Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de Sucre (Extensión Cumaná), de 7 de Junio de 2013

Se interpone por ante la Unidad de Recepción y Distribución De Documentos (U.R.D.D.) el presente recurso de nulidad, conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de los Efectos, que por motivo de NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO interpuso FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, (FUNDAUDO) en contra de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE CUMANA ESTADO SUCRE, que declaro CON LUGAR la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos, incoada por el ciudadano A.L.C.A., venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad números 13.941.599, en fecha 20/09/2011, la cual fue itinerada en fecha 21/09/2011, tocándole conocer a este tribunal como consta al folio 1, quien le da entrada en fecha 26/09/2011, como consta al folio 76 y se admitió en fecha l 28/09/2011, ordenándose las notificaciones correspondientes, cuyo auto riela al folio 77 al 78 de las actas procesales del presente expediente.

En fecha 15/02/2012, se recibió escrito de consideraciones procesales por el fiscal del ministerio publico, en la cual solicita deje sin efecto el cartel de emplazamiento dirigido a los terceros interesado y al ciudadano A.L.C.A., y solicito boleta de notificación para el tercer interesado, el cual riela del folio 106 al 112.

En fecha 17/02/2012, se libro la boleta de notificación al ciudadano A.L.C.A., la cual riela al folio 116.

En fecha 15/03/2012, se recibió escrito de consideraciones procesales por el fiscal del ministerio publico, en la cual solicita se reponga la causa al estado de admisión de la demanda, la cual riela del folio 120 al 126.

En fecha 19/03/2012, se amplia el auto de admisión librándose las respectivas notificaciones y boleta, la cual riela del folio 127 al 129.

En fecha 04/02/2013, se certifico las notificaciones practicadas al Inspector del Trabajo del Estado Sucre, Procurador General de la Republica, Fiscal General de la Republica, y tercer interesado, la cual riela al folio 171 y mediante auto de fecha 05/02/2013 al folio 172, se señalo el lapso de suspensión de la causa con ocasión de la notificación del Procurador General De La Republica, que una vez concluido se fijara la oportunidad de la celebración de la audiencia oral y publica de juicio.

En fecha 14/03/2013, se fijo la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y publica de juicio, para el décimo noveno (19º) día hábil, siguiente, y en fecha 18/04/2013, se celebro la audiencia, dejándose constancia de la presencia de la abogada P.J.B.T., inscrita en el inpreabogado bajo el No. 41.551, en su carácter de apoderada judicial de FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, (FUNDAUDO), el tercer interviniente, el ciudadano A.L.C.A., titular de la cédula de identidad Nro. V-13.941.599, asistido por el abogado E.C., inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 168.904, de la comparecencia del Fiscal del Ministerio Público J.P.B.S. Y por la parte recurrida INSPECTORIA DEL TRABAJO DE CUMANA DEL ESTADO SUCRE, no compareció ni por sí, ni por medio de Apoderado Judicial alguno cuya acta riela al folio 174 al 175 de las actas procesales, donde las partes consignaron escritos de prueba y elementos probatorios y ratificaron lo consignados.

PRUEBAS DE LA PARTE RECURRENTE En fecha 26/04/2013, se admitieron las pruebas de la parte recurrente y del tercer interviniente, siendo que las pruebas promovidas no ameritaban evacuación, por cuanto versaban sobre el expediente administrativo signado 021-2011-01-00105 cursante a los autos, no se acordó la apertura del referido lapso, cuyo auto riela del folio 250 al 251 y se le señalo el lapso para que las partes presentaran los informes que a bien creyeren pertinentes, En fecha 30/04/2013, dentro de la oportunidad legal correspondiente, procedió solo la Fiscalía del Ministerio Público a presentar su escrito de informe (Folios 255 al 263 del expediente).

