Decisión nº 27-2010 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 27 de Mayo de 2010
| Fecha de Resolución | 27 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Hector Salcedo |
| Procedimiento | Perención |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
Expediente Nº 880
El 17 de septiembre de 1997, el ciudadano G.V.P., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 3.821.840, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 13.919, asistido por los abogados T.D.D.B. y A.D.M., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 19.153 y 18.888 respectivamente, interpuso ante éste Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo, demanda de intimación de honorarios profesionales contra el ciudadano G.L.C.. Por el incumplimiento del pago en la representación que ejerció a favor del hoy intimado, en el recurso contencioso administrativo de nulidad contra los actos administrativos contenidos en los oficios S/N de fecha 21 de enero de 1987, emanados de la Presidencia del Concejo Municipal del Distrito Salias del Estado Miranda.
Mediante diligencia 30 de octubre de 1997 compareció el ciudadano G.V.P.G., asistido de su apoderado judicial el ciudadano A.D.M. y consignó poder APUD-ACTA.
En fecha 16 de diciembre de 1997 se libró boleta de intimación, la cual fue practicada por el alguacil de este Juzgado en fecha 20 de enero de 1998 alegando que fue imposible la localización de la parte intimada.
Mediante diligencia de fecha 15 de octubre de 1998 compareció la ciudadana T.D.D.B. apoderada de la parte intimante y solicitó la citación del intimado mediante carteles a fin de consignar la cantidad presentada por el intimante; el Tribunal acordó lo solicitado por el mismo en fecha 26 de octubre de 1998 y ordenó en el caso de no comparecer el intimado en el término señalado a la designación de un defensor de oficio con quién se entenderá la intimación que aquí se atiene.
En fecha 13 de mayo de 1999 compareció la apoderada intimante y ratificó mediante diligencia la solicitud de la medida de embargo presentada en el libelo de la demanda así como la ratificación de las diligencias libradas por éste Juzgado; petición que fue acordada por este Juzgado en fecha 27 de mayo de 1999 librándose tres (03) carteles de intimación de honorarios profesionales al ciudadano G.L.C..
Mediante diligencia de fecha 27 de mayo de 1999 compareció la parte intimada mediante su apoderado y consignó planilla del Banco Industrial correspondiente al pago de los carteles de notificación.
El 7 de junio de 1999 compareció el abogado de la parte intimante y solicitó la entrega por éste Juzgado del cartel de intimación a los fines de su publicación, siendo esta la última actuación que hasta la fecha de emisión del presente fallo, consta en actas se verificó en el curso del proceso.
En fecha 03 de mayo de 2010, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, juramentó al ciudadano H.L.S.L., quien fue designado por la Comisión Judicial como Juez Temporal del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital; en tal sentido y en virtud de tal juramentación me aboco al conocimiento de la presente causa.
Procede en virtud de lo expuesto este Juzgado Superior, a verificar si en el caso sub examine se verificó de pleno derecho la perención de la instancia, para lo cual observa:
La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, hoy artículo 19, párrafo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que ad pedem literae establece:
La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.
La redacción de ésta norma fue considerada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 5 de agosto de 2004, caso: C.L.d.E.A., como contradictoria y de imposible entendimiento, por establecer la misma, en primer término, una consecuencia jurídica “declarar consumada la perención, como consecuencia de la verificación del supuesto de hecho previamente establecido en el dispositivo normativo, cual es la existencia de causas que hayan estado paralizadas por mas de un (1) año, antes de la presentación de los informes”, y en segundo lugar, la orden de cumplir “otras actividades a continuación que hacen absolutamente inoperante a la norma y en consecuencia a la institución de la perención en las causas seguidas ante este Supremo Tribunal”.
En el mismo fallo expresa dicha Sala, que la mencionada disposición legal, en los términos en los cuales fue redactada, colide con la “necesaria celeridad que debe informar al proceso, así como la prohibición de dilaciones indebidas establecidas en la constitución”.
Con base en tales alegatos, concluye desaplicando para el caso en concreto por ininteligible, la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, acordando aplicar supletoriamente para el caso que ante ésta se ventilaba, el artículo 267 eiusdem, por considerar que el mismo regula adecuada y convenientemente la institución de la perención.
En consideración al criterio jurisprudencial parcialmente trascrito, el cual, a los fines del presente fallo hace suyo este sentenciador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 del Texto Constitucional y 20 del Código de Procedimiento Civil, visto que la norma contenida en el aparte 15 del artículo 19 de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, viola las disposiciones contenidas en los artículos 26 y 257 de la Constitución, acuerda Desaplicar por Inconstitucional para el caso en concreto, el mencionado artículo 19 en su aparte 15, y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 de ese mismo cuerpo normativo, acuerda la aplicación supletoria para el caso bajo estudio del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a la perención de la instancia. Así se decide.
Establecido lo anterior, constata este sentenciador, una vez examinadas las actas que componen el presente expediente que la presente causa estuvo paralizada desde el día 07 de junio de 1999 fecha en la cual compareció el abogado de la parte intimante y solicitó la entrega por éste Juzgado del cartel de intimación a los fines de su publicación, hasta la fecha de emisión del presente fallo, no constatándose durante el indicado período actuación alguna que evidenciara el interés de las partes en la prosecución del presente juicio.
Siendo ello así, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante el lapso de más de un (1) año, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para éste Tribunal declarar de oficio la perención de la instancia. Así se decide.
Ahora bien, por cuanto el párrafo 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que la perención de la instancia deja firme el acto recurrido, salvo que este viole normas de Orden Público, y por cuanto de la revisión del acto impugnado no se evidencia tal violación, se declara el mismo firme. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en la demanda de intimación de honorarios profesionales interpuesta por el ciudadano G.V.P., contra el ciudadano G.L.C.. Todos suficientemente identificados en la parte motiva del fallo.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte recurrente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
EL JUEZ TEMPORAL,
H.L.S.L.
LA SECRETARIA Acc,
K.F.R.
En la misma fecha de hoy siendo las (9:50 a.m.), se publicó registró la anterior decisión, bajo el No. 27-2010.
LA SECRETARIA Acc,
K.F.R..
Exp. N° 880.
HSL/cvm.
