Decisión nº 6019-08 de Tribunal Duodécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 19 de Diciembre de 2008

Así mismo, se admiten totalmente las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, tanto TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, EXPERTICIAS Y DE EVIDENCIAS FISICAS, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal; a excepción de las siguientes pruebas: “resultado de la experticia nº 9700-228-DFC-1049-AVE-290 realizada en fecha 28/07/08 por los expertos detectives LISAY GÓMEZ y J.V., adscritos a la División de física comparativa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, cuya pertinencia y necesidad que de la misma se evidencia que los videos CDS incautados son originales y no fueron manipulados”; en virtud de no cumplirse con el requisito de oralidad puesto que no fueron ofrecidos los testimonios de dichos expertos, siendo tal requisito fundamental para esta prueba, toda vez que el Tribunal que practicó la prueba anticipada cuando le fue solicitada a nulidad de la misma, por presuntas violaciones del debido proceso y del derecho a la defensa, supeditó tal pronunciamiento al resultado de esta experticia de comprobación de los referidos CDS.

Se admiten igualmente todas las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente se admite la comunidad de prueba.

Se declara CON LUGAR la Solicitud del defensor privado y se sustituye la Medida de Privación Judicial preventiva de Libertad que había sido dictada en contra del imputado por este mismo Tribunal en fecha 19/07/08, decretando en su favor las MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD de la prevista en el artículo 256 ordinales 3° consistente en la presentación periódica del imputado de autos cada quince (15) días por ante el Sistema Automatizado ubicado en el Departamento del Alguacilazgo, la prevista en el ordinal 4º consistente en la prohibición que tiene de salir fuera de la jurisdicción del Tribunal, y la prevista en el ordinal 8° consistente en la prestación de una fianza de dos (02) personas idóneas y solventes que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal, que no tengan parentesco dentro del segundo grado de afinidad, ni cuarto de consanguinidad con el imputado, toda vez que el Tribunal estima que en relación con el imputado ORLANDO JOSÈ FLORES las circunstancias consideradas para la imposición de la medida de privación de libertad han variado, en razón de lo expuesto por la víctima en esta audiencia, además de las actas de entrevistas de los testigos ofrecidos para probar coartada; razón por la cual se dispondrá la fianza respectiva una vez que se haya constituida la fianza respectiva..

Se acuerda a petición de la defensora el traslado del acusado J.L. FERNÀNDEZ BRITO a la sede del Banco Industria ubicado en la avenida 5 de Julio, para el dìa 22/12/08 a objeto de que realice transacciones bancarias

II

DE LA ADMISIÓN DE LA ACUSACION Y DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES EN RELACION CON EL IMPUTADO J.L.F.B.

Resueltas como han sido las cuestiones previas opuesta por las partes y revisada la Acusación Fiscal, así como el escrito de oposición a la misma, se observa que la defensa se opone a la admisión e incorporación de algunas pruebas en particular, razón por la cual este Tribunal antes de pronunciarse sobre la admisión de la acusación, dará respuesta a tales argumentos y en relación con las pruebas que a continuación se determinan:

1. -TESTIMONIAL DEL EXPERTO ALEJANDRO JOSÈ AMORES MARSINYACH adscrito a la Secretaría de Seguridad y Orden Público del Estado Zulia, y el resultado de la respectiva Experticia Documentològica, señalada y descrita en el punto DÉCIMO NOVENO cursante al folio (821) de la pieza III de esta causa, sobre libros, cheques y actas señaladas, por considerar la defensa que no se evidencia que el mismo posea los títulos necesarios para ello, y que al no ser funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, debe prestar juramento ante el Tribunal, según lo dispuesto por el artìculo 14 de la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en concordancia con el artìculo 238 de Código Orgànico Procesal Penal; agregando que el Ministerio público no indica cuales son los libros, cheques y actas objeto de esa pericia, y que al carecer de títulos profesionales que le acrediten como tal experto, es aplicable lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley especial, sobre modificación del lugar del hecho. .

   En tal sentido, puntualiza el Tribunal que la propia ley citada por la defensa privada, estatuye que son órganos de apoyo a la investigación penal las Policías Estadales y Municipales, entre otros, en tanto que el artìculo 16 de la misma ley preceptúa que los demás órganos de seguridad ciudadana distinto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas podrán “…ejercer funciones auxiliares en el marco de sus atribuciones, siempre y cuando sean requeridos por el Fiscal del Ministerio Público o por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, respetado la no interferencia en funciones propias de la investigación criminal…”; de donde se concluye que resulta legalmente posible, que el Ministerio Público como titular de la acción penal pública y director de la investigación, comisione o autorice a Órganos auxiliares de Investigación Penal, la realización en concreto de alguna diligencia de investigación criminal, como en el presente caso; y siendo o tratándose de un funcionario público adscrito a un Órgano Auxiliar de la investigación penal, resulta una exigencia superflua el que deba prestar juramento ante el Tribunal. Por otra parte, puede perfectamente la defensa ante el Tribunal de Juicio, establecer si dicho funcionario es realmente experto no en la materia exigida, y si posee los títulos profesionales que lo acrediten como tal, y aun solicitar nuevos expertos si los informes periciales son dudosos, insuficientes o contradictorios; todo ello sin perjuicio de que el propio Juez o el Ministerio Público, cuando lo estimen pertinente, puedan nombrar a uno o más peritos nuevos, de oficio o a petición de parte, para que examinen, y de ser el caso amplíen o repitan los informes periciales realizados, a tenor de lo dispuesto en el artìculo 240 del Código Orgànico Procesal Penal; las razones antes dadas, determinan por vía de consecuencia la improcedencia de la aplicación del mencionado artículo 10 de la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por lo que se declara SIN LUGAR, la solicitud de inadmisiòn como medio probatorio de la testimonial y experticia señalada Y ASÌ SE DECIDE.

