Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 14 de Marzo de 2006

Con relación a las documentales cursantes en copias fotostáticas simples privadas a los folios 11 al 17, y en copia certificada a los folios 53 al 61 todos de la primera pieza principal del Expediente, este tribunal por cuanto las mismas no fueron tachadas ni impugnadas en su oportunidad legal, las valora como demostrativas de lo siguiente:

Que el ciudadano E.F.M.L., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.541.664, y de este domicilio, ostenta la titularidad del inmueble constituido por una extensión de terreno y las bienhechurias allí construidas, ubicado en la avenida B.E., distinguido con el No. 264, en esta ciudad de Maracay, Municipio Girardot del Estado Aragua, y cuya extensión de terreno tiene una superficie aproximada de un mil doscientos veintiún metros cuadrados (1.221 m2), comprendida dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: En trece metros con cincuenta y cinco centímetros (13,55 m), con la avenida Bolívar que es su frente; Sur: En trece metros con veintiocho centímetros (13,28 m), con inmueble que es o fue de la sucesión Salinas, José y P.S.; Este: En ochenta y cuatro metros con siete centímetros (84,07 m) con inmueble que es o fue propiedad del ciudadano A.S.; y Oeste: En ochenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros (84,61 m), con inmueble que fue propiedad del ciudadano J.C. y la sucesión Sánchez.

Documental esta que se valora conforme a lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a la documental cursante a los folios 18 al 24 en copias fotostáticas simples privadas, que corre inserta en copias certificadas a los folios 62 al 72 de la primera pieza principal del Expediente, este tribunal por cuanto la misma no fue tachada ni impugnada en su oportunidad legal, la valora como demostrativa de que el ciudadano J.C.F., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.241.516, y de este domicilio, ostentaba la titularidad del inmueble constituido por una extensión de terreno y las bienhechurias allí construido, ubicado en la Avenida B.E., distinguido con el No. 262, antes 182, en esta ciudad de Maracay, Municipio Girardot del Estado Aragua, que fue propiedad de IMPERMEABILIZADORA VENEZOLANA, S.R.L. (IMPERVEN, S.R.L.), el cual tiene una superficie aproximada de un mil trescientos veintitrés metros cuadrados (1.323 m2), documento que se encuentra protocolizado por ante la Oficina del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, bajo el Nº 29, folios 84 al 87, Protocolo Primero, Tomo 3 de fecha 14 de abril de 1997.

Con relación a la documental cursante en copias fotostáticas simples privadas a los folios 268 al 270 de la primera pieza principal del Expediente, que corre en copias certificadas a los folios 14 al 18 de la segunda pieza principal del Expediente, este tribunal por cuanto la misma no fue tachada ni impugnada en su oportunidad legal, la valora como demostrativa de que la sociedad mercantil INVERSIONES CAMPOY TOMAS, C.A., ostenta la titularidad del referido inmueble constituido por una extensión de terreno y las bienhechurias allí construido, ubicado en la Avenida B.E., distinguido con el No. 262, en esta ciudad de Maracay, Municipio Girardot del Estado Aragua, que fue propiedad de los ciudadanos J.C.F. y N.T.D.C., el cual tiene una superficie aproximada de un mil trescientos veintitrés metros cuadrados (1.323 m2), documento que se encuentra protocolizado por ante la Oficina del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, bajo el Nº 20, folios 58 al 60, Protocolo Primero, Tomo 13 de fecha 02 de junio de 1999.

Documentales estas que se valoran conforme a lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil y que es el colindante con el inmueble propiedad de la parte actora, y que ambos son los que la parte actora refiere sobre los cuales se produjo una unificación fáctica (material) para que pudiese funcionar la compañía AUTO TOURING C.A y sobre los cuales manifiesta la parte actora ser el objeto material de la vinculación contractual verbal locativa.

Con respecto a la documental cursante en copias fotostáticas simples privadas a los folios 25 al 34, y que rielan en copias certificadas a los folios 73 al 83, todos de la primera pieza principal del Expediente, este tribunal por cuanto las mismas no fueron tachadas ni impugnadas en su oportunidad legal, las valora como demostrativas de la personalidad y de la personería jurídica de la Sociedad Mercantil: AUTO TOURING C.A., parte demandada en el presente procedimiento, de las cuales se desprende que: la referidas sociedad se encuentra inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 19 de mayo de 1995, anotado bajo el Nº 49, Tomo 688-B, y que de acuerdo al ActA DE Asamblea Extraordinaria de la misma, registrada ante dicha oficina en fecha 30 de Julio de 1998, bajo el N° 24, Tomo 29-A, el ciudadano J.C.F., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.241.516, ostenta el carácter de Presidente de la Junta Directiva y le fueron conferidas las siguientes facultades o atribuciones, conforme a la Cláusula Décima Tercera de sus estatutos sociales, que es del tenor siguiente: “A) Organizar la contabilidad de la compañía a fin de que esta sea llevada con arreglo a la ley y a los principios generales de contabilidad ; B) Presentar a la Asamblea General de Accionista, en sus reuniones ordinarias, un informe detallado y razonado de la operaciones mercantiles efectuadas y de la situación financiera de la compañía, haciendo las recomendaciones que sean necesarias; C) Hacer practicar, en la oportunidad que corresponda, un inventario de bienes de la sociedad, formular el balance de la compañía, etc.; D) Distribuir las utilidades habidas en el ejercicio económico-fiscal; E) Convocar y presidir las Asambleas de Accionistas; y F) Ejercer cualquier otra función no atribuida expresamente a algún órgano de la sociedad, especialmente la relacionada con la administración del personal que labora para la compañía.” Valoración que se efectúa conforme a las disposiciones del artículo 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil. Y así se declara y decide.

Con respecto a la documental cursante en copias certificadas a los folios 84 al 87 de la primera pieza principal del Expediente, que la parte actora invoca como fundamental de su pretensión, este tribunal observa que las mismas se refieren a un contrato celebrado ante la Notaría Pública Quinta de Maracay, en fecha 10 de Julio de 1998, inserto bajo el N° 19, Tomo 211, de los Libros de Autenticaciones llevados por la mencionada Notaría, entre el ciudadano E.F.M.L. y el ciudadano J.C.F., antes identificados, quienes procediendo en sus caracteres de personas jurídicas naturales, expresaron entre otras cosas lo siguiente:

