Decisión nº 01 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 3 de Mayo de 2012

Se recibieron las presentes actuaciones en este Juzgado Superior, por consulta legal de la decisión de fecha 1° de abril de 2011 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

PIEZA N° 1:

Se inició el presente juicio cuando los abogados M.Y.A.S. y F.G.C.S., actuando como apoderados judiciales de los ciudadanos J.D.C.M., éste como apoderado general de su esposa L.d.C.M.d.C., P.S.M.G., M.E.M.G., A.O.M.G., A.I.M.G. y H.D.M.G., solicitaron la interdicción de su señora madre M.E.d.C.G.G.. Manifestaron que sus poderdantes son hijos legítimos de M.E.d.C.G.G., a quien el Dr. V.Z.G., médico internista, titular de la cédula de identidad N° V-4.208.247 e inscrito en el CMET bajo el N° 844 y en el MS bajo el N° 19.353, le diagnosticó un cuadro de enfermedad denominado demencia multinfarto, enfermedad a la cual se llega por múltiples lesiones neurológicas como consecuencia de factores predisponentes, en su caso, diabetes melitus e hipertensión arterial, sumado a un proceso ateroesclerótico complementario por sus patologías y su edad. Que además, su déficit motor, visual y auditivo la hacen dependiente absoluta, pues su enfermedad de base no le permite orientarse, ni tener la capacidad de razonamiento lógico, ni de discernimiento, ni mucho menos de tomar decisiones de manera voluntaria. Que la ciudadana M.E.d.C.G.G. convive con su hija D.H.M.G., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.851.413, en la población de Coloncito, calle 6 N° 01, Municipio Panamericano del Estado Táchira.

Que desde hace siete años, la mencionada ciudadana en forma paulatina viene padeciendo del cuadro de enfermedad denominado demencia multinfarto, tal como antes se señaló, por lo que solicitan que sea reconocida su condición, a fin de proveer a la salvaguarda de su persona y su patrimonio, mediante la interdicción civil. Que a medida que ha transcurrido el tiempo, se ha venido evidenciando que el desarrollo psicomotriz del habla, visión y auditivo de la madre de sus representados, desde hace aproximadamente siete años, no ha sido normal, presentando deficiencias en sus funciones vitales (vista, oído, habla, psiquis y motoras), lo que ha conllevado a una incapacidad absoluta de las mismas, por lo que acudieron en busca de ayuda médica, tal como se demuestra en el informe médico anexo y en inspección judicial N° 1.098-2008 evacuada previa solicitud, por el Tribunal de los Municipios Panamericano, S.D.M. y S.R.d. esta Circunscripción Judicial el 25 de noviembre de 2008, en la que se hizo acompañar del médico internista Dr. V.Z.G. y de un práctico en video y fotografía.

Que en la inspección realizada se dejó constancia que en el lugar donde se constituyó el Tribunal se encontraba una persona que dijo ser y llamarse D.H.M.G., quien manifestó ser la administradora de su madre, indicando que junto con ella se encontraban los ciudadanos F.A.M.G., H.D.M.G. y la señora M.E.d.C.G.G.. Igualmente, el Tribunal dejó constancia que ordenó al práctico (médico internista), que procediera de inmediato a realizar el correspondiente reconocimiento médico a la ciudadana M.E.d.C.G.G.; de igual forma, ordenó al fotógrafo tomar las correspondientes fotografías y grabar en video todos los actos acaecidos durante la inspección judicial.

Que sus representados, como legítimos hijos de la ciudadana M.E.d.C.G.G., le han brindado los cuidados propios de la condición de su persona, suministrándole lo necesario a su asistencia, manutención y protección, siendo necesario, no obstante, proveer lo referente a la administración y disposición de sus bienes, por cuanto la madre sus representados se encuentra en un estado circunstancial de defecto intelectual que la hace incapaz de proveer a sus propios intereses, por lo que acuden a fin de que sea declarada su interdicción y un régimen de tutela a su favor.