2. -INADMISIÒN DE LAS COMUNICACIONES:

   1. S/N DE FECHA 31/05/07 cursante al folio (36) emanada del Banco Provincial relacionada con los movimientos bancarios de fecha 08/03/07 correspondiente a la cuenta de ahorro Nº 01080159-10-0200298069 del ciudadano YHOMENY IDI GONZÀLEZ.

   b)COMUNICACIÒN Nº ZUL-F39-0519-07 de fecha 06/07/07 cursante al folio (70) de la presente causa emanada de la Fiscalía 39 del Ministerio Público relacionada con la investigación Nº 24-F39-0713-07 relacionada con la detención de los ciudadanos E.R. FERNÀNDEZ FERNÀNDEZ, JULIO CÈSAR PIMIENTA QUEDES y JOSÈ VICENTE VELÀSQUEZ por parte de funcionarios del GAES.

   En efecto, solicita la defensa técnica no sean admitidas las anteriores comunicaciones por cuanto a su entender, no son de las documentales establecidas en el artículo 358 del Código Orgànico Procesal Penal para ser incorporadas, leídas y exhibidas en el proceso en concordancia con el artículo 339 ejusdem, y que además, las mismas no tienen formalidades ni aportan datos identificadores; al respecto, observa el Tribunal que no asiste la razón a la defensa pués las referidas comunicaciones pueden conceptualizarse como “PRUEBAS DE INFORMES”, entendiendo como tal la respuesta escrita, emanada de una persona jurídica, pública o privada frente a un requerimiento de la investigación o del proceso, sobre datos preexistentes, que se encuentren en sus archivos, registros o libros o que de alguna forma posea el informante.

   Dentro del sistema de libertad probatoria que establece el Código Orgànico Procesal Penal sin duda tiene aplicación este medio de prueba regulado en el Código de Procedimiento Civil regulado en el año 1.987, y como tal resulta perfectamente posible su incorporación al proceso, conforme a lo estatuido en el artìculo 339.2 del Código Orgànico Procesal Penal mediante su lectura en el juicio.

   Por lo demás se advierte que no es cierto, que dichas comunicaciones carezcan de formalidades ni aporten datos identificadores, pués de una simple lectura de los datos sobre su promoción se desprende clara y particularizadamente de qué documentos se trata, por lo que se DECLARA SIN LUGAR tal solicitud.

3. -INADMISIÓN DE EXPERTICIAS. Así mismo, la defensa en su escrito original de oposición a la acusación fiscal y el cual ha ratificado en esta audiencia, solicita se inadmita también la acusación en cuestión, por la presunta falta de señalamientos de los preceptos jurídicos aplicables a sus defendidos, que le impide saber respecto de qué delito e imputado se ofrecen dichos medios de pruebas, lo cual en su particular opinión, se traduce supuesta y negadamente, en ausencia de señalamiento de la necesidad y pertinencia de las pruebas, en especial de las pruebas de experticia realizadas por los Expertos: C/2do (TT) CESAR MARTÌNEZ, en relación con el vehículo marca chevrolet, modelo celèbrity, placas AVG-022, retenido a la víctima YHOMENY IDI GONZÀLEZ; la realizada por la Sub-Inspectora FREITAS GLENIA y Agente U.Y. adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en relación con la Experticia Documentològica Nº 9700-228-DFC-1049-AVE-290 de fecha 28/07/2008 practicada a: lo libros de novedades, de actas y de control de salida de correspondencia que se describen al folio (837); y respecto de la Experticia Documentològica realizada por el experto ALEJANDRO JOSÈ AMORES MARSINYACH, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Orden Público del Estado Zulia señalada y descrita en el punto DÉCIMO NOVENO cursante al folio (821) de la pieza III de esta causa, en relación con las firmas que aparece en el libro de novedades diaria del Grupo Gaes; en el cheque Nº 12421312 girado contra Banesco en fecha 17/07/07 por la víctima ALVARO MARTÌNEZ; sobre la firmas atribuidas a JOSÈ LUIS FERNÀNDEZ BRITO, D.H. FERNÀNDEZ SILVA, P.M.B. y M.V.S. que exhiben las actas policiales 0166 y 0165; y las realizadas sobre folio específicos del libro de novedades diarias del Grupo Gaes; las cuales todas se describen en el escrito acusatorio, y que respecto de unos y otros acusados, se dan por reproducidas su resultado en relación con las otras causas que involucran la acusación; puesto que hay que recordar que TODAS LAS INVESTIGACIONES FISCALES ANTES MENCIONADAS Y CONTENIDAS EN CAUSAS INICIALMENTE SEPARADAS LLEVADAS POR ESTE TRIBUNAL, SE ENCUENTRAN ACUMULADAS, de conformidad con el artìculo 73 del Código Orgànico Procesal Penal, y como tal deben considerarse y a.s.e.t. caso al Tribunal de Juicio a quien corresponde su valoración. En todo caso, se advierte que cualquier deficiencia en tal sentido, ya fue subsanado por el Ministerio Público al inicio de esta audiencia preliminar, por lo que resulta necesario declarar SIN LUGAR tal solicitud de la defensa. Y ASÌ SE DECIDE.