“…1.- Conforme consta de instrumentos debidamente otorgado y protocolizados en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Autónomo Girardot del Estado Aragua, en fechas 14 de Abril de 1987, bajo el No. 29, Tomo 3 del Protocolo Primero y 24 de noviembre de 1998, bajo el No. 21, Tomo 10 del Protocolo Primero, somos, cada uno, los legítimos propietarios de los siguientes bienes inmuebles: a.- El mencionado J.C.F., del constituido por la extensión de terreno y las bienhechurias allí construidas, ubicado en la avenida B.E., No. 262, antes 182, en jurisdicción del Municipio Autónomo Girardot del Estado Aragua, en esta ciudad de Maracay; la extensión de terreno tiene una superficie aproximada de un mil trescientos veintitrés metros cuadrados (1.323 M2) y se encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: En veinte metros (20 m), con la avenida Bolívar; Sur: Con terrenos que son o fueron propiedad del otrora denominado Banco Obrero, hoy, Instituto Nacional de la Vivienda; Este: En sesenta y seis metros con quince centímetros (66,15 m), con casa que es o fue propiedad del ciudadano R.C.; y Oeste: En sesenta y seis metros con quince centímetros (66,15 m), con casa que es o fue propiedad del ciudadano A.L.; y b.- El ciudadano E.F.M.L., del constituido por la extensión de terreno y las bienhechurias allí construido, ubicado en la Avenida B.E., No. 264, en jurisdicción del Municipio Autónomo Girardot del Estado Aragua, en esta ciudad de Maracay; la extensión de terreno tiene una superficie aproximada de un mil noventa y cuatro metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados (1.094,85 M2) y se encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: En trece metros con cincuenta centímetros (13,50 m), con la avenida Bolívar; Sur: En trece metros con veintiocho centímetros (13,28 m), con inmueble que es o fue propiedad del ciudadano Sawain Santos; Este: En ochenta y un metros con diez centímetros (81,10 m), con inmueble que es o fue propiedad del ciudadano A.S.; y Oeste: En ochenta y un metros con diez centímetros (81,10 m), en parte con el inmueble deslindado anteriormente, propiedad de J.C. y la Sucesión Sánchez. 2.- Los deslindados inmuebles en razón de su ubicación, son contiguos; razón por la cual, tomando en cuenta que hasta el día 05 de mayo de 1998, fuimos accionistas de la sociedad de comercio “Auto Touring C.A.”, debidamente constituida e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 19 de mayo de 1995, bajo el No. 49 del Tomo 688-B, decidimos, a los fines de que funcionara el Establecimiento de Comercio propiedad de dicha compañía, permitimos la unión material de ambos inmueble, de tal suerte que parecieran uno solo.- 3.- Ahora bien, por cuanto en fecha 05 de mayo de 1998, el mencionado E.F.M.L., dejó de ser accionista de la mencionada sociedad de comercio, merced a la cesión que de sus acciones hizo en favor del mencionado J.C.F., en este acto hemos convenido en separar e individualizar cada uno de los inmuebles deslindados en los numerales “1” y “2” de este documento; razón por la cual se procederá a construir, con dinero que aportaremos en partes iguales y conforme al costo de las obras necesarias, tanto la correspondiente pared divisoria que separe a ambos inmuebles, de tal manera que cada uno de nosotros ejerza, sin limitación de alguna naturaleza, los derechos nos son inherentes a nuestra condición de propietarios, como el cerramiento de todas y cada una de las puertas que se encuentran ubicadas a lo largo de la pared divisoria que, en la parte posterior, actualmente permiten la comunicación de ambos solares; queda entendido que en el área de exhibición, se construirá igualmente la correspondiente pared divisoria y sus columnas correspondientes.- 4.- Queda expresamente entendido que, al producirse la separación material de ambos inmuebles, también se hará la separación de los servicios públicos o privados que se prestan a cada uno de ellos y que los gastos que se causen con ocasión de lograr la separación total y definitiva de dichos inmuebles, será sufragado por nosotros en partes iguales, como se estableció anteriormente.- 5.- Con el objeto de lograr la separación e individualización de cada inmueble, las partes quedan comprometidas, desde ya, a realizar, cada uno por su parte, las gestiones tendientes a obtener los correspondientes “presupuestos de obras” en los cuales se indique el monto o costo de las obras que se ejecutarán con tal finalidad.- Queda entendido que la obtención de tales “presupuestos de obras”, se hará dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días a contar de la fecha en que se suscribe este documento; igualmente queda entendido que las partes, con la finalidad de otorgar la buena “pro”, a la persona natural o jurídica que realizará dichas obras, tomarán en cuenta tanto el mejor precio, como la seguridad y responsabilidad en la ejecución de los trabajos a realizarse.- 6.- Independientemente de lo dispuesto en el numeral anterior, es decir, lo relacionado con la ejecución de las obras tendientes a la separación total y definitiva de ambos inmuebles, el ciudadano J.C.F., supra identificado, queda obligado a entregar, total y definitivamente desocupado de bienes y personas, el inmueble cuya propiedad ejerce el ciudadano E.F.M.L., supra identificado, en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendarios, contados a partir de la fecha en que se suscribe el presente instrumento.- En consecuencia queda obligado a entregar el inmueble completamente desocupado de los bienes muebles que allí se encuentran y que pertenecen a la sociedad de comercio “Auto Touring C.A.”; quedando obligado, en consecuencia, instalar, dentro del inmueble de su propiedad, los equipos y demás instalaciones que, actualmente, se encuentran dentro del inmueble que se entregará dentro del plazo señalado.- 7.-Independientemente de las obligaciones que asume el ciudadano J.C.F., las cuales se han establecido anteriormente, las partes quedan comprometidas a gestionar y obtener el documento liberatorio de la garantía hipotecaria que existe actualmente sobre el inmueble propiedad de E.F.M.L., quedando, en consecuencia, el ciudadano J.C.F., a no utilizar el crédito que originó la constitución de la garantía hipotecaria, so pena de indemnizar los daños y perjuicios que se causen al propietario del inmueble.- Así lo decidimos y otorgamos…”

Con respecto a dicha documental éste Tribunal observa que fue suscrita entre la parte actora ELISEO FRUCTIDOR MATEU LA RIVA y el ciudadano: J.C.F., ambos en forma personal y no en representación de alguna persona jurídica moral, como por ejemplo la parte demandada AUTO TOURING, C.A., y por ende es claro que dicha documental se manifiesta como emanada de la parte actora que la hace valer y de un tercero a la causa –como se dijo- que lo es el ciudadano J.C.F., y en consecuencia debió la promovente complementar la misma, mediante la prueba testimonial de éste último, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y no lo hizo así, razón por la cual este Tribunal debe desechar dicha documental.

Ahora bien, como quiera que el alegato de la parte actora, para hacer valer la referida documental, se soporta en que del contenido del mismo se evidencian circunstancias que atañen a otras personas distintas a las suscriptoras, y que por ello manifiesta que el tercero J.C.F., expresó una voluntad tácita en nombre y representación de la parte demandada AUTO TOURING, C.A., de una especie de “mutuas concesiones” que reconocen, reglan y vinculan locativamente a ésta última con la parte actora, por cuanto manifiesta que el referido ciudadano J.C.F., ostentaba para el momento de suscribir el referido contrato la personería jurídica de la demandada y por ende con capacidad para representarla y obligarla, no obstante que dichos alegatos no lo autorizan para dejar de complementarla conforme a lo expresado anteriormente, lo cierto es que de autos no consta que ello sea así, puesto que tal condición de representante de la demandada la ostenta desde el día 30 de Julio de 1998, como consta en las pruebas analizadas en este “CAPÍTULO IV, DEL MATERIAL PROBATORIO, TERCERO” de esta sentencia y el contrato a que se hace referencia en este numeral fue suscrito de manera autenticada, como se dijo, en fecha 10 de Julio de 1998, y es evidente que tal representación no puede surtir efectos hacia el pasado. Por otro lado, aún y cuando las estipulaciones a favor o en contra de terceros no suscriptores de los contratos pudieran tener efectos, es necesario en tal caso la anuencia de ese tercero que si los cumple voluntariamente o reconoce puede surtir sus efectos contra él y el suscriptor, pero en caso contrario sólo da acción contra su suscriptor promitente del hecho del tercero no aceptante; razón por la cual este Tribunal analizada la documental considera que la misma debe ser desechada en el presente procedimiento y no darle valor a los fines de soportar las pretensiones aquí ejercidas, por no cumplir con la carga probatoria complementaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 431 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con respecto a las documentales cursantes en copias certificadas a los folios 90 al 168 de la primera pieza principal del Expediente, y que fueron incorporadas en este expediente por traslado, este tribunal las valora como demostrativas de que por ante el extinto Juzgado Primero de Parroquia (ahora Juzgado Segundo) de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., cursa el Expediente N° 2542 contentivo de un “Procedimiento de Consignación Arrendaticia” en el cual la Sociedad Mercantil AUTO TOURING, C.A., en fecha 13 de noviembre de 1998, manifestó que consignaba conforme al Artículo 5to. Del Decreto Legislativo Sobre Desalojo de Viviendas, aplicable por analogía a los locales comerciales en cuanto a considerarla en estado de solvencia, ante ese Tribunal la cantidad de Bs. 250.000,oo a favor del ciudadano E.F.M.L., titular de la Cédula de Identidad Nº 4.541.664, por concepto del canon de arrendamiento correspondiente al mes de octubre de 1998, manifestando ser el canon de arrendamiento mensual convenido para el inmueble ubicado en la Avenida B.E., distinguido con el Nº 264 en esta ciudad de Maracay, Estado Aragua, todo ello conforme a las disposiciones del artículo 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil. Y así se declara y decide.

