Decisión nº PJ0082011000051 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Abril de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 8 de abril de 2011

200º y 152º

SENTENCIA N° PJ0082011000051

ASUNTO: AF48-U-1995-000001

ASUNTO ANTIGUO: 1995-757

Vistos: con informes del Recurrido.

Recurrente: Recurso Contencioso Tributario subsidiario al Jerárquico interpuesto por el ciudadano L.A.E., cédula de identidad N° V- 2.978.661, en su carácter de Director 4to VOCAL de la sociedad Mercantil “GAVERAS PLASTICAS VENEZOLANAS, C.A”. (GAVEPLAST), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 87, Tomo 67-A de fecha 17 de septiembre de 1970, domiciliada en la carretera vía F.A. al lado de Resimon Valencia, Estado Carabobo, asistido por la abogada A.A. B, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 45.472.

Representación de la Recurrente: A.A. B, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 45.472.

Actos Recurridos: Acto administrativo de efectos particulares contenidos en la Resolución N° HJI-100-0623 de fecha 20-10-1994.

Administración Tributaria Recurrida: Dirección de Control Fiscal del extinto Ministerio de Hacienda Dirección Sectorial de Rentas, hoy Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria (SENIAT).

Representación del Administración Tributaria Recurrida: Abogada M.P.T., titular de la cédula de identidad N° V-10.849.936, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 63.226, actuando en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República.

I

RELACIÓN CRONOLÓGICA

Se inicia este procedimiento mediante Recurso Contencioso Tributario subsidiariamente al Jerárquico interpuesto por la contribuyente “GAVERAS PLASTICAS VENEZOLANAS, C.A”. (GAVENPLAST) , en fecha 04 de abril de 1995, recibido por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Distribuidor) en fecha 06/04/1995, y recibido por este Tribunal 07/04/1995, emanado de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), del extinto Ministerio de Hacienda.

En fecha 27/04/1995, este Tribunal le dio entrada bajo el N° 757, actualmente AF48-U-1995-000001, y se realizaron las notificaciones de Ley.

En fecha 30/11/1999, se admitió el Recurso Contencioso Tributario subsidiario al Jerárquico.

En fecha 13/01/2000, de conformidad con el artículo 193 del Código Orgánico Tributario vigente en razón del tiempo se declaró la causa abierta a pruebas.

En fecha 17/01/2001, se estampó nota iniciando el lapso probatorio en la presente causa.

En fecha 08/02/2000, se estampó nota venciendo el lapso probatorio en la presente causa.

En fecha 13/04/2000, el Dr. A.L.V., se avocó al conocimiento de la causa.

En fecha 12/04/2000, se estampó nota venciendo el lapso probatorio en la presente causa.

En fecha 13/04/2000, de conformidad con el artículo 193 del Código Orgánico Tributario en concordancia con el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil, comenzó la vista de la causa.

En fecha 14/04/2000, comenzó a correr el lapso para que las partes presentaran informes de conformidad con el artículo 193 del Código Orgánico Tributario.

En fecha 12/05/2000, presento informes la representante de la Administración Tributaria, se abrió el lapso para las observaciones a los informes de conformidad con el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 24/05/2000, se estampó nota concluyendo la vista en la presente causa, y corre el lapso para dictar Sentencia.

En fecha 09/02/2011, la Dra. D.I.G.A., se avocó al conocimiento de la causa ordenándose notificación a la recurrente de marras por medio de cartel, el cual fue fijado en la puerta del Tribunal.

II

DEL ACTO RECURRIDO.

El Acto Administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución N° HJI-100-000623, de fecha 20 de octubre 1994, mediante la cual declara:

1- Confirma la Resolución del sumario Administrativo N° HCF-SA-337, de fecha 16-07-1992.

2- Confirma la planilla de Liquidación N° 10-10-65-000109, de 20-08-92, por la cantidad de Bs. 217.415,89 (Impuesto), Bs.108.707, 94 (Multa) y Bs. 152.191,12 (Intereses Moratorios), emanada de la Dirección de Control Fiscal del extinto Ministerio de Hacienda Dirección Sectorial de Rentas por la cantidad total de bolívares CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 478.314,95) equivalente a la cantidad de bolívares fuertes: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. F. 478,32) por concepto de impuesto, multa e intereses moratorios correspondiente al ejercicio fiscal 01/01/86 al 31/12/86, en materia Impuesto sobre la Renta.

