Decisión nº Auto de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Aragua, de 14 de Marzo de 2012

Fecha de Resolución14 de Marzo de 2012
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia Agraria
PonenteLeonardo Jimenez Maldonado
ProcedimientoAuto Interlocutorio

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Turmero, 14 de marzo de 2.012

201º y 153º

Visto el oficio N° 017-12 del 07/03/2.012, suscrito por la abogada J.L.G.D.P.P.A. del estado Aragua, por medio del cual manifiesta no aceptar la defensa de las ciudadanas Zuleiny Del M.L.O. y T.E.Z.M., titulares de la Cédula de Identidad N° V.- 11.977.298 y N° V.-14.470.600, respectivamente, las cuales se hicieron partes como terceros interesados en la Inspección Judicial realizada en el lote de terreno denominado FUNDO LA TRINIDAD, ubicado en la parcela N° 15, calle La Ceiba, sector Samán de Güere, Municipio S.M., estado Aragua, según las consideraciones siguientes:

(…)“De la revisión de autos del expediente nomenclatura 2012-0003 efectuada por quien suscribe, en fecha 07 de Marzo de 2012, se divisó, declaración efectuada ante este honorable Juzgado, por la ciudadana ZULEUNY DEL M.L.O., supra identificada, contenida en el folio (TREINTA), línea 13-20 la cual se transcribe a continuación; (…) “solicito el derecho de palabra la ciudadana Zuleiny López, quien expuso: Soy miembro del movimiento de pobladores Samán de Güere Norte, decidimos hacer esta toma un grupo de familias, por nuestra sola y absoluta voluntad ya que nos apegamos a las leyes que nuestro presidente, quien nos alega, somos madres de familia, solteras donde hay niños y adultos mayores, que tenemos la necesidad de tener una vivienda digna” (…). Así, se evidencia que las solicitantes no son sujetos beneficiarios de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Esta Defensora Pública Agraria Primera del Estado Aragua, se encuentra sujeta al régimen establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Pública la cual establece su objeto en el contenido de su artículo segundo, en este sentido la sección Tercera, ejusdem establece: Artículo 52. De los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencia en materia agraria para actuar ante los Tribunales de Primera Instancia estos funcionarios o funcionarias ocupan el grado II en el escalafón y actúan conforme al procedimiento ordinario agrario entre particulares, previsto en la Ley de Tierras y desarrollo Agrario. Artículo 53. Atribuciones de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencia en materia Agraria para actuar ante los Tribunales de Primera Instancia son atribuciones de estos funcionarios o funcionarios las siguientes: 1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia. 2. Asistir o representar con requerimiento expreso del beneficiario o beneficiaría de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tanto en su condición de demandante como de demandado o demandada, en todo procedimiento judicial que afecte directa o indirectamente a la actividad agraria. 3. Ejercer de oficio las actuaciones correspondientes, cuando tengan conocimiento de la existencia de amenazas o violaciones de los derechos e intereses legítimos de los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. 4. Notificar inmediatamente al Defensor Público o Defensora Pública que corresponda, del ejercicio de los recursos pertinentes. 5. Las que le atribuyan la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, esta Ley y su Reglamento. Ahora bien, el contenido del artículo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece: “En caso de no encontrarse el demandado o no poderse practicar personalmente la citación en el lapso fijado anteriormente, el o la alguacil expresará mediante diligencia las resultas de su misión, ante lo cual, se libraran sendos carteles de emplazamiento, los cuales se procederán a fijar uno en la morada de éste y el otro en las puertas del tribunal; así mismo, se publicara el referido cartel en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional. Emplazado el demandado por dicho cartel, concurrirá a darse por citado en el término de tres días de despacho contados a partir del día siguiente al que el secretario haya dejado constancia en autos de la fecha en que se produjo la fijación cartelaria, así como la consignación del diario regional donde se hiciere publicado el cartel; apercibiéndole que en caso de no acudir, su citación se entenderá con el funcionario o funcionaria al cual corresponda la defensa de los beneficiarios de esta Ley. En este sentido, es cierto que el artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, nos señala: la Defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado del proceso, no es menos cierto que la Defensa Pública debe apegarse a la competencia establecida en su Ley Orgánica, así como, en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, asistiendo a los Sujetos beneficiarios consagrados en el contenido del artículo 13 ejusdem. Es por lo antes expuesto esta Defensora Pública Agraria no puede aceptar la designación realizada por su digno despacho, sugiriendo respetuosamente sean remitidos a la Coordinación Regional de Adscripción o bien al despacho de la Defensa Pública Agraria Primera los posibles usuarios a los fines de canalizar su requerimiento y necesidades. Reitero que esta Defensa Pública Agraria del Estado Aragua se encuentra a disposición para ejercer las funciones encomendadas en aras de desarrollar el mejor servicio a los beneficiarios de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de forma articulada que redunde en equidad, justicia y solidaridad. Siempre en resguardo del agricultor y la Seguridad Agroalimentaria del país. (…)”. (Cursiva de este Tribunal Agrario).