DOCUMENTALES:

Marcado con la letra “A”, Copia de modelos de contratos de servicios de jardinería, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2010, la cual riela del folio 178 al 183, Marcado con la letra “B”, Control de Nomina de Pago, la cual riela del folio 184 al 187, Marcado con la letra “C”, Copia de Oficio, No. 3210, emanado de la RECTORIA de la Universidad De Oriente, la cual riela al folio 188 al 191 y Ratifica como instrumental la copia certificada del Expediente Administrativo, consignado la cual riela del folio 16 al 75.

PRUEBA DEL TERCER INTERVINIENTE

Copia del P.A. No.117-2011 de fecha 09-06-2011, correspondiente al expediente 021-2011-01-00105, con el procedimiento de sanciones, la cual riela del folio 192 al 249. Este Tribunal señala que la p.a. No.117-2011 de fecha 09-06-2011, correspondiente al expediente 021-2011-01-00105, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE CUMANA ESTADO SUCRE, mediante la cual declaro CON LUGAR el procedimiento De Reenganche Y Pago De Salarios Caídos, incoado por el ciudadano A.L.C.A., titular de la cédula de identidad Nro. V-13.941.599, en contra de la FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, (FUNDAUDO) y la copia Certificada del procedimiento sancionatorio, los cuales riela del folio 192 al 197 y 198 al 249, el tribunal valora los mismo conforme lo prevé el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a su contenido.

tienen plena eficacia jurídica, y con relación a las documentales promovidas, y consignada en la audiencia y que no fueron objeto de impugnación, por lo que se valoran de conformidad con lo pautado en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En auto de fecha 07/05/2013, el tribunal dice visto y comienza a computarse el lapso para dictar sentencia conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual riela al folio 264, siendo la oportunidad para dictar sentencia, entra el tribunal a resolver lo concerniente a las denuncias hechas por el hoy recurrente en los siguientes términos:

ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE:

Argumenta la parte recurrente en nulidad lo siguiente: que el Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, no considero validos los alegatos, en la oportunidad de dar contestación, que la relación laboral había finalizado por causas independientes a la voluntad de las partes, alegando el articulo 98 de la anterior Ley Orgánica del Trabajo, señalando las causas externas para la terminación de una relación de trabajo, concatenado con el 38 de la misma Ley, y baso su decisión en lo previsto y sancionado en el articulo 525 de Ley Orgánica del Trabajo, quien no invoco un cambio en las condiciones laborales, ni invoco circunstancias económicas que pusieran en peligro la actividad o la existencia de la empresa, sino que alego y probó que, la relación de trabajo termino por causa ajena a la voluntad a las partes.

Que el procedimiento administrativo previsto en el articulo 525 (hoy 516 de la Ley Orgánica del Trabajo de las trabajadoras y trabajadores), no resulta aplicable para el caso de terminación de la relación de trabajo por causa ajena o independiente a la voluntad a las partes, al aplicarse erróneamente se esta imponiendo a la demandada, el cumplimiento del procedimiento administrativo previo.

Tampoco valoro la defensa realizada por la abogada en ese momento en defensa de la fundación, en donde se aplico la norma erróneamente aplicable que se va de lo individual al punto de vista colectivo, esa falsa apreciación de los hechos y la errónea aplicación del derecho es lo que se pretende anular en este recurso de nulidad sobre este acto administrativo, por cuanto es de imposible ejecución para la FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, (FUNDAUDO).

ALEGATOS DEL TERCER INTERVINIENTE:

El abogado asistente señala: La FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, (FUNDAUDO) señalo que es un despido que hizo a varios trabajadores, dentro del cual estaba insertó mi representado, despido que debió cumplir con ciertos requisitos según la normativa vigente para ese entonces la Ley Orgánica derogada en su artículo 525, dicha fundación hizo ciertas modificaciones dentro de su rama de trabajo, resultando afectado el ciudadano A.L.C.A., titular de la cédula de identidad Nro. V-13.941.599, que interpone por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, solicitud de Reenganche Y Pago De Salarios Caídos, en la cual se decide conforme al articulo 18 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo admite la solicitud, en base a este despido masivo la FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, evade el articulo 525 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada, en vista de que la demandada se vea afectada por actividades de la empresa o la económica de la misma, lo notificara con un pliego de peticiones ciertas modificaciones conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual no fue hecha y evadidas por la FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, declarándose CON LUGAR esta solicitud del trabajador por la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, por tal motivo solicita declare sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por la FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE (FUNDAUDO).