Con respecto a la documentales que se mencionan como “Relación de Canones insolventes con inflación e intereses” y “Relación de Alquileres cancelados en el Inmueble de la Av. Intercomunal con Inflación e Intereses”, cursante a los folios 169 al 174, todos de la primera pieza principal del Expediente, este tribunal no las valora por cuanto las mismas no aparecen firmadas por persona alguna y se manifiestan como “aclaratorias o ampliaciones” del quantum monetario inherentes a pretensiones ejercidas por la parte actora y no como una prueba de algunos de los hechos contro y contravertidos, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con respecto a las documentales cursantes en copias fotostáticas simple privadas a los folios 175 al 239 de la primera pieza principal del Expediente, en concordancia con la declaración rendida por el ciudadano R.M., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.670.014, en fecha 23 de febrero de 2006 cursante a los folios 95 al 101, de la segunda pieza principal del Expediente, en la cual depuso lo siguiente:

“…PRIMERA: Diga el testigo si es propietario de un inmueble ubicado en la avenida Intercomunal S.M., en la parcela 16, de los locales 1-A y 3-B, sentido Turmero Maracay del Municipio S.M. delE.A.? Contestó: Si. SEGUNDA: Diga el testigo si los inmuebles indicados en la primera pregunta están actualmente arrendados a la empresa MAXIAUTO C.A., representada por el Sr. E.M.? Contestó: Si. TERCERA: Diga el testigo si reconoce como suya la firma que aparecen en los instrumentos privados, marcados K y K1, del folio 52 y 57 de la segunda pieza como emanada de él en su carácter de arrendador de los precitados inmuebles? Contestó: (El tribunal deja constancia que fue puesto a la vista del testigo las documentales cursantes a los folios 52 y 57 de la segunda pieza) Si es mi firma. CUARTA: Diga el testigo si reconoce como suya los recibos que corren insertos desde el folio 175 al 239 de la primera pieza del cuaderno principal? Contestó: (El tribunal deja constancia que fue puesto a la vista del testigo las documentales cursantes a los folios 175 al 239 de la primera pieza del cuaderno principal) Si son mías. QUINTA: Diga el testigo si el contrato de arrendamiento que aparece marcado “K” desde el folio 48 al 52, y que reconoció como suya su firma, se celebró con la empresa S.M. y que estuvo representada dicha empresa por el ciudadano E.M.L., el cual pongo a su vista? SEXTA: Diga el testigo la razón por la cual emitió los recibos que fueron reconocidos por su persona? Contestó: Para cobrar el alquiler. SEPTIMA: Diga el testigo si los montos señalados en los distintos recibos reconocidos por Usted, se corresponden con el canon de arrendamiento acordado entre su persona y la empresa MAXIAUTO y S.M., representadas por el ciudadano E.M. en los contratos de arrendamientos suscritos entre su persona y dichas empresas? Contestó: Si es correcto. OCTAVA: Diga el testigo si durante todo el tiempo que ha mantenido la relación arrendaticia desde el 01 de septiembre de 1998, hasta la presente fecha, con las empresas MAXIAUTO y S.M., el ciudadano E.M.L., ha suscrito los distintos contratos de arrendamiento en representación de dichas empresas? Contestó: Si es correcto. NOVENA: Diga el testigo si conoce de vista trato y comunicación al ciudadano J.C.? Contestó: Si. DECIMA: Diga el testigo si posee algún tipo de compadrazgo o vínculo consanguíneo o amistad intima con el referido ciudadano que le impida dar testimonio cierto en este acto? Contestó: No. DECIMA PRIMERA: Diga el testigo si sabe y le consta que en fecha 01 de septiembre de 1998 suscribió un contrato de arrendamiento con la empresa S.M. representada por el ciudadano E.M.L.? Contestó: Si. Es todo. Acto seguido, ejerce el derecho a repreguntar el ciudadano J.C.F., antes identificado, asistido por el abogado MANUEL BIEL MORALES, Inpreabogado N° 36.075 y expone: “PRIMERA: Diga el testigo si en muchas oportunidades ha compartido familiarmente con el ciudadano J.C.F., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.241.516, y de este domicilio? … por lo que releída la repregunta al testigo contestó: Si. SEGUNDA: Diga el testigo si en razón de haber compartido familiarmente con el ciudadano J.C.F., mayor de edad, y de este domicilio, existe entre ellos una vieja, duradera, fuerte y gran amistad? … Acto seguido, el tribunal oídas las exposiciones de las partes acuerda que el testigo conteste la repregunta, salvo su apreciación en la definitiva, por lo que releidole la pregunta contestó: “Me citaron para la confirmación de la firma del documento, lo cual es cierto, no para discutir el grado de amistad entre ambos”. TERCERA: Diga el testigo si al folio 186 de la pieza 1 del presente expediente Usted la manifestó a este tribunal que reconocía su firma estampada en dicho instrumento? Contestó: Hay 10 años de contrato y ¿me vas a poner a revisar firmar por cada recibo mensualmente? No. No hay firma en dicho recibo, hay muchos recibos que no tienen firma pero si el pago de dicho recibo. CUARTA: Diga el testigo si la firma que aparece al recibo identificada con el N° 0512, folio 197, 198, 199, 200, 202, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222 y 223, es su rubrica estampada en dicho instrumento? Contestó: (Acto seguido, el tribunal deja constancia que pone a la vista del testigo las referidas documentales cursantes a los folios 197, 198, 199, 200, 202, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222 y 223) No lo es pero es la de mi esposa que es la que recibe el dinero. QUINTA: Diga el testigo si en los recibos que rielan a los folios 203, 204, 215, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, no aparece su rubrica estampada en los mismos? Contestó: (Acto seguido, el tribunal deja constancia que pone a la vista del testigo las referidas documentales cursantes a los folios 203, 204, 215, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239) No, no aparecen. SEXTA: Diga el testigo si en los mencionados recibos cursantes a los folios 203, 204, 215, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, usted ingresó al fisco nacional el concepto derivado al Impuesto al Valor Agregado? Contestó: Si ingresó al fisco nacional. SEPTIMA: Diga el testigo si en los recibos que corren a los folios 186, 187, 188, 190, no está estampada su firma o rubrica? Contestó: (Acto seguido, el tribunal deja constancia que pone a la vista del testigo las referidas documentales cursantes a los folios 186, 187, 188, 190) No, no están…”.

Ahora bien, observada y analizada cuidadosamente la declaración antes transcrita y las documentales señaladas, este tribunal no las valora y las desecha, ya que, si bien no fueron tachados dichos medios de pruebas, y que en la respuesta a la pregunta “cuarta” formulada por la parte promoverte, el referido ciudadano R.M., reconoció en su contenido y firma todas las documentales que fueron puestas a su vista cursantes a los folios 175 al 239 –como se dijo-, el mismo entró en una evidente contradicción al responder las repreguntas “tercera”, “cuarta”, “quinta” y “séptima” formuladas por el abogado asistente de la parte demandada, que determinan lo siguiente:

1. - En cuanto a la documentales o Recibos Nº 05/12, 06/12, 07/12, 08/12, 09/12, 10/12, 11/12, 12/12, 01/12, 03/12 y 04/12 cursantes a los folios 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 y 185, no obstante que el testigo depuso concordemente que reconocía su contenido y su firma estampada en el mismo, lo cierto es que se trata de un recibo de cancelación de canones de arrendamiento a favor de la Sociedad Mercantil S.M.`S, que es un tercero a la causa y no la parte actora, razón por la cual este tribunal las desecha por cuanto las posibles erogaciones o pagos efectuadas por dicha sociedad no pueden ser aprovechadas en este proceso por la parte actora, como demostrativa de hechos contro y contravertidos. Y así se declara y decide.

2. - En cuanto a la documentales o Recibos Nº 05/12, 06/12, 08/12 y Facturas Nº 0012 y 0022, cursantes a los folios 186, 187, 188, 203 y 204, este tribunal observa que las mismas no contienen firmas algunas a reconocer y por lo tanto es de imposible complementación en tal sentido, pero que en todo caso, lo cierto es que se trata de recibos de cancelación de canones de arrendamiento a favor de la Sociedad Mercantil S.M.`S, que es un tercero a la causa y no la parte actora, razón por la cual este tribunal las desecha por cuanto las posibles erogaciones o pagos efectuadas por dicha sociedad no pueden ser aprovechadas en este proceso por la parte actora, como demostrativa de hechos contro y contravertidos. Y así se declara y decide.

3. - En cuanto a la documentales o Recibos Nº 05/12, 06/12, 07/12, 08/12 y Facturas S/N visible, 0027 y 0034, cursantes a los folios 197, 198, 199, 200, 202, 205 y 206 este tribunal observa que el testigo depuso contradictoriamente en el sentido de primero los reconoció y luego manifestó que no era su firma la estampada en ellos sino de su esposa y por lo tanto es de imposible complementación por su parte en tal sentido, pero que en todo caso, lo cierto es que se trata de recibos de cancelación de canones de arrendamiento a favor de la Sociedad Mercantil S.M.`S, que es un tercero a la causa y no la parte actora, razón por la cual este tribunal las desechas por cuanto las posibles erogaciones o pagos efectuadas por dicha sociedad no pueden ser aprovechadas en este proceso por la parte actora, como demostrativa de hechos contro y contravertidos. Y así se declara y decide.

