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Estamos frente al saqueo de la propiedad privada

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Es muy complicado dar clases de Derecho Constitucional y Derecho Público en las circunstancias que vive Venezuela. Es la reflexión del abogado Antonio Canova sobre los retos que afronta como docente al tener que hablarle a sus alumnos de cómo una expropiación tiene mandatos legales que involucran a los tres poderes públicos tradicionales: Ejecutivo Legilativo y Judical; y cómo se emprende en el país, como con la reciente toma de la empresa Agroisleña.

--¿Ya se puede usar el término confiscación, como señalan algunas personas, o es expropiación como dice el Gobierno? --En Venezuela, desde hace tiempo, no se puede hablar de expropiación porque nunca ocurrieron. Cerca de 1.200 propiedades han sido tomadas por el Estado venezolano en los últimos 5 años de manera forzosa o coactiva.

--¿Entonces son confiscaciones? --Tampoco podemos hablar de confiscación porque esa es una figura que tiene su sentido y está estipulada en la Constitución como pena accesoria de una condena firme por ciertos delitos, específicamente en casos de enriquecimiento ilícito o de tráfico de drogas; entonces los bienes que son fruto de esa actividad ilícita se confiscan, después de que las personas condenadas reciben una sentencia firme, y pasan al Estado para compensar los daños que esos delitos ocasionaron. Ese no es el caso de Agroisleña; más bien sería una confiscación administrativa express, por llamarla de alguna forma, y eso está totalmente al margen de la Constitución, pero en cambio está enmarcada en lo que es el socialismo del siglo XXI.

--¿Sencillamente es una toma de una empresa? --Eso ha ocurrido en todos los sistemas socialistas marxistas sin reconocimiento alguno del derecho de propiedad. El Presidente y su equipo han dicho insistentemente que la única propiedad privada que reconocen es sobre los bienes personales y de consumo, pero no sobre los medios de producción como las empresas, que más bien se considera que deben ser propiedad estatal.

--Se habla de propiedad social.

--Eso es una forma eufemística de llamar la propiedad estatal. Todo lo que se ha presentado en proyectos son propiedades en las que el Estado tiene control efectivo de la empresa y las personas que se designan son nombradas por el Gobierno.

--En el caso de Agroisleña, como en el de otras empre sas, el Ejecutivo recurrió a la adquisición forzosa.

--Esa figura no existe. Es inconstitucional. La expropiación es una adquisición forzosa porque los propietarios se ven forzados a vender debido al...

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