Opinión del Ministerio Público:

En fecha 30 de abril de 2013, se recibe escrito de opinión fiscal en la cual Considera la representación del Ministerio Público que el órgano administrativo, quien dicto la p.a., actuó con fundamento en lo previsto en el articulo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con los artículos 73 y 74 eiusdem; aunado a ello la parte recurrente tampoco indico de manera correcta y precisa, conforme a la normativa jurídica vigente, algún vicio en la actuación administrativa que afecte de nulidad absoluta la p.a. cuya nulidad se solicita, a los efectos de verificar su ilicitud, en consecuencia en el presente caso no se materializan los vicios de ilegalidad, ni de inconstitucionalidad invocados por la recurrente de autos que acarrearía la nulidad absoluta del acto. De allí que en consecuencia se puede concluir conforme a la doctrina y el fundamento legal citado, en el caso sub-examine, que las denuncias de la recurrente son manifiestamente infundadas y, por ende no debe prosperar el caso de marras.

Por todo lo antes expuesto, esta representante del ministerio público opina que el presente recurso Contencioso Administrativo de Nulidad debe declararse SIN LUGAR, opinión que consta del folio 255 al 263.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR:

Observa este Tribunal que la Parte Recurrente denunció lo siguiente: “Que en fecha 9 de junio de 2011, la Inspectoría del Trabajo de Cumaná, Estado Sucre, dicta p.a. No.117-2011 de fecha 09-06-2011, correspondiente al expediente 021-2011-01-00105, contentivo de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesto por el ciudadano A.L.C.A., titular de la cédula de identidad Nro. V-13.941.599, en contra de la FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, (FUNDAUDO), en el cual la Inspectoría no considero validos los alegatos en la oportunidad de dar contestación en fecha 18 de abril de 2011.

Que el Inspector baso su decisión en lo previsto y sancionado en el artículo 525 de la ley orgánica del trabajo y en la disposición del decreto de inamovilidad laboral sin considerar los agentes externos a la relación laboral. Que la administración se fundamente en hechos inexistentes o que ocurrieron de manera distintas a como fueron apreciados y a las normas que no son aplicables o erróneamente aplicable al caso concreto por esta al dictar el acto administrativo.

Que se decrete la suspensión de efectos del acto administrativos y los efectos posteriores que emanan de la providencia administrativo objeto de impugnación. Que se consideren los hechos cierto la invariabilidad de los acontecimientos a la terminación de la relación laboral y por consiguiente la providencia de reenganche y pagos de salarios caídos.

Que sea admitida la acción de nulidad en contra al acto administrativo impugnado.”

Señala que la P.A. incurrió en los vicios de falso supuesto de hecho y de derecho al aplicar el articulo 525 de la ley orgánica del trabajo para decidir con lugar el reenganche y pago de salarios caídos, y para desechar las pruebas presentadas por FUNDAUDO.

Ahora bien, considera quien aquí juzga, que la Administración apreció correctamente los hechos alegados, pues dado que se esta en presencia de un trabajador que goza de inamovilidad, razón por la cual se encuentra amparado por la inamovilidad especial, y para proceder a su despido el patrono debe apegarse a un procedimiento administrativo previo ante un funcionario calificado con competencia en materia del trabajo para que éste califique el despido, so pena de que sea ordenado su reenganche, esta inamovilidad esta dada por decreto presidencial, y comprobado por el Inspector del Trabajo a través de todas las pruebas consignadas; por lo que concluyó correctamente el Inspector del Trabajo que el actor (ARNALDO L.C.) era un trabajador que estaba amparado por la inamovilidad establecido en el Decreto Presidencial Nº 7.154, publicado en Gaceta Oficial 39.334; esto fue totalmente acertado por cuanto debe prevalecer el principio constitucional a través del cual se le da preeminencia a la realidad frente a las formas u apariencias. Así se establece.