4. - En cuanto a la documentales o Facturas Nº 0038, 0045, 0054, 0058, 0063, 0069, 0075, 0082, 0095, 0100, 0105, 0109, 0114, 0128 y 0138, cursantes a los folios 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222 y 223, este tribunal observa que el testigo depuso contradictoriamente en el sentido de primero los reconoció y luego manifestó que no era su firma la estampada en ellos sino de su esposa y por lo tanto es de imposible complementación por su parte en tal sentido, pero que en todo caso, lo cierto es que se trata de recibos de cancelación de canones de arrendamiento a favor de la Sociedad Mercantil MAXI AUTO, CA, que es un tercero a la causa y no la parte actora, razón por la cual este tribunal las desechas por cuanto las posibles erogaciones o pagos efectuadas por dicha sociedad no pueden ser aprovechadas en este proceso por la parte actora, como demostrativa de hechos contro y contravertidos. Y así se declara y decide.

5. - En cuanto a la documentales o Facturas Nº 0090, 0121, 0152, 0156, 0160, 0163, 0168, 0174, 0179, 0185, 0187, 0192, 0196, 0202, 0207, 0209, 0217 y 0221, cursantes a los folios 215, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 y 239, este tribunal observa que las mismas no contienen firmas algunas a reconocer y por lo tanto es de imposible complementación en tal sentido, pero que en todo caso, lo cierto es que se trata de recibos de cancelación de canones de arrendamiento a favor de la Sociedad Mercantil MAXI AUTO, C.A., que es un tercero a la causa y no la parte actora, razón por la cual este tribunal las desecha por cuanto las posibles erogaciones o pagos efectuadas por dicha sociedad no pueden ser aprovechadas en este proceso por la parte actora, como demostrativa de hechos contro y contravertidos. Y así se declara y decide.

Por todo lo anterior, este tribunal desecha dichas documentales cursantes a los folios 175 al 239 de la Primera Pieza Principal del Expediente y la declaración del ciudadano R.M., conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 431, 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a las documentales cursantes en copias fotostáticas simple privadas a los folios 290 al 311 y 323 al 345, todos de la primera pieza principal del Expediente, y que algunas de ellas corren en copias certificadas a los folios 84 al 88 de la segunda pieza principal del Expediente, este tribunal no obstante que las mismas se prestan a confusión toda vez que no coinciden los números del expediente por referirse a nomenclaturas de distintos Tribunales, como se evidencia de sus carátulas (folios 323, 324, 325 y 326), lo cierto es que se rewfieren a copias certificadas del Expediente N° 8446, nomenclatura del Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., en el que aparece como parte actora el ciudadano E.F.M.L. y como parte demandada, la Sociedad Mercantil AUTO TOURING, C.A. y el ciudadano J.C., por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y en el referido procedimiento la parte actora “desistió del procedimiento”, el cual fue homologado por el Juzgado antes mencionado y que en copia simple corre al folio 342 de la primera pieza del Expediente, las cuales no fueron tachadas ni impugnadas en su oportunidad y por lo cual las valora como demostrativas de la existencia del procedimiento señalado, de conformidad a las disposiciones establecidas en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a las siguientes documentales: 1°) Las copias fotostáticas simples privadas cursantes a los folios 271 al 278 de la primera pieza principal del Expediente y que corren en copias certificadas de los folios 19 al 44 de la segunda pieza principal del Expediente, este tribunal no las valora por cuanto observa que las mismas se refieren al Acta Constitutiva y Estatutos de la Sociedad Mercantil: INVERSIONES CAMPOY TOMAS C.A., la cual es un tercero a la causa, no guardan relación de pertinencia sobre los hechos contro y contravertidos en cuanto al fondo del asunto, ya que, fue incorporado para soportar solicitud de medidas preventivas y sobre el cual ya se pronunció este Tribunal en el Cuaderno de Medidas correspondiente, todo ello conforme a las disposiciones del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a las documentales cursantes en copias fotostáticas simple privadas cursantes a los folios 45 al 47, de la segunda pieza principal del Expediente, este tribunal no las valora por cuanto observa que las mismas se refieren a un Contrato de arrendamiento celebrado entre el ciudadano R.M. y la Sociedad Mercantil MAXIAUTO C.A., los cuales –ambos- son terceros a la causa, que aún y cuando fue promovida la prueba testimonial de uno de sus suscriptores, ciudadano R.M. y que éste lo reconoció en su contenido y firma, no se hizo lo propio con respecto a la Sociedad Mercantil MAXIAUTO C.A., en consecuencia debió la promovente complementar la misma, mediante la prueba testimonial de ésta último, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y no lo hizo.

Por otro lado, como se dijo- aún y cuando las estipulaciones a favor o en contra de terceros no suscriptores de los contratos pudieran tener efectos, es necesario en tal caso la anuencia de ese tercero que si los cumple voluntariamente o reconoce puede surtir sus efectos contra él y el suscriptor, pero en caso contrario sólo da acción contra su suscriptor promitente del hecho del tercero no aceptante; razón por la cual este Tribunal analizada la documental considera que la misma debe ser desechada en el presente procedimiento y no darle valor a los fines de soportar las pretensiones aquí ejercidas, por no cumplir con la carga probatoria complementaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 431 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a la documental original cursante a los folios 48 al 52, de la segunda pieza principal del Expediente, este tribunal no las valora por cuanto observa que las mismas se refieren a un Contrato de arrendamiento celebrado entre el ciudadano R.M. y la Sociedad Mercantil S.M.`S, los cuales –ambos- son terceros a la causa, que aún y cuando fue promovida la prueba testimonial de uno de sus suscriptores, ciudadano R.M. y que éste lo reconoció en su contenido y firma, no se hizo lo propio con respecto a la Sociedad Mercantil S.M.`S, en consecuencia debió la promovente complementar la misma, mediante la prueba testimonial de ésta último, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y no lo hizo.

Por otro lado, como se dijo- aún y cuando las estipulaciones a favor o en contra de terceros no suscriptores de los contratos pudieran tener efectos, es necesario en tal caso la anuencia de ese tercero que si los cumple voluntariamente o reconoce puede surtir sus efectos contra él y el suscriptor, pero en caso contrario sólo da acción contra su suscriptor promitente del hecho del tercero no aceptante; razón por la cual este Tribunal analizada la documental considera que la misma debe ser desechada en el presente procedimiento y no darle valor a los fines de soportar las pretensiones aquí ejercidas, por no cumplir con la carga probatoria complementaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 431 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a la documental original cursante a los folios 53 al 57, de la segunda pieza principal del Expediente, este tribunal no las valora por cuanto observa que las mismas se refieren a un Contrato de arrendamiento celebrado entre el ciudadano R.M. y la Sociedad Mercantil MAXI-AUTO C.A., los cuales –ambos- son terceros a la causa, que aún y cuando fue promovida la prueba testimonial de uno de sus suscriptores, ciudadano R.M. y que éste lo reconoció en su contenido y firma, no se hizo lo propio con respecto a la Sociedad Mercantil MAXI-AUTO C.A., en consecuencia debió la promovente complementar la misma, mediante la prueba testimonial de ésta último, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y no lo hizo.

Por otro lado, como se dijo- aún y cuando las estipulaciones a favor o en contra de terceros no suscriptores de los contratos pudieran tener efectos, es necesario en tal caso la anuencia de ese tercero que si los cumple voluntariamente o reconoce puede surtir sus efectos contra él y el suscriptor, pero en caso contrario sólo da acción contra su suscriptor promitente del hecho del tercero no aceptante; razón por la cual este Tribunal analizada la documental considera que la misma debe ser desechada en el presente procedimiento y no darle valor a los fines de soportar las pretensiones aquí ejercidas, por no cumplir con la carga probatoria complementaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 431 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a la documental o copias certificadas cursante a los folios 58 al 65 de la segunda pieza principal del Expediente, este tribunal no las valora por cuanto observa que las mismas se refieren al Acta Constitutiva y Estatutos de la Sociedad Mercantil: MAXIAUTO, C.A., quien es un tercero a la causa, y por ende no fue invocado por la parte actora para hacer valer su condición de representante legal o Presidente de ésta, ya que, si así lo hubiere efectuado sería un integrante de ese hipotético litisconsorcio activo – que no existe- y ni siquiera para desembarazarse de la carga complementaria probatoria antes mencionadas y por lo tanto luce impertinente al mérito de la causa, todo ello conforme a las disposiciones del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a la declaración cursante a los folios 105 y 106 de la segunda pieza principal del Expediente, rendida por el ciudadano R.M., antes identificado, este Tribunal la desecha y no la valora por cuanto la misma es tendente a ratificar en contenido y firma las documentales que rielan a los folios 45 al 57 de la segunda pieza principal del Expediente, que -como se dije- son documentos emanados de terceros sobre los cuales la parte promovente no se desembarazó de su carga probatoria complementaria de promover y evacuar la testimonial de los otros terceros suscriptores S.M.`S y MAXI AUTO, C.A, todo ello conforme a las disposiciones de los artículos 431, 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara y decide.

