 por la representación judicial de la parte demandada en contra del auto proferido en fecha 20/03/2012 por este Tribunal. Posteriormente, la parte demandada anuncia recurso de casación ante el Juzgado Superior ut supra referido, contra la sentencia que declara sin lugar la apelación de marras y se remite el presente expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia los fines de que se pronuncie a lo antes planteado, posteriormente la Sala de Casación Civil, al verificarse que no fue presentado en su oportunidad el correspondiente escrito de formalización declara el recurso de casación PERECIDO antes prescrito. Por lo que se remitieron las presentes actuaciones a este Tribunal.

En fecha 02/04/2014 el Ingeniero C.R., plenamente identificado en autos, en su carácter de Partidor consignó en treinta y tres (33) folios útiles informe de justiprecio del inmueble objeto del presente litigio.

En fecha 10/04/2014 la representación judicial de la parte demandada presentó escrito mediante el cual impugnó el informe del partidor, por cuanto no se ajustaba a los parámetros de la sentencia definitivamente firme dictada por la Alzada, al respecto, este Tribunal, constató en fecha 23/04/2014 que no puede ser objeto de impugnación el informe del partidor por no seguir parámetros esgrimidos por la Alzada, cuanto éstos no existen, en consecuencia, el fundamento de la impugnación es improcedente y así declaró.

En fecha 08/08/2014 oportunidad fijada por el Tribunal para que tenga lugar la reunión conciliatoria entre las partes las partes, las mismas expusieron sus puntos de vista y acordaron conversar privadamente para llegar a una posible transacción, respecto de la subasta, avaluó y todo aquello que conforma la actividad destinada a la venta o subasta del inmueble, según lo que primero se verifique la cual consignarían ante este Tribunal a la brevedad posible.En fecha 25/09/2014, este Tribunal acordó librar los respectivos carteles de subasta, y seguidamente el 16/04/2015 se expidieron los mismos.

En fecha 03/06/2015, comparecen ante este Tribunal ambas partes personalmente debidamente asistidas de abogado y consignaron escrito de transacción.

-II-

Visto el escrito de fecha 03 de junio de 2.015, suscrito por el ciudadano F.A.B.P., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-4.154.105, en su carácter de parte actora, por una parte y por la otra la ciudadana L.J.G.I., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-3.339.689, en su carácter de parte demandada, debidamente asistidos por el abogado Pablo F. Ledezm.G.,, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 70.380, mediante la cual consignan escrito Transaccional; este Juzgado se pronunciará previa las siguientes consideraciones:

Resulta oportuno traer a colación el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

…Salvo lo dispuesto en el artículo 525, la ejecución, una vez comenzada, continuará de derecho sin interrupción, excepto en los casos siguientes:

1° Cuando el ejecutado alegue haberse consumado la prescripción de la ejecutoria y así se evidencie de las actas del proceso. Si el ejecutante alegare haber interrumpido la prescripción, se abrirá una articulación probatoria de ocho días para promover y evacuar las pruebas y el Juez decidirá al noveno día. De esta decisión se oirá apelación libremente si el Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo si dispusiere la continuación.

2º Cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de la obligación y consigne en el mismo acto de la oposición documento auténtico que lo demuestre. En este caso, el Juez examinará cuidadosamente el documento y si de él aparece evidente el pago, suspenderá la ejecución; en caso contrario dispondrá su continuación. De la decisión del Juez se oirá apelación libremente si el Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo si dispusiere su continuación.

La impugnación del documento y el consiguiente juicio de tacha, no será causa de suspensión de la ejecución...

(Subrayado y negrillas de este tribunal).

Asimismo, el artículo 525 eiusdem, señala:

…Las partes podrán de mutuo acuerdo que conste en autos, suspender la ejecución por un tiempo que determinarán con exactitud, así como también realizar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento de la sentencia.

Vencido el término de la suspensión o incumplido el acuerdo, continuará la ejecución conforme lo previsto en este Título...

(Subrayado y negrillas de este tribunal).

Las disposiciones antes transcritas prevén que la ejecución una vez comenzada continuará de derecho sin interrupción, a menos que la suspensión sea acordada de común acuerdo entre las partes y según lo establecido en el artículo 525 eiusdem.

Establece, también, el citado artículo 532, las excepciones al principio de continuidad de la ejecución; por lo que el auto mediante el cual se decreta la suspensión de la ejecución de una sentencia definitivamente firme o de un acto que tenga el valor de tal, debe estar fundamentado en alguna de las causales que establecen las normas procesales, que tienen como fin proteger la figura jurídica de la cosa juzgada (inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad de la sentencia definitivamente firme), y por ende, garantizar la tutela judicial efectiva de los justiciables que han obtenido un pronunciamiento favorable a sus intereses. Por tanto, al no verificarse los supuestos establecidos en dicha norma, no hay fundamento legal que permita a un juez suspender la ejecución de una sentencia definitivamente firme.