Fundamentaron su solicitud en los artículos 393, 395, 396, 397 y 400 del Código Civil y 733, 734 y 735 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones de hecho y derecho expuestas, piden que se decrete la interdicción de M.E.d.C.G.G.; asímismo, que el Tribunal ratifique al experto que desde un comienzo presentó el informe médico y, de ser necesario, se designe otro experto a los fines de que de emita su correspondiente informe médico, tal como lo señala el artículo 396 del Código Civil. Pidieron que sea acordado un régimen de tutela para la madre de sus representados y, al efecto, sea nombrada como tutora la ciudadana M.E.M.G., dado su carácter de hija, conforme a lo señalado en los artículos 397 y 399 eiusdem.

Pidieron que fueran oídos los ciudadanos P.S.M.G., A.O.M.G., A.I.M.G. y H.D.M.G., hijos de la ciudadana M.E.d.C.G.G. (fls. 01 al 06). Anexos (fls. 7 al 42), dentro de los cuales riela al folio 9 el poder conferido en fecha 21 de noviembre de 2008 por los ciudadanos J.D.C.M., obrando como apoderado general de su esposa L.d.C.M.d.C., P.S.M.G., M.E.M.G., A.O.M.G., A.I.M.G. y H.D.M.G., a los abogados M.Y.A.S. y F.G.C.S., ante la Notaría Pública del Municipio S.D.M.d.E.T..

Por auto de fecha 15 de enero de 2009, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira admitió la solicitud de interdicción, acordando lo siguiente: 1.- Nombrar dos facultativos para examinar a la notada de incapaz, para lo cual designó a las ciudadanas B.M.M.Z. y B.L.N.D., médicos psiquiatras, a quienes ordenó notificar a los fines de su aceptación y juramento. 2.- Oír a cuatro parientes o amigos de la familia de la notada de incapaz. 3.- Entrevistar a la notada incapaz, de conformidad con el artículo 396 del Código Civil, en concordancia con el artículo 738 del Código de Procedimiento Civil. 4.- La publicación de un edicto en el Diario La Nación de la ciudad de San Cristóbal, llamando a hacerse parte en el juicio a todo aquél con interés directo y manifiesto en el mismo. Asimismo, acordó la notificación del Fiscal del Ministerio Público. (fl. 43).

Mediante diligencia de fecha 21 de enero de 2009, el coapoderado judicial de la parte actora consignó ejemplar del Diario La Nación en su edición de la misma fecha, en el que aparece publicado el edicto ordenado por el Tribunal. (fls. 48 y 49).

En fecha 22 de enero de 2009, se realizó el acto de declaración testimonial de los ciudadanos P.S.M.G., M.E.M.G., H.D.M.G. y A.I.M.G., hijos de la notada de incapaz y parte cosolicitante de la interdicción. (fls. 50 al 57)

Por auto de fecha 22 de enero de 2009, el Juzgado de la causa fijó día y hora para interrogar a la ciudadana M.E.d.C.G.G.. (f. 58).

En fecha 27 de enero de 2009 se realizó el interrogatorio efectuado por el Juez de la causa a la notada de incapaz. (fl. 59 al 61).

A los folios 62 al 67 rielan actuaciones relacionadas con la notificación y aceptación del cargo por parte de las ciudadanas B.L.N.D. y B.M.M.Z., médicos psiquiatras designadas para practicar el correspondiente examen a la ciudadana M.E.d.C.G.G., dándose tal aceptación el día 29 de enero de 2009.

En la misma fecha, 29 de enero de 2009, la Alguacil consignó boleta de notificación librada al Fiscal Especializado de Protección del Niño, del Adolescente y Familia del Ministerio Público, firmada por la funcionaria F.P. de la Fiscalía XV el 23 de enero de 2009. (fls.68 y 69)

En fecha 04 de febrero de 2009, siendo el día y hora fijados se celebró el acto de juramentación de las psiquiatras B.M.M.Z. y B.L.N.D.. (fl. 70).

Al folio 71 riela poder apud acta conferido en fecha 10 de febrero de 2009 por la ciudadana D.H.M.G., a los abogados R.A.N.V. y E.H.C.D..

