Decisión nº AUTO de Juzgado Superior Agrario de Zulia, de 22 de Octubre de 2010
| Fecha de Resolución | 22 de Octubre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Agrario |
| Ponente | Johbing Richard Alvarez Andrade |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo De Nulidad |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Y FALCON
Maracaibo, veintidós (22) de octubre de 2010
Visto que en el presente caso han trascurrido íntegramente los diez (10) días de despacho concedidos, más el terminó de la distancia, los cuales vencieron el día jueves catorce (14) de octubre del año en curso, sin que el Instituto Nacional de Tierras remitiera los antecedentes administrativos del caso de acuerdo con La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario antes de su ultima reforma de fecha veintinueve (29) de julio del año en curso, la cual permitía la reserva de la admisión del recurso propuesto hasta tanto se consignara el respectivo expediente administrativo y en virtud de la precitada Ley, este Juzgado Superior Agrario de conformidad con el articulo 163, ordena dar admisión al recurso y al mismo tiempo solicitar al ente agrario recurrido la remisión del expediente administrativo, por lo que pasa nuevamente en ésta oportunidad a pronunciarse sobre la admisibilidad del RECURSO CONTENCIOSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO CON SOLICITUD DE MEDIDA PREVENTIVA Y DE PROTECCIÓN, presentado en fecha dieciocho (18) de mayo de 2.010, por el abogado en ejercicio J.F.P.V. venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.975.435, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 39.470, domiciliado en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, actuando en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Civil GANADERIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANOMINA (GASANTONIO), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 04 de mayo de 1982, bajo el N° 108, tomo 13-A, de los libros respectivos, contra el acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras, en sesión número 298-10, punto de cuenta No 27, de fecha dieciocho (18) de febrero de 2.010, en la cual se acordó la DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS O INCULTAS, INICIO DE RESCATE Y ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE LA TIERRA, decretado sobre el lote de terreno denominado “SAN ANTONIO”, ubicado en el sector El Rosario km 7 ½ vía San Carlos –Encontrados, parroquia San Carlos , Municipio Colón del Estado Zulia, con una superficie de mil setenta y tres hectáreas con mil doscientas setenta y un metros cuadrados (1271 m2), cuyo linderos son los siguientes linderos: Norte: terrenos ocupados por fundo Montevideo, fundos la Frontera, fundo El Rosario y fundo La Cúpula; Sur: terrenos ocupados por Fundo San Isidro, Fundo Chiquinquirá, Fundo Los 5 Hermanos y carreteras S.B.; Este: terrenos ocupados por vía de penetración y fundo S.I. y; Oeste: con terrenos ocupados por el fundo Sartaneja y fundo Monte Libre.
Ahora bien, tal y como se evidencia de las actas en fecha veintisiete (27) de mayo de 2010 (folios 163 al 174) este Superior revisó los requisitos previstos en el articulo 160 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario, en la cual se determinó de una revisión exhaustiva el cumplimiento de los mismos tales como son la determinación del acto cuya nulidad se pretende, el señalamiento de la oficina pública u organismo de donde emanó el acto, la indicación de las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncia, acompaña al escrito todos los documentos en copias simples, certificadas y originales, que demuestran el carácter con que se actúa, y diferentes instrumentos que igualmente prueban la titularidad del derecho real, por tanto este Juzgado Superior Agrario ADMITE el presente Recurso Contencioso de Nulidad de Acto Administrativo con Solicitud de Medida Preventiva y de Protección, interpuesto por el abogado en ejercicio J.F.P.V. venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.975.435, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 39.470, domiciliado en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, actuando en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Civil GANADERIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANOMINA (GASANTONIO), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 04 de mayo de 1982, bajo el N° 108, tomo 13-A, de los libros respectivos, contra el acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras, en sesión número 298-10, punto de cuenta No 27, de fecha dieciocho (18) de febrero de 2.010, en la cual se acordó la DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS O INCULTAS, INICIO DE RESCATE Y ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE LA TIERRA, decretado sobre el lote de terreno denominado “SAN ANTONIO”, ubicado en el sector El Rosario km 7 ½ vía San Carlos –Encontrados, parroquia San Carlos , Municipio Colón del Estado Zulia, con una superficie de mil setenta y tres hectáreas con mil doscientas setenta y un metros cuadrados (1271 m2), cuyo linderos son los siguientes linderos: Norte: terrenos ocupados por fundo Montevideo, fundos la Frontera, fundo El Rosario y fundo La Cúpula; Sur: terrenos ocupados por Fundo San Isidro, Fundo Chiquinquirá, Fundo Los 5 Hermanos y carreteras S.B.; Este: terrenos ocupados por vía de penetración y fundo S.I. y; Oeste: con terrenos ocupados por el fundo Sartaneja y fundo Monte Libre.
