Decisión de Juzgado Primera Instancia Civil y Mercantil "El Vigia" de Merida (Extensión El Vigia), de 29 de Enero de 2010

Mérito probatorio del contrato de arrendamiento privado de fecha 04 de junio de 2005.

De la revisión de las actas que integran el presente expediente, este Juzgador puede verificar que obra a los folios 17 y 18, documento original del contrato de arrendamiento suscrito entre el ciudadano G.G.P., como arrendador y el ciudadano M.M., como arrendatario, el cual fue otorgado y firmado por vía privada en fecha 04 de junio de 2005, sobre un inmueble consistente en una casa para habitación, ubicada en el barrio Sur América, calle 4 de la ciudad de El Vigía Municipio A.A.d.E.M., cuyo objeto es regular la relación arrendaticia existente entre ambas partes, a partir del día 04 de junio de 2005 y en cuya cláusula SEGUNDA, los contratantes establecieron: “…la duración del Presente (sic) contrato es por él (sic) termino (sic) de Dos (sic) (02) Meses fijos, contados a partir del día, Cuatro de Junio (sic) del presente año Dos (sic) Mil (sic) Cinco (sic) (04-06-2.005), al vencimiento del termino (sic), para el día Cuatro (sic) de Agosto (sic) del año Dos (sic) Mil (sic) Cinco (sic) (04-08-2.005), se dará por terminado el contrato, sin necesidad de desahucio ni por notificación por parte de EL ARRENDADOR, debiendo EL ARRENDATARIO, entregar el inmueble objeto de este contrato totalmente desocupado, solvente en el pago de servicios públicos y de los alquileres, salvo que se acoja a la prorroga legal, y vencida la cual, deberá hacer entrega del inmueble”.

Del análisis del mismo, este Juzgador puede constatar que se trata de un instrumento privado que no fue tachado por la contraparte en su oportunidad --al contrario fue reconocido y promovido como prueba por el demandado--, motivo por el cual, hace plena prueba de los hechos jurídicos en el contenidos, hasta el punto que, resultó un hecho admitido la existencia de tal contrato de arrendamiento a tiempo determinado sobre el inmueble identificado supra, así como el canon de arrendamiento y su duración, de manera que estos hechos --estipulados en el contrato-- quedaron excluidos del debate probatorio.

En consecuencia, este Tribunal le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil. ASÍ SE DECIDE.-

Mérito probatorio del contrato de arrendamiento privado de fecha 04 de enero de 2006.

Este instrumento, fue valorado previamente en el texto de esta sentencia. ASÍ SE ESTABLECE.-

Mérito probatorio de la notificación judicial realizada por el Juzgado Tercero de los Municipios A.A., A.B., O.R.d.L. y Caracciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Dicha notificación judicial, fue consignada a la presente causa, por la parte demandante junto con su libelo de demanda.

Este Juzgador observa, que obra a los folios 12 al 28, actuaciones que contienen la solicitud de notificación judicial, realizada por el ciudadano G.G.P. --parte actora--, por ante el Juzgado de los Municipios A.A., A.B., O.R.d.L. y Caracciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, correspondiéndole conocer por distribución al Juzgado Tercero de los municipios anteriormente indicados, expediente signado con el Nro. 831-07 de la nomenclatura de ese Tribunal, la cual, la recibió y le dio entrada mediante Auto de fecha 10 de agosto del 2007 (f. 21), y practicada el día 10 de octubre de 2007, tal como se evidencia del acta levantada al efecto, la cual textualmente expresa:

…Seguidamente se pasa a notificar a un ciudadano que dijo llamarse Montilla Marcelino (…) de la misión del Tribunal en relación que debe hacer entrega del inmueble objeto del contrato de arrendamiento celebrado con el ciudadano G.G.P., identificado en autos, con las correspondientes solvencias referidas a los servicios de agua y luz entre otros, por cuanto el solicitante necesita ocuparlo y hacerle reparaciones…

Como se puede constatar de la anterior trascripción, se notificó al ciudadano M.M., en su condición de arrendatario, la intención del arrendador de que le haga entrega del inmueble arrendado, solvente en el pago de los servicios públicos.