Así las cosas esta operadora de justicia, trae a colación la sentencia dictada por la Sala Constitucional de nuestro M.T. de la Republica No. 1952 de fecha 15/1272011 en cuanto a la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa que señala:

(…) la noción ‘estabilidad absoluta y relativa’ utilizada por la doctrina y parte de la jurisprudencia patria, ha sido constantemente empleada para demarcar el grado de protección que tienen (sic) el trabajador dentro de la relación de trabajo, y la posibilidad del patrono para rescindir el vínculo existente entre ambos. Con base en el manejo de estos términos, se distinguió que el despido -de mediar justa causa- debía sujetarse bajo distintos parámetros dependiendo del fuero o del régimen regular que invista al trabajador. De allí que, en los casos determinados bajo la ‘estabilidad absoluta’, catalogada por algunos como ‘causales de inamovilidad’ el patrono debe apegarse a un procedimiento administrativo previo ante un funcionario calificado con competencia en materia del trabajo para que éste califique el despido so pena de que sea ordenado su reenganche. Tales supuestos pueden ocurrir cuando medie a favor del trabajador alguno de los supuestos contentivos de los fueros especiales. Mientras que, en los casos de ‘estabilidad relativa’, el trabajador no se encuentra amparado bajo elementos derivados de circunstancias excepcionales o accidentales que le den protección, siendo en ese caso que, el patrono bajo justa causa de conformidad con la ley, rescinde la relación de trabajo, quedando bajo la diligencia del trabajador actuar ante el juez laboral para que se determine si efectivamente procedía el despido, siendo un medio expedito de revisión de la culminación del contrato de trabajo…

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De acuerdo con el criterio jurisprudencial transcrito supra, la “estabilidad absoluta o propia”, está concebida como una protección temporal de permanencia del trabajador en su empleo por circunstancias especiales o excepcionales que origina, en su favor, el derecho a no ser despedido del trabajo sino por las causales establecidas en la ley y con la autorización previa del Inspector del Trabajo, mientras que la “estabilidad relativa o impropia”, esta ideada como un sistema de protección básico, similar al de la estabilidad absoluta aplicable a la generalidad de los trabajadores, el cual se diferencia en que la obligación del patrono de reenganchar al trabajador es de carácter facultativo; por lo tanto, al momento de ordenarse la reincorporación y pago de salarios caídos de un trabajador despedido de manera injustificada, el patrono puede liberarse de dicha carga resarciendo pecuniariamente el daño generado, a través del pago de una indemnización por el despido.

El acto administrativo contenido en la p.a. que se impugna consideró acertadamente, cuando señala lo siguiente:

De los alegatos y pruebas patronales, se evidencia como principal hecho a demostrar la extinción de la relación laboral por causa ajena a la voluntad de las partes, debido a que la Universidad De Oriente (UDO), (cliente de la accionada), residió el contrato de servicio de jardinería y de mantenimiento que los unía, mediante comunicación de fecha 16/12/2010; sin embargo la Inspectoría del Trabajo considero lo siguiente: las consecuencias que pudiera traer la rescisión de un contrato de servicio, no puede dar lugar bajo ningún aspecto, a violentar la Estabilidad Laboral Absoluta actualmente vigente mediante decreto presidencial, pues dichos compromisos contractuales son por cuenta y a riesgo de quien contrata, no del trabajador. En función de ello nuestro ordenamiento jurídico laboral prevé procedimiento idóneos que puede ejercer el patrono que vea afectada sus actividades económicas con ocasión a este tipo de eventos, el artículo 525 de la Ley Orgánica del Trabajo nos establece los siguientes:

Cuando el patrono, en razón de circunstancias económicas que pongan en peligro la actividad o la existencia misma de la empresa, decida proponer a los trabajadores aceptar determinadas modificaciones en las condiciones de trabajo, presentará ante el Inspector del Trabajo un pliego de peticiones en el cual expondrá sus planteamientos y aspiraciones. El Inspector lo notificará de inmediato a los trabajadores o a la organización sindical que los represente, con lo cual dará comienzo a un procedimiento conciliatorio, el cual no podrá exceder de quince (15) días hábiles. Vencido este lapso sin acuerdo entre las partes o si alguna de ellas no asistió a dichas reuniones haciendo imposible la conciliación, se entenderá agotado el procedimiento conciliatorio. (NEGRITA Y CURSIVA DE ESTE TRIBUNAL).

