Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 31 de Mayo de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

Mediante escrito presentado ante la Unidad de Recepción y distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo en fecha 05 de octubre de 2004, y recibido en el despacho de la Secretaría de las C.P. y Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 06 de octubre del mismo año, la abogada SHARINE FERNÁNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Número 87.975, actuando en su carácter de apoderada judicial de la FUDACIÓN PARA EL TRANSPORTE POPULAR EN EL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (FUNTRAPEN), interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad, contra la P.A. Nº 424-2004, de fecha 26 de agosto de 2004, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro, Los Teques del Estado Bolivariano de Miranda.-

En fecha 06 de octubre de 2004, se dió cuenta la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, y se designó Ponente al Juez Jesús David Rojas Hernández (ver folio 30 del expediente judicial).-

Seguidamente en fecha 25 de noviembre de 2004, se dictó sentencia del referido recurso, ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se declaró Con Lugar la solicitud de calificación de despido, reengache y pago de salarios caídos del ciudadano J.F.P.M., titular de la cedula de identidad Nº V.-4.054.502 (ver folios 32 al 39 del expediente judicial).-

En fecha 26 de octubre de 2009, se dictó auto mediante el cual en fecha 06 de noviembre de 2006, se constituyó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, abocándose al conocimiento de la presente causa conforme a lo establecido en el artículo 90 de la del código de Procedimiento Civil. Asimismo se reasignó en esta misma fecha la ponencia al ciudadano Juez Alejandro Soto Villasmil (ver folio 42 del expediente judicial).-

En fecha 04 de noviembre de 2009, se dictó de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo la declinatoria de competencia a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital (ver folios 44 al 56 del expediente judicial).-

En fecha 19 de marzo de 2010, fue recibido ante este Juzgado el presente expediente (ver folio 76 del expediente judicial).-

I

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente aprecia este sentenciador que la presente causa versa sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por la abogada SHARINE FERNÁNDEZ, antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la FUDACIÓN PARA EL TRANSPORTE POPULAR EN EL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (FUNTRAPEN), contra la P.A. Nº 424-2004, de fecha 26 de agosto de 2004, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro, Los Teques del Estado Bolivariano de Miranda el cual en fecha 23 de marzo de 2010, este Juzgado le dio entrada y ordenó solicitar a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, la remisión de los antecedentes administrativos del caso.-

En tal sentido, corresponde a este Juzgado emitir pronunciamiento sobre la presente causa y al respecto observa:

El artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, nos consagra la figura de la perención de la instancia de la siguiente manera:

Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas

.

La normativa anterior nos consagra una institución clásica del derecho procesal, la cual ha sido definida por la doctrina como un medio de terminación procesal que opera por la no realización, en un período mayor de un año de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, o cuando se verifica alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra la institución de la perención breves para específicos supuestos en los que la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos sensiblemente inferiores al de un año.-

Dicha figura tiene la finalidad de evitar que los procesos se perpetúen y los Tribunales se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas, en las cuales no existe ningún tipo de interés de los sujetos de la litis.

En este aspecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 2.148, de fecha 14 de septiembre de 2004 (caso: F.H.-Linares), señaló lo siguiente:

“…La norma que se transcribió persigue que, de oficio, el tribunal sancione procesalmente la inactividad de las partes, sanción que se verifica de pleno derecho una vez que se comprueba el supuesto de hecho que la sustenta, esto es, el transcurso del tiempo.

(…Omisis…).

En concreto, es el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la norma que debe aplicarse en estos casos, el cual establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”…”

No obstante lo anterior, quiere destacar este sentenciador que la mencionada institución jurídica no es aplicable a aquellos supuestos bajo los cuales la inactividad de las partes se presenta antes que el Tribunal emita pronunciamiento sobre la admisión de una determinada causa y así lo ha dejado sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1270 de fecha 09 de diciembre de 2010, (caso: C.V.), en la cual se indicó lo siguiente:

Determinada la competencia para decidir, esta Sala observa que de las actas que conforman el expediente, se verifica que desde la interposición del escrito contentivo de la acción de nulidad -28 de octubre de 2009- ha existido una total inactividad en el presente procedimiento de nulidad, previo a la admisión de la demanda, situación que evidencia ausencia de actividad procesal por más de un año.

En atención a lo expuesto, se aprecia que el actor no demostró que existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado, interés el cual debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma.

En este orden de ideas, se aprecia que el interés procesal, no basta con ser demostrado con la interposición de una determinada demanda sino que el mismo debe ser continuo a lo largo del devenir del proceso, ya que su falta de demostración acarrea la consecuencia de la extinción de la acción, declaratoria la cual puede ser declarada, incluso de oficio por los órganos jurisdiccionales (Vid. Sentencia de esta Sala n° 956/2001 y 1649/2009).