   Las mismas razones militan con respecto a las pruebas testimoniales ofrecidas por el Ministerio Público en relación con cada imputado en cada causa, de allí que no se observa indefensión o vulneración de derechos fundamentales a los que alude la defensa; y de igual manera debe declararse SIN LUGAR la solicitud de inadmisiòn de dichas pruebas, por la presunta y negada incertidumbre, derivada de la supuesta y negada también, falta de señalamiento expreso de los preceptos juridicos aplicables a los acusados, que impidiera a la defensa, relacionar los hechos imputados con los delitos atribuidos, por las razones antes dichas . Y ASÌ SE DECIDE.

4. -DE LA SOLICITUD DE NULIDAD ABSOLUTA DE LA PRUEBA ANTICIPADA REALIZADA EN EL ESTACIONAMIENTO S.G. EL DÍA 02/11/07 PARA SER INCORPORADA POR SU LECTURA AL JUICIO ORAL Y PÙBLICO.

   La Defensa Técnica argumentando presuntas violaciones y al debido proceso al derecho a la defensa, solicitó la nulidad absoluta de la referida prueba, por cuanto a su entender la prueba de reconocimiento de objetos, debe cumplir estrictamente lo previsto en los artículos 230, 231, 234 y 235 del Código Orgànico Procesal Penal, alegando que no se cumplieron con las formalidades para dicho reconocimiento recaído sobre un vehículo marca toyota, clase camioneta, tipo sport wagon, modelo 4 runner, año 2.007, color blanco, placas VCS-86V, puesto que segùn ella las características de dicho vehículo fueron aportadas previamente por el Ministerio Público y no por el testigo reconocedor, además de que el reconocimiento se realizó sin colocar el vehículo entre otros de características similares y que en definitiva ella no pudo controlar la realización de dicha prueba porque no estaban presentes los hoy imputados.

   Al respecto, el Tribunal observa que segùn la investigación fiscal, las características del vehículo presuntamente utilizado por los responsables del hecho investigado, en relación con la víctima ALVARO MARTÌNEZ, fueron dada inicialmente justamente por este, y no por el Ministerio Público como lo asegura la defensa. Asimismo, resulta en opinión de este Juzgador una exigencia exagerada, el pretender que el reconocimiento de dicho vehículo se hiciera previa ubicación de varios vehículos similares, pues ello obviamente no resulta fácil; en todo caso, lo que interesa es que el testigo reconocedor no reciba instrucciones sobre la persona o el objeto a reconocer, siendo en este caso la víctima, como antes se dijo quien señaló previamente la existencia del vehículo con las características mencionadas y que reconociera durante la realización de la prueba anticipada.

   Por ora parte, destaca que la defensa de los hoy acusados ABG. TAHINACHAHRAZAD VALCONI estuvo presente en la realización de dicha prueba, por lo que perfectamente pudo ejercer el control y contradicción de la misma, pudiendo igualmente en fase de juicio solicitar o exigir la comparecencia del testigo reconocedor, el que por lo demás ha sido ofrecido por el Ministerio Público; por lo que no evidenciándose las violaciones de derechos y garantías fundamentales, ni de formalidades esenciales que hayan impedido la intervención o asistencia jurídica de los hoy acusados, debe declararse SIN LUGAR la solicitud de nulidad absoluta respecto de esta prueba anticipada. Y ASÌ SE DECIDE.

   Hechas las anteriores consideraciones, resueltas como han sido las cuestiones previas opuestas por las partes y revisada como ha sido la acusación fiscal con las diversas subsanaciones realizadas lo largo de esta audiencia, este Juzgado considera procedente en derecho, ADMITIR TOTALMENTE la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado J.L.F.B., por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, FALSEDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS y GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, 176 y 316 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, hechos cometidos en perjuicio del ciudadano YHOMENY IDI GONZÁLEZ y EL ESTADO VENEZOLANO; por considerar que la misma reúne los requisitos exigidos por el Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que además de la identificación del imputado y su defensor, contiene una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de los mismos.

Así mismo, se admiten totalmente las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, tanto TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, EXPERTICIAS Y DE EVIDENCIAS FISICAS, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal

Se admiten igualmente todas las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente se admite la comunidad de prueba.

Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, y CON LUGAR la Solicitud de la Representación Fiscal y se mantiene la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada al acusado JOSÈ LUÌS FERNÀNDEZ BRITO, por cuanto las circunstancias de hecho y de derecho que originaron la mismas no han variado, así como los supuestos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este estado el Tribunal deja constancia que hizo acto de presencia la víctima A.E. MARTÌNEZ, quien manifestó que tuvo que salir a atender un asunto familiar urgente, razón por la cual no se había incorporado antes a la audiencia

DE LA ADMISIÓN DE LA ACUSACION Y DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES EN RELACION CON LOS IMPUTADOS D.R.H., M.S.C.R., J.E.V.G., D.A.A.C.

La Defensa técnica de los imputados antes mencionados, de manera particular y respecto de cada uno de ellos, también se opuso a la admisión del escrito de subsanación presentado por el Ministerio Público en fecha 18 de los corrientes, por las razones ya señaladas. Al respecto, este Tribunal da igualmente aquí por reproducidos, los razonamientos y argumentos explanados con anterioridad cuando se declaró válidamente y “…DEBIDAMENTE SUBSANADO EL ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL RESPECTO DE LA OFERTA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, en los términos señalados en la audiencia anterior y conforme a las exigencias del artículo 326.5 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que resulta procedente en derecho entrar a decidir sobre la admisión parcial o total de cada uno de los escritos acusatorios, así como sobre las pruebas ofrecidas y demás pedimentos de cada partes. Y ASI SE DECLARA…”.

