Decisión nº 157-2012 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Octubre de 2012

Tribunal Superior Séptimo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 17 de octubre de 2012

202º y 153º

ASUNTO ANTIGUO: 1168

ASUNTO PRINCIPAL: AF47-U-1994-000019

En fecha 10 de noviembre de 1994, la ciudadana A.P.D.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.928.716, actuando en su carácter de Gerente General de la contribuyente FUNDICIÓN ACERO MARA, C.A, asistida por el abogado en ejercicio L.A.A., titular de la cédula de identidad Nº V-9.783.646, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 56.861, interpuso Recurso Contencioso Tributario Subsidiariamente al Jerárquico, contra la Resolución N° HGJT-423 de fecha 03 de septiembre de 1998, la cual declaró Sin Lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente antes mencionada, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo Nº HRZ-550-00386, de fecha 09 de septiembre de 1994, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.N.I.d.A.A. y Tributario (SENIAT), la cual ordena liquidar planillas de impuesto por la cantidad de BOLÍVARES CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UNO CON VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 14.273.501,28), de multa por la cantidad de BOLÍVARES DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 17.841.876,60), e intereses moratorios por BOLÍVARES DIECISEIS MILLONES DOCE MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 16.012.885,95).

En fecha 30 de noviembre de 1998, el recurso fue recibido del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 09 de diciembre de 1998, este Tribunal le dio entrada a la presente causa bajo el Asunto antiguo Nº 1168 y bajo el Asunto nuevo Nº AF47-U-1994-000019, librándose las correspondientes Boletas de Notificación a los ciudadanos Procurador, Contralor General de la República, a la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la contribuyente FUNDICIÓN ACERO MARA, C.A.

Así el Contralor General de la República fue notificado en fecha 15/01/1999, la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) fue en fecha 18/01/1999, el Procurador General de la República en fecha 21/01/1999, siendo las correspondientes Boletas de Notificación consignadas en el expediente judicial en fecha 09/02/1999.

En fecha 09 de diciembre de 1998 se libró comisión a los fines de la notificación de la contribuyente FUNDICIÓN ACERO MARA, C.A, la cual fue devuelta sin notificar en fecha 27 de mayo de 1999.

En fecha 07 de junio de 1999 la Abogada G.M., en su carácter de Representante del Fisco Nacional, solicitó se librara comisión a un Tribunal de la Circunscripción Judicial que corresponda al domicilio de la contribuyente a los fines de agotar la notificación personal. Vista tal diligencia el Tribunal mediante oficio Nº 145/99 de fecha 09 de junio de 1999 solicitó al Juez del Juzgado Primero del Municipio Maracaibo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que se sirva realizar todas las diligencias conducentes para la notificación de la recurrente.

En fecha 11 de febrero de 2000, la Abogada G.M., en su carácter de Representante del Fisco Nacional, solicitó al Tribunal oficiara de nuevo con la finalidad de recabar la comisión en el estado en que se encuentra a fin de dar continuidad al proceso, en vista de que el Tribunal comisionado a los fines de la notificación a la parte recurrente no dio oportuna respuesta al oficio Nº 145/99 de fecha 09 de junio de 1999. Vista la diligencia el Tribunal libró el oficio Nº 48/2000 en fecha 16 de febrero del 2000 solicitando se remita a él mismo el estado en que se encuentra la comisión.

En fecha 29 de marzo de 2001, la Abogada G.M., en su carácter de Representante del Fisco Nacional, solicitó al Tribunal oficie de nuevo con la finalidad de recabar la comisión en el estado en que se encuentra a fin de dar continuidad al proceso, en vista de que el Tribunal comisionado no dio oportuna respuesta. Vista tal diligencia en fecha 09 de abril de 2001, el Tribunal acuerda se oficie al Juzgado Comisionado, a fin de que devuelva la comisión que le fuere encomendada en el estado en que se encuentre, tal oficio se registró con el Nº 66/2001.

El 24 de mayo de 2007, la abogada I.J.G.G., en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, solicitó al Tribunal que procediera a recabar la comisión otorgada mediante el oficio Nº 66/2001 de fecha 09 de abril de 2001, a los fines de procurar la notificación del contribuyente por otros medios.

En vista de las actas procesales que conforman el expediente y que evidencian que hasta la fecha 04 de junio de 2007, no han sido devuelta las resultas de la comisión que se libró a él Juez del Juzgado Primero del Municipio Maracaibo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el día 09 de abril de 2001, el Tribunal libró el oficio Nº 289/2007 dirigido al Juez comisionado, para que se sirviera remitir a él Tribunal tales resultas en el estado en que se encuentren.