Así pues, esta Sala ha establecido que la presunción de la pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia (Vid. Sentencia de la Sala n° 2673/2001), por lo que, siendo que en el presente caso, el demandante no actuó con posterioridad a la interposición de la demanda de nulidad, demostrando una falta de interés procesal en la resolución de la misma, previo a la emisión de un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda, se aprecian que concurren las condiciones para la declaratoria de la perdida de interés en la presente causa por el no impulso de la misma.

En razón de ello, se declara la pérdida del interés procesal, y en consecuencia, el abandono del trámite. Así se decide

. (Resaltado de este Tribunal).

Del anterior criterio jurisprudencial entiende quien decide que antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, no opera la figura de la perención de la instancia, sino que la inactividad de las partes en esta etapa debe entenderse como una pérdida del interés sobre la causa lo que debe traer como consecuencia de ello el abandono del trámite en el presente proceso judicial.-

Realizadas brevemente las consideraciones que anteceden, este Tribunal pasa a verificar si en la presente causa ha operado la perención de la instancia o si por el contrario se ha configurado la pérdida del interés procesal, para lo cual advierte que el recurso que en ella se contiene el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra la providencia Nº 424-2004 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro, Los Teques del Estado Bolivariano de Miranda intentado en fecha 5 de octubre de 2004, siendo el último acto de impulso procesal el auto de fecha 23 de marzo de 2010, (ver folio 77 del expediente), a tenor del cual se le dio entrada al mismo, ordenando conforme a las disposiciones del artículo 21 de la referida ley, oficiar a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro, Los Teques del Estado Bolivariano de Miranda, para que efectuase la remisión de los antecedentes administrativos del caso. A tales efectos se libró en esa misma fecha oficio Nº10-0402.-

Ahora bien, ciertamente en la presente causa, aplicando ratione temporis las disposiciones de la hoy derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (2004) a tenor de la cual la remisión de los antecedentes administrativos representó una carga que aunque es imputable al órgano o ente recurrido, su solicitud constituía un trámite necesario para que se materializara el control de los actos administrativos en sede judicial, ello según lo estatuido por la jurisprudencia patria, que señaló que en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a los terceros intervinientes en determinados procesos administrativos, era necesario practicar su notificación personal para el juicio en el cual se pretende ejercer el control de legalidad y constitucionalidad del acto sobre el cual estos tienen interés, de manera que no bastaba la simple publicación del cartel para que se entienda lleno ese requisito. (Vid. Sentencia 5 de fecha 24 de enero de 2001 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

A tono con lo expuesto, es claro que en el caso de marras, al haberse librado el oficio a través del cual se solicitaban los antecedentes administrativos a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 23 de marzo de 2010, sin que al mismo se le haya dado el impulso correspondiente, consistente en su efectiva entrega al órgano o ente demandado, carga esa que en principio corresponde al recurrente o demandante, pues es este quien debe aportar los elementos probatorios que constituyen los fundamentos jurídicos y fácticos de su pretensión, es claro que se produjo una paralización en su trámite que se ha extendido hasta el día de hoy.-

No obstante lo anterior, es importante señalar, que durante la vigencia de la paralización aducida en las líneas que anteceden, se produjo un hecho sobrevenido, que tiene que ver con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010), en fecha 16 de junio de 2010, a tenor de la cual se produce una variación en el procedimiento que se seguía para el trámite de los recursos de nulidad ante esta jurisdicción, estatuyendo en sus artículos 77 y 79 lo siguiente:

Artículo 77.- El tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de la demanda dentro de los tres días de despacho siguientes a su recepción.

Artículo 79.- Con la notificación se ordenará la remisión del expediente administrativo o de los antecedentes correspondientes, dentro de los diez días hábiles siguientes.

De donde con meridiana claridad se desprende se generó un cambio sustancial en el procedimiento, pues ahora la admisión no se encuentra condicionada al agotamiento del trámite previo de recepción de los antecedentes administrativos, lo que impone a quien decide el deber de preguntarse ¿si esa variación en el procedimiento interrumpió la paralización evidente en la que se encontraba la presente causa considerando que las leyes procesales son de vigencia inmediata y que del contenido de los precitados artículos se evidencia que es carga del tribunal proveer sobre la admisibilidad o no del recurso al tercer día siguiente al momento en que se produjo su interposición?.

A tales efectos se considera oportuno recordar, que para interrumpir una paralización como la de marras deberá realizarse un acto de impulso procesal y en este aspecto se destaca que la doctrina y la jurisprudencia patria han considerado que no toda actuación de las partes hechas en un determinado proceso, son capaces de interrumpir dicha paralización, (se excluyen por ejemplo la solicitud de copias, la presentación de escritos, etc.), y en criterio de quien decide, mucho menos la entrada en vigencia de una norma procesal es capaz de revertirla, pues en modo alguno ésta puede entenderse como un acto capaz de demostrar la existencia del interés jurídico actual necesario conforme lo ha señalado por la referida Ley Orgánica para dar impulso al proceso, cuya demostración es carga de las partes.-