Con relación a la Inspección Judicial cursante a los folios 108 al 113 de la segunda pieza principal del Expediente, este Tribunal la valora como demostrativa de que en el inmueble donde se constituyó el Tribunal ubicado en la Avenida Bolívar N° 264, de esta ciudad de Maracay, Estado Aragua, sus paredes, piso y techos se encuentran en visible estado de deterioro; igualmente se dejó constancia de los objetos o bienes muebles que se encontraban dentro del referido inmueble y que el mismo no estaba ocupado por persona alguna y se encontraba bajo la guarda y custodia de la parte actora por virtud de la ejecución de una medida cautelar de secuestro dictada por este Tribunal, conforme a las disposiciones de los artículos 472 y siguiente y 509 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Artículo 1428 del Código Civil. Y así se declara y decide.

CAPITULO V:

SOBRE LA CUESTIÓN PREVIA:

Con relación a la cuestión previa contenida en el ordinal 8 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto, este Tribunal considera pertinente transcribir parcialmente la fundamentación realizada por el representante legal de la parte demandada en el Capítulo I del Escrito de Contestación de la demanda, presentado en fecha 08 de febrero de 2006, de la siguiente manera:

… Promuevo en nombre de mi representada, la cuestión previa prevista en el artículo 346 ordinal 8 del Código de Procedimiento Civil venezolano, en efecto, conforme se evidencia de las copias que se anexan cursa expediente signado con el Nro. 8846, por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y M.B.I. del estadoA., demanda o acción intentada por el ciudadano E.F.M.L., contra la sociedad mercantil AUTO TOURING C.A., en relación al inmueble constituido por 1.- Que el inmueble constituido por la extensión de terreno y las bienhechurias allí construidas, ubicado en la avenida Bolívar, Este, distinguido con el No. 264, en jurisdicción del Municipio Autónomo Girardot del Estado Aragua, en esta ciudad de Maracay, y cuya extensión de terreno tiene una superficie aproximada de un mil doscientos veintiún metros cuadrados (1.221 m2), comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: En trece metros con cincuenta y cinco centímetros (13,55 m), con la avenida Bolívar que es su frente; Sur: En trece metros con veintiocho centímetros (13,28 m), con inmueble que es o fue de la sucesión Salinas, José y P.S.; Este: EN ochenta y cuatro metros con siete centímetros (84,07 m) con inmueble que es o fue propiedad del ciudadano A.S.; y Oeste: En ochenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros (84,61 m), con inmueble que fue propiedad del ciudadano J.C. y la sucesión Sánchez.- Inmueble este que es el objeto principal de la acción intentada a que se contrae la presente demanda. En consecuencia, no habiendo concluido tal procedimiento, debe prosperar la presente cuestión previa y así se solicita...

.

Visto lo anterior y a los efectos de una mayor claridad de la decisión, siguiendo las orientaciones del Dr. R.H.L.R., en su Código de Procedimiento Civil, Tomo III, Pág. 60, puede decirse:

(Omissis)...b) La prejudicialidad puede ser definida como el juzgamiento esperado, que compete darlo a otro juez, sobre un punto que interesa o involucra la premisa menor (quoestio facti) del silogismo jurídico del fallo que ha de darse en el proceso en el cual se suscita dicha prejudicialidad. El punto imprejuzgado atañe a la causa presente, por que requiere de una calificación jurídica que compete exclusivamente a otro juez; permaneciendo entre tanto incierto el hecho específico real que debe ser subsumido a las normas sustantivas dirimidoras del asunto.

Hay prejudicialidad civil sobre lo penal cuando, pendiente el juicio de anulación de matrimonio, el Juez penal deba aguardar la calificación jurídica de la decisión en sede civil, para determinar si ha habido bigamia. Hay prejudicialidad penal sobre lo civil, cuando es menester esperar el calificativo de culpable o inocente del reo en el proceso criminal, a los fines de juzgar los daños resarcibles en sede civil.... (Omissis)

Por su parte el Dr. D.T.I., (Cuestiones Previas y Contestación de Demanda, Caracas, 2001, Pág. 89), expresa:

(Omissis)...a) Generalidades

La prejudicialidad supone una decisión previa que debe influir necesariamente en un proceso distinto, tal como lo afirma la norma contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del C.P.C.... (Omissis)

b)....Requisitos

Como puede colegirse del contenido del numeral 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es necesario para la procedencia de la cuestión previa de prejudicialidad que hayan dos juicios en curso, uno de los cuales debe influir indefectiblemente en la decisión del otro; pues, como dice R.G.: “Si un procesado por bigamia, sostiene la nulidad del primer matrimonio, no puede haber condenación criminal sin que antes una sentencia en lo civil sobre la validez del primer matrimonio, haya pasado en autoridad de cosa juzgada”.

Al referirse a estos requisitos de la cuestión prejudicial, la extinta Corte Suprema de Justicia dictaminó:

JURISPRUDENCIA

La existencia de una cuestión prejudicial pendiente, contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, exige lo siguiente:

a) La existencia de una cuestión vinculada con la materia de la pretensión a ser debatida ante la jurisdicción civil.

b) Que esa cuestión curse en un procedimiento distinto de aquél en que se ventilará dicha pretensión.

c) Que la vinculación entre la cuestión planteada en el otro proceso y la pretensión reclamada en el presente proceso, influya de tal modo en la decisión de ésta, que sea necesario resolverla con carácter previo, a la sentencia del juez civil, sin posibilidad de desprenderse de aquélla...

(subrayado y negritas son de este tribunal).

Y, por último, se hace necesario traer a colación la jurisprudencia emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 25 de junio de 2002, con Ponencia del Magistrado HADEL MOSTAFÁ PAOLINI, Exp. N° 0002, S. N° 0885, en la cual se estableció lo siguiente:

(Omissis)...En el caso bajo análisis podemos observar que, si bien es cierto lo alegado por la parte accionada de que existen ante esta Sala Político Administrativa varios recursos de nulidad en contra de la Resolución Nº DG-14919 de fecha 28 de diciembre de 1998, mediante la cual se pasan a situación de retiro a partir del 1º de enero de 1997 a varios oficiales del ejército y entre los cuales se mencionan al Coronel E.J.V.Q. (parte recurrente en el presente juicio) y los cuales fueron acumulados por esta Sala Político Administrativa según decisión de fecha 10 de octubre de 2001, no es menos cierto que, la parte recurrente en la presente demanda por cobro de bolívares, no es parte en esos recursos de nulidad interpuestos, ya que su reclamación se fundamenta en la diferencia de asignación de antigüedad que debió habérsele cancelado por los treinta (30) años de servicios prestados a la institución, y no en la nulidad de dicha resolución, más aún, dichos recursos de nulidad en contra de la referida Resolución, son recursos contenciosos de efectos particulares, y como consecuencia, en caso de ser declarados con lugar recaería dicha decisión a favor de cada uno de los que interpusieron dichos recursos, por lo que esta Sala debe declarar sin lugar la prejudicialidad alegada por la parte demandada. Así se decide.... (Omissis)

(subrayado y negritas son de este tribunal)

Con vista a la doctrina y a la jurisprudencia citada, se hace necesario determinar si los requisitos de impretermitible cumplimiento para la procedencia o no de la cuestión previa alegada han sido agotados:

Así tenemos que en el presente Expediente N° 38.003, la parte actora, es el ciudadano: E.F.M.L., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.541.664 y de este domicilio y; la parte demandada es la Sociedad Mercantil AUTO TOURING, C.A., representada por el ciudadano J.C.F., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.241.516 y de este domicilio, y el motivo lo es por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO cuyo objeto material es un terreno y las bienhechurias allí construidas, ubicado en la Avenida B.E., N° 264, en Maracay, Municipio Girardot del Estado Aragua.

Con relación a las documentales cursantes en copias fotostáticas simple privadas a los folios 290 al 311 y 323 al 345, todos de la primera pieza principal del Expediente, y que algunas de ellas corren en copias certificadas a los folios 84 al 88 de la segunda pieza principal del Expediente, este tribunal no obstante que las mismas se prestan a confusión toda vez que no coinciden los números del expediente por referirse a nomenclaturas de distintos Tribunales, como se evidencia de sus carátulas (folios 323, 324, 325 y 326), lo cierto es que se refieren a copias certificadas del Expediente N° 8446, nomenclatura del Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., en el que aparece como parte actora el ciudadano E.F.M.L. y como parte demandada, la Sociedad Mercantil AUTO TOURING, C.A. y el ciudadano J.C., por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y en el referido procedimiento la parte actora “desistió del procedimiento”, el cual fue homologado por el Juzgado antes mencionado y que en copia simple corre al folio 342 de la primera pieza del Expediente, antes valoradas como demostrativas de la existencia del procedimiento señalado, pero que en todo caso, de ellas no se desprende los datos referentes al contrato cuya resolución en ese procedimiento se pretende, ni el bien inmueble objeto del mismo.