En fecha 16 de febrero de 2009 fue consignado el informe médico correspondiente al resultado de la evaluación psiquiátrica de la ciudadana M.E.d.C.G., practicada por las psiquiatras B.M.M.Z. y B.L.N.D.. (fls. 73 al 76)

Mediante diligencia de fecha 26 de febrero de 2009, el coapoderado judicial de los solicitantes, pidió al Tribunal se decretase la interdicción provisional de la ciudadana M.E.d.C.G.G. y se le nombrase tutor interino, por considerar que se encontraban llenos los extremos de ley contenidos en el artículo 396 del Código Civil. (fl. 77 y vto).

En fecha 3 de marzo de 2009 el abogado R.A.N.V. actuando con el carácter acreditado en autos (fl.71), consignó revocatoria del poder conferido por la cosolicitante L.d.C.M.d.C. a su cónyuge J.D.C.M.. (fls. 78 al 81).

Mediante decisión de fecha 13 de marzo de 2009, el referido Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil decretó la interdicción provisional de la ciudadana M.E.d.C.G.G., nombrando como tutora interina a su hija M.E.M.G., a quien acordó notificar a los fines de su aceptación y juramento de ley. Asimismo, ordenó seguir el procedimiento por los trámites del juicio ordinario, quedando la causa abierta a pruebas. (fl. 83).

En fecha 16 de marzo de 2009, la abogada F.Y.C.M., actuando como apoderada judicial de la ciudadana L.d.C.M.d.C., según poder que consignó en el mismo acto, desistió formalmente de la solicitud de interdicción de su legítima madre y revocó en todas y cada una de sus partes en cuanto a ella respecta, el poder especial conferido a los abogados M.Y.A.S. y F.G.C.S.. (fls. 85 al 89).

Por diligencia de fecha 07 de marzo de 2009, la apoderada judicial de la ciudadana D.H.M.G. apeló de la decisión de fecha 13 de marzo de 2009, aduciendo al respecto que los elementos probatorios aportados por los solicitantes de la interdicción, carecen de veracidad; e igualmente, que la tutora designada, ciudadana M.E.M.G., no llena los requisitos para el cargo, ya que durante el lapso de seis (06) años ni siquiera visitó a su madre. (fl. 92).

En fecha 20 de marzo de 2009 se efectuó el acto de juramentación de la ciudadana M.E.M.G., tutora interina designada en la presente causa. (fl.93)

Por diligencia del 1° de abril de 2009, el abogado F.G.C.S. con el carácter de autos, consignó ejemplar del periódico Diario La Nación en su edición del 24 de marzo de 2009, en el que aparece publicado el decreto de interdicción provisional, así como el registro del mismo. (fls. 94 al 102).

Por decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial en fecha 10 de junio de 2009, fue declarada inadmisible la apelación interpuesta en fecha 07 de marzo de 2009 por la representación judicial de la ciudadana D.H.M.G.M.. (fls. 110 al 124).

En fecha 14 de abril de 2009 el Juzgado de la causa dio por consumado el desistimiento realizado por la ciudadana L.d.C.M.d.C., impartiéndosele el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, quedando incólume la solicitud de interdicción de los demás cosolicitantes en la presente causa. (fl.103).

Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2009, los abogados E.H.C.D. y R.A.V., apoderados judiciales de la ciudadana D.H.M.G. promovieron pruebas (fls. 130 al 133). Anexos (fls. 134 al 148).

El 13 de abril de 2009 promovieron pruebas los abogados F.G.C.S. y M.Y.A.S., apoderados judiciales de los solicitantes (fls. 149 al 151).

En fecha 16 de julio de 2009, el Juzgado de la causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, repuso la causa al estado en que se encontraba para el día 14 de julio de 2009, que corresponde al primero de los tres días de despacho dentro de los cuales cada parte tiene derecho a expresar si conviene o se opone a la admisión de las pruebas promovidas. (fl. 153).

En fecha 29 de julio de 2009, los apoderados judiciales de la ciudadana D.H.M.G., se opusieron al escrito de promoción de pruebas presentado por la parte solicitante. (fls. 160 al 162).