III

ALEGATOS DE LAS PARTES

1. La Recurrente.

   El representante de la recurrente de marras en su escrito recursivo explano lo siguiente:

   (…) Hemos recibido con fecha 01 de septiembre de 1992, la mencionada Resolución (Sumario Administrativo) así como las siguientes planillas de liquidación de impuesto, multa e intereses moratorios, expedidas como resultado de la culminación del Sumario Administrativo abierto en relación con el Acta Fiscal N° HCF-FICSF-03-01, levantada por los Fiscales de la Dirección de Control Fiscal, con motivo de la revisión practicada a la declaración de rentas del ejercicio 1-1-86 al 31/12/86 (…)

   (…)…, consideramos que el 01-01-91, se consumó la prescripción por la obligación principal, como fue el pago del impuesto del ejercicio 1-1-86/31-12/86 y, como consecuencia, también se consumó la prescripción para sus respectivos accesorios (multa e intereses moratorios)… (…)

   (…) En el caso objeto del recurso se refiere a la obligación de pagar el impuesto y los respectivos accesorios, correspondientes al ejercicio 1-1-86/31/12/86 cuya declaración de rentas fue presentada el 31-1-87. La Prescripción comenzó a correr el 1-1-87, para consumarse cuatro años más tarde, o sea el 1-1-91, en atención a lo dispuesto en los artículos 52 y 54 del Código Orgánico Tributario, siempre y cuando no se hubiera producido ninguna interrupción (…)

   “(…) La prescripción que venía corriendo desde 01-01-87, para consumarse el 01-01-91, se vio interrumpida el 31-03-87 con la declaración del hecho imponible, pero hay que observar que conforme a lo previsto en el Parágrafo Único del artículo 55 del Código Orgánico Tributario, dicha interrupción se contrae a la obligación tributaria determinada en el acto interruptivo, por lo cual “la interrupción no es general ni absoluta, ni produce sus efectos sobre la obligación abstracta de pagar los impuestos establecidos en las Leyes”. En consecuencia, la obligación determinada en la declaración interrumpió la prescripción que venia corriendo, pero solamente por lo que a ella, la obligación concreta determinada en la declaración se refiere (…)” (Subrayado del Recurrente)

   (…) El Acta Fiscal N° HCF-FICS-03-01, notificada con fecha21-02-91, no interrumpió ninguna prescripción en razón que para su fecha habían transcurrido más de cuatro años, contados a partir del 01-01-87 (…)

   (…)…, es de concluir que se consumó la prescripción por lo que se refiere al impuesto de Bs. 217.415,89, liquidado en la planilla N° 0109, de fecha 20-08-92, y también se consumó para sus respectivos accesorios (la multa de Bs. 108.707,94 y los intereses moratorios de Bs. 152.191,12) (…)

2. La Administración Tributaria.

   La representación de la Administración Tributaria en su escrito de informes esgrimió:

   (…)…, se observa que el período fiscal en cuestión finalizó el 31-12-86, por tanto el lapso de prescripción de cuatro (4) años comenzó a correr el 01-01-87 de conformidad con lo establecido en el artículo 52 y 54 del COT, para vencer sin interrupción el 01-01-91(…)

   (…) Sin embargo dicho lapso fue interrumpido a tenor de lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 55 del COT, por la presentación de la Declaración de rentas que hizo el contribuyente, en consecuencia el 01-04-87 se reinicia el computo del lapso de prescripción, el cual fue nuevamente interrumpido el 21 de febrero de 1991 fecha de notificación del Acta de Reparo N° HGF-FICSF-03-01, por tanto desde el 31-03-87 fecha de presentación de la declaración de rentas, hasta el 21-02-91, fecha de notificación del acta, transcurrieron tres (3) años, diez (10) meses y veinte (20) días, por lo que la pretendida prescripción no llego a consumarse (…)

   IV

   DE LAS PRUEBAS

   1. Pruebas de la parte Recurrente.

      La parte recurrente no promovió pruebas.

   2. Pruebas de la parte Recurrida.

      En la presente causa, el órgano recurrido Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), no promovió pruebas.