De las señaladas copias se desprende que el Expediente referido por la parte demandada para alegar la prejudicialidad como cuestión previa, se encuentra terminado en virtud de la homologación del desistimiento del procedimiento (rectius= instancia) formulado por la parte actora, razón por la cual mal podría producirse una decisión allá que influya aquí en la decisión que pudiera tomar este tribunal con relación a las pretensiones manifestadas por el actor, ya que el procedimiento que se siguió en el referido Juzgado de Municipio se encuentra como se dijo, terminado por homologación del desistimiento de la instancia, y de autos no se evidencia que se haya ejercido contra dicha sentencia homologatoria recurso alguno que haga presumir a este Juzgado que la misma haya sido impugnada y pueda ser revocada a los efectos de que dicho procedimiento subsista como medio para solventar el conflicto intersubjetivo surgido entre los aquí parte actora y parte demandada, por lo que este Tribunal considera que no existe la posibilidad de que se produzca una decisión en ese otro procedimiento que por demás está ya terminado, que tenga un vinculo con este procedimiento y que a su vez que sea capaz de influir sustancialmente sobre el fondo del asunto a ser decidido en este, que de existir sería en todo caso un alegato de “cosa juzgada” y ésta no fue alegada ni como cuestión previa ni como defensa de fondo y este Tribunal no puede entrar a analizarla, por lo que es forzoso concluir para este Tribunal que la referida cuestión previa contenida en el ordinal 8° del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es manifiestamente improcedente y así lo declarará este Tribunal más adelante. Y así se declara y decide.

En razón de lo anterior, este tribunal considera que la cuestión previa planteada debe ser declarada sin lugar, condenar a la parte demandada en costas procesales por este medio de defensa infructuoso y así lo declarará este Tribunal en la dispositiva, por lo que de conformidad con lo establecido en la Ley Especial que rige la materia pasará a pronunciarse al fondo de la controversia. Y así se declara y decide.

CAPITULO VI:

SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES:

1. DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS:

Según nuestro Código Civil:

Artículo 1133: “El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico”.

El Artículo 1134: “El contrato es unilateral, cuando una sola de las partes se obliga; bilateral, cuando se obligan recíprocamente”.

El Artículo 1135: “El contrato es a título oneroso cuando una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente; es a título gratuito o de beneficencia cuando una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente.”

El Artículo 1140: “Todos los contratos, tengan o no denominación especial, están sometidos a las reglas generales establecidas en este Título, sin perjuicio de las que establezcan especialmente en los Títulos respectivos para algunos de ellos en particular, en el Código de Comercio sobre las transacciones mercantiles y en las demás leyes especiales.”

El Artículo 1159: “ Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley.”

Este texto sirve a un mismo tiempo –como bien lo explica JOSÉ MELICH-ORSINI-

“... para consagrar el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de la intangibilidad del contrato, llamado también por algunos escritores “principio del contrato-ley”, en cuanto homologa la fuerza obligatoria del contrato entre las partes a la propia ley. Por lo mismo que el contrato es una expresión de la voluntad soberana de los contratantes, quienes no pueden equivocarse o cometer injusticia alguna desde el momento en que concurren los presupuestos racionales que la ley postula para que ellos generen obligaciones válidas (capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, objeto lícito, causa, etc.), se concluye que en lo que en él se estipule debe reputarse tan sagrado como la propia ley, y aún más sagrado para las propias partes que si lo estipulara el legislador, pues por tratarse de una ley particular que ellas se han dado a sí mismas y a la que se han sometido libremente, en ejercicio de su propia soberanía, resultaría una contradicción lógica admitir que su voluntad fuera sustituida por la de otro sujeto. El Principio tendría además un fundamento moral: “el respeto a la palabra dada” (pacta sunt servanda). Resulta patente que cuando se predica el respeto incondicionado a la palabra dada, la ley desarrolla más bien el principio consagrado en el Artículo 97 de la Constitución –correlativo al actual artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y dicho principio no se encuentra actualmente no derogado por no estar en contradicción- al evitar que quien tiene una legítima expectativa para contar con la buena fe o lealtad de quien le prometió algún bien o algún servicio necesario al desenvolvimiento de su propia iniciativa o actividad empresarial, puede verse defraudado o perjudicado al pretender sustraerse éste último a sus compromisos por su mero capricho. ¿ Qué otra cosa perseguimos, en verdad, cuando intentamos adelantarnos a lo porvenir y sustraernos a los ciertos cambios de la economía mediante la celebración de contratos que nos garanticen la estabilidad de los suministros y precios de los bienes, insumos o servicios, sin los cuales no podría mantenerse la empresa que hemos fundado y cuyas mismas bases de subsistencia dependen de una cierta fijeza en los datos económicos que hemos utilizado para realizar nuestros cálculos?

De modo que, como lo dice Messineo, con otras palabras, “la ejecución del contrato es definitiva, es decir, es algo irrevocable y no sujeto a ser materia de arrepentimiento. Lo que las palabras hacen en la ejecución del contrato válido, causa estado y no puede ser reducido a la nada, a menos que el contrato esté, por cualquier razón destinado a caer...”.

El referido Código Civil en el Artículo 1579, establece:

El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a la aquella

De dicho concepto se observan sus caracteres fundamentales:

1. Se trata de un contrato bilateral en cuanto surgen obligaciones correspectivas y simultáneas para arrendador y arrendatario.

2. Es oneroso y conmutativo, en cuanto a que las prestaciones se tienen como equivalentes.

3. Consensual, pues se perfecciona con el consentimiento de las partes.

4. Origina obligaciones principales para arrendador y arrendatario.

5. De tracto sucesivo, esto, es que las obligaciones correspectivas no se cumplen en un momento único.

Ahora bien, haciendo un análisis de lo expresado por la parte actora en su demanda, tenemos que NO INDICA en forma expresa cuando se inició la relación o vinculo arrendaticio entre las partes, y solo menciona que es propietario del inmueble objeto del contrato de arrendamiento ubicado en la Avenida B.E. Nº 264 de esta Ciudad de Maracay, Estado Aragua desde el día 24 de noviembre de 1988 y que unos terceros a la causa, ciudadanos J.C.F. y N.T.D.C., lo eran de un inmueble colindante y contiguo ubicado en la Avenida B.E. Nº 262 (antes 182) de esta Ciudad de Maracay, Estado Aragua desde el día 14 de abril de 1987, y que por la circunstancia de que la parte actora y el tercero J.C.F., eran accionistas en la parte demandada Sociedad Mercantil AUTO TOURING, C.A., fueron destinados a servir de sede de ésta última, que consta en autos que fue constituida y adquirió personalidad jurídica mediante acta registrada en fecha 19 de mayo de 1995, anotada bajo el No. 49, Tomo 688-B ante el registro Mercantil del Estado Aragua, y por lo cual antes de ésta última fecha es imposible que haya podido iniciarse y aunado a lo expresado por la parte actora, este Tribunal entiende que el mismo alega que la relación se inició desde la misma fecha de constitución de la demandada.

Por lo que haciendo una retrospección de las normas vigentes para dicha época en que presuntamente pudo haberse iniciado la relación locativa entre las partes, es decir, el 19 de mayo de 1995, se encontraban vigentes las siguientes leyes, reglamentos y decretos: Ley de Regulación de Alquileres del 1º de agosto de 1960, Ley de Reforma Parcial de la Ley de Regulación de Alquileres del 2 de enero de 1987, Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas del 27 de septiembre de 1947, Reglamento de la Ley de Regulación de Alquileres y del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Vivienda del 5 de febrero de 1972, Resolución Nº 3729 del Ministerio de Fomento del 1º de julio de 1976, Decretos Nos. 513 y 576 de fechas 6 de enero y 14 de abril de 1971, Decreto Nº 298 de fecha 15 de junio de 1989, Decreto Nº 1493 del 18 de marzo de 1987 y otras regulaciones como el Código Civil.

Y la Ley de Regulación de Alquileres, en su Artículo 18, que encabezaba el Capítulo en el cual se ubicaba y que servía de regla interpretativa a todo régimen que dicha ley, establecía:

Las disposiciones de esta ley son de Orden Público. Son nulas todas las convenciones contrarias a lo que la misma establece sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que dicha infracción diere lugar.

