Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 4 de Agosto de 2008

Versa el recurso de apelación sobre la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, dictada por el Juez Tercero de Juicio de este Circuito Judicial Penal; toda vez que los fiscales recurrentes consideraron que en la audiencia de calificación de flagrancia, la Jueza Cuarta de Control decretó en contra del imputado G.P., la privación judicial preventiva de libertad, a tenor de lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de inducción al delito de corrupción propia, previsto y sancionado en el artículo 63 en relación con el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción.

Asimismo, señalan los recurrentes que desde la realización de la audiencia de calificación de flagrancia, hasta la revisión de la medida, habían transcurrido tan sólo dieciocho (18) días, sin que en las actuaciones cursara algún elemento nuevo que cambiara las circunstancias reinantes para el momento de la audiencia de flagrancia.

Por otra parte, argumenta la representación fiscal, que la Jueza Cuarta de Control dictó privación judicial preventiva de libertad, expresando la presunción de peligro de fuga en vista de la pena que podría llegar a imponerse, y que al haberse decretado la prosecución del proceso por el procedimiento abreviado, el Juez Tercero de Juicio, en el auto donde otorga la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, señala que sobre el imputado de autos no existe una presunción de peligro de fuga, ya que es de nacionalidad venezolana, tiene su residencia fija en la jurisdicción del Tribunal y la pena que podría llegar a imponerse en caso de ser condenado, no supera en su límite máximo los cuatro años, por lo cual los recurrentes consideran que dicha decisión es contradictoria.

Analizado lo anterior, esta Corte considera necesario destacar primeramente que el artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 9, 243, 247, 250, y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, están referidos al principio de la presunción de inocencia y al derecho a la libertad, de donde se infiere que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que aunque se le impute la comisión de uno o varios hechos punibles a una o varias personas, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria definitivamente firme, a dichas personas debe presumírsele su inocencia; y por otra parte, la libertad debe ser la regla y la privación de la misma la excepción, por lo que la medida privativa de libertad debe aplicarse cuando otras medidas resulten insuficientes a los fines de asegurar la finalidad del proceso.

En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado en reiteradas decisiones que la medida de privación de libertad, es la provisión cautelar más extrema a que hace referencia la legislación, tanto en el ámbito internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como en el ámbito interno, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal.

De igual forma la referida Sala ha sostenido que la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no significa el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas.

También, la misma Sala ha sostenido que los principios de presunción de inocencia y de libertad, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esa Sala y por los restantes Tribunales de la República por imperativo de la propia Constitución y, aún más allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal, lo que no significa que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance del proceso.

Asimismo ha establecido la Sala que en ese orden de ideas, no escapa la responsabilidad del Juez de razonar debidamente la decisión mediante la cual decreta una medida privativa de libertad y que cualquier disposición que se tome en torno a ella, debe obedecer a buenas y bien fundadas razones, con el objeto de evitar la impunidad en la administración de justicia penal, independientemente de la obligación del Juez, de evaluar la entidad del delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño.

Tomando en consideración que la posibilidad excepcional de aplicar una medida de coerción personal debe interpretarse con carácter restrictivo, el Juzgador en cada caso en que se le plantee una solicitud de tal naturaleza, debe a.c.s. están o no, cumplidos los extremos de ley, por cuanto su resolución versa sobre el más trascendental de todos los derechos de la persona después del derecho a la vida, como es el derecho a la libertad; supuestos que constituyen las excepciones al principio establecido en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que consiste en que toda persona debe ser juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