En fecha 21 de diciembre de 2011, la representante del fisco nacional I.J.G.G., en su carácter de Abogado sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, solicitó al Tribunal que oficie nuevamente al Juzgado comisionado, a los fines de que devuelva la comisión en el estado en que se encuentre para procurar la notificación de la contribuyente por otros medios. Vista las actas del expediente se observó que el Juzgado comisionado no dio respuesta, en razón a ello se libró el oficio Nº 55/2012 en fecha 22 de febrero de 2012, al Tribunal comisionado solicitando se recabe la comisión que le fue concedida a través del oficio Nº 145/99 de fecha 09 de junio de 1999, a los fines de notificar a la contribuyente, para que remita a éste Tribunal en el estado en que se encuentre.

En fecha 13 de agosto de 2012 se recibió el oficio Nº 418-2012 de fecha 22 de junio de 2012 emitido por el Juzgado Primero de los Municipios Maracaibo, E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estaco Zulia, el cual indicó que no se logró notificar a la contribuyente por no haberse localizado su dirección, en consecuencia fueron devuelta las resultas.

Vista la imposibilidad de notificar a la contribuyente FUNDICIÓN ACERO MARA, C.A, en su domicilio procesal, en fecha 21 de septiembre de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 y ordinal 9° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal según las disposiciones citadas y el artículo 264 del Código Orgánico Tributario, fijó cartel en la puerta del Tribunal en el cual se concedió un término de diez días (10) de despacho, vencidos los cuales se entenderá que la recurrente esta a derecho.

II

MOTIVA

Encontrándonos en la oportunidad señalada por el Código Orgánico Tributario, en su artículo 267, para decidir acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso contencioso tributario interpuesto, este Tribunal procede a emitir su pronunciamiento con base en las siguientes consideraciones:

El proceso contencioso tributario a diferencia del proceso civil ordinario se caracteriza por revestir un carácter inquisitivo, lo que significa que puede ser ampliamente encaminado por el juez y desempeñar un rol fundamental en el desevolvimiento de la instancia.

Sobre la capacidad inquisitiva o potestades inquisitorias de los jueces contenciosos tributarios se ha pronunciado nuestro más Alto Tribunal, cuando afirma:

Como órganos encargados del control de la legalidad de los actos de la administración tributaria nacional, excepto por lo que respecta a la tributación aduanera, cierto es que a los órganos de la jurisdicción contencioso-tributaria corresponde revisar toda actuación administrativa y hacer que se corresponda con las pautas legales establecidas al efecto, facultad ésta que le compete cumplir aún de oficio cuando observe vicios, tanto en los procedimientos seguidos para la emisión de los actos administrativos, como en el cumplimiento de los requisitos para la validez y eficacia de aquéllos.

Bien es cierto además, que la capacidad inquisitiva de los jueces tributarios obliga a descubrir la verdad de los hechos y demás elementos de juicio necesarios para el esclarecimiento del caso sometido a su consideración y decisión, lo cual se puede conseguir en el curso del proceso, analizando las actas que lo conforman y, si fuere necesario, requerir los datos pertinentes por medio de la figura del ‘auto para mejor proveer’ que se consagraba en el artículo 185 del Código Orgánico Tributario, promulgado en 1982

(Sentencia de la Sala Político-Administrativa de fecha 23 de marzo de 1994, con ponencia de la magistrada Josefina Calcaño de Temeltas, caso: Deusche Texaco Aktiengellschaft, Exp. Nº 7.774) (Este mismo criterio fue acogido por la sentencia N° 215 de la Sala Político-Administrativa de fecha 27 de marzo de 1996, con ponencia de la magistrado Cecilia Sosa Gómez, caso: Sucesión Hereditaria de P.J.R., Exp. N° 8.881).

Igualmente, sobre el mencionado principio se adujo en posterior fallo lo siguiente:

La jurisprudencia constante y reiterada de esta Sala, ha establecido que en la jurisdicción contencioso-administrativa no puede obviarse la labor inquisitiva que debe desarrollar el juez, lo cual le impone, principalmente, preservar la legalidad de la actuación de la administración pública y la búsqueda permanente de la verdad, en virtud de lo cual debe revisar siempre el acto administrativo originalmente impugnado, con la finalidad de establecer, no sólo su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, sino además calificar o valorar si dichas actuaciones inciden de alguna manera en derechos, valores y principios (sic) de oficio, y dentro de los poderes que la Ley le ha conferido, algún pronunciamiento que responda a la necesaria protección y defensa de los mismos.