Asimismo, se puede constatar que la solicitud de notificación fue realizada en fecha 06 de agosto de 2007, admitida el día 10 del mismo mes y año, y practicada por el Juzgado Tercero de Municipio antes indicado, el día 10 de octubre de 2007.

Por su parte, el apoderado judicial del demandado promueve dicha notificación en su escrito de promoción de pruebas, en el cual manifestó que “…su [mi] representado para la solicitud de notificación no fue previamente asistido por profesional del derecho firmando dicha notificación y (sic) siendo violado el derecho de ser asistido…”

Ahora bien, de conformidad con el artículo 935 del Código de Procedimiento Civil: “Las notificaciones de cesiones de créditos y cualesquiera otras, las hará cualquier Juez Civil del domicilio del notificado”. (subrayado del Tribunal)

Este `procedimiento de notificación judicial se encuentra previsto en el Capítulo I del Título VI de la Parte Segunda del Código de Procedimiento Civil, denominado: “de la Jurisdicción Voluntaria”.

La doctrina, ha definido la jurisdicción voluntaria como: “aquella función que realizan los órganos jurisdiccionales frente a la solicitud o requerimiento de los particulares por medio del cual se configuran situaciones jurídicas de conformidad con la Ley”. (Ortiz Ortiz, R. (2004). Teoría General del Proceso. p.131). Por tanto, en la jurisdicción voluntaria no hay conflicto, no hay intereses debatidos, ni contendores en la relación, sino que la parte acude al órgano jurisdiccional para que se deje constancia de algún hecho o derecho propio del interesado.

Así las cosas, en el presente caso, la notificación practicada por el Juzgado de Municipio antes indicado, al ciudadano M.M., tiene finalidad informativa, y cumple con su objetivo desde el momento en que se puso en conocimiento a la parte demandada de la voluntad de la parte actora de que “…se sirva proceder hacerme entrega formal de la vivienda alquilada, ya descrita, por cuanto la necesito a la mayor brevedad, conforme a los términos del contrato, libre de personas y haberes, solvente en los servicios públicos, luz y agua, asi (sic) mismo para ocuparla y hacerle reparaciones…”, por tanto, este Tribunal considera, que en la práctica de una notificación judicial por ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria no es necesario que el notificado esté asistido de abogado, ya que sólo en los procesos judiciales y administrativos, es en los que se requiere la asistencia de un profesional del derecho como garantía del derecho al debido proceso, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé:

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer

su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley…

En atención a lo expuesto, no existe vulneración del derecho al debido proceso, específicamente, el derecho de la asistencia jurídica del ciudadano M.M., en la práctica de la notificación judicial analizada supra.

En consecuencia, este Tribunal le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, a la notificación judicial practicada por el Juzgado Tercero de los Municipios A.A., A.B., O.R.d.L. y Caricciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. ASÍ SE DECIDE.-

Mérito probatorio del reconocimiento expreso hecho por el demandado en su contestación de la demanda.

Con este particular la parte demandada no promueve ningún medio de prueba en específico, toda vez que, los escritos de demanda y de contestación --salvo que contengan una confesión judicial-- no son más que el instrumento que contiene las afirmaciones de hecho, defensas o excepciones de las partes que luego deben ser demostradas en juicio.

Este Juzgador considera, que el medio de prueba pertinente es la confesión espontánea de conformidad con el artículo 1.400 del Código Civil, la cual, como no fue promovida por el actor, en consecuencia, no puede el Juez de oficio analizar las actas procesales y suplir argumentos no alegados.

En consecuencia, este Tribunal lo desestima por ilegal. ASÍ SE ESTABLECE.-

CINCO: Mérito jurídico de cuatro (4) facturas de servicio público de luz eléctrica.