Observa esta Instancia Agraria:

Por auto del 17/02/2.012, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, admitió la solicitud de Medida Cautelar de Protección Agrícola, interpuesta por los ciudadanos F.G.M. y N.M.M., debidamente asistidos por la abogada N.D. de Guerrero, en contra de un grupo de personas encabezadas por J.T., estimando necesario esta Instancia Agraria, realizar Inspección Judicial en el lote de terreno denominado FUNDO LA TRINIDAD, ubicado en la parcela N° 15, calle La Ceiba, sector Samán de Güere, Municipio S.M., estado Aragua; a fin de constatar los hechos y afirmaciones en que se funda la pretensión de la parte solicitante, fijando la referida Inspección para el 27/02/2.012. (Folio 17).

Siendo la oportunidad fijada, se trasladó y constituyó el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en el referido predio, tal como consta de acta de Inspección Judicial levantada (folios 26 al 33). El 29/02/2.012, comparecieron, ante la secretaría de éste Juzgado Agrario, las ciudadanas, Zuleiny Del M.L.O. y T.E.Z.M., ya identificadas, quienes estuvieron presentes en la Inspección Judicial practicada el 27/02/2012 y de forma oral solicitaron al Juez, se les designara un Defensor Agrario, a los fines, que las asista como terceros interesados, en la solicitud Medida Cautelar de Protección Agrícola, por cuanto manifestaron no contar con medios económicos para sufragar los honorarios profesionales de un abogado privado. (Folio 62).

Vista la solicitud oral, realizada por las referidas ciudadanas, el Tribunal acordó por auto separado, oficiar a la Defensoría Pública Agraria del Estado Aragua, a los fines que brindara asistencia Técnica-Jurídica a las solicitantes y garantizarles su derecho a la defensa de conformidad con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, librándose oficio Nº 062, del 29/02/2.012, en el cual se le informaba a la ciudadana J.L.G.D.P. con Competencia Agraria del estado Aragua, que debía comparecer por ante este Juzgado Agrario, a aceptar el cargo y brindar la asistencia técnica las ciudadanas Zuleiny Del M.L.O., y T.E.Z.M., quienes expresamente se lo habían requerido al Tribunal. (Folio 62 al 64)

Sin perjuicio de lo expuesto, y vista la no aceptación de la Defensa Pública Primera Agraria del estado Aragua, para brindar la asistencia Técnica Jurídica a las citadas ciudadanas, este Tribunal Agrario, estima necesario verificar lo dispuesto en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y seguidamente hacer las siguientes consideraciones:

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado (…) y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Artículo 253 La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. Artículo 49 El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. (…). Artículo 268 La ley establecerá la autonomía y organización, funcionamiento, disciplina e idoneidad del servicio de defensa pública, con el objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de la carrera del defensor o defensora

. (Cursiva, Negrita y Subrayado de éste Tribunal Agrario).

De la interpretación de los preceptos Constitucionales parcialmente trascritos, se evidencia que nuestro sistema de Justicia, no sólo se encuentra integrado por los distintos Órganos Jurisdiccionales que forman parte del Poder Judicial, sino que, en el esquema del Texto Constitucional, se adhieren entes que con sus funciones propias coadyuvan, a la materialización del estado Social de Derecho y Justicia, en el cual se constituyó la República Bolivariana de Venezuela, concepto éste, el cual surgió ante la existencia de una desigualdad entre las clases y grupos sociales, bajo la concepción que la Ley no es simplemente una normativa que se aplica por igual a realidades desiguales, sino que ésta, surge de la aplicación de una serie de principios los cuales tienden en lo posible a alcanzar el bien común. (Ver Sentencia Nº 85, del 24/01/2.002, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Exp. 01-1274, caso: Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal).

En este mismo orden de ideas, cuando el Constituyentista Venezolano, estructuró el sistema de Justicia, se vio en la necesidad de crear la figura de la Defensa Pública, como ente del estado Garante del Derecho a la Defensa (previsto en el artículo 49 ordinal 1° Constitucional), y por ende del Debido Proceso, especialmente como un asistente técnico-jurídico, de aquellos que no cuentan o no pueden contar con una defensa privada, todo en aras de dar una correcta aplicación a la concepción de un Estado Social de Derecho y de Justicia, en el cual el mismo Estado, configura mecanismos Constitucionales que permiten que se materialicen la consecución de sus principios rectores, sin limitarse meramente a definirlos, como es el caso de la Defensa Pública, la cual forma parte del Sistema de Justicia, cuyo fin primario no es otro, que el garantizar la tutela judicial efectiva del Derecho Constitucional a la Defensa gratuita a todos los ciudadanos y ciudadanas, sin discriminación.