Asimismo, por ser comunes y tener el mismo fundamento, se dan también igualmente por reproducido respecto del imputados DIÒGENES RAFAEL HENRÌQUEZ SILVA, los argumentos y razonamientos del Tribual para declarar SIN LUGAR, la solicitud de inadmisiòn de las pruebas testifical y de experticia relacionado con el ciudadano EXPERTO ALEJANDRO JOSÈ AMORES MARSINYACH; así como en relación con la inadmisiòn de las comunicaciones contenidas en los numerales 27, la 29, la 30, la 31 y la 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 43 por los argumentos del 339 y 358 del escrito de subsanaciòn de la oferta probatoria, por considerar la misma como pruebas de informes en los términos previstos en el artículo 339.2 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÌ SE DECLARA.

1. Resueltas como han sido las cuestiones previas opuesta por las partes y revisada la Acusación Fiscal, este Juzgado considera procedente en derecho, ADMITIR TOTALMENTE la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado D.R.H.S., por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN y GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio de los ciudadanos J.M.B.H., D.F.B. y R.J.R.B. y de EL ESTADO VENEZOLANO; y por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, y FALSEDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, y previstos y sancionados en los artículos 60 de la Ley Contra la Corrupción, 176 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 316 del Código Penal Venezolano, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio del ciudadano YHOMENY IDI GONZÁLEZ y EL ESTADO VENEZOLANO; por considerar que la misma reúne los requisitos exigidos por el Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que además de la identificación del imputado y su defensor, contiene una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.-

Así mismo, se admiten totalmente las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, tanto TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, EXPERTICIAS Y DE EVIDENCIAS FISICAS, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal;

Se admiten igualmente todas las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente se admite la comunidad de prueba.

2. La Defensa técnica de los imputados antes mencionados, de manera particular también se opuso a la admisión del escrito de subsanación presentado por el Ministerio Público en fecha 18 de los corrientes, por las razones ya señaladas. Al respecto, este Tribunal da igualmente aquí por reproducidos, los razonamientos y argumentos explanados con anterioridad cuando se declaró válidamente y “…DEBIDAMENTE SUBSANADO EL ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL RESPECTO DE LA OFERTA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, en los términos señalados en la audiencia anterior y conforme a las exigencias del artículo 326.5 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que resulta procedente en derecho entrar a decidir sobre la admisión parcial o total de cada uno de los escritos acusatorios, así como sobre las pruebas ofrecidas y demás pedimentos de cada partes. Y ASI SE DECLARA…”.

Asimismo, por ser comunes y tener el mismo fundamento, se dan también igualmente por reproducido respecto del imputado M.S.C.R., los argumentos y razonamientos del Tribual para declarar SIN LUGAR, la solicitud de inadmisiòn de las pruebas testifical y de experticia relacionado con el ciudadano EXPERTO ALEJANDRO JOSÈ AMORES MARSINYACH; así como en relación con la inadmisiòn de las comunicaciones contenidas en los números 21 al 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42;por los argumentos del 339 y 358 del escrito de subsanaciòn de la oferta probatoria, por considerar la misma como pruebas de informes en los términos previstos en el artículo 339.2 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÌ SE DECLARA.

Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, y CON LUGAR la Solicitud de la Representación Fiscal y se mantiene la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada al acusado DIÒGENES RAFAEL HENRÌQUEZ SILVA, por cuanto las circunstancias de hecho y de derecho que originaron la mismas no han variado, así como los supuestos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, se ADMITE TOTALMENTE la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado M.S.C.R., por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN y GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO y de los ciudadanos J.M.B.H., D.F.B. y R.J.R.B.; y por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, y GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, 176 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio del ciudadano A.E. MARTÌNEZ y EL ESTADO VENEZOLANO; por considerar que la misma reúne los requisitos exigidos por el Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que además de la identificación del imputado y su defensor, contiene una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.-

Así mismo, se admiten totalmente las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, tanto TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, EXPERTICIAS Y DE EVIDENCIAS FISICAS, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal; a excepción de las siguientes pruebas: “resultado de la experticia nº 9700-228-DFC-1049-AVE-290 realizada en fecha 28/07/08 por los expertos detectives LISAY GÓMEZ y J.V., adscritos a la División de física comparativa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, cuya pertinencia y necesidad que de la misma se evidencia que los videos CDS incautados son originales y no fueron manipulados”; en virtud de no cumplirse con el requisito de oralidad puesto que no fueron ofrecidos los testimonios de dichos expertos, siendo tal requisito fundamental para esta prueba, toda vez que el Tribunal que practicó la prueba anticipada cuando le fue solicitada a nulidad de la misma, por presuntas violaciones del debido proceso y del derecho a la defensa, supeditó tal pronunciamiento al resultado de esta experticia de comprobación de los referidos CDS, y no pudiendo establecerse la autenticidad de los referidos CDS resulta improcedente la incorporación por su lectura, de la prueba anticipada, realizada el día 02/11/07 en el Centro Comercial Sambil de esta ciudad de Maracaibo, sin la previa determinación de tal circunstancia de autenticidad . Y ASÌ SE DECIDE.

Se admiten igualmente todas las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente se admite la comunidad de prueba.

Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, y CON LUGAR la Solicitud de la Representación Fiscal y se mantiene la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada al acusado M.S.C.R., por cuanto las circunstancias de hecho y de derecho que originaron la mismas no han variado, así como los supuestos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

La Defensa técnica de los imputados antes mencionados, de manera particular también se opuso a la admisión del escrito de subsanación presentado por el Ministerio Público en fecha 18 de los corrientes, en relación con cada uno de ellos por las razones ya señaladas. Al respecto, este Tribunal da igualmente aquí por reproducidos, los razonamientos y argumentos explanados con anterioridad cuando se declaró válidamente y “…DEBIDAMENTE SUBSANADO EL ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL RESPECTO DE LA OFERTA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, en los términos señalados en la audiencia anterior y conforme a las exigencias del artículo 326.5 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que resulta procedente en derecho entrar a decidir sobre la admisión parcial o total de cada uno de los escritos acusatorios, así como sobre las pruebas ofrecidas y demás pedimentos de cada partes. Y ASI SE DECLARA…”.

Asimismo, por ser comunes y tener el mismo fundamento, se dan también igualmente por reproducido respecto del J.E.V.G., los argumentos y razonamientos del Tribual para declarar SIN LUGAR, la solicitud de inadmisiòn de las pruebas testifical y de experticia relacionado con el ciudadano EXPERTO ALEJANDRO JOSÈ AMORES MARSINYACH; así como respecto de la inadmisiòn de las comunicaciones contenidas en los numerales 19 a la 24 y de la 27 a la 30 por los argumentos del 339 y 358 del escrito de subsanaciòn de la oferta probatoria, por considerar la misma como pruebas de informes en los términos previstos en el artículo 339.2 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÌ SE DECLARA.

3. Así mismo, se ADMITE PARCIALMENTE la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado J.E.V.G., por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, 176 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 316 del Código Penal, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio del ciudadano A.E. MARTÌNEZ y EL ESTADO VENEZOLANO, mas no se admite el cargo de FALSEDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, previsto y sancionado en el artìculo 316 del Código Orgánico Procesal Penal por cuanto dicho delito no habia sido imputado inicialmente, como se observa del acta de presentaciòn, y del escrito acusatorio presentado originalmente; por considerar que la misma reúne los requisitos exigidos por el Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que además de la identificación del imputado y su defensor, contiene una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.-

Así mismo, se admiten totalmente las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, tanto TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, EXPERTICIAS Y DE EVIDENCIAS FISICAS, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal; a excepción de las siguientes pruebas:“resultado de la experticia nº 9700-228-DFC-1049-AVE-290 realizada en fecha 28/07/08 por los expertos detectives LISAY GÓMEZ y J.V., adscritos a la División de física comparativa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, cuya pertinencia y necesidad que de la misma se evidencia que los videos CDS incautados son originales y no fueron manipulados”; en virtud de no cumplirse con el requisito de oralidad puesto que no fueron ofrecidos los testimonios de dichos expertos, siendo tal requisito fundamental para esta prueba, toda vez que el Tribunal que practicó la prueba anticipada cuando le fue solicitada a nulidad de la misma, por presuntas violaciones del debido proceso y del derecho a la defensa, supeditó tal pronunciamiento al resultado de esta experticia de comprobación de los referidos CDS, y no pudiendo establecerse la autenticidad de los referidos CDS resulta improcedente la incorporación por su lectura, de la prueba anticipada, realizada el día 02/11/07 en el Centro Comercial Sambil de esta ciudad de Maracaibo, sin la previa determinación de tal circunstancia de autenticidad.

Asimismo no se admiten por impertinentes las testimoniales de los ciudadanos J.M.B.H., D.F.B. y R.J.R.B. víctimas de los hechos ocurridos en el Centro Comercial Galerías, en virtud de que el acusado nunca fue imputado por esos hechos. Y ASÌ SE DECIDE.

Se admiten igualmente todas las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente se admite la comunidad de prueba.

Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, y CON LUGAR la Solicitud de la Representación Fiscal y se mantiene la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada al acusado J.E.V.G. , por cuanto las circunstancias de hecho y de derecho que originaron la mismas no han variado, así como los supuestos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

La Defensa técnica de los imputados antes mencionados, de manera particular también se opuso a la admisión del escrito de subsanación presentado por el Ministerio Público en fecha 18 de los corrientes, en relación con cada uno de ellos por las razones ya señaladas. Al respecto, este Tribunal da igualmente aquí por reproducidos, los razonamientos y argumentos explanados con anterioridad cuando se declaró válidamente y “…DEBIDAMENTE SUBSANADO EL ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL RESPECTO DE LA OFERTA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, en los términos señalados en la audiencia anterior y conforme a las exigencias del artículo 326.5 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que resulta procedente en derecho entrar a decidir sobre la admisión parcial o total de cada uno de los escritos acusatorios, así como sobre las pruebas ofrecidas y demás pedimentos de cada partes. Y ASI SE DECLARA…”.

Asimismo, por ser comunes y tener el mismo fundamento, se dan también igualmente por reproducido respecto del D.A.A.C., los argumentos y razonamientos del Tribunal para declarar SIN LUGAR, la solicitud de inadmisiòn de las pruebas testifical y de experticia relacionado con el ciudadano EXPERTO ALEJANDRO JOSÈ AMORES MARSINYACH; así como respecto de la inadmisiòn de las comunicaciones contenidas en los numerales 11,12, 14, 15, 16 al 21 por los argumentos del 339 y 358 del escrito de subsanaciòn de la oferta probatoria, por considerar la misma como pruebas de informes en los términos previstos en el artículo 339.2 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÌ SE DECLARA.