Del análisis exhaustivo de las actas que integran el presente expediente, este Juzgador puede constatar que obra a los folios 29 al 35, acervo de facturas y sus correspondientes comprobantes de pago por prestación del servicio eléctrico, a nombre del ciudadano G.G., de un inmueble ubicado en Barrio Sur América, calle 4, Nro. 1-94, las cuales se identifican a continuación: a) factura Nro. DD 02446921, emitida en fecha 12 de julio del 2007, por la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 39.357,00), la cual fue pagada según consta en comprobante de pago de fecha 23 de agosto de 2007; b) factura Nro. DD 03154465, emitida en fecha 10 de agosto del 2007, por la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES (Bs. 38.059,00), la cual fue pagada según consta en comprobante de pago de fecha 13 de septiembre de 2007; c) factura Nro. DD 03864432, emitida en fecha 12 de septiembre del 2007, por la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES (Bs. 49.359,00), la cual fue pagada según consta en comprobante de pago de fecha 12 de noviembre de 2007; y d) factura Nro. DD 04576469, emitida en fecha 10 de octubre del 2007, por la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 34.653,00), de la cual no consta en las actas comprobante de pago.

Del análisis minucioso de estos instrumentos, este Tribunal observa, que se trata de originales de facturas y sus correspondientes comprobantes de pago, los cuales constituyen tarjas de conformidad con el artículo 1.383 del Código Civil, que no fueron impugnados por la contraparte en su oportunidad, motivo por el cual, hace fe en cuanto a que el suscriptor del servicio de energía eléctrica del inmueble objeto del contrato de arrendamiento cuyo cumplimiento se demanda, fue el ciudadano G.G., así como los pagos realizados por consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2007, lo que demuestra el estado de solvencia en el pago del servicio público de energía eléctrica.

En consecuencia, este Tribunal le concede pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 1.383 del Código Civil. ASÍ SE DECIDE.-

Mérito jurídico del documento de propiedad del inmueble de fecha 09 de marzo de 2001.

De la revisión de las actas que integran el presente expediente, este Juzgador puede verificar que obra a los folios 06 y 08, copia simple de documento de partición, otorgado por ante la Notaria Pública de El Vigía, en fecha 09 de marzo del 2001, que obra inserto con el Nro. 77, Tomo 15, suscrito por los ciudadanos O.P.D.G., J.A.G.P. y G.G.P., quienes actúan con el carácter de herederos del causante J.D.L.Á.G.M., y quines realizan partición del inmueble signado con el Nro. 1-94 de la calle 4 del Barrio Sur América área de la ciudad de El Vigía Municipio A.A.d.E.M., adjudicándolo al coheredero G.G.P., el cual, se encuentra constituido por una casa para habitación, constituida inicialmente con paredes de bloque, pisos de cemento, techos zinc, compuesta de dos habitaciones, sala, cocina, comedor, una letrina, instalación de agua del acueducto público, y sus demás adherencias y pertenencias, remodelada posteriormente a la cual le edificaron cinco habitaciones, un área de porche grande, un garaje, dos lavaderos, dos baños, solar, puertas y ventanas de hierro, radicada sobre terrenos baldíos el cual tiene una extensión de once metros (11 mts.) de frente por treinta metros (30 mts.) de frente a fondo.

Igualmente le adjudican a G.G.P., un inmueble consistente en una casa para habitación constituida por un área para porche, garaje, un pasillo, dos habitaciones, sala, comedor, cocina, un baño, un lavadero, un solar, construida con paredes de bloque, techos de zinc, puertas y ventanas de hierro, luz eléctrica y servicio de agua, ubicada en el Barrio Sur América área, calle 4, parte de la casa Nro. 1-94 de la ciudad de El Vigía Municipio A.A.d.E.M., radicada sobre terrenos baldíos el cual tiene una extensión de cinco metros con cincuenta centímetros (5,50 mts.) de frente por treinta metros (30 mts.) de frente a fondo.

Del análisis del mismo, este Tribunal puede constatar que se trata de un instrumento público que no fue tachado por la contraparte en su oportunidad, motivo por el cual, hace plena prueba de los hechos jurídicos en el contenidos, en cuanto la partición y adjudicación realizada por los ciudadanos O.P.D.G., J.A.G.P. y G.G.P., del inmueble identificado en el libelo de la demanda.