Por lo antes expuesto considera esta Instancia Agraria, verificar lo dispuesta en la Ley Orgánica de la Defensa Pública, en relación a la Función de la Defensa Pública como Órgano del Sistema de Justicia, observando lo siguiente:

“Articulo 2. La Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia que tiene como propósito fundamental garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia. Asimismo, está dedicada a prestar a nivel nacional un servicio de defensa pública, en forma gratuita a las personas que lo requieran, sin distinción de clase socioeconómica Artículo 8. Son competencias de la Defensa Pública: 1. Garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo en todas las materias que le son atribuidas de conformidad con la ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Cualquier otra que, por aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de las normas, tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela le sean atribuidos. Artículo 14. Son atribuciones del Defensor Público General o Defensora Pública General las siguientes: 1. Ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. 2. Garantizar el derecho a la defensa y la asistencia jurídica en todas las instancias para quienes lo requieran, y así lograr el ejercicio efectivo del acceso a la justicia (...) 17. Asignar la competencia de los defensores públicos o defensoras públicas, por el territorio y por la materia (...). Articulo 24. Los defensores públicos o defensoras públicas tienen la obligación de: 1. Prestar de manera idónea el servicio de orientación, asistencia, asesoría o representación jurídica a los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, en los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás disposiciones aplicables. 2. Orientar, asistir, asesorar o representar ante las autoridades competentes, los intereses y derechos jurídicos de sus defendidos o defendidas, a cuyo efecto deben hacer valer todas las acciones, excepciones o defensas que correspondan, interponer los recursos legales respectivos, y realizar cualquier otro trámite o gestión que sea procedente y que resulte en una eficiente y eficaz defensa que garantice la tutela efectiva del derecho a la defensa. 3. Asistir sin demora a todos los actos procesales en los cuales sean parte, tomando en cuenta la unidad e indivisibilidad de la Defensa Pública Artículo 26. El Defensor Público o Defensora Pública deberá inhibirse o podrá ser recusado o recusada por las causales de recusación previstas en los instrumentos legales que regulen la materia en las que esté actuando. (…) Del procedimiento de inhibición Artículo 27. En caso de inhibición el funcionario o funcionaría expondrá por diligencia las razones de hecho y de derecho que las justifiquen ante el Coordinador o Coordinadora Regional, quien a su vez lo participará al Defensor Público General o Defensora Pública General de la Defensa Pública, correspondiéndole al Coordinador o Coordinadora Regional la designación de otro Defensor Público u otra Defensora Pública. El designado o designada sustituirá al inhibido o inhibida, a menos que también estuviere incurso en alguna causal de inhibición. No podrá obligarse al Defensor Público o Defensora Pública inhibido o inhibida a continuar interviniendo en el proceso. Quedan a salvo las sanciones a que diere lugar su conducta. Articulo 36. Se designaran defensores públicos o defensoras públicas con competencias en materia penal, en la jurisdicción Penal Militar, Agraria, Laboral, y de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo; de Protección del Niño, Niña y Adolescente; de Responsabilidad Penal del Adolescente; Indígena; Civil; Mercantil; Transito y Contencioso Administrativa, para actuar ante los órganos y entes nacionales, estadales y municipales; el Tribunal Supremo de Justicia y demás competencias que por necesidad del servicio sean creadas. Articulo 52. Estos funcionarios o funcionarías ocupan el Grado II en el escalafón y actúan conforme al procedimiento ordinario agrario entre particulares, previsto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Articulo 53. Son atribuciones de estos funcionarios o funcionarías las siguientes: 1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia. 2. Asistir o representar con requerimiento expreso del beneficiario o beneficiaría de te Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tanto en su condición de demandante como de demandado o demandada, en todo procedimiento judicial que afecte directa o indirectamente a la actividad agraria. 3. Ejercer de oficio las actuaciones correspondientes, cuando tengan conocimiento de la existencia de amenazas o violaciones de los derechos e intereses legítimos de los beneficiarios o beneficiarías de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. 4. Notificar inmediatamente al Defensor Público o Defensora Pública que corresponda, del ejercicio de los recursos pertinentes. (…). (Cursiva, Negrita y subrayado de éste Tribunal Agrario).