      V

      MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

      Planteada la controversia en los términos expuestos, este Tribunal observa que thema decidendum se circunscribe a determinar si se encuentran o no prescrita la obligación tributaria y sus accesorios correspondiente al ejercicio fiscal 01/01/86 al 31/12/86 en materia de Impuesto sobre la Renta.

      Punto Previo:

      Como punto previo esta Juzgadora considera oportuno revisar sobre la perdida de interés en el presente proceso y en este sentido se observa:

      Se desprende del auto de entrada de fecha 27/04/1995, Recurso Contencioso Tributario ejercido contra la Resolución N° N° HJI-100-000623, de fecha 20 de octubre 1994, emanada de la Dirección de Control Fiscal del extinto Ministerio de Hacienda Dirección Sectorial de Rentas.

      Igualmente se desprende que del auto de fecha 24/05/2000, este tribunal declaro vista la causa entrando en estado para dictar sentencia, no observándose que la contribuyente le haya dado impulso procesal desde la fecha en que se dicto el auto declarando vista la causa hasta la presente fecha.

      Ahora bien, visto lo anterior considera importante quien aquí juzga revisar la presunta perdida de interés procesal en que ha incurrido la accionante en la presente causa, y a tales efectos es importante analizar lo que al respecto ha sostenido en varios criterios jurisprudenciales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; Así vemos que en ponencia de la Magistrada: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO en el Expediente N° 07-0224 la sala ha establecido el siguiente criterio:

      (…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

      El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) C.J. Moncada”).

      El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “F.V.G. y M.P.M. de Valero”).(…)”

      En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

      Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

      (...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

      a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

      b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

      .

      En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide (…)”.

      Del mismo modo la Sala Constitucional de nuestro m.t. de justicia con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondon Haaz en el expediente No 00-2064 respecto a la pérdida de interés procesal ha establecido:

      (…) A.c.f.l. actas procesales, esta Sala observa que, en la presente causa, desde el 2 de diciembre de 1982, oportunidad cuando se presentó ante la Corte en Pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia el escrito contentivo de demanda de nulidad, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal hasta el 26 de junio de 2000, ocasión cuando la Corte en Pleno acordó remitir las presentes actuaciones a esta Sala Constitucional; y por cuanto han transcurrido más de dieciocho (18) años sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

      El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.

      Según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

      El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

      El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.

      Esta Sala, en decisión de 01 de junio de 2001 (caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. nº 956) al referirse al interes procesal señaló:

      A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

      Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

      (...)

      Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

      (...)

      Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

      (...)

      La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

      Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.

      (Subra-yado añadido)

      De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el inicio del proceso, por lo que resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

      En consecuencia, de conformidad con lo asentado en la sentencia ut supra transcrita, esta Sala Constitucional declara terminado el procedimiento por pérdida del interés procesal. Así se declara.

      Igualmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de 01 de junio de 2001 caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. N° 956 al referirse al interés procesal señaló:

      (…) A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

      Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

      (...)

      Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

      (...)

      Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

      (...)

      La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

      Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.

      (Subra-yado añadido)

      En este mismo orden de ideas la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero en el expediente No. 2004-2540 en la sentencia No. 01753 de fecha 03-12-2009 se estableció:

      (…) De conformidad con el criterio jurisprudencial antes trascrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.

      En consecuencia, por cuanto en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del recurso y, sin embargo, la parte demandante dejó de instar para que ello se produjese; esta Sala declara extinguida la acción por pérdida de interés, con base en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara (…).

      En criterio reciente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la perdida de interés procesal en Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 se estableció:

      “(…) Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala (Vid., entre otras, sentencias Nros. 650 del 6 de mayo de 2003, 1.473 del 7 de junio de 2006, 645 del 3 de mayo de 2007 y más recientemente, 00312 y 00361 del 4 y 18 de marzo de 2009, respectivamente), en lo que a la perención se refiere, lo siguiente:

      … la perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo.

      Así pues, con fundamento en lo expuesto, la Sala en distintas oportunidades ha decretado la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o 267 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la decisión de la Sala Constitucional de este M.T. N° 1.466 de fecha 5 de agosto de 2004, en la cual se desaplicó por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, inclusive en aquellas causas judiciales que se encuentran en estado de admisión, por cuanto nada impide a la parte recurrente diligenciar para solicitar la decisión correspondiente sobre la admisión de su recurso. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 01378 de fecha 5 de noviembre de 2008).

      Ahora bien, un estudio más detallado del asunto debatido conlleva a realizar un replanteamiento del criterio antes expuesto, en atención a la sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó el criterio consagrado en el fallo de esa misma Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.) y en el cual se señaló:

      (…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión (…)

      (…) El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

      El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘F.V.G. y M.P.M. de Valero’).

      En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

      (Resaltado de esta Sala).

      Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar sentencia.

      Así las cosas, una vez verificado que en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del procedimiento de Oferta Real y Depósito y visto que la parte actora dejó de instar para que ello se produjese, esta Sala declara extinguida la acción en el presente caso por pérdida de interés, con fundamento en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.”. Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (…)”

      Declarado lo anterior y a.c.f.l. actas procesales, esta sentenciadora observa que desde el 24 de mayo de 2000, oportunidad en que este tribunal declara concluida la vista de la presente causa, no consta en autos que se realizara alguna actuación procesal por parte del accionante del presente Recurso Contencioso Tributario hasta la presente fecha, ocasión en que esta sentenciadora dicta la presente decisión; y por cuanto han transcurrido más de seis (6) años sin que se hubiere realizado actuación alguna de parte del ciudadano L.A.E., cédulas de identidad N° V- 2.978.661, en su carácter de Director 4to VOCAL, asistido por la abogada A.A. B, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 45.472, en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente “GAVERAS PLASTICAS VENEZOLANAS, C.A”. (GAVENPLAST) sociedad mercantil, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 87, Tomo 67-A de fecha 17 de septiembre de 1970, domiciliada en la carretera vía F.A. al lado de Resimon Valencia, Estado Carabobo. CONTRA: el acto administrativo de efectos particulares contenidos en la Resolución N° HJI-100-000623, de fecha 20 de octubre 1994, emanada Dirección de Control Fiscal del extinto Ministerio de Hacienda Dirección Sectorial de Rentas.

      Ahora bien, el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción, entendiéndose con clara evidencia que uno de los requisitos, como elemento de la acción, deviene del interés procesal; así, el interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia, no es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Así lo han expresado en diferentes criterios la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa de nuestro m.t. de justicia.

      Siguiendo este criterio la doctrina ha mantenido según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “(…)El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional (…)”

      De lo anterior se puede determinar que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

      Visto así, y tomando en consideración lo expuesto por nuestro m.t. de justicia, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción; como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.

      De acuerdo con lo expuesto es evidente que, en la presente causa, la parte actora no instó de manera alguna al tribunal para que se dictara la decisión correspondiente, por lo que resulta forzoso para esta sentenciadora declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

      En consecuencia, esta sentenciadora considera inoficioso entrar a conocer sobre el fondo de la controversia y de conformidad con lo anteriormente expuesto, se declara terminado el procedimiento por pérdida del interés procesal. Así se decide.

      VI

      DECISIÓN

      Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL, correspondiente al Recurso Contencioso Tributario Subsidiario al Jerárquico interpuesto por el ciudadano L.A.E., cédula de identidad N° V- 2.978.661, en su carácter de Director 4to VOCAL de la Sociedad Mercantil “GAVERAS PLASTICAS VENEZOLANAS, C.A”. (GAVEPLAST), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 87, Tomo 67-A de fecha 17 de septiembre de 1970, domiciliada en la carretera vía F.A. al lado de Resimon Valencia, Estado Carabobo, asistido por la abogada A.A. B, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 45.472, contra: El Acto Administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución N° HJI-100-000623, de fecha 20 de octubre 1994, de la Dirección Jurídico Impositivo del Ministerio de Hacienda.

      COSTAS: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.

      De conformidad con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República notifíquese de la presente decisión a la Procuradora General de la República. Líbrese oficio.

      Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.

      Publíquese, regístrese y notifíquese.

      Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los ocho días del mes de abril de dos mil once(2011) . Año 200° de la Independencia y 152° de la Federación.

      La Jueza Superior Titular

      Dra. D.I.G.A.

      La Secretaria Titular

      Abg. C.A.P.M.

      En la fecha de hoy, ocho (08) de abril de dos mil once (2011), se publicó la anterior sentencia N° PJ0082011000051 a las once y media de la mañana (11:30 a.m.)

      La Secretaria Titular

      Abg. C.A.P.M.

      ASUNTO: AF48-U-1995-000001

      ASUNTO ANTIGUO: 1995-757