4. Así mismo, se ADMITE PARCIALMENTE la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado D.A.A.C., por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, 176 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 316 del Código Penal, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes en perjuicio del ciudadano YHOMENY IDI GONZÁLEZ y EL ESTADO VENEZOLANO, mas no se admite el cargo de FALSEDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, previsto y sancionado en el artìculo 316 del Código Orgánico Procesal Penal por cuanto no quedó imputado en el escrito acusatorio original ni en el de subsanaciòn, tal como se evidencia de los mismos; por considerar que la misma reúne los requisitos exigidos por el Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que además de la identificación del imputado y su defensor, contiene una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.-

Así mismo, se admiten totalmente las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, tanto TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, EXPERTICIAS Y DE EVIDENCIAS FISICAS, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal; a excepción de las pruebas dirigidas a demostrar la comisión del delito de FALSEDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, previsto y sancionado en el artìculo 316 del Código Penal, por resultar inútiles, impertinentes e innecesarias, por cuanto imputado no fue acusado por dicho delito. Y ASÌ SE DECIDE

Se admiten igualmente todas las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente se admite la comunidad de prueba.

Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, y CON LUGAR la Solicitud de la Representación Fiscal y se mantiene la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada al acusado D.A.A.C., por cuanto las circunstancias de hecho y de derecho que originaron la mismas no han variado, así como los supuestos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este estado a ABG. TAHINACHAHRAZAD VALCONI expuso “Ejerzo recurso revocatorio, como se evidencia la situación de las víctimas a nadie nos consta que a las víctimas se les esté amedrentando, incluso acà en los Tribunales me han puesto en tela de juicio, solicitándole que de nuevo considere revisarle a mis defendidos la medida de privación de libertad por cuanto los mismos tienen arraigo, no existe peligro de fuga ni de obstaculización y los mismos están dispuestos a cumplir con las obligaciones que les sean exigidas, y de mi persona dicen barbaridades, el Ministerio Público no está trayendo ninguna denuncia por parte de las víctimas, e incluso son ciudadanos que están cuestionados en estos momentos se encuentra una víctima detenida, solicito respetuosamente reconsidere la medida, ya que en ningún momento la Representante del Ministerio Público se ha, es todo”.

En este estado presente la víctima ciudadano A.E. MARTÌNEZ expuso “Las amenazas me las han hecho a mi. Uno de los que supuestamente e iban a matar lo mataron el domingo, las amenazas me la han hecho de parte de J.V., y tengo testigo pero el tiene mucho miedo”.

Escuchadas las anteriores exposiciones, considera este Juzgador que ciertamente las razones que determinaron la imposición de la medida extrema de privación judicial preventiva de libertad respecto a los acusados JOSÈ LUIS FERNÀNDEZ BRITO, D.R.H., M.S.C.R., J.E.V.G., D.A.A.C., las circunstancias no han variado; mas aún cabe señalar que este Tribunal en su oportunidad acordó medidas cautelares sustitutivas de libertad a todos los imputados a quienes no se les atribuyo delitos graves cuyas penas exceden de diez años en su límite superior, pero es el caso que según lo expuesto por las víctimas a lo largo de esta audiencia, y lo manifestado por el Ministerio Público esta precisamente han sido objeto de amenazas, pero si existe, mas allá de tal circunstancia es lo cierto que en relación con los imputados antes mencionados, las circunstancias consideradas inicialmente no han variado, por lo que se declara Sin lugar el recurso de revocación ejercido en este acto por la defensa, y mantiene la Medida de Privación de Libertad todo conforme lo establecido en el artìculo 445 del Código Orgànico Procesal Penal; y se insta al Ministerio Público a iniciar la investigación respectiva, a fin de establecer la veracidad de las amenazas denunciadas por las víctimas de autos. Y ASÌ SE DECIDE.

Una vez admitida las acusaciones, así como las pruebas ofrecidas, se imponen nuevamente a los acusados del precepto constitucional inserto en el Artículo 49 Ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así como sobre las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso insertas en el Libro Primero, Titulo I, Capítulo III, Secciones Primera, Segunda y Tercera del Código Orgánico Procesal Penal y especialmente del Procedimiento de Admisión de los Hechos, por ser esta la oportunidad procesal, de conformidad con lo previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando cada uno No acogerse a Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos.

Por los fundamentos de hecho y derecho ante expuestos este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE DUODECIMO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA:

Declara formalmente SUBSANADO LOS DEFECTOS FORMALES DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL RESPECTO DE LA OFERTA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, conforme a lo resuelto en la audiencia anterior y, según las exigencias del artículo 326.5 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 329.1 ejusdem, y en relación con los acusados D.R.H., M.S.C.R., J.E.V.G., D.A.A.C..

ADMITE TOTALMENTE la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado O.J.F. DÌAZ, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, Estado Zulia, de 28 años de edad, fecha de nacimiento 19/03/1.980, titular de la cédula de identidad N° V-14.629.415, de estado civil soltero, de profesión u oficio Militar Activo con el Grado de Teniente actualmente adscrito al Comando Regional N° 9 de la Guardia Nacional Bolivariana De Venezuela ubicado en la ciudad de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, hijo de Nílsida Díaz de Flores y A.O.F.P., con residencia en Barrio Brisas del Sur, Calle 128, Casa N° 38A-255 subiendo por el Hospital General del Sur, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia. Teléfono: 0416-6692975, por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, 176 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO y de los ciudadanos J.M.B.H., D.F.B. y R.J.R.B.; y los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, 176 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio del ciudadano A.E. MARTÌNEZ y EL ESTADO VENEZOLANO; por considerar que la misma reúne los requisitos exigidos por el Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se admiten todas las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público, como por la Defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal; a excepción de las expresamente inadmitidas por este Tribunal según consta en la presente acta.

CON LUGAR la Solicitud del defensor privado y se sustituye la Medida de Privación Judicial preventiva de Libertad que había sido dictada por este mismo Tribunal en fecha 19/07/08 en contra del imputado ORLANDO JOSÈ FLORES DÌAZ, decretando en su favor las MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD de las prevista en los ordinales 3°, 4º y 8º `del artículo 256 Código Orgànico Procesal Penal, debiendo el imputado comprometerse a suscribir acta separada conforme el artìculo 260 ejudem.

SIN LUGAR la solicitud de a defensa relativo de nulidad absoluta de LA PRUEBA ANTICIPADA REALIZADA EN EL ESTACIONAMIENTO S.G. EL DÍA 02/11/07 PARA SER INCORPORADA POR SU LECTURA AL JUICIO ORAL Y PÙBLICO respecto del imputado J.L. FERNÀNDEZ BRITO.

SÈXTO: ADMITE TOTALMENTE la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado J.L.F.B., de nacionalidad venezolano, natural de Caracas Distrito Capital, de 26 años de edad, Casado, ocupación u oficio Militar Activo, Titular de la Cédula de Identidad N° 15.780.669, fecha de nacimiento 15-04-1982, hijo de J.D.F. y de Z.B.d.F.,, residenciado en el Urb. Barro Monte Sano, calle principal, casa No 25, Parroquia C.S., La Guaira Estado Vargas, actualmente destacado en el C.N.. 03 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Estado Zulia, por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, FALSEDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS y GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, 176 y 316 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, hechos cometidos en perjuicio del ciudadano YHOMENY IDI GONZÁLEZ y EL ESTADO VENEZOLANO; por considerar que la misma reúne los requisitos exigidos por el Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se admiten todas las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público, como por la Defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal; a excepción de las expresamente inadmitidas por este Tribunal según consta en la presente acta.

Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, y CON LUGAR la Solicitud de la Representación Fiscal y se mantiene la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada al acusado JOSÈ LUÌS FERNÀNDEZ BRITO; y a solicitud de la defensa se ordena su traslado desde su actual sitio de reclusión, designándosele como nuevo sitio de reclusión la Sede del Grupo Anti Extorsión y Secuestro del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de esta ciudad de Maracaibo .

ADMITE TOTALMENTE la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado D.R.H.S., nacionalidad Venezolano, natural de Maracaibo, Estado Zulia, de 43 años de edad, fecha de nacimiento 24/10/64, de estado civil casado, de profesión u oficio Militar Activo (Sargento 2do) de la Guardia Nacional Bolivariana De Venezuela-Comando Regional N° 3, Titular de la Cédula de Identidad No. 9.707.306 hijo de Hermogenes Henríquez (DF) y Paula Silva, y residenciado Barrio La Misión, Sector S.A. , calle 101 B, casa No. 19H-04, Parroquia M.D., cerca del Abasto Freddy, Municipio Autónomo Maracaibo, Estado Zulia. Teléfono: 0414-6401244, por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN y GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio de los ciudadanos J.M.B.H., D.F.B. y R.J.R.B. y de EL ESTADO VENEZOLANO; y por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, y FALSEDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, y previstos y sancionados en los artículos 60 de la Ley Contra la Corrupción, 176 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 316 del Código Penal Venezolano, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio del ciudadano YHOMENY IDI GONZÁLEZ y EL ESTADO VENEZOLANO; por considerar que la misma reúne los requisitos exigidos por el Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se admiten todas las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público, como por la Defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal; a excepción de las expresamente inadmitidas por este Tribunal según consta en la presente acta.

Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, y CON LUGAR la Solicitud de la Representación Fiscal y se mantiene la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada al acusado DIÒGENES RAFAEL HENRÌQUEZ SILVA.

Se ADMITE TOTALMENTE la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado M.S.C.R., de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, estado Zulia, fecha de nacimiento 30/12/77, titular de la cédula de identidad N° V-14.134.237, de estado civil casado, de profesión u oficio Militar en servicio activo (Cabo 2do) de la Guardia Nacional Bolivariana-Comando regional N° 3, hijo de D.M.R.Z. y M.S.C.D., residenciado en: Sector San Jacinto, Conjunto Residencial La Esperanza, edificio 10, planta baja, apartamento 0G. Teléfono: 0414-6321168, por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN y GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO y de los ciudadanos J.M.B.H., D.F.B. y R.J.R.B.; y por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, y GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, 176 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio del ciudadano A.E. MARTÌNEZ y EL ESTADO VENEZOLANO; por considerar que la misma reúne los requisitos exigidos por el Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se admiten todas las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público, como por la Defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal; a excepción de las expresamente inadmitidas por este Tribunal según consta en la presente acta.

Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, y CON LUGAR la Solicitud de la Representación Fiscal y se mantiene la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada al acusado M.S.C.R..