En fecha 31 de julio de 2009, los apoderados judiciales de la parte solicitante presentaron escrito de oposición a las pruebas promovidas por la representación judicial de la ciudadana D.H.M.G. (fls. 163 al 166). Anexos (167 al 178).

En diligencia de fecha 04 de agosto de 2009, los apoderados judiciales de la ciudadana D.H.M.G. impugnaron y negaron las fotocopias agregadas en el expediente a los folios 167 al 178 inclusive. (fl. 179).

Por auto de fecha 06 de agosto de 2009, el a quo admitió las pruebas promovidas por las partes. (fls. 180 al 182).

Por auto de la misma fecha, el tribunal de la causa consideró válido el escrito presentado por la representación judicial de la ciudadana D.H.M.G. el 29 de julio de 2009, en forma anticipada; no obstante, desechó la oposición realizada, por considerar que se podría emitir un pronunciamiento que corresponde sólo a la sentencia definitiva. Igualmente, consideró innecesario las ratificaciones a que se hace alusión en dicho escrito de oposición, las cuales se convertirían en un desgaste para el ente jurisdiccional, por lo que admitió las pruebas promovidas por la parte solicitante. (fl. 183).

A los folios 184 al 189 rielan boletas de citación libradas a los ciudadanos J.D.C.M., P.S.M.G., M.E.M.G., A.O.M.G., A.I.M.G. y H.D.M.G., para la absolución de posiciones juradas promovidas por la ciudadana D.H.M.G..

A los folios 190 al 193 rielan declaraciones rendidas en fecha 11 de agosto de 2009, por los ciudadanos M.A.E.L. y N.d.S.G.M., promovidos por la representación judicial de la ciudadana D.H.M.G..

Mediante diligencia de fecha 11 de agosto de 2009, la coapoderada judicial de la parte solicitante produjo en copia certificada los documentos que en copia simple fueron consignados en la oportunidad de realizar las observaciones al escrito de pruebas presentadas por la coapoderada judicial de la ciudadana D.H.M.G.. (fl. 195). Anexos (fls. 196 al 204).

A los folios 205 al 211, 213 al 219, 221 al 226, 229 al 233 y 236 al 243 rielan declaraciones testimoniales de los ciudadanos R.L.M., J.I.L.M., A.M.M.E., M.E.M.d.L., I.M.d.N., M.A.N., L.N.M.G., P.E.M.G., F.Y.C.M., R.L.M.E., A.M.E. y L.d.C.M.d.C., promovidos por la representación judicial de la ciudadana D.H.M.G..

Por auto de fecha 22 de septiembre de 2009, el a quo advirtió a las partes que en cuanto al particular tercero del escrito de promoción de pruebas de D.H.M.G., no podría ser evacuado por cuanto el Tribunal carece de expertos que dejen constancia de lo establecido en dicho particular. (fl. 244).

A los folios 245 y 246 riela acta levantada el 24 de septiembre de 2009 por el tribunal de la causa, correspondiente a inspección judicial promovida por la representación judicial de la ciudadana D.H.M.G..

En fecha 29 de septiembre de 2009, los abogados R.A.N.V. y E.H.C., actuando con el carácter acreditado en autos, consignaron informe médico de fecha 24 de septiembre de 2008, expedido por la Dra. A.V.d.P., médico cirujano, correspondiente a la ciudadana M.G.G.. (fls. 249 al 250).

PIEZA N° 2:

Mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2009, el coapoderado judicial de la parte solicitante pidió fuera declarada con lugar la solicitud de interdicción y que el decreto de interdicción provisional dictado “a favor de M.E.M.G., como tutor provisional y/o interino, quede definitivamente firme… ”. (fls. 253 al 259). Dicha solicitud fue reiterada en fecha 20 de enero de 2010.

En fecha 09 de febrero de 2010, el coapoderado judicial de la ciudadana D.H.M.G. consignó inspección judicial realizada en la casa de habitación de su representada, de la que a su decir se desprende que la ciudadana M.E.d.C.G.G. no se encuentra gravemente enferma, tal como lo afirma la parte solicitante en escrito de fecha 20 de enero de 2010. (fls. 261 al 275).