Revisado íntegramente el auto que decretó la privación judicial preventiva de libertad a G.P., el auto que decide la solicitud de revisión de medida, así como el acta policial suscrita por funcionarios adscritos a la Policía del estado Táchira, esta Alzada observa que los funcionarios aprehensores entre otras cosas dejaron constancia que se encontraban el día 07 de junio de 2008, aproximadamente a las 19:30 horas de la noche, realizando labores de patrullaje a bordo de la unidad motorizada R-802, visualizando a una ciudadana que se desplazaba a pie por la acera, quien al notar la presencia de los funcionarios policiales, aceleró el paso, por lo que procedieron a intervenirla; que la trasladaron en presencia de dos ciudadanas testigos hacia la Sub-Comisaría de Libertad-Capacho, al llegar allí ingresaron al interior de la habitación y la ciudadana sacó del pecho (senos) un bolsito pequeño (monedero), el cual contenía en su interior diez (10) trozos de material sintético, con un polvo blanco en su interior y de igual manera le fue hallado en el interior de dicho monedero treinta y dos (32) envoltorios de material sintético color negro, contentivos de un polvo de color beige; que dicha ciudadana quedó identificada como J.N.G.R.; que posteriormente a eso de las 19:50 horas de la noche se hizo presente en la Sub-Comisaría, un ciudadano manifestando ser familiar de la ciudadana detenida, siendo atendido por el agente Castañeda Lee, quien trató de sobornarlo para dejar en libertad a la detenida, entregándole al efectivo la cantidad de mil doscientos cuarenta bolívares fuertes, procediendo a la detención del mismo con la evidencia, quedando plenamente identificado como G.P., titular de la cédula de identidad N° V- 14.785.813.

Con base a las circunstancias descritas en el acta policial y las evidencias incautadas, la representación fiscal elabora la precalificación jurídica que según su criterio, merecen los hechos ocurridos. En tal sentido, al celebrarse la audiencia de calificación de flagrancia el Fiscal del Ministerio Público atribuye al imputado G.P. la presunta comisión del delito de INDUCCION AL DELITO DE CORRUPCION PROPIA, previsto y sancionado en el artículo 63 en relación con el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción, y al mismo tiempo solicita se decrete en contra del mencionado ciudadano, medida de privación judicial preventiva de libertad y la prosecución de la causa por el procedimiento abreviado.

De acuerdo a lo manifestado por la representación fiscal en la respectiva audiencia, la Jueza del Tribunal Cuarto de Control estimó que era procedente decretar medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de G.P., dejando establecido en el fallo:

(Omissis)

Con respecto al imputado G.P., consta en acta policial de fecha 07 de junio de 2008, suscrita por los funcionarios adscritos a la Policía del estado Táchira, así como la entrevista efectuada a L.G.C.Q. y por último la experticia de autenticidad y falsedad al dinero incautado, es el autor o partícipe de la comisión del delito de CORRUPCION PROPIA, previsto y sancionado en el artículo 63 en concordancia con el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del Estado venezolano. Así se decide.

En cuanto al peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, como requisito indispensable para la procedencia de la Medida (sic) de Privación (sic) Judicial (sic) Preventiva (sic) de Libertad(sic), en cuanto a la solicitud de aplicación de una Medida (sic) de Privación (sic) Judicial (sic) de Libertad (sic), observa esta Juzgadora (sic) que existe una presunción de fuga vista la pena que podría llegar a imponérsele, existiendo una presunción legal de peligro de fuga a tenor de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, aunado a la magnitud del daño causado, en consecuencia se decreta MEDIDA (sic) DE (sic) PRIVACION (sic) JUDICIAL (sic) PREVENTIVA (sic) DE (sic) LIBERTAD (sic), de conformidad con lo establecido en el artículo 250, parágrafo primero del artículo 251, ordinales 2°, 3° , al imputado G.P.…

Posteriormente en fecha 26 de junio de 2008 el Juez Tercero de Juicio, visto el escrito presentado por el abogado L.E.M.G., quien solicitó el examen y la revisión de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad recaída sobre G.P., decidió lo siguiente:

(Omissis)

Se evidencia del Acta (sic) de la Audiencia (sic) Oral (sic) para decretar Medida (sic) de Coerción (sic) Personal (sic) previa Calificación (sic) de Flagrancia (sic) celebrada en fecha 09 de junio de 2008, la cual corre inserta a los folios 25 al 30 de las presentes actuaciones, se decretó una medida de Privación (sic) Judicial (sic) Preventiva (sic) de Libertad (sic) en contra del ciudadano G.P., por la presunta comisión del delito de CORRUPCION (sic) PROPIA (sic), previsto y sancionado en el Artículo (sic) 63 en concordancia con el artículo 62 del Código Penal.

(Omissis)

De manera que, en todo caso tales principios de veracidad y justicia se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada merma el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema-Privación (sic) Judicial (sic) Preventiva (sic) de Libertad (sic), está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44.1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(Omissis)

Con relación a ello se puede tomar la prisión preventiva como mas efectiva de las Medidas (sic) Precautelativas (sic); siendo por si también eficaz cualesquiera de las Medidas (sic) Cautelares (sic) Sustitutivas (sic) para el aseguramiento procesal, y en el caso que nos ocupa este Juzgador (sic) considera la necesidad de analizar las circunstancias que rodean al imputado en concreto para una justificación objetiva y razonable, con abstracción de todas esas circunstancias que consta en la causa y que el Tribunal (sic) valorara (sic); esto es, evitar que el procesado comience a cumplir una pena antes que sea sentenciado siendo el motivo mas inmediato el de la no realización del Juicio (sic) Oral (sic) y Público (sic).

Por estas razones, de la revisión efectuada al expediente, se puede observar y debemos a.l.s.d. articulo 250 del Código Orgánico Procesal penal, ya que si bien es cierto, existe la presunta comisión de un hecho punible el cual merece pena privativa de libertad como es el delito de corrupción propia y fundados elementos de convicción los cuales examino (sic) el Juez en la etapa de control para calificar la flagrancia en la aprehensión, no es menos cierto que sobre el imputado de autos no existe una presunción de peligro de fuga, ya que es de nacionalidad venezolana, tiene su residencia fija en la jurisdicción del Tribunal y la pena podría llegar a imponerse en caso de ser condenado no supera en su limite máximo los cuatro años; en consecuencia no se encuentran satisfechos los tres elementos del artículo en comento los cuales deben ser concurrentes para ese Juzgador (sic) mantener la Medida (sic) de Privación (sic) de Libertad (sic) que pesa sobre el imputado G.P..

Por otro lado es de observación del Tribunal (sic), que el Justiciable no estaría propenso a obstaculizar investigación alguna por cuanto la presente causa se tramito por el procedimiento abreviado y aunado a este elemento también se contempla que por razones de mantener el vínculo inexorable para la Administración (sic) de Justicia (sic) no se ha perdido de vista ni se perderá para ello un aseguramiento en el proceso, a objeto de garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de todos los inmiscuidos en el proceso, así como también la respuesta que tiene el Estado Venezolano (sic) ante esos derechos que le tutela a la sociedad.

Atendiendo a tales circunstancias, en razón de la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente, mientras no se establezca su culpabilidad, son motivos significantes que estima quien aquí decide, para revisar la medida de coerción personal, decretada en fecha 09 de junio de 2008, en aras del principio de afirmación de la Libertad (sic), y el de inocencia, establecidos en los artículos 44, 49 ordinal 2° de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, 8 y 9 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Por estas razones, este Juzgador (sic), SUSTITUYE (sic) LA (sic) MEDIDA (sic) DE (sic) PRIVACIÓN (sic) JUDICIAL sic) PREVENTIVA (sic) DE (sic) LA (sic) LIBERTAD (sic) POR (sic) MENOS (sic) GRAVOSA (sic), prevista en el artículo 256 ordinales 3°, 4° y 8°, en concordancia con el artículo 258, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que con el otorgamiento de la misma se llenan las exigencias de orden procesal para la comparecencia del imputado a los demás actos del proceso, por ello de conformidad con lo establecido en el artículo 256 ordinales 3°, 4° y 8 del Código Orgánico Procesal penal, impone al imputado de las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones cada QUINCE (sic) (15) días ante este Tribunal (sic) y cada vez que sea requerido por este Despacho (sic), para lo cual deberá presentar dos (02) fotos tipo carnet y una copia de la cedula de identidad. 2.- Prohibición de salir del país, sin previa autorización del tribunal. 3.- Presentación de dos (02) fiadores, de reconocida buena conducta moral y solvencia económica, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, domiciliados en el Estado Táchira, quienes se obligaran solidariamente y patrimonialmente en caso que el imputado incumpla con las condiciones anteriores, a cancelar por vía de multa el equivalente en bolívares a CUARENTA (sic) (40) Unidades (sic) Tributarias (sic); debiendo dichos fiadores consignar ante el tribunal: a) Constancia de residencia expedida por la Autoridad (sic) Civil (sic) del lugar donde reside, b) Balance personal y constancia de ingresos superiores o iguales a VEINTE (sic) (20) Unidades (sic) Tributarias (sic), debidamente soportada y certificada por Profesional (sic) Autorizado (sic) para ello, c) Fotocopia (sic) de las cedulas (sic) de identidad.

(Omissis)

Las medidas de coerción personal, son instrumentos procesales que se imponen en el desarrollo del proceso penal, para restringir el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado, con la finalidad de evitar los peligros de obstaculización al proceso y asegurar el efectivo cumplimiento de la posible sanción.

La privación judicial preventiva de libertad como medida cautelar, sólo es aplicable si existe un hecho punible cuya acción penal no esté evidentemente prescrita; existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión de ese hecho punible; exista una presunción razonable de fuga, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación; requiriéndose además la debida motivación tal como lo exige expresamente el artículo 254 de la norma adjetiva penal.

Ahora bien, la revisabilidad como característica de las medidas de coerción personal, significa que su imposición responde a una determinada situación de hecho existente al momento de adoptar la medida, que varía si las circunstancias que la motivaron sufrieron modificaciones a lo largo del proceso, lo que obliga a su sustitución o revocación.

Al respecto observa la Sala, que el Juez de la rcurrida no cumplió a cabalidad con la responsabilidad de razonar debidamente la decisión mediante la cual decretó la medida cautelar sustitutiva, puesto que para decidir debe a.d.s. las circunstancias por las cuales se decretó la privación judicial preventiva de libertad, variaron para el momento de realizar la revisión de esa medida.

En este sentido, al examinar las actas que guardan estrecha relación con el recurso ejercido, el Tribunal Cuarto de Control para decretar la privación judicial preventiva de libertad fundamentó el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda la verdad, por cuanto se le imputaba el delito de corrupción propia; sin embargo, el Tribunal Tercero de Juicio en el auto que sustituyó la medida de privación judicial preventiva de libertad e impuso una medida cautelar menos gravosa, indicó que no existe una presunción de peligro de fuga, ya que el acusado es venezolano, tiene residencia fija en la jurisdicción del Tribunal y la pena que podría llegar a imponerse en caso de ser condenado no supera el límite máximo de los cuatro años. Asimismo, estableció que el justiciable no estaría propenso a obstaculizar la investigación por cuanto la causa fue tramitada por el procedimiento abreviado.

Ahora bien, tal como lo expresan los recurrentes, al revisar el expediente que fue remitido a esta Corte, efectivamente sólo habían transcurrido dieciocho (18) días de haber sido decretada la medida de privación judicial preventiva de libertad, cuando el Tribunal Tercero de Juicio, revisó dicha medida y la sustituyó por una menos gravosa, sin aparecer en las actuaciones otras circunstancias que hagan variar o desvirtuar la presunción de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, que había dejado acreditado el Tribunal Cuarto de Control en la decisión que decretó la privación judicial preventiva de libertad dictada en fecha 09 de junio de 2008.

Esta Sala advierte, que el a quo únicamente puede sustituir la privación judicial preventiva de libertad, cuando los supuestos que la motivaron, puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa, para lo cual debe a.p.s. las circunstancias bajo las cuales se decretó la misma han variado para el momento de la revisión de la medida.

En consideración a lo antes analizado, al no haber realizado la actividad jurisdiccional a la que está obligado el Juez, apartándose de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y de las disposiciones legales citadas para mantener, sustituir o revocar la medida de coerción personal, esta Corte estima que lo procedente es revocar la decisión impugnada, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, debiendo el a quo librar las correspondientes órdenes de captura; y así se decide.

DECISION

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados M.L.R. y J.C.C.G., Fiscal Décimo (E) y Fiscal Vigésimo Tercero del Ministerio Público, ambos de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 3 de este Circuito Judicial Penal, en fecha 26 de junio de 2008, mediante la cual sustituyó la medida de privación judicial preventiva de la libertad por una menos gravosa, de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

REVOCA la decisión dictada en fecha 26 de junio de 2008, por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 3 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual sustituyó la medida de privación judicial preventiva de libertad por una menos gravosa, de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ordena al a quo librar las correspondientes órdenes de captura.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los cuatro (04 ) días del mes de Agosto de 2008. Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

LOS JUECES DE LA CORTE

G.A.N.

Presidente

I.Z.C.N.I.M.C.

Juez Ponente

MILTON ELOY GRANADOS FERNANDEZ

Secretario

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

Milton Eloy Granados Fernández

Secretario

1-Aa-3588-08/NIMC/Neyda.-