Con respecto a los acuerdos o convenios en fase de ejecución la Sala Constitucional en sentencia de fecha 14 de agosto de 2008, señaló lo siguiente:

“..la “transacción” celebrada por las partes modificando el acto de juzgamiento, tal como se pretendió en el presente caso, no es posible en esta etapa del proceso, primero, porque dicho acto de auto composición procesal [transacción] tiene como finalidad poner fin a un juicio o precaver un litigio eventual, y en el caso de autos había una sentencia definitivamente firme; y segundo, porque el referido artículo 525 eiusdem, lo que permite a las partes es la celebración de actos de composición voluntaria, con respecto al cumplimiento de la condena; disímil a lo celebrado por las partes, que fue un acto de auto composición procesal, denominado “transacción”, lo cual a juicio de esta Sala no procede en etapa de ejecución. Así se decide.” (Subrayado y negrillas de esta Alzada).

Del criterio anteriormente explanado, se infiere la posibilidad en fase de ejecución de realizar actos de composición voluntaria respecto al cumplimiento de la condena, monto éste que debe estar previamente determinado, y si –se insiste- la sentencia definitivamente firme, ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, tales mandatos deben realizarse de manera íntegra, vale decir, realizar por todos los medios legales y jurisprudenciales la experticia complementaria del fallo, para que los montos condenados sean determinados y posteriormente ejecutados.

Por otra parte, al solicitarse la homologación de un acuerdo o convenio en esa fase, en primer término, el Juez de ejecución debe verificar que se trata de un acto de composición voluntaria respecto del cumplimiento de la condena y así proceder a su homologación, entendiéndose por ésta el acto del juez por el cual le da su aprobación, por lo que, la homologación no pertenece a la formación del acto de autocomposición procesal o actos de composición voluntaria, sino a su ejecutabilidad, ya que se trata de un requisito de eficacia del mismo que no cambia su índole sustancial, ni sana sus vicios formales o sustanciales que puedan anularlo, por lo cual, aún homologada, es susceptible de impugnación por los motivos establecidos en el Código Civil.

Por las razones antes expuestas, dentro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, está el derecho a obtener la ejecución de los fallos, de esta manera, los llamados actos de composición voluntaria en fase de ejecución se celebran entre las partes para establecer la forma como deba cumplirse la sentencia definitivamente firme, mas el incumplimiento del acuerdo no puede dar lugar a discusión acerca de la existencia o eficacia de la misma sentencia (autoridad de la cosa juzgada).

En efecto, se desprende de los autos que el acuerdo al cual llegaron las partes en el trámite originario se celebró en la etapa de ejecución de la sentencia definitiva dictada el 20 de marzo de 2012, mediante la cual se declaro por Concluido el presente P.d.P. de conformidad con lo establecido en el artículo 785 del Código de rocedimiento Civil, por lo tanto aunque las partes lo citen como acto de transacción, dicho acto no puede considerarse nunca un contrato de esa especie, por tanto, este juzgador, en cumplimiento con el principio iura novit curia, considera que la convención entre las partes es un acto de composición voluntaria, de los llamados Convenios de Pago en estado de ejecución, y no una transacción propiamente dicha, pues la naturaleza de los contratos en especial y de los negocios jurídicos en general no deriva de la calificación jurídica que las partes otorguen a sus actos, sino del contenido de tales negocios y de la intención de las partes, en consecuencia la calificación que dieron los intervinientes, en modo alguno vincula al juez, quien, en conocimiento del derecho, debe otorgarles la adjetivación jurídica correspondiente.

Ahora bien, respecto a la cualidad y capacidad de las partes, se constata que tanto la parte demandante como el demandado al momento de suscribir el convenio actuaban en su propio nombre debidamente asistidos por abogado, no existiendo en autos impedimento alguno para la disposición de sus derechos.

En razón de lo aquí indicado y previamente revisado el contenido de la actuación in comento, tomando en consideración los términos en que fue planteado el convenimiento, se pudo observar que se convino en que la parte demandada la ciudadana L.J.G.I., antes identificada, cancelara la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (4.400.000,00 Bs.), al demandante el ciudadano F.A.B.P., antes identificado, especificándose en la misma el modo, la forma, tiempo y lugar como la misma va a ser cumplida, así como también se especifican las consecuencias de su incumplimiento

En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado, por cuanto resulta con meridiana claridad concluir que éste convenio de pago reúne los requisitos establecidos en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, le es forzoso impartírsele la correspondiente homologación y así se decide.

-III-

Por todos los razonamientos antes expuesto, este Juzgado Sexto De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario De La Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana De Caracas, en nombre de la República Bolivariana De Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA El CONVENIMIENTO DE PAGO en los mismos términos y condiciones expuestas por las partes, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil quince (2015), años 205º de la independencia y 156º de la federación.

EL JUEZ,

EL SECRETARIO,

Dr. L.T.L.S..

Abg. M.S.U..

En la misma fecha se publicó y registró el presente fallo siendo las 10:05 a.m.

EL SECRETARIO.

LTLS/MSU/Rm*.

ASUNTO: AP11-F-2010-000043

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