No obstante, el mismo, carece de eficacia probatoria en la presente causa, en virtud de que la propiedad del bien inmueble arrendado no forma parte del thema decidendum, y con este instrumento público no se demuestra la relación arrendaticia existente entre el actor G.G.P. y el demandado M.M..

En consecuencia, este Tribunal lo desestima por impertinente. ASÍ SE ESTABLECE.-

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

DOCUMENTALES:

Mérito probatorio del contrato de arrendamiento privado de fecha 04 de enero de 2006.

Este instrumento, fue valorado previamente en el texto de esta sentencia. ASÍ SE ESTABLECE.-

Mérito probatorio del primer contrato de arrendamiento celebrado entre el demandante y demandado “…donde se evidencia que el segundo contrato de arrendamiento arriba mencionado no es prorroga (sic) sino un nuevo contrato de arrendamiento, que remplaza al primer contrato de arrendamiento que obra en autos…”

Este instrumento, fue valorado previamente en el texto de esta sentencia. ASÍ SE ESTABLECE.-

Mérito probatorio del escrito de contestación a la demanda “…donde su [mi] representado siempre a (sic) manifestado que el propietario arrendador se ha negado en forma unilateral a recibir los pagos por conceptos de canon de arrendamiento y el 50% de los gastos de energía eléctrica…”

Con este particular, la parte demandada no promueve ningún medio de prueba en específico, toda vez que, los escritos de demanda y contestación --salvo que contengan una confesión judicial-- no son más que el instrumento que contiene las afirmaciones de hecho, defensas o excepciones de las partes que luego deben ser demostradas en juicio.

En consecuencia, este Tribunal lo desestima por ilegal. ASÍ SE ESTABLECE.-

Mérito probatorio de la solicitud de notificación realizada por el Juzgado Tercero de Municipios A.A., A.B., O.R.d.L. y Caricciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Esta notificación judicial, fue valorada previamente en el texto de esta sentencia. ASÍ SE ESTABLECE.-

Mérito probatorio de documento de fecha 09 de marzo de 2001.

Con este medio probatorio la parte demandada tiene por objeto probar que “…su [mi] representado, realizó reparaciones mayores a dicho inmueble por un valor de SIETE MIL BOLIVARES FUERTES (BS.F.7.000,oo) (sic), los cuales adeuda el propietario arrendador al arrendatario…”.

Este instrumento, fue valorado previamente en el texto de esta sentencia. ASÍ SE ESTABLECE.-

Sin embargo, debe advertir este Tribunal de Alzada, que el objeto de la parte promovente con este medio es probar que realizó reparaciones mayores al inmueble arrendado por un valor de SIETE MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.f. 7.000,00), hecho que no fue afirmado por el demandado en la oportunidad legal, situación que a criterio de este Juzgador, se configura como una excepción de fondo que debió ser planteada al momento de la contestación de la demanda, que sólo puede probarse si ha sido argüido previamente en la fase alegatoria.

Acerca de las excepciones de fondo, la doctrina señala:

… En estos casos la doctrina habla de excepción del demandado, en sentido estricto, porque alega hechos nuevos que opone a la pretensión del actor, los cuales no pueden ser considerados ex officio por el juez, siendo indispensable la previa alegación por el demandado en la contestación.

Nuestra Casación llama a esta defensa, excepción de fondo, la cual supone la alegación de un hecho distinto que desvirtúa el efecto jurídico del alegado por el actor, ora impidiendo el nacimiento del derecho, ora modificando sus consecuencias, o bien extinguiendo la pretensión (…)

Las excepciones que se fundan en hechos, no pueden ser objeto de reserva dentro de una táctica defensiva, como podrían serlo los razonamientos y excepciones de derecho, y es necesario que ellas se dejen comprendidas expresamente entre las cuestiones del problema judicial por resolver. Sería una deslealtad de parte del demandado -ha decidido la corte- si no declarase en el momento de la contestación, para el conocimiento del actor, los hechos fundamentales de su defensa, con la mira de sorprenderle con ellos cuando no pudiera redargüirlos, ni hacer las contrapruebas de que hubiere podido valerse si tales hechos le hubieren sido conocidos.

(Rengel Romberg, A. (2007). Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo III. pp. 123 y 124)

En consecuencia, este Tribunal lo desestima por impertinente. ASÍ SE ESTABLECE.-

SEXTA: TESTIMONIALES: de la ciudadana R.M..

Este medio probatorio no fue admitido por el Tribunal de la causa, tal como se evidencia en Auto de fecha 06 de febrero de 2008 (f.68)

Ahora bien, el quid del problema judicial suscitado en la presente causa se centra en determinar, si --como lo afirma el demandado en su contestación de la demanda-- el contrato de arrendamiento suscrito en fecha 04 de enero de 2006, no se encuentra vencido ni en lapso de prórroga legal, en virtud, que el mismo fue renovado automáticamente por tácita reconducción, es decir, la renovación hasta el día 04 de enero de 2008; mientras que la pretensión del actor es el cumplimiento del contrato de arrendamiento, y como consecuencia de ello, la entrega del inmueble objeto del mismo, por haber vencido el término del contrato así como su prórroga legal, conforme a lo establecido en la cláusula SEGUNDA del contrato de arrendamiento.

De conformidad con el artículo 1.600 del Código Civil que establece: “Si a la expiración del tiempo fijado en el arrendamiento, el arrendatario queda y se le deja en posesión de la cosa arrendada, el arrendamiento se presume renovado, y su efecto se regla por el artículo relativo a los arrendamientos hechos sin determinación de tiempo”.

Por su parte, el artículo 1.614 eiusdem, prevé: “En los arrendamientos hechos por tiempo determinado, si el inquilino continuare ocupando la casa después de vencido el término, sin oposición del propietario, se juzga que el arrendamiento continúa bajo las mismas condiciones; pero, respecto al tiempo, se procederá como en los que se hacen sin tiempo determinado”.

La doctrina ha señalado los requisitos para que opere la tácita reconducción arrendaticia, en los siguientes términos:

Aun cuando los requisitos para que tenga lugar la tácita reconducción se deducen del propio concepto y sus características, sin embargo podemos insistir, con la finalidad de mantener una información más amplia y sistemática:

1. La existencia del contrato escriturado a plazo fijo (…); b. Conclusión de la prórroga legal por el solo vencimiento del término fijado en el artículo 38 de la LAI (…); c. Ocupación del arrendatario sin oposición del arrendador (…); d. Que en el contrato no exista expresa estipulación que permita o autorice la prórroga automática del contrato a plazo fijo (…). (Guerreo Quintero, G. (2003). Tratado de Derecho Arrendaticio Inmobiliario. T.I. p.300)

Sobre la base de las consideraciones anteriores, este Juzgador debe analizar pormenorizadamente los presupuestos necesarios para que opere la tácita reconducción previstos en los artículos 1.600 y 1.614 del Código Civil.

En relación a la primera exigencia “La existencia del contrato escriturado a plazo fijo”, esta referido a que por voluntad expresa de las partes, han fijado un término de duración o fecha precisa para la culminación del convenio, lo que permite saber con certeza cuándo inicia y cuándo termina la relación arrendaticia, así como cuándo se da inicio a la prórroga legal prevista en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

En este sentido, la doctrina enseña:

En el contrato a tiempo determinado, el arrendador entrega al arrendatario un inmueble para que lo use durante un lapso temporal específicamente establecido en el contrato, es decir, que el plazo fijo es lo que distingue esa relación; puesto que allí el tiempo, que se estipula para el uso o goce del inmueble, consiste en un lapso medido de tiempo, que el arrendador y el arrendatario establecen en el mismo momento de la celebración del contrato. Los sujetos intervinientes conocen ad initio cuándo comienza y cuándo termina –en principio- el momento de su duración; (…) la certeza temporal caracteriza esa relación en el orden arrendaticio, pues anticipadamente los contratantes conocen cuándo nace la misma así como el momento de su llegada extintiva, incluso por efecto de la prórroga legal. (Guerreo Quintero, G. (2003). Tratado de Derecho Arrendaticio Inmobiliario. T.I. p.291)

En la causa objeto de la litis, las partes suscriben contrato de arrendamiento por vía privada, en fecha 04 de enero de 2006 (fls.15 y 16), --documento que ya fue valorado en el texto de esta sentencia--, en el cual, los contratantes establecieron en su cláusula SEGUNDA, lo siguiente: “la Duración (sic) del Presente (sic) contrato es por él (sic) termino (sic) de Doce (sic) (12) Meses fijos, contados a partir del día, (sic) de hoy que recibe el inmueble Cuatro (sic) de enero del presente año Dos (sic) Mil (sic) seis (04-01-2.006), al vencimiento del termino (sic), para el día Cuatro de enero del año Dos (sic) Mil (sic) siete (04-01-2.007) …”., lo que evidencia que en el caso examinado, se está en presencia de un contrato de arrendamiento a tiempo determinado.

En consecuencia, este Juzgador puede concluir que se encuentra verificado el primer supuesto de hecho previsto en los artículos 1.600 y 1.614 del Código Civil. ASÍ SE DECIDE.-

Respecto al segundo y tercer requisito, serán analizados conjuntamente por este Juzgador de Alzada, en virtud de que ambos están íntimamente ligados, los cuales son: b. “Conclusión de la prórroga legal por el solo vencimiento del término fijado en el artículo 38 de la LAI, el cual está referido a que una vez vencido el plazo de prórroga legal otorgado por la Ley al arrendatario --variable, según la duración que haya tenido la relación arrendaticia-- el arrendatario continué en posesión del inmueble arrendado; y c. “Ocupación del arrendatario sin oposición del arrendador”, es decir, la manifestación de voluntad expresa o tácita por parte de el arrendador de permitir que el arrendatario siga ocupando el inmueble arrendado, lo que da origen “…a la presunción de que se ha celebrado un nuevo contrato de arrendamiento entre las mimas partes respecto de la misma cosa y por el mismo precio, pero sin tiempo determinado por las partes. Si bien la ley habla de un contrato original se ha renovado es porque el nuevo contrato es en todo idéntico al anterior salvo por lo que respecta a su duración; pero realmente se trata de un nuevo contrato…” (Aguilar G. J.L. (2008) Contratos y Garantías.p. 402)

Ahora bien, la doctrina ha sido conteste, en el sentido de establecer que:

El solo hecho de quedar el arrendatario en posesión, aun cuando precaria del inmueble arrendado y luego del vencimiento del tiempo prefijado por la prórroga legal, o de no producirse la misma, no es indicativo de haberse producido la renovación del contrato, sino que esa actitud debe ser demostrativa del consentimiento expreso o tácito de seguir él teniendo el carácter de arrendatario y además la realización de algún acto indicativo de continuar como tal, si luego de concluido el término de duración y de la propia aceptación tácita del arrendador transcurre un mes y el arrendatario procede a consignar el canon vencido, dentro de los quince (15) días continuos siguientes al vencimiento del mismo (art.51, LAI). Vencida la prórroga legal, si el arrendador no solicita al arrendatario la devolución o entrega del inmueble arrendado…

(Guerreo Quintero, G. (2003). Tratado de Derecho Arrendaticio Inmobiliario. T.I. p.295)

Del criterio doctrinal supra parcialmente transcrito, se evidencia que la tácita reconducción no opera con el solo hecho de que el arrendatario siga en posesión del inmueble, sino que es necesario que tanto el arrendador o el arrendatario realicen algún acto indicativo de querer continuar con la relación arrendaticia. Por eso, el arrendatario deberá continuar cumpliendo con las obligaciones contenidas en el contrato que ha culminado, así como las previstas en el artículo 1.592 del Código Civil, como son: la de servirse de la cosa arrendada y la de pagar el canon de arrendamiento convenido. Asimismo, el arrendador deberá manifestar su voluntad de manera tácita o expresa de que el arrendatario continué en posesión de la cosa arrendada, es decir, que el arrendador no haya hecho oposición de la permanencia del arrendatario en el inmueble.

En aplicación de las consideraciones expuestas al caso concreto, se evidencia de las actas del expediente y del material probatorio cursante de autos, que la parte demandante mediante solicitud de notificación en fecha 06 de agosto de 2007 (fls.13 y 14), practicada el día 10 de octubre de 2007 (f. 21), por el Juzgado Tercero de los Municipios A.A., A.B., O.R.d.L. y Caricciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida –notificación que ya fue valorada en el texto de esta sentencia-- manifestó:

De que vencido como se encuentra el contrato de arrendamiento privado, que firmamos el día cuatro de enero del año 2.006 (sic) sobre la casa o vivienda unifamiliar ubicada en la calle cuatro del Barrio sur América, el cual venció el día 04-01-del presente año 2.007 (sic), hasta el día cuatro de julio del presente año inclusive venció el plazo de prorroga legal de seis meses establecido en el articulo 38 de la ley Arrendamientos Inmobiliarios, es por lo que como propietario arrendador, le notifico se sirva proceder a hacerme entrega formal de la vivienda alquilada, ya descrita, por cuanto la necesito a la mayor brevedad, conforme a los términos del contrato, libre de personas y de haberes, solvente en los servicios públicos…

Según lo antes expuesto se desprende que el arrendador ciudadano G.G.P., propietario del inmueble, hizo oposición al hecho de que el arrendatario ciudadano M.M., continuara ocupando el inmueble arrendado.

Asimismo, el apoderado judicial de la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda manifestó: “…actualmente lo adeudado por mi representado son tres (3) meses de cánones de arrendamiento que suman la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 450,00) es decir CUATROCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. 450)…”, y en su escrito de promoción de pruebas afirmó “…donde su [mi] representado siempre a (sic) manifestado que el propietario arrendador se ha negado en forma unilateral a recibir los pagos por conceptos de canon de arrendamiento y el 50% de los gastos de energía eléctrica…”

Por las razones que anteceden, este Juzgador llega a la convicción de que efectivamente hubo oposición por parte del arrendador a continuar con la relación arrendaticia que mantuvo con el ciudadano M.M., la cual finalizó en fecha 04 de julio de 2007, con el vencimiento de la prórroga legal de conformidad con el articulo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; y que la parte demandada no realizó ningún acto indicativo de querer continuar con la relación arrendaticia, ya que no dio cumplimiento a sus obligaciones como arrendatario.

En consecuencia, en el caso sometido a la consideración de esta Alzada, no se produjo la tácita reconducción prevista en los artículos 1.600 y 1.614 del Código Civil, en virtud que en el caso sub examine, se esta en presencia de una relación arrendaticia a tiempo determinado que inició en fecha 01 de enero de 2006, mediante la suscripción por vía privada de un contrato de arrendamiento a tiempo determinado entre el ciudadano G.G.P. y el ciudadano M.M. (fls.15 y 16), contrato que finalizó contractualmente el día 04 de enero de 2007, fecha a partir de la cual comenzó a computarse la prórroga legal de seis (6) meses, de conformidad con el literal a) del articulo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la cual finalizó el día 04 de julio de 2007.

Por tanto, este Juzgador puede concluir que no se encuentra verificado el segundo y tercer supuesto de hecho previsto en los artículos 1.600 y 1.614 del Código Civil. ASÍ SE DECIDE.-

En razón de la anterior declaratoria, resulta inoficioso para este Juzgador entrar analizar el cuarto requisito de procedencia de la tácita reconducción, el cual esta referido a “Que en el contrato no exista expresa estipulación que permita o autorice la prórroga automática del contrato a plazo fijo”. ASÍ SE ESTABLECE.-

En fuerza de los razonamientos precedentemente expuestos, y del análisis concatenado del material probatorio cursante de autos, se puede concluir, que fueron demostrados en juicio los requisitos de procedibilidad de la pretensión de cumplimiento de contrato de arrendamiento a tiempo determinado, suscrito por la parte demandante ciudadano G.G.P. y la parte demandada ciudadano M.M., por vía privada.

