Decisión de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 18 de Mayo de 2007
| Fecha de Resolución | 18 de Mayo de 2007 |
| Emisor | Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. |
| Ponente | Armando Sanchez Rincón |
| Procedimiento | Estabilidad Laboral |
Asunto: VP21-L-2005-190
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Vistos: Los antecedentes.
DEMANDANTE: FRFEDDY O.S.A., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V-4.664.615, domiciliado en el municipio Lagunillas del estado Zulia.
DEMANDADA: sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A. inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 16 de noviembre de 1978, bajo el No. 26, tomo 127-A Sgdo y varias veces reformados sus estatutos sociales, siendo la última de esas modificaciones la que consta ante la mencionada oficina de registro el día 17 de junio de 2003, bajo el No.11, Tomo 14-A Sgdo y domiciliada en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital.
DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES
Ocurre el ciudadano F.O.S.A., debidamente asistido por la profesional del Derecho A.A.S., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula 46.502 e interpuso pretensión por solicitud de ESTABILIDAD LABORAL (CALIFICACIÓN DE DESPIDO Y REEGANCHE A SUS LABORES HABITUALES DE TRABAJO) contra la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., siendo admitida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 06 de octubre de 2005.
Habiendo conocido de la presente causa, en su primera fase los Juzgados Tercero y Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Cabimas, estado Zulia, el día 20 de marzo de 2007, éste último remitió el expediente a este órgano jurisdiccional para la continuación del procedimiento.
Mediante diligencia de fecha 14 de mayo de 2007, el ciudadano F.O.S.A., debidamente asistido por el profesional del derecho V.J.C.C., de este domicilio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matrículas 18.880, desistió del procedimiento que tenía incoado contra la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., solicitando a la vez se homologará el mismo.
Con fecha 17 de mayo de 2007, la profesional del derecho ciudadana D.R.G., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matricula No.46.616, actuando en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., convino en el desistimiento formulado por el ciudadano F.O.S.A..
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
En virtud de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva, prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de donde dimana igualmente el poder tuitivo de los jueces para proteger a los justiciables, antes de homologar o no el acto efectuado en la causa, debe necesariamente este juzgador analizar la conducta procesal asumida por las partes en conflicto en la presente causa.
La transacción, desistimiento y el convenimiento son instituciones jurídicas de naturaleza procesal de que se valen los justiciables para poner fin al litigio y/o el proceso, sin haberse producido la sentencia o máxima decisión procesal o una vez dictada antes de adquirir el carácter de cosa juzgada o después de ello en fase de ejecución de la misma, de manera voluntaria y acordada unilateral o bilateralmente por las partes, toda vez, que el proceso civil está regido por el principio DISPOSITIVO, y que se trate de derechos disponibles donde no esté interesado el interés u orden público; es lo que se conoce, en la doctrina como “Modos Anormales de Terminación del Proceso”.
Estatuye el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:
Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley, en ausencia de disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que, la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente ley
Establece el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez podrá dar por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada de autoridad de cosa juzgada...
. (El subrayado es de la jurisdicción).
Estatuye el artículo 264 ejusdem, lo siguiente:
Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones
. (El subrayado es de la jurisdicción).
Dispone el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil:
El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria
. (El subrayado es de la jurisdicción).
Prevé el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda desistir, transigir, comprometer en arbitro, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades en dinero y disponer del derecho en litigio se requiere facultad expresa
.
Igualmente, el artículo 1688 del Código Civil, establece lo siguiente:
El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración.
Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto que exceda de la administración ordinaria, el mandato debe ser expreso
.
Parafraseando al eximio procesalista patrio A.R.R., “el desistimiento y el convenimiento en la demanda, llamados por la doctrina renuncia o abandono, allanamiento o reconocimiento de la pretensión, constituyen en nuestro derecho, los dos modos unilaterales de auto composición procesal, que ponen fin al proceso y dejan resuelta la controversia con efectos de cosa juzgada”.
Ahora bien, en materia laboral, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la irrenunciabilidad de los derechos laborales, cuando establece que es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos.
La Institución Jurídica de la “Irrenunciabilidad”, se encuentra contenida en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 10 de su Reglamento y persigue garantizar con la prohibición de renuncia, que el trabajador en una negociación contractual disfrute durante su desarrollo de un mínimo inexpugnable sobre el cual no puede haber acuerdo alguno en su perjuicio, pero sí en su mejora. La precisión del legislador tiene como fin garantizar el interés particular del sujeto débil o menos fuerte de la relación laboral y no se vea compelido a dejar de percibir los beneficios que le correspondan y en caso de no recibirlos, pueda exigirlos antes los órganos judiciales y/o administrativos competentes.
La doctrina y los diferentes fallos proferidos por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, han establecido que el trabajador puede desistir del proceso mediante el cual reclama derechos que éste pretende, pero lo que ciertamente resulta inadmisible es que desista de la acción y de su pretensión, pues ello constituye una renuncia evidente a sus derechos, y por lo tanto, equivale a ignorar la protección espacialísima que se comenta, y la cual se destina a resguardar los derechos de ese trabajador frente a los actos del patrono; de lo contrario, se le desmejoraría en cuanto a sus derechos adquiridos se refiere, lo cual no es el espíritu y razón que sobre esa materia tuvo el legislador.
De manera tal, que al estar los derechos laborales amparados por normas constitucionales y legales; y al ser éstos irrenunciables, el trabajador puede desistir del proceso, pero no de la acción y de su pretensión, pues ello implicaría la renuncia a sus derechos, constituyendo entonces, una desmejora de sus derechos adquiridos. Así se decide.
En otro orden de ideas, de los cuerpos normativos contenidos en los artículos 263, 264, 265 y 154 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1688 del Código Civil, aplicables al caso por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, antes trascritos, podemos decir que una vez instaurada una acción judicial con ocasión de la culminación de una relación de trabajo, existe la posibilidad de que las partes realicen un desistimiento respecto de los derechos y deberes que la terminación del contrato engendra o hace exigibles, porque si bien subsiste la finalidad protectora, ésta queda limitada a esos derechos y deberes, y al mismo tiempo prevé una serie de obligaciones, solemnidades y requisitos esenciales para la validez de ese desistimiento.
Ahora bien, cuando el desistimiento es realizado por medio de un representante judicial, se requiere que éste tenga facultades especiales para ello, pues el mandato general o especial solamente le otorga poderes de administración en un determinado juicio, es decir, le concede la facultad de intervenir en cualquier proceso desde su constitución hasta la ejecución de la sentencia definitivamente firme. En fin, implica la facultad de postulación procesal que consiste en desarrollar toda la actividad necesaria para el desenvolvimiento pleno del proceso, con facultades para interponer toda clase de recursos legales; empero para ejercer poderes de disposición en ese proceso, se repite, requiere facultades especiales y la ley exige que sean determinadas expresamente en el texto del mandato.
Los artículos 154 y 264 del Código de Procedimiento Civil, establecen fehacientemente que cuando se pretenda realizar un desistimiento judicial por mandato, el patrocinador forense de cualquiera de las partes, además de tener la capacidad para poder desistir, debe tener la capacidad de disponer del derecho litigioso, ambas en forma concurrentes, pues tal actuación conlleva consigo el efecto jurídico de la cosa juzgada de ese proceso.
En el caso sometido al conocimiento de esta jurisdicción, se evidencia que el documento de poder o mandato que se encuentra inserto en las actas del expediente y acredita la condición de la profesional del derecho D.R.G. como representante judicial de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., solamente expresa que tenía facultad, entre otras, para convenir, transigir, desistir, acciones y procedimientos, comprometer en árbitros, arbitradores o de derecho, solicitar la decisión de la causa según la equidad y disponer del derecho en litigio previa autorización escrita de la Junta Directiva de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., es decir, para desistir y convenir en esta causa requiere una facultad especial para ello, por lo que en lógica consecuencia, la profesional del derecho D.R.G. no está facultada para convenir en el desistimiento formulado por el ciudadano F.O.S.A., habida consideración, se repite, que no le fue conferida la facultad o autorización expresa para desistir y disponer del derecho en litigio, tal como es exigido por los artículos 264 y 154 del Código de Procedimiento Civil; exigencia ésta en la que este órgano jurisdiccional debe ser muy estricto y apegado a la letra de la ley, dado que tal desistimiento, lleva consigo la extinción del proceso y por ende, un eventual menoscabo de los derechos irrenunciables de ese trabajador en este proceso, lo cual trae a su vez como consecuencia jurídica, que el consentimiento y/o conducta procesal asumida por la profesional del derecho ciudadana D.R.G., en nombre y representación de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., al tantas veces desistimiento enunciado, carece de validez y por ende, esta instancia judicial, debe abstenerse de impartirle la homologación correspondiente. Así se decide.
Así las cosas, al no estar debidamente comprobado tal hecho, esta instancia judicial no puede proceder a la aprobación del desistimiento del procedimiento formulado por la representación judicial de la parte demandada, pues se repite una vez más, no puede desistir de un proceso quién no tenga facultad o autorización expresa para convenir en el desistimiento formulado por el ciudadano F.O.S.A. y a la vez, para disponer del objeto de la controversia. Así se decide.
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
se abstiene de HOMOLOGAR, el acto de auto composición procesal >, celebrado el día 14 de mayo de 2007 por el ciudadano F.O.S.A. y por la profesional del derecho D.R.G., en su condición de patrocinadora forense de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., hasta tanto sean subsanadas las formalidades esenciales señalada en el cuerpo de este fallo.
se abstiene de ordenar el archivo del expediente y su remisión al archivo judicial para su custodia y cuido.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
Se deja constancia que la parte actora, estuvo asistido judicialmente por el profesional del derecho ciudadano V.J.C.C., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula 18.880, domiciliado en jurisdicción del municipio Cabimas del estado Zulia y la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., estuvo representado por las profesionales del derecho ciudadanas D.R.G., Y.P.G. y EGLIS MARCANO GONZÁLEZ, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matrículas 46.616, 72.686 y 65.180, todos domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.
Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas, a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil siete (2007). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
El Juez,
A.J.S.R.
La Secretaria,
D.M.A.
En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando registrado bajo el No. 303-2007.
La Secretaria,
D.M.A.