ESTE JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Y FALCON ADMITE EL PRESENTE RECURSO DE NULIDAD CUANTO HA LUGAR EN DERECHO, Y ORDENA SU CORRESPONDIENTE SUSTANCIACIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto con fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Por lo anteriormente expuesto, es por lo que este Juzgado Superior Agrario, dando cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece: “Artículo 80. — Cartel de emplazamiento. En el auto de admisión se ordenará la notificación de los interesados, mediante un cartel que será publicado en un diario que indicará el tribunal, para que comparezcan a hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia de juicio. El cartel será librado el día siguiente a aquél en que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas. En los casos de nulidad de actos de efectos particulares no será obligatorio el cartel de emplazamiento, a menos que razonadamente lo justifique el tribunal.”; ordena la emisión de un CARTEL DE EMPLAZAMIENTO, dirigido a todas aquellas personas que detenten algún interés sobre el fundo denominado “SAN ANTONIO”, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los DIEZ (10) DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a que conste en actas la publicación del mismo, a los fines de ejercer su defensa, exponiendo lo que a bien tengan, igualmente, una vez conste en actas la publicación de dicho cartel se procederá a notificar al DEFENSOR ESPECIAL AGRARIO competente por la ubicación del fundo, a los fines de que aperciba la defensa de los Terceros Beneficiarios, si los hubiere.
Asimismo, este Órgano Jurisdiccional indica a la parte recurrente, que dicho cartel será librado una vez conste en actas la practica de la TOTALIDAD DE LAS NOTIFICACIONES libradas en el presente auto, y que según lo preceptuado en el Artículo 81 de la precitada Ley, el mismo deberá ser retirado dentro de los TRES (03) DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a su emisión, y deberá ser publicado y consignada dicha publicación en el expediente dentro de los OCHO (08) DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a su retiro, so pena de CONSIDERAR DESISTIDO RECURSO y como consecuencia ORDENAR EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.
En cuanto al pedimento realizado por el recurrente en donde solicita MEDIDA PREVENTIVA Y PROTECCIÓN, de la decisión que tomara el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, este Juzgado considera que la parte recurrente lo que pretende es preservar la efectividad de la decisión que recaiga en la presente causa, esto es, en tanto se tramita y resuelve el incidente, es por ello, que este Tribunal, con base a los poderes oficiosos del Juez Especial Agrario, así como el carácter inquisitivo en los procesos y demás facultades que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario provee al Juez agrario para realizar actuaciones dirigidas a la búsqueda de la verdad y la justicia agraria, conforme el artículo 168 de la Ley up supra, la cual expresa: “…. cuando alguna parte solicite cualquier medida cautelar, el Juez ordenará la realización de una única audiencia oral, a los fines de conocer la posición de las partes en conflicto…”.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de las MEDIDAS CAUTELARES la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha diecisiete (17) de junio de 2008, con Ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.D.R., establece que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 167, ofrece a las partes, un mecanismo para solicitar al Juez de la causa medidas cautelares en el contexto de un recurso contencioso administrativo de nulidad. Esto es, se ofrece una vía judicial ordinaria para peticionar ante el a quo medidas cautelares, que pudieran consistir, como en el caso de autos, en la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido en vía de nulidad. Por consiguiente, este Juzgado Superior Agrario, declara inadmisible dicha solicitud de A.C., ya que lo conducente, en atención al contenido del numeral 5 del artículo 6° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en tanto y cuanto existe un mecanismo judicial ordinario, a efectos de solicitar una medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo recurrido, por cuanto el accionante dispone de una vía ordinaria judicial señalada en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. ASÍ SE DECIDE.
En consonancia con la antes señalado la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 2468 de fecha 10 de diciembre de 2007, con ponencia del Magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO, se pronunció en los siguientes términos:
…Así las cosas, y visto que se solicitó la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, es necesario reproducir el texto inserto en el artículo 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual dispone:
Sin perjuicio de los poderes de oficio del Juez a que se refiere el artículo 152 del presente Título, cuando alguna parte solicite cualquier medida cautelar, el Juez ordenará la realización de una única audiencia oral, a los fines de conocer la posición de las partes en conflicto. Una vez concluida la audiencia oral, el Juez de la causa decidirá inmediatamente sobre la petición cautelar. Dicha decisión sólo podrá diferirse por cuarenta y ocho (48) horas, en caso de que el Juez lo considere necesario para un mejor conocimiento del asunto.
Consumada la lectura de la norma cuya reproducción se efectúo en las líneas que anteceden, se constata que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece la obligación que tiene el sentenciador de fijar una audiencia oral en caso de que le sea solicitada una medida cautelar, a fin de conocer la posición de las partes en conflicto.
Para el caso de autos, se observa que la parte actora solicitó una medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo recurrido, siendo negada por el tribunal de la causa sin cumplir con el mandamiento establecido en el artículo 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Por consiguiente, y con la finalidad de garantizar el debido proceso y el acatamiento a la normativa inserta en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se declarará con lugar la presente apelación, ordenando al tribunal de la causa fijar la audiencia oral prevista en el artículo 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a efectos de que emita pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada. Así se decide…
Con fundamento a los argumentos anteriormente expuestos, se ORDENA fijar una audiencia oral a los fines antes señalados de conformidad con lo previsto en el artículo 168 ejusdem, fijando la misma para el DÈCIMO DÍA DE DESPACHO SIGUIENTE, a las diez de la mañana (10:00 A.M.) y una vez que conste en actas el recibido de todas las notificaciones empezará ha transcurrir el lapso para la celebración de la audiencia, a los fines de pronunciarse sobre la solicitud de medida solicitada. Asimismo, se ordena APERTURAR PIEZA DE MEDIDA la cual será signada con el mismo número de la pieza principal, por lo que se ordena expedir por secretaría copia certificada del presente auto y de boleta de notificación librada al recurrente, para que forme parte en la pieza de medida. ASÍ SE DECIDE.
En consecuencia, con lo señalado anteriormente, este Superior acuerda lo siguiente:
Notificar por oficio de la admisión del presente recurso al ciudadano(a) Procurador(a) General de la República Bolivariana de Venezuela, remitiéndole a tal fin copia certificada del libelo de demanda con sus anexos y del presente auto.
Notificar por oficio de la admisión del presente recurso al ciudadano F.F. en su condición de Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público con competencia especial Contencioso Administrativo, Tributario, Agrario y de Derechos y Garantías Constitucionales de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, remitiéndole a tal fin copia certificada del libelo de demanda con sus anexos y del presente auto.
Cítese mediante boleta al ciudadano PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, para que comparezca ante este Tribunal Superior dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de la última cualesquiera de la citación y/o notificaciones ordenadas en el presente auto de admisión, para que procedan a oponerse al presente recurso contencioso administrativo de nulidad, concediéndosele ocho (8) días continuos como término de distancia. Asimismo, se insta al mencionado Órgano a consignar los antecedentes administrativos en su forma original. Para la práctica de la citación ordenada, se comisiona suficientemente al Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas-Distrito Capital, a quien se acuerda librar oficio y despacho para su remisión.
Se ordena la emisión de un CARTEL DE EMPLAZAMIENTO, una vez cumplidas todas las citaciones y notificaciones ordenadas en el presente auto, dirigido a todas aquellas personas que detenten algún interés sobre el fundo denominado “SAN ANTONIO”, identificado en actas, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los DIEZ (10) DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a que conste en actas la publicación del mismo, a los fines de ejercer su defensa, exponiendo lo que a bien tengan, igualmente, una vez conste en actas la publicación de dicho cartel se procederá a notificar al DEFENSOR ESPECIAL AGRARIO competente por la ubicación del fundo, a los fines de que aperciba la defensa de los Terceros Beneficiarios, si los hubiere. Asimismo, se ordena la notificación de la Sociedad Civil GANADERIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANOMINA (GASANTONIO) o en su defecto a su apoderado judicial abogado en ejercicio J.F.P.V., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 39.470, domiciliado en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, en consecuencia líbrese boleta de notificación. Para el cabal cumplimiento de lo aquí ordenado se insta a la parte interesada para que consigne las copias fotostáticas correspondientes, y una vez consignadas, el Tribunal en consecuencia, librará los oficios mencionados. Cúmplase.
El Juez Superior
Dr. Johbing R.Á.A.
El Secretario
Abog. Iván Ignacio Bracho González
En la misma fecha se libró Boleta de Notificación a la parte recurrente en la presente causa.
El Secretario
Abog. Iván Ignacio Bracho González