Así las cosas, en el caso bajo análisis resulta indiscutible que al haber apreciado el juez de la causa, presuntas violaciones de normas de orden público, como son todas aquellas que consagran garantías y derechos constitucionales, y que acarrean por ende la nulidad absoluta de las actuaciones administrativas que las transgreden, estaba no sólo habilitado, sino obligado, a declararla de oficio, aún (sic) en el supuesto de que las partes no lo hubiesen señalado y con preferencia a otras cuestiones alegadas.

En atención a las consideraciones precedentemente expuestas, considera la Sala que habiendo fundamentado el a quo su decisión en presuntas violaciones de índole constitucional, podía haberlas apreciado de oficio y decidir conforme a las mismas, sin incurrir en extrapetita, ni viciar su decisión por incongruente, razón por la cual se desestima la denuncia que en ese sentido hiciera la parte apelante. Así se decide

(Negritas de la Sala)(Sentencia Nº 1070 de la Sala Político-Administrativa de fecha 10 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: J.F. Mecánica Industrial C.A., Exp. Nº 2001-774).

En fecha de más reciente data el Tribunal Supremo de Justicia sostuvo:

(…), debe esta Sala destacar, una vez más, que en el proceso contencioso-administrativo y específicamente el contencioso tributario, contrariamente a lo que sucede en el proceso civil ordinario regido por el principio dispositivo, el juez goza de plenos poderes de decisión que le permiten apartarse de lo alegado y probado por las partes, pudiendo incluso declarar la nulidad de los actos sometidos a su consideración cuando ellos estuvieren afectados de inconstitucionalidad o ilegalidad, no estando sujeto, por consiguiente, al señalado principio dispositivo regulado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil

. (Sentencia Nº 429 de la Sala Político-Administrativa de fecha 11 de mayo de 2004, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Sílice Venezolanos, C.A., Exp. Nº 2002-1045).

En efecto, el Código Orgánico Tributario vigente prevé diversas formas de actuación de oficio del juez contencioso tributario, siendo una de ellas, la posibilidad de examinar la admisibilidad de la acción contencioso tributaria interpuesta. De manera pues, que independientemente de que haya sido o no alegada alguna de las causales de inadmisibilidad, el juez debe entrar a analizar oficiosamente y detectar si en el asunto sometido a su consideración alguna de dichas causales llega a configurarse, evitando así las sentencias absolutorias de la instancia, después de un tiempo excesivamente prolongado.

El juez puede en cualquier estado y grado de la causa, conforme a su amplio poder de apreciación revisar las causales de admisibilidad, por ser las mismas de evidente orden público. Literalmente ha señalado la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

(...) La doctrina de esta Sala ha sido insistente en afirmar que las causales de inadmisibilidad constituyen norma de eminente orden público; siendo ello así, el juzgador cuenta con un amplio poder de apreciación, incluso para examinar elementos que no hayan sido observados por las partes, o bien que aún (sic) siéndolo, hayan podido escapar del análisis previamente realizado por el propio tribunal

. (Sentencia N° 472 de la Sala Político-Administrativa de fecha 25 de marzo de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: E.M.C., Exp. N° 2001-0689).

Aclarado lo anterior tenemos que el Código Orgánico Tributario vigente, establece en su artículo 267:

Artículo 267. Al quinto día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las notificaciones de ley, el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso

.

Siendo una de las causales de inadmisibilidad del recurso, conforme lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 266 del texto legal in commento: La falta de cualidad o interés del recurrente, lo cual vendría a ser la cuestión previa señalada en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil: “El defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340,(…)”.

Conforme lo dispuesto en el artículo 260 del Código Orgánico Tributario “El recurso se interpondrá mediante escrito en el cual se expresarán las razones de hecho y de derecho en que se funda, debiendo reunir los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil”. (Subrayado del Tribunal).

Así el ordinal 6° del artículo 340 de la ley adjetiva in commento señala:

Artículo 340. El libelo de la demanda deberá expresar:

(…)

6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.

. (Subrayado del Tribunal)

Como se observa, el Código Orgánico Tributario exige que el recurrente tenga interés legítimo en la anulación del acto impugnado, que no es otro que el interés personal, legítimo y directo previsto en los artículos 22 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y artículo 21 aparte 8° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para la impugnación de los actos administrativos de efectos particulares y el interés jurídico actual consagrado en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil.