A los folios 284 al 311 corre la sentencia sometida a consulta de ley, de fecha 1° de abril de 2011.

En fecha 10 de mayo de 2011 se recibieron las presentes actuaciones en este Juzgado Superior, como consta en nota de Secretaría (f. 321); y por auto de la misma fecha se le dio entrada e inventario. (f. 322)

II

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Corresponde a esta alzada conocer en consulta de ley, la sentencia de fecha 1° de abril de 2011 proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual declaró la interdicción definitiva de la ciudadana M.E.d.C.G.G. y designó como su tutora definitiva a la ciudadana M.E.M.G.. Igualmente, estableció que la notada de incapaz M.E.d.C.G.G., esté de manera provisional bajo los cuidados de su hija D.H.M.G., en la población de Coloncito, calle 7, casa N° 01 INAVI, Urbanización Lesmes Gómez, Municipio Panamericano del Estado Táchira; y que una vez firme la decisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 506 y último aparte del artículo 507 del Código Civil, debía insertarse dicha sentencia en los libros de Registro Civil de Nacimientos correspondientes, publicarse un extracto de la misma en el Diario La Nación de esta ciudad de San Cristóbal y registrarse en el Registro Principal, así como remitir copia certificada de la decisión al C.E., con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Ahora bien, para la sentencia que debe dictarse en el presente caso estima esta alzada necesario formular las siguientes consideraciones:

La institución de la interdicción está contemplada en el Código Civil en los siguientes términos:

Artículo 393.- El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses, serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos.

Artículo 396.- La interdicción no se declarará sin haberse interrogado a la persona de quien se trate, y oído a cuatro de sus parientes inmediatos, y en defecto de éstos, amigos de su familia.

Después del interrogatorio podrá el Juez decretar la interdicción provisional y nombrar un tutor interino.

En dichas normas, el legislador consagra la institución de la interdicción como la privación de la capacidad negocial en razón de un estado habitual de defecto intelectual grave, cuya consecuencia es que el entredicho queda sometido en forma continua a una incapacidad negocial plena, general y uniforme.

Nuestra doctrina, por su parte, ha definido la interdicción como “la privación de la capacidad negocial en razón de un estado habitual de defecto intelectual grave o de condena penal”. (AGUILAR GORRONDONA, J.L., Derecho Civil Personas, 18ª edición, Manuales de Derecho, Universidad Católica A.B., Caracas, 2005, p. 401)

La interdicción proveniente de un defecto intelectual grave, llamada interdicción judicial, requiere la intervención del juez para pronunciarla mediante un proceso especial rodeado de precauciones y de seguridades, a fin de evitar que por sorpresa o mala fe, una persona sana y en la plenitud de sus facultades mentales, pueda ser declarada entredicha por maquinaciones de parte interesada, pues se trata de proteger principalmente los intereses individuales del notado de incapacidad.

En este sentido, el Dr. J.L.A.G., señala:

Conforme a lo expuesto, la interdicción judicial presupone un defecto intelectual de cierta gravedad y continuidad. En nuestro Derecho, en concreto, presupone:

1. La existencia de un defecto intelectual (C.C art 393). Por defecto intelectual debe entenderse no sólo el que afecte a las facultades cognoscitivas sino también el que afecta a las facultativas volitivas, de modo que sería más preciso emplear expresiones como “psíquico” o “mental”, en vez de “intelectual”: Los defectos físicos no cuentan aquí sino en la medida en que afecten las facultades mentales.