En efecto, este Juzgador llega a la convicción, que la parte demandada ciudadano M.M., no pagó los recibos por servicio público de energía eléctrica, correspondiente a la mitad del valor de los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2007, --obligación establecida en la cláusula OCTAVA del contrato de arrendamiento--, en virtud, de que no promovió ningún medio probatorio que demostrara el pago de alguno de los recibos antes indicados, al contrario, esto constituyó un hecho convenido en la contestación a la demanda, así como en su escrito de promoción de pruebas, sobre la falta de pago de tres (3) de los cuatro (4) recibos de energía eléctrica que pretende el demandante, los cuales ascienden a la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 76.463,20), lo cual equivale a la cantidad de SETENTA Y SEIS BOLÍVARES FUERTES CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 76,46), de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria.

Como corolario de las consideraciones anteriores, se puede concluir que resultó demostrado el incumplimiento por el ciudadano M.M., en su carácter de arrendatario, de allí que resulte procedente la entrega del inmueble arrendado al ciudadano G.G.P., así como el pago de los conceptos demandados como insolutos y la cláusula penal prevista en la cláusula DÉCIMA TERCERA del contrato de arrendamiento, consistente en el pago de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00) diarios, por incumplimiento del arrendatario en hacer entrega del inmueble objeto del contrato, contados a partir del día 05 de julio de 2007, día siguiente al vencimiento de la prórroga legal, lo cual asciende a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.400,00), lo que equivale a la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. 2.400,00), de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, tal como quedará determinado en el dispositivo del presente fallo. ASÍ SE DECIDE.-

En consecuencia, con fundamento a las consideraciones que anteceden, debe declararse con lugar la pretensión de cumplimiento de contrato de arrendamiento, tal como quedará determinado en el dispositivo del presente fallo. ASÍ SE DECIDE.-

V

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en El Vigía, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho J.G.Z., cedulado con el Nro. 9.028.495 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nro. 25.728, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante ciudadano G.G.P., venezolano, mayor de edad, cedulado con el Nro. 4.702.117, domiciliado en la ciudad de El Vigía Municipio A.A.d.E.M., contra sentencia proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS A.A., A.B., O.R.D.L. Y CARACCIOLO PARRA Y OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en fecha 12 de febrero del 2008, en el juicio que seguido por él, contra el ciudadano M.M., por cumplimiento de contrato de arrendamiento y cobro de bolívares.

Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho C.E.N.R., cedulado con el Nro. 9.027.857 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nro. 38.989, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada ciudadano M.M., venezolano, mayor de edad, cedulado con el Nro. 4.702.910, domiciliado en la ciudad de El Vigía Municipio A.A.d.E.M.

Se REVOCA la sentencia recurrida.

Se declara CON LUGAR la pretensión de cumplimiento de contrato y cobro de bolívares incoada por el ciudadano G.G.P., antes identificado, contra el ciudadano M.M., antes identificado.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ORDENA al ciudadano M.M., a hacer entrega del bien inmueble arrendado, ubicado en el Barrio Sur América, calle cuatro, Nro. 1-94 de la ciudad de El Vigía, Municipio A.A.d.E.M., a la parte demandante ciudadano G.G.P..

Se condena a la parte demandada ciudadano M.M., antes identificado, a pagar a la parte demandante ciudadano G.G.P., los conceptos siguientes:

La cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 76.463,20), correspondiente a la prestación del servicio eléctrico de los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2007, lo cual equivale a la cantidad de SETENTA Y SEIS BOLÍVARES FUERTES CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 76,46), de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria.

La cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.400,00), por concepto de cláusula penal a razón de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00) diarios, por incumplimiento en la entrega del inmueble arrendado, contados a partir del día 05 de julio de 2007, día siguiente al vencimiento de la prórroga legal, lo que equivale a la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. 2.400,00), de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria.

De conformidad con los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada ciudadano M.M..

Notifíquese a las partes.

DÉJESE COPIA Y BÁJESE EL EXPEDIENTE EN SU OPORTUNIDAD. PUBLÍQUESE, CÓPIESE Y REGÍSTRESE.

DADO, FIRMADO Y SELLADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. El Vigía, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil diez. Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

EL JUEZ,

J.C.N.G.

LA SECRETARIA,

ABOG. NORIS CLAYNETH BONILLA VARGAS