Esta noción de legitimación activa ya ha sido delineada por la jurisdicción contencioso-administrativa antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1999, como la situación jurídica subjetiva que resulta del vínculo jurídico previamente establecido entre un sujeto de derecho y la Administración o también –ha señalado la jurisprudencia- por hallarse el administrado en una especial situación de hecho frente a la infracción del ordenamiento jurídico, y por tal razón, lo hace más sensible que el resto de los administrados.

En este sentido sostiene la doctrina patria:

(…) En cuanto a la legitimación activa en el recurso contra actos administrativos de efectos particulares, como ha quedado dicho, la ley exige un interés personal, legítimo y directo lesionado por el acto recurrido. Este interés no es vago, impreciso o etéreo, sino actual, personal o concreto. Por ello, la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa ha sostenido que ‘por muy amplio que sea el sentido que quiera darse al concepto de interés para los efectos de la legitimación activa en materia contencioso administrativa resulta indudable que no puede entenderse que exista tal legitimación por el hecho de que cualquier ciudadano quiera que la Administración Pública obre con arreglo a la Ley…’ por lo que concluye la Corte señalando que sólo podrían hacerse parte en juicio contencioso-administrativo de anulación contra una decisión administrativa ‘las personas directamente afectadas por ella, vale decir, las que tuvieren un interés legítimo en su anulación o mantenimiento’. En este orden de ideas la Corte Suprema de Justicia ha señalado que ‘este interés es el que en el recurso contencioso de anulación ostentan las partes, entendiéndose por tales las que han establecido una relación jurídica con la Administración Pública, o todo aquel a quien la decisión administrativa perjudica en su derecho o en su interés legítimo

. (Cfr. BREWER-CARÍAS, Allan, Contencioso Administrativo en Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1981, p. 147).

En el caso sub examine, la ciudadana A.P.D.F., titular de la cédula de identidad Nº V-3.928.716, señala en su escrito recursorio que actúa en su carácter de Gerente General de la sociedad mercantil FUNDICIÓN ACERO MARA, C.A, RIF N° J-07005327-5, pero no cursa en autos el Acta Constitutiva de la empresa de la cual se pueda evidenciar el referido carácter y por ende, su titularidad o el interés legítimo para actuar ante un órgano jurisdiccional, en virtud de la lesión que le ocasiona los efectos del acto que impugna.

De manera que al no cumplir la recurrente con la obligación taxativa que impone el numeral 2 del artículo 266 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 260 eiusdem y ordinal 6° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, como lo es demostrar su titularidad o el interés legítimo para ejercer la presente acción, es forzoso para esta Juzgadora declarar su inadmisibilidad. En consecuencia, la Resolución N° HGJT-423 de fecha 03 de septiembre de 1998, la cual declaró Sin Lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por la recurrente contra el acto administrativo contenido en la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo Nº HRZ-550-00386, de fecha 09 de septiembre de 1994, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.N.I.d.A.A. y tributaria (SENIAT), el cual ordena liquidar planillas de impuesto por la cantidad de BOLÍVARES CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UNO CON VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 14.273.501,28), de multa por la cantidad de BOLÍVARES DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 17.841.876,60), e intereses moratorios por BOLÍVARES DIECISEIS MILLONES DOCE MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 16.012.885,95), adquirió el carácter de “definitivamente firme” y por tanto “irrecurrible” e “irrevocable”.

III

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE por falta de cualidad o interés del recurrente, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto Subsidiariamente al Jerárquico en fecha 10 de noviembre de 1994, por la ciudadana A.P.D.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.928.716, actuando en su carácter de Gerente General de la contribuyente FUNDICIÓN ACERO MARA, C.A, asistida por el abogado en ejercicio L.A.A., titular de la cédula de identidad Nº V-9.783.646, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 56.861, contra la Resolución N° HGJT-423 de fecha 03 de septiembre de 1998, la cual declaró Sin Lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente antes mencionada, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo Nº HRZ-550-00386, de fecha 09 de septiembre de 1994, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.N.I.d.A.A. y Tributaria (SENIAT), el cual ordena liquidar planillas de impuesto por la cantidad de BOLÍVARES CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UNO CON VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 14.273.501,28), de multa por la cantidad de BOLÍVARES DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 17.841.876,60), e intereses moratorios por BOLÍVARES DIECISEIS MILLONES DOCE MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 16.012.885,95).

Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuradora General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Se advierte que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro m.T.d.J. (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los diecisiete (17) días de mes de octubre de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

La Jueza Suplente

L.M.C.B.

El Secretario

José Luis Gómez Rodríguez

ASUNTO ANTIGUO: 1168

ASUNTO NUEVO: AF47-U-1994-000019

LMCB/JLGR/DGD