Así indicaba la norma anteriormente transcrita, que las cargas que la ley especial impone a las partes en el contrato de arrendamiento son de obligatorio cumplimiento y que no pueden validamente concertarse acuerdos en sentido contrario, por cuanto las mismas quedan afectadas de nulidad.

Establecido este principio rector del régimen inquilinario, se observa que sus disposiciones legales establecían:

Artículo 1: “Los canones de arrendamiento de viviendas urbanas y suburbanas, de locales comerciales e industriales y otros destinados a fines que no sean los especificados, ya sean arrendados totalmente o por partes, y sus anexos y accesorios, quedan sujetos a regulación en los términos establecidos en esta ley.”

Artículo 4: “Los arrendadores o sub-arrendandadores de los inmuebles a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, no podrán darlos en arrendamiento o sub-arrendamiento, en todo, o en parte, hasta tanto el Organismo competente haya hecho la fijación de los canones o pensiones de arrendamiento máximos, ni estipular o percibir mayor cantidad a la fijada.

PARÁGRAFO ÚNICO: Aquellos inmuebles que aún no hubiesen sido regulados, podrán ser arrendados o sub-arrendados, previa autorización del Organismo encargado de la regulación, por un canon de arrendamiento convencional, sin perjuicio de las normas establecidas en materia de reintegros en el artículo 15 de esta Ley.”

Artículo 8: “El arrendatario o sub-arrendatario no estará obligado a pagar alquileres que excedan a la cantidad máxima mensual, que haya fijado el Organismo regulador. Los pagos que el sub-arrendatario o arrendatario hagan en exceso de esa cantidad se considerarán indebidos y estarán sujetos a repetición, en los términos señalados en la presente Ley, sea quien fuere la persona que los hubiere percibido o haya de devolverlos, sin perjuicio de las penas que tal infracción acarreare a sus autores. El exceso de este pago será liquidado por los Organismos encargados de la regulación al efecto de la repetición. La resolución que se dicte en este sentido tendrá el carácter de título ejecutivo.”

Así pues el Artículo 4 mencionado, establecía que los arrendadores no podían dar los inmuebles en arrendamiento, hasta tanto el organismo regulador competente haya hecho la fijación de los canones, siendo las consecuencias del no-cumplimiento de esta normativa: a) La nulidad de la cláusula contraria a la Ley; y b) la aplicación a los infractores de las sanciones establecidas en la Ley.

Y la misma Ley de Regulación de Alquileres, daba la solución para los casos en que se haya omitido la regulación previa del canon máximo a cobrar y la solicitud de permiso provisional mientras se regulaba el referido canon, estableciendo su Artículo 29, lo siguiente:

Si por ocultamiento o por cualquier otra causa imputable al arrendador o sub-arrendador no se hubiere hecho la fijación del alquiler máximo, se procederá de inmediato, a hacer dicha fijación y si resultare inferior a la que venía pagando el arrendatario o subarrendatario, éste tendrá derecho al reintegro de la diferencia entre lo fijado y lo realmente percibido por el arrendador o subarrendador. La liquidación será hecha por el Organismo Regulador.

Ahora bien, el Decreto con rango y fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, al entrar en vigencia el 01 de enero del 2000, derogó todas las disposiciones inquilinarias antes mencionadas y las que la contradigan, incluida la Ley de Regulación de Alquileres, conforme a su artículo 93.

Pero a pesar de su derogatoria, las disposiciones del Artículo 18 de la Ley de Regulación de Alquileres, antes mencionado, coinciden con lo dispuesto en el Artículo 7 del nuevo Decreto-Ley, cuando establece:

Los derechos que la presente Ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios son irrenunciables. Será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos

.

De lo cual se puede colegir que todas las disposiciones de la derogada Ley de Regulación de Alquileres, y el Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios eran y son de Orden Público, respectivamente, y con base a ello, las disposiciones relativas a la fijación de canones de arrendamiento eran y son de Orden Público.

Así el Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, establece:

Artículo 2 “Los canones de arrendamiento o subarrendamiento de los inmuebles destinados a vivienda, comercio, industria, oficina y otros; y los accesorios que con ellos se arrienden, quedan sujetos a regulación bajo las condiciones determinadas en esta Ley.”

Artículo 58: “En los inmuebles sometidos a regulación conforme al presente Decreto-Ley, quedará sujeto a repetición todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por los organismos competentes.”

Artículo 60: “El reintegro se referirá a los sobrealquileres cobrados desde la fecha de iniciación del contrato hasta la fecha de la regulación que resultare definitivamente firme”

Con respecto a éstas disposiciones legales, el autor J.G. (Ley de Alquileres, páginas 5, 6, 15, 16 y 39), ha expresado:

... De la necesidad de regular el alquiler escapan los edificios construidos después de 1987 y las viviendas que tengan un valor superior a 12.500 unidades tributarias (ver artículo 4). Los demás inmuebles están sujetos a regulación, aunque no existe ninguna disposición en la Ley que obligue a regular el alquiler para poder alquilar un inmueble. El artículo 2 dice que los inmuebles están sujetos a regulación; pero esta declaración tan general no contiene en sí una obligación específica de regular el alquiler antes de que exista un contrato de arrendamiento, cosa que la misma ley en su artículo 60 lo presupone...

La presente ley no trae como lo hacía anteriormente, un permiso especial para que el propietario pueda dar en alquiler su propiedad antes de obtenerse la regulación. Esto significa que tendrá que esperar mucho tiempo, inclusive meses, en algunos casos en que se presenten desacuerdos en relación con el avalúo del inmueble. Pero el artículo 60 da a entender que se puede alquilar mientras se espera el resultado de la regulación...

Por otra parte el artículo 58 no prevé el caso de que no se haya dictado la regulación del alquiler. Si el inquilino ha ido pagando el alquiler acordado con el dueño y el apartamento resulta que no esta regulado, falta la base para pedir reintegro pues no se puede saber si el alquiler es o no excesivo. Hay que esperar a que se fije la regulación para ver cuanto tendría que devolver el arrendador (art. 60) si tal es el caso...

Este atemperamiento surge sociológicamente en la búsqueda del equilibrio de valores fundamentales entre la figura del arrendador y el arrendatario expresadas en la Exposición de Motivos del Decreto-Ley, y jurisprudencialmente a raíz de la Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 07 de Agosto de 1.997, con ponencia de la Dra. H.R.D.S., al excluir del trámite de la previa autorización administrativa las demandas de “desocupación”, cualquiera que fuere el fundamento aducido, cuando el arrendamiento tuviera por objeto locales de comercio y afines, cuyo destino no sea satisfacer la necesidad de vivienda permanente del inquilino, que para esa época en forma indirecta afectaba a los arrendamientos de inmuebles “No Vivienda”, por la interpretación jurisprudencial –abandonada- de la tramitación de desocupaciones de inmuebles de uso “No Vivienda” por las previsiones del Decreto Legislativo Sobre Desalojo de Vivienda, cuyo artículo 1, exigía la “regulación previa del canon máximo de arrendamiento” para proceder.

2. - DEL TIEMPO DEL VINCULO o RELACIÓN ARRENDATICIA Y PROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES:

   En el presente caso, la parte actora no probó de manera fehaciente que la relación o vinculo locativo existente entre ellas se haya iniciado de manera escrita ni por un tiempo determinado, razón por la cual este Tribunal entiende que la relación o vinculo existente entre ellas es un contrato de arrendamiento efectuado de manera verbal y por tiempo indeterminado, lo cual es expresamente reconocido por el actor en su reforma de la demanda. Y así se declara y decide.

   Este Tribunal considera que existe esa relación o vinculo locativo, no obstante que la parte demandada no lo admitió expresamente y más por el contrario lo negó expresamente, debido a que de acuerdo a las documentales cursantes en copias certificadas a los folios 90 al 168 de la primera pieza principal del Expediente, antes valorada, la parte demandada Sociedad Mercantil AUTO TOURING, C.A., dio irregularmente –por lo antes expresado en cuanto a las regulaciones de este tipo de contratos- inicio a un “Procedimiento de Consignación Arrendaticia”, en fecha 13 de noviembre de 1998, por ante el extinto Juzgado Primero de Parroquia (ahora Juzgado Segundo) de los Municipios Girardot y M.B.I. delE.A., en el Expediente N° 2542, y manifestó que lo efectuaba conforme al Artículo 5to. Del Decreto Legislativo Sobre Desalojo de Viviendas, manifestando que lo hacía por ser supuestamente aplicable por analogía a los locales comerciales en cuanto a considerarla en estado de solvencia, ante ese Tribunal la cantidad de Bs. 250.000,oo a favor del ciudadano E.F.M.L., titular de la Cédula de Identidad Nº 4.541.664, por concepto del canon de arrendamiento correspondiente al mes de octubre de 1998, manifestando ser el canon de arrendamiento mensual convenido para el inmueble ubicado en la Avenida B.E., distinguido con el Nº 264 en esta ciudad de Maracay, Estado Aragua.