2. Que el defecto sea grave, hasta el punto de impedir que el sujeto provea a sus intereses (C.C. art. 393).

3. Que el defecto sea habitual. No bastan accesos pasajeros o excepcionales, pero tampoco se requiere que el defecto se manifieste en forma continua, pues la propia ley prevé la interdicción de personas que “tengan intervalos lúcidos” (C.C art. 393). Tampoco es necesario que el defecto sea incurable, pues si así fuera sería absurdo que la ley señalara como obligación principal del tutor del entredicho, la de cuidar de que éste adquiera o recobre su capacidad. (Resaltado propio)

(Ob. cit. ps. 402 y 403)

Asimismo, el Código de Procedimiento Civil contempla el procedimiento para tramitar la solicitud de interdicción en los artículos 733 y siguientes, señalando lo siguiente:

Artículo 733.- Luego que se haya promovido la interdicción, o que haya llegado a noticia del Juez que en alguna persona concurrieren circunstancias que puedan dar lugar a ella, el Juez abrirá el proceso respectivo y procederá a una averiguación sumaria sobre los hechos imputados; nombrará por lo menos dos facultativos para que examinen al notado de demencia y emitan juicio, y practicará lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil y lo demás que juzgue necesario para formar concepto.

Artículo 734.- Si de la averiguación sumaria resultaren datos suficientes de la demencia imputada, el Juez ordenará seguir formalmente el proceso por los trámites del juicio ordinario; decretará la interdicción provisional y nombrará tutor interino, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil.

Por el hecho mismo de haberse decretado la interdicción provisional, quedará la causa abierta a pruebas, instruyéndose las que promuevan el indiciado de demencia o su tutor interino y la otra parte, si la hubiere, y las que el Juez promueva de oficio.

Además, en cualquier estado del proceso el juez podrá admitir y aun acordar de oficio la evacuación de cualquiera otra prueba, cuando considere que puede contribuir a precisar la verdadera condición del indiciado de demencia. (Resaltados propios)

Al respecto, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche señala:

…El procedimiento de interdicción civil también es un juicio con comienzo de ejecución -entendida esta palabra en su sentido más amplio, como cumplimiento¬- pues desde el inicio se nombra un tutor interino que suple ya la capacidad de ejercicio del presunto notado de demencia. Esta disposición inicial es una medida cautelar de arreglo provisional de la litis, fundada en una conigción sumaria, sin bilateralidad de la audiencia, pero bien repartida en cuanto a la idoneidad de las pruebas: el dictamen de dos facultativos, el testimonio de cuatro parientes y el interrogatorio del notado de demencia. Las preguntas y respuestas de dicho interrogatorio deben ser reflejadas fielmente en el acta de examen, según dispone el artículo 738 y no la puede delegar el juez en un comisionado (Art. 234).

La carga de la prueba de los presupuestos materiales de la sentencia favorable corresponde al promovente de la interdicción (cfr Sent. 11-7-61 GF 33 2E. p.22; reitera jurisp. 21-12-23, cit por Bustamante, Maruja: ob.cit, N° 2078); si la hubiere promovido el juez de oficio, conforme a la permisión de este artículo 733, cualquier interesado, y aun el mismo juez, de acuerdo al artículo 734, pueden diligenciar las pruebas en la etapa plenaria del juicio a los fines de acreditar tales presupuestos de la interdicción.

(Código de Procedimiento Civil, Tomo V, Editorial Librería Á.N., C.A, Caracas. 2004, ps. 315, 317).

Conforme a lo expuesto, y según se desprende de la referida normativa que rige el proceso de interdicción, éste se desarrolla en dos fases o etapas claramente definidas: Una sumaria, inquisitiva y no contradictoria, en la que el juez realiza una averiguación para determinar la veracidad de los hechos imputados, la cual comienza con el correspondiente auto de proceder a dicha averiguación sumaria y concluye con la interdicción provisional y el nombramiento del tutor interino, con su correspondiente aceptación y juramentación, o el auto de no haber lugar al juicio, según el caso; y otra plenaria que se desarrolla por los trámites del juicio ordinario, la cual empieza con el lapso probatorio y termina con la sentencia definitiva, que puede consistir en decretar la interdicción definitiva o interdicción propiamente dicha, o en declarar que no hay lugar a la misma. Dicha decisión es apelable o, en su defecto, consultable con el Tribunal Superior. Si no hay elementos de juicio suficientes para declarar la interdicción provisional, el proceso culminará en la fase sumaria.

La fase sumaria, a tenor de los artículos 396 del Código Civil y 733 del Código de Procedimiento Civil ut supra transcritos, está integrada por diligencias de carácter legal que deben practicarse a fin de que el Juez determine si existen datos suficientes de la incapacidad imputada, tales como la experticia o examen médico del notado de incapacidad, su interrogatorio judicial y el de cuatro de sus parientes inmediatos o amigos de su familia.

Cabe destacar, que tratándose la interdicción de un asunto relativo al estado y capacidad de las personas, tanto las normas sustantivas como adjetivas que la rigen, ostentan el carácter de eminente orden público. Por tanto, cualquier infracción a dichos dispositivos legales que implique el incumplimiento de una formalidad esencial a la validez del acto o del procedimiento, hace procedente la declaratoria de nulidad del acto o actos procesales respectivos, aun de oficio, y el consiguiente decreto de renovación del acto o reposición de la causa, según corresponda, conforme a lo previsto en los artículos 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 26, primer aparte, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Respecto al cumplimiento del proceso de interdicción, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 144 del 05 de abril de 2011, expresó:

Ahora bien, cuando por enfermedad o deficiencias duraderas, sean físicas o mentales, una persona no pueda hacer por sí lo que podría según su estado bien cuando sea mayor o menor de edad, la ley establece en beneficio y protección del interesado que se le reduzca la capacidad general de obrar, rebajándosela respecto a la que correspondería al estado civil en que se halla, por eso dispone el artículo 393 del Código Civil que “el mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses, serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos”.

La reducción de la capacidad general de obrar de quienes se hallan en tales casos, se llama interdicción, y se realiza previo el oportuno procedimiento, en virtud de sentencia judicial, y no de otra manera, lo que es garantía de que nadie sea privado de capacidad si no corresponde legalmente.

…Omissis…

Dicho con otras palabras, nadie puede ser declarado entredicho si no se encuentra en estado habitual de defecto intelectual que lo haga incapaz de proveer a sus propios intereses, y en virtud de sentencia judicial después de cumplido el procedimiento.

…Omissis…

El procedimiento de interdicción es un juicio especial fundado en una cognición sumaria, el cual comienza con una etapa de ejecución, en cuyo inicio es nombrado un tutor interino que suple la capacidad de ejercicio del presunto entredicho, siendo siempre necesaria la intervención del Ministerio Público. El presunto incapaz podrá comparecer en el proceso, con su propia defensa, en caso de oposición al nombramiento de tutor, como veremos más adelante, es decir, puede tener su propia defensa y representación.

…Omissis…

Ahora bien, es posible a tenor de lo dispuesto en los artículos 734 del Código de Procedimiento Civil y 397 del Código Civil, someter al entredicho a tutela, en cuyo caso supone que la persona nombrada como tutor pasa obrar en representación del incapacitado, por un tiempo indefinido o hasta que al menos no cambien las circunstancias del incapacitado. En el caso contrario, la realización de los actos inter vivos, quedará encomendada al tutor que se haya nombrado.

La declaratoria de interdicción debe ser consultada por el órgano superior, en cuyo caso, el juez sólo podrá examinar si se ha cumplido la etapa cognitiva sumaria del procedimiento y si se ha cumplido el nombramiento del tutor interino.

Ahora bien, como es sabido, el tutor tiene el derecho y el deber de cuidar de la persona y del patrimonio del entredicho, y sobre todo de representar al mismo en todos sus actos. Con base en esto, es criterio de esta Sala, que la discusión que surja en la averiguación sumaria, en cuanto al nombramiento de su tutor, debe ser discutido y dirimido fuera del procedimiento de interdicción, en un procedimiento especial. (Resaltado propio)

(Expediente N° AA20-C-2010-000586).

Conforme al criterio jurisprudencial transcrito supra, y por cuanto esta alzada conoce en consulta legal la decisión de fecha 1° de abril de 2011 proferida por el a quo, se pasa a examinar si en el presente caso se cumplió debidamente la etapa cognitiva sumaria del procedimiento, así como el nombramiento del tutor interino, a cuyo efecto aprecia:

- Por auto de fecha 15 de enero de 2009, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial admitió la solicitud de interdicción que dio origen a la presente causa y acordó entre otras cosas, lo siguiente: