Decisión nº 189 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 25 de Marzo de 2009

Con relación a la caducidad contractual opuesta por los profesionales del derecho N.H.A.S. y Y.D.M.N., en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, mediante el cual exponen:

…Propongo, promuevo y opongo a favor de mi representada, LA CADUCIDAD CONTRACTUAL de la acción propuesta en su contra…

…La Caducidad Legal debe ser opuesta como cuestión previa en virtud de lo dispuesto en el Ordinal 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, mientras que la Caducidad Convencional es una defensa de fondo que debe quedar involucrada en la discusión del contrato como cuestión de mérito. (Cfr. La Roche, Ricardo Henríquez. Código de Procedimiento Civil. Tomo III. Caracas. Ediciones Liber. 2004. pp.69-70)…

…En efecto, el siniestro tuvo lugar en fecha 12 de febrero de 2004, “..en la siguiente dirección: Sector S.M., Calle 78 con Av. 35 C en esta ciudad de Maracaibo, específicamente en el semáforo que está antes del Estadio A.B.…”, tal y como lo expresa el demandante en su libelo de demanda, folio 1 (vuelto). Igualmente consta la fecha del siniestro en la Denuncia que la parte actora realizó ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Maracaibo, que el propio demandante consigna con su escrito de demanda (folio 17).

En consecuencia, se encuentra plenamente demostrada la fecha en la que acaeció el siniestro, es decir, el día 12 de febrero de 2004, y hasta la fecha en la cual consta en el expediente de la causa la Citación del Defensor Ad Litem ciudadano O.V.M. el día 27 de julio de 2005, han transcurrido un (01) año, cinco (05) meses y quince (15) días…

...En conclusión, habiendo transcurrido un (01) año, cinco (05) meses y quince (15) días, desde la fecha de la ocurrencia del siniestro, hasta la fecha de la constancia en autos de la practica de la Citación del Defensor Ad litem ciudadano O.V.M. el día 27 de julio de 2005, se ha producido la CADUCIDAD CONTRACTUAL de la acción y argumentadas las razones que fundamentan dicha aseveración, es por lo que solicitamos a este sentenciador, declare con lugar nuestros alegatos acerca de la caducidad de la presente acción, la cual da lugar a una Sentencia de Rechazo de la demanda quedando extinguida la acción, sin que pueda discutirse el debate judicial (RENGEL ROMBERG, A. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano Vol. III. Caracas. Editorial Arte. Segunda Edición. 1.992. p. 82)...

Al respecto, la caducidad es el lapso contractual o legal señalado como límite en el tiempo para que las partes ejerzan sus derechos y acciones correspondientes, respecto a un determinado derecho o cosa. No puede interrumpirse.

Por otra parte, la Cláusula 8 de la Póliza de Seguro De Casco de Vehículo Terrestre, establece: “…Si durante los seis (6) meses siguientes a la fecha del rechazo de cualquier reclamación, el asegurado no hubiere demandado judicialmente a la Compañía o convenido con ésta el arbitraje previsto en la Cláusula anterior, caducarán todos los derechos derivados de esta Póliza. Los derechos que confiere esta Póliza caducarán definitivamente si, dentro de los doce (12) meses siguientes a la ocurrencia de un siniestro, el asegurado no hubiere iniciado la correspondiente acción judicial contra la Compañía o el arbitraje previsto en la Cláusula anterior. Se entenderá iniciada la acción una vez introducido el libelo y practicada legalmente la citación de la Compañía…”.

En este mismo orden de ideas, La Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sentencia No. 660, de fecha 02 de agosto de 1994, en el caso: Fabrica Maselus C.A. contra Aseguradora Nacional Agrícola C.A.), se dejo asentado que al ser la materia de procedimientos competencia del Poder Nacional, sólo a través de una ley formal pueden establecerse lapsos de caducidad, concretado así: “…, la Ley de Seguros y Reaseguros en ningún artículo establece un lapso especial de caducidad para las acciones en contra de las compañías de seguro que se nieguen a indemnizar a un asegurado. En consecuencia, no existe una base legal que sustente la inclusión en una póliza de seguro de un lapso de caducidad especial y distinto al establecido en el artículo 1.977 del Código Civil para las acciones personales”.

Asimismo, la Sala Político Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 03683, de fecha 02 de junio de 2005, Expediente No. 2003 - 1217, con ponencia del magistrado LEVIS IGNACIO ZERPA, estableció con relación al criterio anteriormente expuesto, el cual tiene asidero jurídico a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues ésta en el numeral 32 de su artículo 156, atribuye al Poder Público nacional la competencia para legislar en materia de procedimiento, correspondiendo a su vez a la Asamblea Nacional legislar en todas las materias de la competencia nacional, con lo que queda configurada la reserva legal sobre las normas de procedimientos, de la siguiente manera:

“…Así, ante la ausencia en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1994, de un lapso de caducidad especial, resultaría aplicable a la materia de seguros la regla contenida en el artículo 576 del Código de Comercio, el cual establece un lapso de 3 años para la prescripción de las acciones resultantes del seguro terrestre o, en su defecto, el lapso de prescripción de 10 años previsto para las acciones personales en el artículo 1.977 del Código Civil.

Con base en los razonamientos precedentes y considerando, además, que la compañía aseguradora Transeguro C.A. de Seguros fue también sancionada con amonestación privada, por haber utilizado en la emisión de la póliza supra identificada, modelos de condiciones generales y particulares no autorizados por la Superintendencia de Seguros, lo cual en ningún momento ha sido cuestionado por la accionante, la Sala conteste con el criterio jurisprudencial antes puesto de relieve, estima que ante la inexistencia de una ley que estableciera un lapso distinto a los previstos en el Código de Comercio y en el Código Civil para la prescripción de las acciones derivadas del seguro terrestre y de las acciones personales, la cláusula 8 del contrato de póliza de seguros antes identificado no puede considerarse válida, siendo por tanto inexistente la caducidad allí estipulada. Así se decide.

Debe acotar la Sala, que las anteriores consideraciones se fundamentan en el marco legal aplicable ratione temporis al caso de autos, pues el Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguros publicado en la Gaceta Oficial N° 5.553 Extraordinario del 12 de noviembre de 2001, incluye varias disposiciones que modifican la regulación antes aplicable respecto a la caducidad de los derechos derivados de p.d.s., así su artículo 55 expresamente establece que “Si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de rechazo de cualquier reclamación, el tomador, el asegurado o el beneficiario del seguro no hubiere demandado judicialmente a la empresa de seguros, acordado con ésta someterse a un arbitraje o solicitado el sometimiento ante la autoridad competente, caducarán todos los derechos derivados de la póliza con respecto al reclamo formulado que haya sido rechazado”. Con lo cual sería posible, en principio, la estipulación por vía contractual de un lapso de caducidad como el indicado en la disposición legal citada”. (Negrilla y subrayado del Tribunal).

Ahora bien, el criterio jurisprudencial precedente establece que ante la ausencia en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1994, de un lapso de caducidad especial, resulta aplicable a la materia de seguros la regla contenida en el artículo 576 del Código de Comercio, el cual establece un lapso de 3 años para la prescripción de las acciones resultantes del seguro terrestre, no obstante, en virtud de haberse derogado los artículos del 548 al 611, del Título XVIII, Libro Primero del Código de Comercio, por El Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, publicada en Gaceta Oficial No. 5.553, de fecha 12 de noviembre de 2001, es por lo que, apegado a todo lo antes expuesto, considera este Tribunal, que lo ajustado a derecho es declarar IMPROCEDENTE LA CADUCIDAD CONTRACTUAL, opuesta por los profesionales del derecho N.H.A.S. y Y.D.M.N., en su carácter de apoderados judiciales de SEGUROS SOFITASA, C.A., por cuanto la Ley del Contrato de Seguro incluye la disposición que regulan la caducidad de los derechos derivados de p.d.s. en su artículo 55 el cual reza: “Si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de rechazo de cualquier reclamación, el tomador, el asegurado o el beneficiario del seguro no hubiere demandado judicialmente a la empresa de seguros…,”, estipulando así por vía contractual el lapso de caducidad.

Igualmente queda demostrado al folio quince (15), misiva con fecha 12 de febrero de 2004, emitida por el T.S.U. M.G., Coordinadora de Reclamos, Sucursal Maracaibo, del GRUPO ASEGURADOR ÁVILA, dirigida al Ciudadano G.C.G., mediante la cual le notifican que su reclamo no es procedente ya que presenta la póliza anulada según la Cláusula 4 de las Condiciones Generales de la Póliza, por lo cual, a partir de dicha fecha, el asegurado disponía de 12 meses siguientes a fin de demandar judicialmente, y fue por auto de fecha 20 de mayo de 2004, cuando este Tribunal admite la demanda intentada por el ciudadano G.G.C., debidamente asistido por el profesional del derecho A.A.M., observándose que el accionante demandó dentro de los doce meses que establece la Ley, aclarando que la acción se no se considera iniciada una vez introducida el libelo y practicada legalmente la citación de la Compañía, como lo estipula la parte final de la Cláusula 8 de la Póliza de Seguro De Casco de Vehículo Terrestre, por no considerarse válida dicha Cláusula con relación a la caducidad allí estipulada, sino que se considera la acción iniciada una vez introducida la demanda y admitida por el Tribunal competente. ASÍ SE DECIDE.

Con relación a la solicitud de terminación anticipada del contrato de seguros, alegada por los apoderados demandados, este Tribunal observa lo siguiente:

La parte demandada alegó la terminación anticipada del contrato de seguro argumentando que:

“…la Sociedad Mercantil SEGUROS SOFITASA, C.A. el día veintiséis (26) de enero de dos mil cuatro (2004) notificó al ciudadano I.G.F., quien era el productor de seguros del tomador G.S.G.C., respecto a su decisión de TERMINAR EN FORMA ANTICIPADA EL CONTRATO DE SEGURO, dicha comunicación, la cual acompaño en original marcada con el No. “4”,…”

…De las anteriores consideraciones puede verificarse que efectivamente mi representada SEGUROS SOFITASA C.A. cumplió cabalmente las obligaciones impuestas por la ley del Contrato de Seguro y por la Póliza de Seguro para dar por terminada en forma anticipada la relación contractual, toda vez que:

En primer lugar, comunicó su decisión al productor de seguros I.G.F.d. dar por terminada en forma unilateral la relación contractual, comunicación esta que surte los mismos efectos de aquellas practicadas personalmente en la persona del tomador, tal y como lo dispone el artículo 48 del referido cuerpo normativo.

En segundo lugar, colocó a disposición del tomador en la caja de la empresa el importe correspondiente a la parte proporcional de la prima no consumida por el periodo que faltaba por transcurrir, como expresamente reconoce la parte actora en su libelo de demanda.

Por las anteriores consideraciones, la Terminación Anticipada del Contrato de Seguro realizada por la Sociedad Mercantil SEGUROS SOFITASA, C.A. produjo válidamente sus efectos desde el día miércoles ONCE (11) DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO (2004), es decir, al decimosexto (16°) día siguiente al recibo de la correspondiente comunicación.

Es importante recordar que el término de dieciséis (16) días previsto en el artículo 53 de la Ley del Contrato de Seguro se cuenta por días continuos en virtud de la regla prevista en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil según el cual: “Los términos o lapsos procesales se computaran por días calendarios consecutivos…”…”.

En este mismo orden de ideas, evidencia este Tribunal que, efectivamente, la Cláusula 4 de las Condiciones Generales de la Póliza de Seguro de Casco de Vehículos Terrestres Cobertura Amplia, contratada por la parte actora, ciudadano G.S.G.C., señala: “…La Compañía podrá dar por terminada esta póliza con efecto a partir del décimoquinto día, contado desde la fecha de su comunicación al Asegurado; y en tal caso, devolverá a éste la parte proporcional de la prima no consumida correspondiente al periodo que falte por transcurrir. A su vez, el Asegurado podrá dar por terminada esta póliza a partir del día hábil siguiente al de su comunicación a la Compañía, o de cualquier fecha posterior que señale en la misma; y en tal supuesto, la Compañía le devolverá la prima no consumida correspondiente al periodo que falte por transcurrir, calculada de acuerdo a la “Tabla de Terminación Anticipada”. El importe de cualquier prima no consumida quedará a disposición del Asegurado en la Caja de la Compañía”. (Subrayado y negrillas del Tribunal).

Asimismo, el artículo 53 de la Ley del Contrato de Seguro establece la terminación anticipara del contrato de seguro:

La empresa de seguro podrá dar por terminado el contrato de seguro, con efecto a partir del decimosexto (16°) día siguiente a la fecha del acuse de recibo de la comunicación que a tal fin envíe el tomador, siempre y cuando se encuentre en la caja de la empresa de seguros, a disposición del tomador, el importe correspondiente ala parte proporcional de la prima no consumida por el periodo que falte por transcurrir.

A su vez, el tomador podrá dar por terminado el contrato de seguro, con efecto a partir del día hábil siguiente al de la recepción de su comunicación escrita por parte de la empresa de seguros, o de cualquier fecha posterior que señale en la misma. En este caso, dentro de los quince (15) días continuos siguientes, la empresa de seguros deberá poner a disposición del tomador la parte proporcional de la prima, deducida la comisión pagada al intermediario de seguros, correspondiente al periodo que falte por transcurrir.

La terminación anticipada de la póliza se efectuará sin perjuicio del derecho del beneficiario a indemnizaciones por siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de terminación anticipada, en cuyo caso no procederá devolución de prima.

No procederá la terminación anticipada de la póliza en los casos de seguros obligatorios ni en los seguros de personas

. (Subrayado y negrillas del Tribunal).

Ahora bien, el artículo 1159 del Código Civil, señala: “Los contratos tienen fuerza entres las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley”. Este artículo significa que el deudor de una obligación contractual está sujeto a cumplirla en la misma forma como está sujeto a cumplir las leyes. El autor EMILIO CALVO BACA (2004) comenta que el contrato tiene fuerza de ley no sólo entre las partes, sino inclusive para el juez. El juez encargado de decidir una controversia en torno a un contrato debe acatar las disposiciones de los contratantes y no puede modificarlas so pretexto de equidad, entre otros; siendo este el papel del juez en el derecho liberal. Ya se sabe que el juez moderno interviene con más intensidad para modificar lo que las partes han pactado, basándose en las Teorías del Abuso del Derecho, la Teoría de la Lesión, la Teoría de la Imprevisión, ya que son instituciones modernas creadas para moderar la aplicación absoluta del artículo 1159 antes trascrito.

En este sentido, considera este Tribunal que tanto en la cláusula 4 de las Condiciones Generales de la Póliza de Seguro de Casco de Vehículos Terrestres Cobertura Amplia, como en el artículo 53 de la Ley del Contrato de Seguro, señalan que la empresa de seguro podrá dar por terminado el contrato de seguro, con efecto a partir del decimosexto (16°) día siguiente a la fecha del acuse de recibo de la comunicación que a tal fin envíe el tomador o asegurado, con la testimonial del ciudadano I.G.F., que riela al folio 117, donde quedo asentado lo siguiente: “…En este estado el Tribunal pone a la vista del testigo la Comunicación emanada de SEGUROS SOFITASA C.A., dirigida al ciudadano G.S.G.C., de fecha veintidós de enero de 2004, en la que le notifica su voluntad de terminar anticipadamente el contrato de seguro, que corre inserta en el folio tres de las actas de esta comisión, para ver si es reconocida su firma. MANIFESTÓ EL TESTIGO: Si reconozco mi firma…”; por lo que, lo ajustado a derecho es declarar IMPROCEDENTE la solicitud de terminación anticipada del contrato de seguros, alegada por los apoderados demandados, por cuanto queda demostrado que nunca el ciudadano G.S.G.C., fue comunicado que al decimosexto (16°) siguiente su póliza No. 51-7106835 automóvil, quedaba nula y sin efecto. ASÍ SE DECIDE.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Ahora bien, estimadas como fueron las pruebas promovidas en el presente juicio, corresponde a este Tribunal motivar la presente causa, previa las siguientes consideraciones:

En el caso bajo estudio, la parte actora ciudadano G.S.G.C., reclama a la Sociedad Mercantil SEGUROS SOFITASA, C.A., el cumplimiento de la obligación contraída por el robo del vehículo PLACA: AAG-90G; MARCA: Ford; MODELO: Laser EFI; AÑO: 1996; COLOR: Azul; SERIAL DE CARROCERÍA: SJNBTP10086; SERIAL DEL MOTOR: 4 cil; CLASE: Automóvil; TIPO: Sedan; USO: Particular; asegurado por una póliza de Seguro de casco de Vehículos Terrestres bajo el No. 51-7106835.

La Teoría General de los Contratos ha establecido que, existe un contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos, y agrega que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla, la cual deben someterse como a la ley misma. Los contratos tienen como elementos esenciales para su validez la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa.

El Contrato de Seguro al igual que cualquier otro debe contener los elementos antes mencionados. En el caso contrato, se entiende que la póliza de seguro otorgada al ciudadano G.S.G.C., tuvo como objeto lícito cubrir toda clase de riesgo y con tal acción no se contrarió ni la Ley, ni la moral ni las buenas costumbres.

En cuanto a la capacidad, se entiende que es la aptitud legal para el goce y ejercicio de los derechos, capacidad ésta que ostentan tanto el asegurador como el asegurado del presente juicio, ya que ninguno alegó la incapacidad de la otra parte.

El consentimiento, también prevaleció en el caso analizado, ya que espontáneamente ambas partes expresaron su intención de celebrar el contrato objeto del presente litigio.

Con relación a la causa, ésta tiene detractores implacables que la consideran inútil en la construcción técnica y en la vida práctica. Sin embargo, su importancia es de tal magnitud que, la causa de todo contrato, no es más que el interés. Todo interés legítimo en la materialización de un riesgo, que sea susceptible de valoración económica. Sin duda, el interés en el caso de autos fue asegurar el vehículo a través del pago de una prima para cubrir un eventual riesgo futuro e incierto.

Ahora bien, por Contrato de Seguro esta definido en la artículo 5 de la Ley del Contrato de Seguro, como aquél en virtud del cual una empresa de seguro, a cambio de una prima, asume las consecuencias de riesgos ajenos, que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al tomador, al asegurado o al beneficiario, o a pagar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento denominado siniestro, cubierto por una póliza.

Además de los elementos esenciales que debe contener el Contrato de Seguro, dentro del mismo existen también elementos personales, reales y formales. Por formales se entiende que son: la empresa de seguros o asegurador, asegurado, beneficiario y tomador. Por elementos reales se entiende que son: el siniestro, el riesgo, la prima y la indemnización y por elementos formales son: la solicitud, el cuestionario y la p.p..

De estos elementos, la doctrina ha establecido que para probar la existencia de un Contrato de Seguro, en principio debe estudiarse la póliza como documento escrito donde constan las condiciones del contrato. No obstante, con ella en principio se perfecciona y prueba el contrato de seguro y así lo ha dejado establecido la Ley del Contrato de Seguro vigente en su artículo 14: “El contrato de seguro y sus modificaciones se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. La empresa de seguros está obligada a entregar al tomador, en el momento de la celebración del contrato, la p.o.a.m., el documento de cobertura provisional…”.

La póliza de seguro es considerada por la doctrina como: el documento entre el asegurador y el asegurado, mediante el cual se detallan pormenorizadamente los derechos y obligaciones contraídos por cada uno de los contratantes, los cuales en su eventualidad determinarán la percepción de la cantidad objeto del contrato de seguro contra el pago regular de las primas establecidas. El artículo 16 de la vigente Ley del Contrato de Seguro señala expresamente los requisitos esenciales de toda p.d.s.

El artículo 39 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, estipula: “El tomador, el asegurado o el beneficiario debe notificar a la empresa de seguros la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haber conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo mayor…”.

Por otra parte, la cláusula 7 de las Condiciones Particulares de Cobertura Amplia de la Póliza de Seguro, establece en cuanto a la notificación del siniestro: “…b) Dar aviso a LA COMPAÑIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes;…”, igualmente lo establece el artículo 39 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, el cual estipula un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haber conocido el siniestro, a menos que la póliza fijara un plazo mayor, y con de haber tenido conocimiento de la ocurrencia del siniestro, quedando demostrado que la ciudadana Y.D.C.C., dió aviso dentro del lapso correspondiente según el Informe de Siniestro de Automóvil, de Seguros Los Andes, Póliza No. 11-02-00277-61, de fecha 13 de marzo de 2002.

Al respecto, las razones de hecho que originaron la presente acción, se evidencia de actas que las partes en litigio celebraron un contrato de seguro, tal como se constata de la póliza de Seguro de casco de Vehículos Terrestres bajo el No. 51-7106835, con una vigencia desde el 12 de noviembre de 2003 hasta el 12 de noviembre de 2004, observado que la parte demandada SEGUROS SOFITASA, C.A., nunca objetó la p.c. sino que por el contrario reconoció la existencia de la póliza de seguro contratada.

Con relación al vehículo objeto de la p.c. observa este Tribunal que el bien mueble asegurado pertenece al ciudadano G.S.G.C., según certificado de registro de vehículo expedido por el Ministerio de Infraestructura Instituto Nacional de Tránsito y T.T., el día 19 de marzo de 2002, signado con el No. 3582100, siendo la misma persona que aparece suscribiendo la póliza antes nombrada.

En cuanto a la ocurrencia del siniestro, constata este Tribunal que el ciudadano G.S.G.C., demostró que presentó la denuncia de inmediato del siniestro ante las autoridades competentes, de conformidad con la Cláusula 7, literal e) de las Condiciones Particulares Cobertura Amplia de la Póliza de Seguro, la cual establece: “…e) Presentar de inmediato la denuncia respectiva ante las autoridades competentes, en caso de robo o hurto del vehículo.”; según consta en denuncia No. G-685249, por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Maracaibo, Control de Investigaciones, de fecha 12 de febrero de 2004, a la cual se le otorgó pleno valor probatorio.

En conclusión, se evidencia en actas que, efectivamente las partes en el presente litigio, ciudadano G.S.G.C. y SEGUROS SOFITASA, C.A., contrataron una p.d.s. sobre un vehículo propiedad del demandante, también quedó demostrado la ocurrencia del siniestro, la notificación a la Compañía Aseguradora y la denuncia inmediata ante las autoridades competentes, dentro del plazo legar fijado, aunado a la anterior declaratoria de improcedencia de la solicitud de terminación anticipada del contrato de seguro, es por lo que, este Tribunal considera que el ciudadano G.S.G.C., cumplió con todos los requisitos exigidos por la Ley, por lo que, la Sociedad Mercantil SEGUROS SOFITASA, C.A., queda obligada a indemnizar el siniestro ocurrido en fecha 12 de febrero de 2004. ASÍ SE DECIDE.

Con relación a los daños materiales solicitados por la parte actora, los apoderados demandados, niegan, rechazan y contradicen, que su representada deba la cantidad de TRECE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 13.064.000,oo) hoy TRECE MIL SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES (Bs. 13.064,oo) como total de la suma asegurada, ya que erradamente solicitan el monto por concepto de accesorios que solo serían procedente en caso de pérdida parcial, siendo el monto máximo asegurado era la cantidad de DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 12.364.000,oo) hoy DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES (Bs. 12.364,oo), por lo que, este Tribunal considera que la Sociedad Mercantil SEGUROS SOFITASA, C.A., queda obligada a cancelar la cantidad de DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 12.364.000,oo) hoy DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES (Bs. 12.364,oo), que es el total de la suma asegurada. ASÍ SE DECIDE.

Con relación a los daños moratorios refutados por la parte demandada, este Tribunal observa que aun cuando la falta de pago por parte de la demandada no genera intereses de mora, SE ACUERDA la indexación monetaria, sobre la cantidad de DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 12.364.000,oo) hoy DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES (Bs. 12.364,oo), que es el total de la suma asegurada, contados desde la fecha de admisión de la presente demanda el día 20 de mayo de 2004 hasta la sentencia definitivamente firme. ASÍ SE DECIDE.-

Dicha experticia será realizada por el Banco Central de Venezuela como órgano del Estado que tiene atribuido, velar por la estabilidad monetaria y de precios, en virtud de lo consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con relación a la gratuidad de la justicia y la celeridad y economía procesal. Ofíciese al Banco Central de Venezuela, dando cumplimiento al criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en fecha veintidós (22) de junio del año 2.007, con ponencia del Dr. J.E.C.R., en la cual ha fijado posición quedando asentado lo siguiente:

“Ahora bien, esta Sala Constitucional, en un caso similar al presente y refiriéndose al cálculo de la corrección monetaria en material laboral por el cobro de prestaciones sociales, para los asuntos sometidos a la ley laboral abrogada, señaló lo siguiente: “(…) La recurrida en casación inobservó la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social de este M.T., que ha establecido que la corrección monetaria debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia, entendida como la fecha del efectivo pago, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes; y la sentencia cuya revisión se solicita en lugar de advertir dicho alejamiento lo avaló al desechar el recurso, con lo que efectivamente se inobservó no sólo interpretaciones vinculantes de esta Sala sino que también se vulneró los derechos constitucionales de la solicitante. En efecto, en la sentencia ya citada de esta Sala (fallo N° 790/2002) se declaró que lo adeudado por concepto de salario y prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son créditos de exigibilidad inmediata que no pueden sujetarse a la determinación de acontecimientos futuros e inciertos. Asimismo, se indicó que toda mora en el pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor que gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal, de manera que el riesgo de las fluctuaciones del valor monetario corren por cuenta del deudor, lo que también condiciona la necesaria inmediatez en el pago de las obligaciones laborales. El aludido criterio no fue observado por el fallo dictado el 11 de mayo de 2006 por la Sala de Casación Social de este M.T. y, en consecuencia, la Sala Constitucional, con el objeto de garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, en protección del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a todos los justiciables y respetando, por último, la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales respeto a las leyes y a la interpretación y criterios jurisprudenciales, aunado al ejercicio de las potestades que tiene atribuida en materia de revisión, declara ha lugar la solicitud de revisión ejercida contra la decisión número 845 del 11 de mayo de 2006, dictada por la Sala de Casación Social. Por tanto, anula el fallo aludido y ordena a la Sala de Casación Social se pronuncie nuevamente respecto al recurso de casación. Así se decide (…)”. Ver sentencia número 2191 del 06 de diciembre de 2006, (caso: A.A.D. de Jiménez). Resaltado de la Sala. En el fallo citado ut supra, esta Sala reconoció que en aquellos casos -como el de autos- iniciados bajo la vigencia de la derogada legislación adjetiva laboral, la corrección monetaria debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia, con exclusión de los lapsos en los cuales el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o por motivos no imputables a ellas (como por ejemplo caso fortuito o fuerza mayor, vacaciones judiciales, huelgas tribunalicias, etc.; (curisvas del juez).

En consecuencia, debe tomarse en cuenta el planteado criterio jurisprudencial, para la corrección monetaria acordada, que la misma debe calcularse desde del auto de admisión, hecho ocurrido día 20 de mayo de 2004 hasta que se encuentre firme de la sentencia definitiva, con exclusión de los lapsos en los cuales el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o por motivos no imputables a ellas (como por ejemplo caso fortuito o fuerza mayor, vacaciones judiciales, huelgas tribunalicias, etc. ASÍ SE DECIDE.

Vista la declaratoria, de la obligación que tiene la Sociedad Mercantil SEGUROS SOFITASA, C.A., de cancelar la cantidad de DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 12.364.000,oo) hoy DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES (Bs. 12.364,oo), que es el total de la suma asegurada, y no la cantidad TRECE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 13.064.000,oo) hoy TRECE MIL SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES (Bs. 13.064,oo) como lo solicita la parte actora en el libelo de demanda, este Tribunal declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que intentó el ciudadano G.S.G.C., debidamente asistido por el profesional del derecho A.A.M., por Cumplimiento de Contrato, en contra de Compañía de Seguros “SEGUROS SOFITASA, C.A.”. ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL. MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO intentó el ciudadano G.S.G.C., debidamente asistido por el profesional del derecho A.A.M., en contra de Compañía de Seguros “SEGUROS SOFITASA, C.A.”. SEGUNDO: SE CONDENA a la Sociedad Mercantil SEGUROS SOFITASA, C.A., a cancelar la cantidad de DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 12.364.000,oo) hoy DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES (Bs. 12.364,oo), que es el total de la suma asegurada. TERCERO: SE ACUERDA la corrección monetaria o indexación solicitada por la parte demandante, sobre la cantidad de DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 12.364.000,oo) hoy DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES (Bs. 12.364,oo), que es el total de la suma asegurada, contados desde el auto de admisión el 20 de mayo de 2004 hasta la sentencia definitivamente firma.

No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.-

Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-

Dada, sellada y firmada en la Sala de despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil nueve (2009).- AÑOS: 198° de la Independencia y 150º de la Federación.-

EL JUEZ PROVISORIO,

C.R.F..

LA SECRETARÍA,

M.R.A..

En la misma fecha, siendo las once y treinta minutos (11:30 a.m.) de la mañana, se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando anotado bajo el No. ________.-

La Secretaria.

M.R.A..