De la interpretación de las normas parcialmente citadas, se infieren los siguientes aspectos relevantes: 1- Como se ha indicado supra, la Defensa Pública es un Órgano del Sistema de Justicia destinado a la consecución del Derecho Constitucional a la Defensa de toda persona que lo requiera sin distinción de persona o materia, por cuanto ésta, es un sistema único e indivisible; 2- Que es obligación del Defensor Público General coadyuvar a que se logre el acceso a la Justicia, en toda Instancia Judicial o Administrativa, de aquellas personas que lo soliciten, designado y dirigiendo a los Defensores Públicos, por Materia y Territorio, 3- Que es deber de todos los Defensores Públicos prestar de manera idónea la orientación, asistencia, asesoría o representación jurídica a los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, así como, realizar cualquier otro trámite o gestión que sea procedente y que resulte en una eficiente y eficaz defensa que garantice la tutela efectiva del derecho a la defensa, 4- Que en los casos en los cuales exista causal de Inhibición deberá de forma expresa inhibirse, conforme al procedimiento establecido en la misma Ley Orgánica de la Defensa Pública.

Ahora bien, hecho el anterior análisis, se observa de autos que, luego de la solicitud formal de designación de un Defensor Agrario, realizada de forma oral el día 29/02/2.012, cuyo contenido fue reducido a escrito en forma de acta (folio 62), por las ciudadanas Zuleiny Del M.L.O., y T.E.Z.M., éste Juzgado Agrario, notificó a la Defensora Agraria Primera del estado Aragua, a los fines que, brindara de su asistencia, por cuanto las prenombradas ciudadanas manifestaron ser terceros interesados en la presente Medida Cautelar de Protección Agrícola, asistencia ésta, que fue rechazada por la Defensa Agraria argumentado entre otras cosas que:

“(…) se evidencia que las solicitantes no son sujetos beneficiarios de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Esta Defensora Pública Agraria Primera del Estado Aragua, se encuentra sujeta al régimen establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Pública la cual Esta Defensora Pública Agraria Primera del Estado Aragua, se encuentra sujeta al régimen establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Pública (…)En este sentido, es cierto que el artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, nos señala: la Defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado del proceso, no es menos cierto que la Defensa Publica debe apegarse a la competencia establecida en su Ley Orgánica, así como, en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, asistiendo a los Sujetos beneficiarios consagrados en el contenido del artículo 13 ejusdem. Es por lo antes expuesto esta Defensora Publica Agraria no puede aceptar la designación (…). (Cursiva de éste Tribunal Agrario).

Vista la anterior manifestación y en concordancia con las disposiciones Constitucionales y Legales interpretadas, esta Instancia Agraria, considera que, al no aceptar la defensoría Agraria Primera del estado Aragua, la cual es la única en éste Estado, tal asistencia, en los términos citados, se les podría lesionar a las prenombrados ciudadanas su acceso a la Justicia, mas aún, cuando el presente asunto esta revestido de un eminente carácter social, propio de la Competencia Agraria, al expresamente manifestarle a este Juzgado Agrario que ellas tienen un interés por cuanto declaran ser terceros interesados en el presente asunto, interés éste el cual debe ser probado, durante el transcurso del proceso, y no simplemente desestimado sin el debido juicio-valor, aunado a que igualmente señalaron no contar con medios económicos para sufragar los gastos de una defensa privada, lo que hace inferir a éste Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia Agraria del estado Aragua, que debe la Defensa Pública a la brevedad posible, dentro del marco de su función, más allá que la limitación a la interpretación de una norma de carácter legal, en la cual se considere a una persona Beneficiaria o no de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aplicar preferentemente las Garantías Constitucionales, dando eficacia y preeminencia al Derecho a la Defensa, para que el Debido Proceso se materialice y las ciudadanas Zuleiny Del M.L.O., y T.E.Z.M., suficientemente identificadas supra, tengan un real acceso a la Justicia, propio del estado Social de Derecho y de Justicia en el cual se constituyó la República Bolivariana de Venezuela, y en tal sentido, proveer a las referidas ciudadanas, de un Defensor Público que asista sus Derechos.

Por la motivación anterior, este éste Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia Agraria del estado Aragua, acuerda Oficiar al Defensor Público General y a la Coordinadora de la Unidad Regional de la Defensa Pública de éste Estado, a fin que se designe Defensor Público Agrario a las ciudadanas Zuleiny Del M.L.O. y T.E.Z.M., titulares de la Cédula de Identidad Nº V.- 11.977.298 y Nº V.-14.470.600, respectivamente, quienes de manera expresa lo solicitaron al Tribunal, por no contar con ingresos para sufragar los gastos de una asistencia técnica-jurídica privada, anexándosele a los referidos oficios copias certificadas del oficio 017-12, del 07/03/2012 procedente de la Defensa Pública Primera Agraria del estado Aragua y del presente auto. Para la elaboración de las mencionadas copias se autoriza suficientemente al Alguacil A.J.V., titular de la Cédula de Identidad Nº V-.17.553.200. Líbrese Oficios.

El Juez,

L.J.M..

La secretaria,

D.V.R.

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto anterior. Conste.

La secretaria

D.V.R.

Sol. 2.012-0003.

LJM.-

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