Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 25 de Julio de 2007
| Fecha de Resolución | 25 de Julio de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Edgar José Moya Millán |
| Procedimiento | Querella |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DE LA REGIÓN CAPITAL
Siendo la admisibilidad materia de orden público, es necesario destacar tal y como lo ha dejado asentado la Sala Constitucional de nuestro m.T. de la República, que la admisión de la demanda, el auto que en ese sentido se dicta, no prejuzga sobre el fondo, sino que constatado que se llenan los requisitos mínimos para dar curso a la acción y a la demanda, se ordena tramitarla con el fin que en el fallo definitivo se analice y examine todo lo referente al fondo, y se revise de nuevo la existencia de los requisitos de admisibilidad en esa etapa del proceso. En consecuencia, a pesar de ser la admisión la acción o de la demanda un requisito necesario para el inicio del procedimiento, ya que es a través de esta figura que el Juez determina si la acción incoada debe o no tramitarse, eso no quiere decir que ese es el único momento dentro del proceso en el cual el Juez puede declarar la admisibilidad de la demanda o de la acción, ya que, puede darse el caso en el cual el Juez al estudiar el asunto planteado, descubre que existe causal de inadmisibilidad no reparada por él, que puede ser pre-existente, o puede sobrevenir en el transcurso del proceso, y en ese momento es cuando debe declarar inadmisible la acción. Asimismo, el Juez puede revocar, rectificar o reformar de oficio o a petición de parte, los actos o providencias de mera sustanciación o mero trámite, mientras no pronuncie sentencia definitiva.
A tal efecto, este Juzgador a los fines de declarar si existe una incompetencia o causal de inadmisibilidad sobrevenida o no, hace las siguientes consideraciones:
En fecha 04 de julio de 2007, por efecto de la distribución, se recibió el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, donde figura como querellante el ciudadano J.G.G.C., titular de la cédula de identidad Nº V- 2.232.431, debidamente asistido por los abogados H.S.L. y A.A.A., inscrito en el Inpreabogado bajo los Nros. 2835 y 4510 respectivamente, en contra del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR.
Demanda la parte recurrente, la realización de un nuevo cálculo y pago de prestaciones sociales, ordenándose al Ministerio del Poder Popular Para la Educación Superior a que pague a su favor la cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLIVARES CON OCHO CENTIMOS, (Bs. 164.168.851,08) por concepto de diferencia en la liquidación de Prestaciones Sociales.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Como preámbulo, pasa este Sentenciador aclarar que, la acción es considerada como el derecho de la persona de exigir de los órganos jurisdiccionales la resolución de una controversia o una petición; asimismo, a los fines de que tal derecho sea ejercido, la ley exige que el mismo sea interpuesto en un lapso determinado.
En este sentido, se puede observar de los hechos que dieron lugar a la presente acción, y de los alegatos explanados por la representación judicial del querellante, que la querella pretende el cobro de cantidades de dinero por concepto de diferencia de prestaciones sociales, derivados de la prestación de servicio.
La Constitución y la ley establecen cual es la actividad administrativa impugnable y frente a la cual los ciudadanos pueden accionar por ante los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para hacer valer sus derechos e intereses. Entre los actos administrativos impugnables tenemos: a) los de carácter general: las disposiciones de carácter general dictadas por la Administración por ilegalidad, tales como decretos, reglamentos; b) los actos expresos o presuntos, llamados tradicional, que de manera directa o indirecta trata sobre la ilegalidad de alguna disposición general; c) los actos contra la inactividad de la administración, que otorga a los administrados una herramienta jurídica para combatir la inactividad y los retardos administrativos, y; d) los actos o actuaciones materiales en vías de hecho de la administración, que carecen de la obligatoria protección jurídica y lesionan derechos e intereses legítimos y sus derechos pueden estar sometidos a un plazo de prescripción.
Los únicos actos excluidos del control de la jurisdicción contencioso-administrativa son los actos consentidos, cuando el interesado no acciona para solicitar que el acto sea declarado nulo, pues la administración pública no actúa de oficio.
La actividad administrativa impugnable como objeto de la Administración Contencioso-Administrativa, establece diversas modalidades de recurso con base a las disposiciones normativas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 259 y en las regulaciones dispuestas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En el mismo orden de ideas, se puede verificar que la parte recurrente interpone el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, en fecha veintisiete (27) de junio de 2007.
De acuerdo a este punto es menester advertir, que el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece:
Artículo 94: Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto
Con respecto al contenido del artículo anteriormente trascrito, se deduce que para intentar el respectivo Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, el mismo se debe interponer en un lapso no mayor a los tres (3) meses, contados a partir de la notificación del interesado, o a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a la acción, todo esto, en concordancia con lo establecido en los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
La doctrina como la jurisprudencia han insistido o reiterado de manera pacifica, que la disposición contenida en el precitado artículo 94, establece un lapso de caducidad, lo cual exterioriza que nos encontramos en presencia de un término que no admite paralización, detención, interrupción ni suspensión, ya que el mismo transcurre o se cumple fatalmente, y su vencimiento ocasiona la extinción de la acción del derecho que se pretende hacer valer, por lo que la acción ha de interponerse antes del vencimiento del lapso establecido ex lege.
Así las cosas, se observa que el ciudadano J.G.G.C., debidamente identificado, afirma en su escrito libelar que en fecha 10 de agosto de 2006 recibió como pago de sus prestaciones sociales la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA BOLIVARES CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 264.779.030,65); lo que hace concluir a este sentenciador que desde la fecha en que el querellante recibió el monto de su liquidación de Prestaciones Sociales hasta la fecha de la interposición del recurso, transcurrieron diez (10) meses y diecisiete (17) días; por tanto, manifiesta este Tribunal que el recurrente, al considerar lesionados sus derechos e intereses legítimos, debió intentar el correspondiente recurso dentro del lapso de tres (3) meses contados desde el día siguiente al que recibió el pago de sus prestaciones sociales, tal como lo establece el artículo 94 eiusdem, de allí que al evidenciarse que el recurso funcionarial fue interpuesto fuera del señalado lapso, el mismo debe ser declarado Inadmisible por operar la caducidad. Así se decide.
DECISION
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano J.G.G.C., titular de la cédula de identidad Nº V- 2.232.431, debidamente asistido por los abogados H.S.L. y A.A.A., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 2835 y 4510 respectivamente, en contra del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en la ciudad de Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil siete (2007).- Años:197º de la Independencia y 148º de la Federación.-
JUEZ PROVISORIO,
E.M.M.
LA SECRETARIA,
M.G.J.
En esta misma fecha, siendo las 10:00 a.m.; se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
M.G.J.
Exp. 5798/EMM