   Ahora bien, como quiera que la parte actora alegó que en dicha relación ambas partes acordaron poner término al mismo mediante un convenio suscrito en fecha 10 de Julio de 1998, autenticado por ante la Notaría Pública de Maracay, anotado bajo el Nº 19, Tomo 211, antes desechado, por cuanto el mismo fue suscrito entre la parte actora ELISEO FRUCTIDOR MATEU LA RIVA y el ciudadano: J.C.F., ambos en forma personal y no en representación de alguna persona jurídica moral, como por ejemplo la parte demandada AUTO TOURING, C.A., y por ende es claro que dicha documental se manifiesta como emanada de la parte actora que la hace valer y de un tercero a la causa –como se dijo- que lo es el ciudadano J.C.F., y alegando que éste expresó una voluntad tácita en nombre y representación de la parte demandada AUTO TOURING, C.A., de una especie de “mutuas concesiones” que reconocen, reglan y vinculan locativamente a ésta última con la parte actora, al punto de establecerse una fecha de finalización del contrato de arrendamiento, de cuyo incumplimiento alegado dice deriva sus pretensiones, lo cierto es que de autos no consta que el referido ciudadano J.C.F., ostentaba para el momento de suscribir el referido contrato la personería jurídica de la demandada y por ende no tenía capacidad para representarla y obligarla, puesto que tal condición de representante de la demandada la ostenta desde el día 30 de Julio de 1998, como consta en las pruebas analizadas anteriormente y el contrato a que se hace referencia fue suscrito -como se dijo-, en fecha 10 de Julio de 1998, por lo cual es evidente que tal representación no puede surtir efectos hacia el pasado y no es posible jurídicamente darle tal carácter para dicha fecha ni entender manifestada la voluntad de la sociedad mercantil demandada en dicho contrato de fecha 10 de julio de 1998 mencionado. Y así se declara y decide.

   Por otro lado, aún y cuando las estipulaciones a favor o en contra de terceros no suscriptores de los contratos pudieran tener efectos, es necesario en tal caso la anuencia de ese tercero que si los cumple voluntariamente o reconoce puede surtir sus efectos contra él y el suscriptor, pero en caso contrario sólo da acción contra su suscriptor promitente del hecho del tercero no aceptante; y en este caso, evidentemente ese tercero no ha aceptado las obligaciones impuestas por la parte demandada en ese contrato autenticado en fecha 10 de Julio de 1998, y por ende la parte actora no ha demostrado fehacientemente su alegato de que la parte demandada había consentido en dar fecha de vencimiento a la relación locativa existente entre las partes y por consecuencia, tampoco que la parte demandada haya incumplido con sus contraprestaciones así supuestamente establecidas. Y así se declara y decide.

   En definitiva observa este Tribunal que la parte actora no cumplió con su carga procesal de demostrar los hechos en que soporta su pretensión, más aún en el Capítulo referente al análisis del material probatorio de esta decisión, fue desechado el medio probatorio alegado por ella para probar dicho aserto, de fecha 10 de Julio de 1998, por inactividad probatoria complementaria, razón por la cual el alegato de la parte actora de que la demandada había convenido en dar por terminado el contrato de arrendamiento y entregar el inmueble y que a su vez, incumplió dichas obligaciones es improcedente y así lo declarará este Tribunal enseguida. Y así se declara y decide.

   Por otro lado, con respecto a las pretensiones accesorias de indemnización de daños y perjuicios por lucro cesante y daño emergente, representadas en las cantidades de Bs. 148.680.000,oo, por la perdida sufrida en la esfera de su patrimonio, la cual obtuvo de restar a la cantidad de Bs. 164.930.000,oo que es el monto global que dice sufragó por el alquiler que ha venido cancelando (sic) ininterrumpidamente en la sede actual donde desempeña su actividad comercial, la cantidad que también demanda de Bs. 16.250.000,oo por concepto de canones insolutos hasta diciembre de 2005 y que dice adeuda la demandada por el arrendamiento del inmueble deben ser declaradas improcedentes, puesto que las hace derivar inmediatamente de la circunstancia no probada de que se convino en el referido documento de fecha 10 de Julio de 1998, en establecer una fecha para la culminación del contrato de arrendamiento y consiguiente entrega material del mismo y en el caso especifico de la indemnización por la perdida sufrida en la esfera de su patrimonio por haber sufragado el alquiler ininterrumpidamente en la sede actual donde desempeña su actividad comercial, en todo caso, tampoco demostró que tales gastos o erogaciones se hubieren efectuado, caso en el cual éste tribunal hubiera considerado entrar a analizar su posibilidad o no de acordarla y como tampoco lo hizo este Tribunal no considera inoficioso analizarlo y así lo declarará este Tribunal enseguida. Y así se declara y decide.

   Con relación a su pretensión de entrega material del inmueble totalmente desocupado, no obstante que en su fundamentación jurídica alegó tener aplicación el Artículo 34 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, lo cierto es que el mismo indicó que ello lo hacía derivar de “…, tal y como fuera acordado en el documento de fecha 10 de julio de 1999…”, y no consta en autos que en documento alguno de esa fecha se haya acordado entre las partes tal desocupación y entrar a analizar este Tribunal otras circunstancias, como serían de que efectivamente esta probada la relación locativa entre las partes por un tiempo indeterminado y no consta el pago de los canones de arrendamientos por la cantidad de Bs. 250.000,oo mensuales desde el mes de Agosto de 1999 hasta diciembre de 2005, ambos inclusive que pudiera dar lugar al “desalojo” conforme al Artículo 34 eiusdem, lo cierto es que así no lo peticionó y acordarlo sería una indebida incongruencia negativa de esta decisión a favor de la parte actora, que causaría un desequilibrio procesal no permisible en contra del débil jurídico de la relación como lo es el arrendatario y por consecuencia, este Tribunal no lo puede hacer. Y así se declara y decide.

   Por último, en cuanto a la solicitud de indexación o ajuste monetario por la inflación, es claro que al no proceder el pago de las cantidades por concepto de indemnización por lucro cesante y daño emergente, tampoco es procedente acordar las mismas. Y así se declara y decide.

   Por las razones antes expuestas, este Tribunal considera que en el presente caso, la pretensión de la parte actora debe ser desechada o declarada improcedente, con expresa condenatoria en costas procesales, y así lo hará este Tribunal enseguida. Y así se declara y decide.

   Se dejan a salvo las “acciones” para hacer valer otras “pretensiones” no dilucidadas en este procedimiento, tanto de las partes contra ellas o contra terceros, en virtud de lo antes expresado.

   DISPOSITIVA

   Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

1. - LA NULIDAD PARCIAL DEL AUTO DE ADMISIÓN DE LA ÚLTIMA REFORMA DE LA DEMANDA de fecha 24 de enero de 2006, y consecuentemente se revoca la orden de emplazamiento personal en cuanto al ciudadano J.C.F., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.241.516 y de este domicilio,

2. - SIN LUGAR: la cuestión previa opuesta por la parte demandada y contenida en el Ordinal 8 del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto.

   Por haber resultado totalmente vencida la parte demandada en cuanto a este medio de defensa, se le condena al pago de las costas procesales, conforme a lo establecido en los Artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.

3. - SIN LUGAR la demanda interpuesta el ciudadano E.F.M.L., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.541.664, y de este domicilio, contra la Sociedad Mercantil AUTO TOURING C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 19 de mayo de 1995, bajo el N° 49, Tomo 688-B, representada por su Presidente, ciudadano: J.C.F., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.241.516, por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

   Por haber resultado totalmente vencida la parte actora en la pretensión principal, se le condena al pago de las costas procesales, conforme a lo establecido en los Artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil seis (14-03-2006) Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

   EL JUEZ,

   Dr. PEDRO III PÉREZ

   EL SECRETARIO,

   Abg. LEONCIO VALERA

   En la misma fecha se cumplió lo ordenado y se publicó y registró la presente decisión siendo las 03:25 p.m. y se libraron boletas de notificación.

   EL SECRETARIO,

   Abg. LEONCIO VALERA

   Exp. Nº 38.003

   PIIIP/lv/

   Estación08/Portátil/