De la norma transcrita anteriormente se desprende la facultad que tienen las empresas de acudir antes los órganos de la administración del trabajo, a solicitar la tramitación de un pliego de peticiones cuando se vea afectado el ejercicio económico y la continuidad de las labores por razones económicas, el no uso de las vías legales por parte del patrono o patrona, implican la violación al derecho humano al trabajo, previsto en el articulo 89 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, generando la consecuencia jurídica a tal efecto “4.- toda medida o acto del patrono o patrona a esta constitución es nulo o no genera efecto alguno”. (NEGRITA Y CURSIVA DE ESTE TRIBUNAL).

Este despacho considera importante señalar que la tramitación de este procedimiento se inicia con ocasión al riesgo que pueda existir en una empresa determinada, de que la actividad y permanencia de la misma se vea afectada, lo que se traduciría en perjuicio de la masa laboral que en ella se desempeñe. Por eso el artículo 525 de la mencionada Ley Orgánica del Trabajo derogada, establece como requisito para que la empresa pueda tomar dediciones que afecten a las personas que laboran en ellas, que éstas sean tomadas en consenso y previa discusión con sus trabajadores y trabajadoras. De igual forma el articulo in comento claramente hace referencia a que dicho pliego de peticiones tendrán por finalidad acordar entre el patrono y trabajadores la modificación de las condiciones de trabajo que sean necesarias para preservar la producción y la actividad de determinada empresa.

Señala esta operadora de justicia que en relación al vicio de falso supuesto de hecho y de derecho la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido en reiteradas decisiones que se configura de dos maneras diferentes. La primera, verificable cuando la Administración al dictar un acto administrativo fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el asunto objeto de decisión. La segunda, en cambio se presenta cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado; caso en el cual se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto. (Vid. Sentencia No. 01640 de fecha 3 de octubre de 2007).

Ahora bien, considera esta sentenciadora, que el Inspector del trabajo evaluó correctamente los hechos alegados, y aplico correctamente el derecho, pues dado a que estamos en presencia de un trabajador que se encuentra amparado por la inamovilidad especial por decreto presidencial, comprobado por el Inspector del Trabajo de Cumana, que ordeno el reenganche y pago de los salarios caídos, en razón que el trabajador fue despedido injustificadamente, por cuanto para que procediera el despido el patrono debió apegarse a un procedimiento administrativo previo ante un funcionario calificado con competencia en materia del trabajo para que éste califique el despido so pena de que sea ordenado su reenganche, en consecuencia, este Juzgado desestima el alegato de falso supuesto de hecho y de derecho esgrimido por el recurrente. Así se establece.

Por todas las consideraciones antes expuestas, es evidente que la p.a. de la cual se solicitó su nulidad no está viciada de los llamados vicios de falso supuesto de hecho y falso supuesto de derecho, ya que no se evidencia que el inspector del trabajo haya hecho una errónea interpretación o una equívoca aplicación de una norma, toda vez que el Inspector del Trabajo tomó en cuenta el hecho de que la rescisión de un contrato no puede vulnerar la estabilidad absoluta establecida el Decreto Presidencial Nº 7.154, publicado en Gaceta Oficial 39.334, de la cual el trabajador se encontraba amparado,.y expresamente autorizada por la Ley Orgánica del Trabajo para tal fin, prevaleciendo para esta operadora de justicia en el presente caso el principio de legalidad del acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo de Cumana Estado Sucre. Así se decide.

DECISIÓN

Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA: