Decisión nº 001-2014 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 30 de Abril de 2014
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2014 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio |
| Ponente | Ana Isabel Gavidia Cirimele |
| Procedimiento | Inhibición |
Causa Nº 2J- 823-14
Yo, A.I.G.C., en mi condición de Juez de Juicio Nº 2 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Estado Portuguesa, manifiesto previa revisión de la causa Nº 2J-823-14, incoada contra los ciudadanos A.R.A.A., J.C.G.U., E.C.A., P.A.D.A., JUANCHO I.A.A., L.N.A.A., N.N.Á.A., E.R.A.A., J.C.A.A., M.I.Á.A., G.A.Á.A., P.L.Á.A., F.I.Á. y J.I.A.A., por el delito de Asociación para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en relación con los artículos 2 y 16 de la mencionada ley en perjuicio del Estado Venezolano, recibida la presente causa en esta misma fecha, en virtud de la inhibición planteada por el Juez de Juicio Nº 3 de este Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, Abogado C.A.C.G., por lo que considero me encuentro incursa en una causal de Inhibición motivado a la siguiente razón:
Una vez revisadas y constatadas las presentes actuaciones se observa que con una de las ciudadanas que acusa el Ministerio Público G.A.Á.A., me une lazos de amistad manifiesta, por espacio de más de veinte años.
En relación a ello la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 123, expediente Nº A12-113, de fecha 24 de abril de 2012, bajo la Ponencia de la Magistrada NINOSKA B.Q.B., ha señalado en cuanto a las inhibiciones:
“…En el caso concreto, si bien la Juez no señala los medios probatorios, con los cuales se pudiera verificar su alegato, los mismos se tienen como ciertos, toda vez que “… Es verdad que la doctrina y la jurisprudencia han establecido la presunción de que la manifestación del juez inhibido es verdadera; pero esa presunción es “juris tantum” y admite prueba en contrario. Así que la inhibición deberá pormenorizar el hecho que la motive. Sólo así podrá ser declarada con lugar. De lo contrario, la sentencia no se bastará a sí misma y no motivará la decisión favorable a la inhibición.…” (Sentencia Nº 754, de fecha 23 de octubre de 2001, Sala de Casación Penal).
Así mismo en dicha decisión estableció jurisprudencialmente:
Es necesario señalar que, las causales de inhibición-recusación, establecidas en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal contemplan hechos objetivos y argumentos subjetivos que determinan la inhibición o recusación del juez (en caso de que éste advirtiéndolas no se inhiba), y en este sentido, podría señalarse que la sistematización acogida por el legislador es equitativamente directa a las acciones que identifican a cada una de ellas; así, tenemos que dentro de las causales objetivas se ubican las contenidas en los numerales 1, 2 y 3 relacionadas con el grado de parentesco existente entre las partes, (afinidad o consanguinidad); el numeral 6 se refiere a la prohibición de mantener contacto directa o indirectamente con sólo alguna de las partes, para tratar asuntos relacionados con la materia a conocer por el Juez; y, en cuanto a la causal contenida en el numeral 7, relacionada con el conocimiento que el juez hubiese tenido del proceso por intervención previa directa y en función de ello, hubiese emitido opinión. Y se consideran objetivas, porque su existencia surge de hechos materiales de inmediata observación, que poca duda dejan de su existencia entre las partes, como es el caso del parentesco, o de la intervención, conocimiento y concepto u opinión emitida en función a la materia de que trata el asunto, circunstancias que obligan a la inhibición del funcionario, so pena de ser recusado. Por otra parte, las causales contenidas en los numerales 4, 5 y 8 son de naturaleza subjetiva; el numeral 4 establece la amistad o enemistad manifiesta como causal de inhibición, el numeral 5 se refiere al interés directo en el resultado del proceso que pudiese tener el inhibido o recusado, su cónyuge o algunos de sus parientes (consanguíneos o afines), dentro de los grados requeridos, y el numeral 8, se refiere a cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten la imparcialidad del funcionario. Ahora bien, las causales propias de la inhibición o recusación, se traten de objetivas o subjetivas encuentran un punto de similitud, y es que éstas deben ser probadas. En este orden de ideas la doctrina especializada ha sostenido en forma pacífica y reiterada que, la prueba es por naturaleza objetiva y por tanto la cuestión de su estudio se reduce a establecer si existe o no existe prueba, pues si existe prueba fehaciente, la inhibición queda automáticamente probada y si ello no ocurre, la recusación resultaría no probada.
En tal sentido, advertida dicha circunstancia es necesario citar al maestro Dr. Armiño Borjas (tomo 1. p 121) quien nos enseña:
…son inhábiles los jueces y los demás funcionarios del orden penal para conocer de una causa o intervenir en ella, cuando concurran en su persona alguna o algunas circunstancias legales que puedan hacerles sospechosos de parcialidad. Contra esta invalidez de las autoridades judiciales para intervenir en los procesos penales, invalidez que no consiste en falta de jurisdicción o competencia, y no afecta, por tanto, su potestad de funcionario, sino que reside en su persona y le inhabilita para el ejercicio, en determinado asunto, de su autoridad funcional, se da a las partes un recurso; la recusación, y se impone a los propios funcionarios una obligación: la inhibición o excusa, en virtud de la cual deben abstenerse de actuar o de continuar actuando, previa manifestación de hallarse comprendidos en algún motivo legal de recusación…
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En este orden de ideas, se hace menester destacar la opinión del Dr. A.B., expresada en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano” (tomo I, p. 263), al respecto que expone:
..La justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial. Cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad en favor o en contra de alguna de las partes, pierde el atributo esencial de los defensores de justicia, sufre de incompetencia y es inhábil para cuidar del negocio o para intervenir en él. Es natural que motu propio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de toda intervención en el asunto, y de no hacerlo, es justo que a la parte a quien interese se le acuerde un recurso legal que obligue a aquel a la abstención…
Siguiendo el orden de lo escrito, de acuerdo a la ley, todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez natural e imparcial, con total independencia, tanto en lo objetivo como en lo subjetivo. Siendo ello así, ocurre que en las presentes actuaciones, la ciudadana G.A.Á.A., posee el carácter de acusada, con quien me ha unido desde la época de estudios universitarios, en la carrera de Abogacía en la Universidad de los Andes, de la ciudad de Mérida, una relación de amistad, que ha persistido hasta la presente fecha en la función profesional, conocido por el foro Portugueseño que la mencionada Abogada ha ejercido distintas funciones en este Circuito Judicial Penal, tales como: Jefe de Servicios Judiciales, Secretaria adscrita al pool de secretaria de este Circuito Judicial Penal, Fiscal del Ministerio Publico en materia contra las drogas en esta Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa y Defensora Publica de Presos, adscrita a la Unidad de Defensa Publica en esta ciudad y en la extensión Acarigua, oportunidad en la cual viajamos juntas para la fecha en que ejercía esta última ocupación, encontrándome yo ejerciendo funciones de Juez de Juicio Nº 4, pudiendo dar fe de esta circunstancia y de la amistad que me une con la Abogada G.A.Á.A., los ciudadanos M.S. y L.A.S., alguaciles para la fecha de la extensión Acarigua, quienes laboran en la actualidad en este Circuito Judicial Penal, el primero de ellos como Secretario de Juicio Nº 1 y el segundo como Alguacil, aunado a la circunstancia de que la mayorías de los acusados en la presente causa son familiares directos de la ciudadana G.A.Á.A., es decir, hermanos y madre ciudadana P.A.d.Á., quien desempeño por muchos años el libre ejercicio de la profesión en este estado, por lo que considero comprometida en alto grado la imparcialidad que debe asistir a todo funcionario que le competa la delicada labor de decidir cualquier causa, siendo que tal obligación se circunscribe en el deber de inhibirse en el conocimiento del asunto, tal y como lo señala el artículo 87 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que efectivamente así declaro y me INHIBO de conocer la presente causa seguida a los ciudadanos Á.R.Á.A., J.C.G.U., E.C.A., P.A.d.Á., Juancho I.Á.A., L.N.Á.A., N.N.Á.A., E.R.Á.A., J.C.Á.A., M.I.Á.A., G.A.Á.A., P.L.Á.A., F.I.Á. y J.I.Á.A., con fundamento en la causal prevista en el artículo 86 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.
En consecuencia remítase las presentes actuaciones a la oficina de los Servicios de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, a los fines de su redistribución y remítase el presente cuaderno de inhibición a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, agregándose la copia correspondiente a las actuaciones. Déjese copia de la presente.
Juez de Juicio N° 2
Abg. A.I.G.C.
La Secretaria,
Abg. L.V..
