Decisión nº 1497 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 3 de Mayo de 2012

La División de Sumario Administrativo de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, emitió a cargo de la recurrente la Resolución de Imposición de Multa Nº SAT/GRTIRC/DSA/CCSVM/95/I/000451 de fecha veintidós (22) de Enero de 1996, por cuanto “constató que la misma no mantiene de forma permanente los Libros de Compras y Ventas dentro del establecimiento, a lo cual está obligada de conformidad con el Artículo 126 Numeral Tercero del Código Orgánico Tributario en concordancia con el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Impuesto Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor”, lo cual constituye un incumplimiento de un deber formal sancionado de conformidad a lo previsto en el artículo 106 del Código Orgánico Tributario de 1994.

No estando conforme con tal decisión la contribuyente procedió a ejercer el correspondiente Recurso Jerárquico en fecha veintinueve (29) de Marzo de 1996, el cual fue declarado inadmisible mediante Resolución Nº HGJT-A-290 de fecha trece (13) de Abril de 1999, emanada de la Gerencia Jurídico Tributario del SENIAT, contra la cual interpuso el Recurso Contencioso Tributario objeto de análisis y decisión.

En su escrito recursivo, el ciudadano que dice ser representante legal de la contribuyente alegó que si el mismo intentó el recurso jerárquico debe considerarse materializado su interés legítimo en éste. Por otro lado, menciona su interés en que no le sea aplicada la multa, por cuanto para el momento en que fue instaurado el procedimiento de verificación, efectuado en día sábado, según asegura, la oficina que le gestiona su contabilidad no trabajó, y que en tanto su imposibilidad de presentar recaudos, libros y otros documentos exigidos por la actuación fiscal, asimismo señala que por haber sido en sábado no debe ser considerado como día hábil para fiscalizar, siéndole negado a su decir, el poder presentarlos posteriormente.

Ahora bien, respecto de la declaratoria de inadmisibilidad del jerárquico, acto objeto de la controversia, el recurrente señala que la Administración Tributaria no siguió el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo, mediante el cual se debió de haberle notificado de las faltas u omisiones observadas para que un lapso de quince (15) días procediera a subsanarlos, asegurando mas bien que, por contrario, fue notificada de esa resolución tres (3) años después de la interposición del jerárquico.

En su escrito de informes la representación judicial del Fisco Nacional solicitó a este Tribunal que, como punto previo, fuese declarado inadmisible el recurso objeto de la presente litis, por cuanto considera que se pretende a través de su interposición recurrir nuevamente de la Resolución de Imposición de Multa Nº SAT/GRTIRC/DSA/CCSVM/95/I/000451 de fecha veintidós (22) de Enero de 1996 emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, cuando esa actuación administrativa fue agotada posteriormente con la Resolución identificada bajo el Nº HGJT-A-290 de fecha trece (13) de Abril 1999.

Adicionalmente destaca dicha representación Fiscal, que existe en el presente caso falta de acreditación del representante del fondo de comercio, al limitarse el ciudadano A.V.P., al momento de la interposición del recurso jerárquico, a indicar el carácter con que actuaba sin acompañar al escrito recursivo original o copia certificada del documento constitutivo estatutario de la empresa o documento poder.

Finalmente, en el supuesto negado que este Tribunal decida la admisibilidad del Recurso Contencioso Tributario, sostiene que en el presente caso no es aplicable lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en atención a lo previsto en el artículo 86 ejusdem; y que estar plenamente demostrado que la contribuyente al momento de la verificación de deberes formales no poseía los libros a que se refiere la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor y su reglamento, lo cual trajo como consecuencia que se dejara constancia de la omisión y consumación del incumplimiento de dicho deber formal, que conllevó a la sanción impuesta.

- II -

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Planteada la controversia en los términos antes expuestos, este Órgano Jurisdiccional debe pronunciarse sobre una cuestión preliminar, referida a una causal de inadmisibilidad del recurso con el cual se incoa la presente causa.

A tal efecto, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el nueve (09) de Febrero de 1994, en Sentencia Nº 94-81, con ponencia del Magistrado Jesús Caballero Ortiz, en el caso F.A. y otros vs. UCAB, dejó sentado lo siguiente:

Por constituir las causales de inadmisibilidad de los recursos previstos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia materia de orden público, tal como lo tiene decidido la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Política Administrativa, y de esta Corte, la circunstancia de que una determinada acción haya sido admitida in limine litis no impide a la Corte, en la sentencia definitiva, revisar dichas causales a objeto de determinar si la acción es efectivamente admisible

.

En igual sentido, ha manifestado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que las causales de inadmisibilidad pueden ser advertidas por el sentenciador “en cualquier estado y grado de la causa, pues la naturaleza de orden público de las mismas así lo admite” (ver sentencias Nos. 00336 y 00515 del 06-03-2003 y 28-03-2007).