Adicionalmente a lo expuesto, se hace necesario traer a colación el contenido del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual expresa que el Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo bien de oficio o a instancia de parte; ahora bien, ¿en cuáles casos podría decirse que el Juez está autorizado a actuar de oficio?, para dar respuesta a esa interrogante es necesario citar el contenido del artículo 30 eiusdem que expresa: “Artículo 30.- Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán a instancia de parte, o de oficio cuando la ley lo autorice.”; de cuyo texto se puede inferir el espíritu, propósito y razón del legislador al dictar dicha norma, pues ciertamente esa posibilidad de actuar de oficio nace en aquellos casos en que exista una disposición expresa de ley que faculte tal proceder, y adiciona quien decide que también podrá actuarse de oficio en aquellos casos en los que como consecuencia de los hechos denunciados pudiese vulnerarse el orden público constitucional, es decir que trasciendan de los intereses particulares pudiendo afectar a una colectividad o interés general (Vid. Sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de diciembre de 2006).-

Pues bien, en el caso de marras nos encontramos en presencia del Recurso de Nulidad intentado por la abogada SHARINE FERNÁNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Número 87.975, actuando en su carácter de apoderada judicial de la FUDACIÓN PARA EL TRANSPORTE POPULAR EN EL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (FUNTRAPEN), en su condición de afectado de un acto administrativo de efectos particulares contenido en la P.A. Nº 424-2004, de fecha 26 de agosto de 2004, emanada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro, Los Teques del Estado Bolivariano de Miranda a tenor del cual se acuerda el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano J.F.P.M., titular de la cédula de identidad número V- 4.054.502, procedimiento este en el cual se controla un acto administrativo de los denominados triangulares, es decir de aquellos en los cuales la Administración entra como un tercero que viene a resolver un conflicto suscitado entre partes, de donde con meridiana claridad quien decide concluye que el presente procedimiento en principio comparte la naturaleza de un proceso dispositivo, en el cual las actuaciones procesales que se susciten son carga de las partes, pudiendo tener alguna variación conforme se produzca el avance procesal, siempre y cuando razones de ley o de orden público así lo justifiquen; cuestión que ciertamente no aparece acreditada en el caso de marras.-

De manera que, conforme al análisis realizado en las líneas precedentes, en la presente causa queda descartada, por la misma naturaleza de la acción propuesta, la posibilidad de que el Juez en su condición de Director del Proceso pudiese impulsarla de oficio, lo que pone en evidencia el matiz que debe dársele a la jurisprudencia parcialmente transcrita, que señaló que antes de la admisión de una demanda o recurso, opera la pérdida del interés procesal por abandono voluntario del procedimiento.-

Ahora bien, hechas las consideraciones que anteceden, de las actas del expediente se observa que la causa estuvo paralizada desde el 23 de marzo de 2010, fecha en la cual se le dio entrada al presente expediente y se ordenó oficiar a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro, Los Teques del Estado Bolivariano de Miranda la remisión de los antecedentes administrativos del caso en concreto, hasta la presente fecha, sin que las partes hayan cumplido con las cargas procesales que eran necesarias para que este Tribunal admitiera la presente acción.

En tal sentido, observa este Juzgado que dicha paralización evidencia ausencia de actividad procesal por más de un año, destacándose que la parte recurrente no demostró que existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado, por tal motivo y en virtud que en la presente causa no se encuentran involucradas normas de orden público, resulta forzoso para este sentenciador declarar consumada la pérdida del interés procesal y en consecuencia el abandono del trámite, siguiendo el criterio proferido por la Sala Constitucional en sentencia Nº 1270 de fecha 09 de diciembre de 2010, (caso: C.V.), antes referida y así se decide.-

Por último, se deja sin efecto el oficio número 10-0402, de fecha 23 de marzo de 2010, dirigido al Inspector del Trabajo del Municipio Guaicaipuro, del Estado Bolivariano de Miranda, en consecuencia se ordenar librar Oficio número 11-0875 a la FUDACIÓN PARA EL TRANSPORTE POPULAR EN EL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (FUNTRAPEN).-

II

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas éste Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL Y EN CONSECUENCIA EL ABANDONO DEL TRÁMITE del recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por la abogada SHARINE FERNÁNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 87.975, actuando en su carácter de apoderada judicial de la FUDACIÓN PARA EL TRANSPORTE POPULAR EN EL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (FUNTRAPEN), antes identificada, contra el acto administrativo contenido en la P.A. Nº 424-2004, de fecha 26 de agosto de 2004, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO, LOS TEQUES DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los treinta y un ( 31 ) días del mes de mayo de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.-

DR. A.G.

EL JUEZ

ABG. HERLEY PAREDES

LA SECRETARIA

En esta misma fecha, se ordenó oficio, dando cumplimiento a lo ordenado, y siendo las se publicó la anterior decisión, quedando registrada bajo el Nº .-

ABG. HERLEY PAREDES

LA SECRETARIA

Exp. Nº 06492

AG/HP/me.