Admite Parcialmente la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado J.E.V.G., de nacionalidad Venezolano, natural de Maracaibo, Estado Zulia, portador de la Cédula de Identidad N° 13.002.977, fecha de nacimiento 26-12-1977, de 30 años de edad, estado civil Casado, profesión u oficio Militar en Servicio Activo de la Guardia de la Nacional Bolivariana de Venezuela, hijo de C.G. y de A.V., residenciado en el Barrio Los Robles, sector San Javier, Calle 61C, casa N° 115-75, Maracaibo, Estado Zulia, por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, 176 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 316 del Código Penal, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes, en perjuicio del ciudadano A.E. MARTÌNEZ y EL ESTADO VENEZOLANO, mas no se admite el cargo de FALSEDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, previsto y sancionado en el artìculo 316 del Código Orgánico Procesal.

Se admiten todas las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público, como por la Defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal; a excepción de las expresamente inadmitidas por este Tribunal según consta en la presente acta.

Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, y CON LUGAR la Solicitud de la Representación Fiscal y se mantiene la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada al acusado J.E.V.G..

Se Admite Parcialmente la Acusación presentada por el Ministerio Público en tiempo hábil, en contra del imputado D.A.A.C., de nacionalidad venezolana, natural de Cabimas Estado Zulia, de 28 años de edad, Soltero, ocupación u oficio Militar Activo, Titular de la Cédula de Identidad N° 14.582.508, hijo de J.R.A.C. y de R.I.C.d.A., residenciado en el Urb. Los Laureles, Sector 3, Calle 6, Casa N° 15, Cabimas Estado Zulia, ,por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previstos y sancionados en los artículos 60 de la ley Contra la Corrupción, 176 del Código Penal Venezolano, artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 6° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y 316 del Código Penal, y 88 del Código Penal Venezolano, dado el concurso real de delitos existentes en perjuicio del ciudadano YHOMENY IDI GONZÁLEZ y EL ESTADO VENEZOLANO, mas no se admite el cargo de FALSEDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, previsto y sancionado en el artìculo 316 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se admiten todas las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público, como por la Defensa, por considerarlas lícitas, necesarias y pertinentes; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal; a excepción de las expresamente inadmitidas por este Tribunal según consta en la presente acta.

Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, y CON LUGAR la Solicitud de la Representación Fiscal y se mantiene la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretada al acusado D.A.A.C..

Sin Lugar el recurso de revocación ejercido en este acto por la defensa, y mantiene la Medida de Privación de Libertad todo conforme lo establecido en el artìculo 445 del Código Orgànico Procesal Penal.

Por vía de consecuencia, se declara SIN LUGAR la solicitud de SOBRESEIMIENTO formulada por la defensa de los acusados de autos

Se declara CON LUGAR la solicitud de SOBRESEIMIENTO formulada por el Ministerio Público respecto de los ciudadanos MARVIN ALÌ VALERO SANDOVAL, P.J.H.B. y W.E. HERNÀNDEZ, toda vez que el hecho objeto del proceso no puede atribuírseles a los prenombrados ciudadanos, conforme lo establecido en el artículo 318 numeral 1 del Código Orgànico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 320 ejusdem.

Conforme a lo previsto en los Artículo 333 y 334 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena la APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO, en la presente causa seguida en contra de los ciudadanos ORLANDO JOSÈ F.D., J.L.F.B., DIÒGENES RAFAEL HENRÌQUEZ SILVA, M.S.C.R., J.E.V.G. y D.A.A.C., por los delitos determinados anteriormente, y en relación a los hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar señalados en las respectivas acusaciones.

Se acuerda proveer de conformidad con lo solicitado las copias fotostáticas simples solicitadas por las partes de la presente acta de audiencia preliminar, en su oportunidad legal.

Se deja constancia que el Auto de apertura a Juicio, previsto en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, se dictará por separado, ordenándose al Secretario del Tribunal, remitir las actuaciones al quinto día hábil, al Juzgado de Juicio que le corresponda conocer por Distribución.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo en el Articulo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, se emplaza a las partes par que en el Plazo Común de Cinco días concurran ante el juez de Juicio, que por distribución le corresponda conocer de la presente Causa. Se instruye al Secretario del Tribunal a los fines de que remita en el plazo legal correspondiente las presentes actuaciones.

Se declara concluida la audiencia, quedando notificados los presentes, y reservándose el Tribunal dictar por separado las menciones particulares del Auto de Apertura a juicio.

Se dicto decisión Nro. 6019-08; y se ofició lo pertinente bajo los números 5549-08, 5550-08 y 5551-08, a fin de notificar de lo resuelto por este Despacho Judicial. El presente acto concluyó siendo las 3:30 minutos de la Tarde. Terminó, se leyó y conformes firman, previo cumplimiento de las formalidades de ley.-

JUEZ DUODÉCIMO DE CONTROL,

F.H.R.

LA FISCAL 12° DEL MINISTERIO PÚBLICO,

ABG. YANIS DOMÌNGUEZ

LA VÍCTIMA PRESENTE,

A.E.M.

LA DEFENSA PRIVADA,

ABG. J.B. COELLO H. ABG. TAHINACHAHRAZAD VALCONI

LOS IMPUTADOS,

D.R.H.M.S.C.R.

J.E.V.G.D.A.A.C.

J.L.F.B.O.J.F.D.

EL SECRETARIO,

ABG. E.R.H.

FHR/mc.

CAUSA N° 12C-18437-08

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado, oficiándose lo conducente bajo los números 5549-08, 5550-08, y 5551-08

EL SECRETARIO,

ABG. E.R.H.

FHR/mc.

CAUSA N° 12C-18437-08