Así las cosas, en estos procesos donde las partes son siempre y en todo caso el Fisco, bien sea Nacional, Estadal o Municipal, o cualquier otro ente público acreedor del tributo, por una parte, y por la otra el contribuyente o responsable, aquellas decisiones que declaren admisible el Recurso Contencioso Tributario no causan perjuicio alguno que no sea reparable por la sentencia definitiva; debiéndose destacar que el Juez de la causa puede revisar de oficio nuevamente en esta etapa del proceso, si se cumplieron los requisitos necesarios para la admisión del recurso, como punto previo antes de entrar a conocer del fondo de la causa.

Visto lo anterior, tenemos que los ordinales 2° y 8° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a estos procesos por disposición expresa del artículo 223 del Código Orgánico Tributario de 1994 aplicable ratione temporis, establecen:

El libelo de la demanda deberá expresar:

...Omissis...

3° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.

...Omissis...

8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder

...Omissis...

.

Así mismo, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dispone:

Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar:

...Omissis...

2.- La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad;

...Omissis...

Por su parte, los artículos 185 y 192 del Código Orgánico Tributario aplicable ratione temporis, estipulaban lo siguiente:

Artículo 185: “El Recurso Contencioso Tributario procederá:

1º. Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación mediante el Recurso Jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio de dicho Recurso.

2º. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando habiendo mediado Recurso Jerárquico éste hubiere sido denegado tácitamente conforme al artículo 171 de este Código.

3º. Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente el Recurso Jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares.

Parágrafo Único:

El Recurso Contencioso Tributario podrá también ejercerse subsidiariamente al Recurso Jerárquico, en el mismo escrito, para el caso de que hubiese expresa denegación total o parcial, o denegación tácita, de dicho Recurso Jerárquico.”

Artículo 192: “Recibido el Recurso y una vez que la Administración Tributaria y el recurrente estén a derecho, el Tribunal, dentro de los diez (10) días continuos siguientes, lo admitirá o declarará inadmisible.

Son causales de inadmisibilidad del Recurso:

1. Caducidad del plazo para ejercer el Recurso;

2. Falta de cualidad o interés del recurrente; y

3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para comparecer en juicio o por no tener la representación que se atribuye, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.

Esta decisión será apelable dentro de los diez (10) días continuos.

La apelación será oída en ambos efectos y deberá ser decidida en el término de treinta (30) días continuos.” (Subraya el Tribunal).

Ahora bien, los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, a los cuales les toca decidir sobre la legalidad o no de los actos administrativos de naturaleza tributaria que sean sometidos a su consideración, en particular cuando se denuncia la violación a disposiciones de rango constitucional, deben analizar el carácter de las disposiciones aplicadas en los supuestos de hecho presentados y determinar si estas son normas cuyo contenido es de estricto cumplimiento por los particulares, es decir, si son normas de orden público.

Este Tribunal observa que los artículos 185 y 192 del Código Orgánico Tributario, constituyen indudablemente normas de orden público, esto es, que no pueden ser relajadas ni desconocidas por los particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Código Civil, por tanto, mal pueden ser contrarias a los principios constitucionales, pues dichas normas establecen los requisitos esenciales para la interposición del Recurso Contencioso Tributario y las causas por las cuales resulta inadmisible.

De manera tal que dichas normas constituyen e integran la regulación que debe seguirse a los fines de garantizar el cumplimiento, precisamente, de la garantía del derecho a la defensa, pues la exigencia de demostrar la legitimidad con el que actúan los representantes de las personas tanto naturales como jurídicas, en efecto, garantiza la mejor defensa del recurrente; y por otra parte, también garantiza otro principio igual de importante, que no es otro que el principio del debido proceso.

A su vez consideramos conveniente transcribir lo establecido en el artículo 84 numeral 7, de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia aplicable ratione temporis:

No se admitirá ninguna demanda o solicitud que se intente ante la Corte:

…omissis…

7.- Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuya el actor;

…omissis…

.

Así, tenemos que la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, al referirse a la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 7 del artículo 84 de la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que:

Sólo debe declararse inadmisible el recurso contencioso-tributario cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuyen el actor, esto es, cuando no exista en la documentación agregada al expediente ninguna prueba de la representación que se atribuya el actor, o que el mismo poder resulte insuficiente, de manera que sea manifiesta la falta de representación de quién, haciendo uso de él, pretenda concurrir ante el órgano jurisdiccional en sustitución del otro

. (Sentencia del 12/11/87. Caso: Corpoven; citada a su vez en la sentencia N° 1.408 publicada el 03/11/99. Caso: Laboratorios Vargas, S.A. Sala Especial Tributaria II).

De los artículos parcialmente transcritos, se puede evidenciar que, cuando la parte actora ejerce un Recurso, se debe hacer mención tanto a los datos de identificación de la misma, como a los datos que identifiquen plenamente a quien actúe como su representante, datos éstos que igualmente deben hacerse constar, mediante la consignación, conjuntamente con el escrito recursivo, del original o copia del Poder, y/o documento constitutivo estatutario de la empresa, acta de asamblea, o cualquier otro documento válido que acredite tal representación.

De la lectura de las actas que conforman el presente expediente, tomando en consideración las disposiciones legales antes transcritas que regulan el procedimiento que se debe seguir para que se cumpla la garantía del derecho a la defensa y al debido proceso, dentro del marco del procedimiento tributario, y de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 270 del Código de Comercio, el Tribunal observa que el Recurso Contencioso Tributario fue interpuesto por el ciudadano A.V.P., quien se identifica como Director Gerente de la contribuyente “SUPER GANGAS EL VALLE, S.R.L.”; sin embargo, no existe en el expediente documentación alguna de la que se deriven las facultades otorgadas al ciudadano en cuestión, es decir, no demostró en forma fehaciente mediante instrumentos idóneos, la facultad recaída en él para representar legalmente a la recurrente e intentar el referido recurso, pues de la copia simple del documento poder presentada anexa al escrito recursorio (folios 6 y 7), tan solo se desprende que el mismo fue otorgado por los ciudadanos A.V.P. y J.D.V.B., actuando en nombre propio, a los abogados L.A.M.R. e I.A.Q.S. para que:

… actuando conjunta o separadamente representen todos los derechos y acciones e intereses como demandados o como demandantes en todas las acciones o juicios que se nos presenten en relación con un Local Comercial ubicado en la Avenida Bermúdez Norte Nº 3 , en la ciudad de los Teques, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, y propiedad de la ciudadana: M.N.D.C.F., mayor de edad, titular de la Cédula de Idenitidad (sic) Nº E-1.045.781.

Por otro lado, de la Notificación de la Resolución Nº HGJT-A-290 (folio 8), ni tan siquiera se evidencia que el local a que se hace referencia en la copia simple del documento poder, sea el de la recurrente, pues en dicha notificación se señala la siguiente dirección:

Contribuyente

SUPER GANGAS EL VALLE, S.R.L

Av. Lecuna, Esq. Reducto,

Edif. Reducto, Planta Baja.

Caracas.

De manera que no se encuentra demostrada en autos la legitimidad del ciudadano antes mencionado para actuar en nombre e interés de la recurrente, al ser manifiesta en el caso bajo análisis su falta de representación, razón por la cual deviene la inadmisibilidad del Recurso Contencioso Tributario incoado, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 192 del Código Orgánico Tributario aplicable. Así se decide.

- III -

DECISIÓN

Por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano A.V.P., ya identificado, presuntamente actuando en su carácter de Director Gerente de la contribuyente “SUPER GANGAS EL VALLE, S.R.L.”, contra la Resolución Nº HGJT-A-290 de fecha trece (13) de Abril de 1999, emanada de la Gerencia Jurídico Tributario del hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró Inadmisible el Recurso Jerárquico ejercido por dicha contribuyente en fecha veintinueve (29) de Marzo de 1996, contra la Resolución (Artículo 106 del Código Orgánico Tributario) Nº SAT/GRTIRC/DSA/CCSVM/95/I/000451 de fecha veintidós (22) de Enero de 1996, emanada de la División de Sumario Administrativo adscrita a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, por monto de 125 Unidades Tributarias, equivalentes para la época a Bs. 125.000,00 y actualmente a Bs. 125,00 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007; en consecuencia queda firme el acto administrativo recurrido.

- IV -

C O S T A S

Dispone el artículo 327 del Código Orgánico Tributario lo siguiente:

Declarado totalmente sin lugar el recurso contencioso, o en los casos en que la Administración Tributaria intente el juicio ejecutivo, el Tribunal procederá en la respectiva sentencia a condenar en costas al contribuyente o responsable, en un monto que no excederá de diez por ciento (10%) de la cuantía del recurso o de la acción que de lugar al juicio ejecutivo, según corresponda. Cuando el asunto no tenga cuantía determinada, el tribunal fijará prudencialmente las costas.

Cuando, a su vez la Administración Tributaria resultare totalmente vencida por sentencia definitivamente firme, será condenada en costas en los términos previstos en este artículo. Asimismo, dichas sentencias indicarán la reparación por los daños que sufran los interesados, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Tributaria.

Los intereses son independientes de las costas, pero ellos no correrán durante el tiempo en el que el juicio esté paralizado.

Parágrafo Único: El Tribunal podrá eximir del pago de las costas, cuando a su juicio la parte perdidosa haya tenido motivos racionales para litigar, en cuyo caso se hará declaración expresa de estos motivos en la sentencia

.

Por su parte, el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil prevé:

A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se le condenará al pago de las costas.

Así pues, declarado Inadmisible el Recurso Contencioso Tributario incoado, este Tribunal actuando de conformidad con los artículos precedentes impone en el presente juicio a la contribuyente “SUPER GANGAS EL VALLE, S.R.L.”, del pago de las Costas Procesales, calculadas en el diez por ciento (10%) de la cuantía del presente recurso. Así se declara.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.

Dada, firmada y sellada en horas de despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los tres (3) días del mes de Mayo de dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 152º de la Federación.-

El Juez Provisorio,

G.A.F.R.. La Secretaria,

A.O.D.A.F..

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana (9:45 a.m.).----------La Secretaria,

A.O.D.A.F..

ASUNTO: AF46-U-2000-000125.

ASUNTO ANTIGUO: 1.510.

GAFR/Jrsd.