Decisión de Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Turén, Santa Rosalía y Esteller. de Portuguesa, de 21 de Octubre de 2014
| Fecha de Resolución | 21 de Octubre de 2014 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Turén, Santa Rosalía y Esteller. |
| Ponente | Miguel Rafael Quiñones |
| Procedimiento | Homologación Obligación De Manutención |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS TURÉN, S.R. Y ESTELLER DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA
204° y 155°
EXPEDIENTE Nº 1.123/2014
DEMANDANTE: GIBELLI SOLANYI G.J., venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, de oficios del hogar, titular de la Cédula de Identidad Nº V-25.161.132, domiciliada en el Barrio Libertador, Sector II, Callejón 1, B, Píritu del Municipio Esteller del estado Portuguesa, en su carácter de representante legal del niño: (IDENTIDAD OMITIDA), de tres (03) años de edad.
DEMANDADO: K.J.F.L., venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficios Obrero en la Finca Nicolca, ubicada en el Caserío Playoncito, titular de la Cédula de Identidad Nº V-24.813.202, domiciliado en el en el Caserío Playoncito, Calle principal, jurisdicción del Municipio Esteller del estado Portuguesa.
MOTIVO: HOMOLOGACION DE ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN
NARRATIVA
En fecha: 16 de octubre de 2.014, se recibió Acta de Acuerdo Conciliatorio celebrado por los ciudadanos: GIBELLI SOLANYI G.J. y K.J.F.L., por ante la Defensoría del Niño (a) y Adolescente de esta localidad, “Una Puerta Abierta a la Esperanza” constantes de dos (02) folios útiles y anexos constantes de dos (02) folios.
En fecha: 20 de octubre de 2.014, se le da entrada a la solicitud en los libros respectivos, quedando anotada bajo el Nº 1.123/2014 (folio 5).
Se inicia el presente procedimiento en fecha: 16 de octubre de 2.014, con la remisión del acta del Acuerdo Conciliatorio celebrado entre los ciudadanos: GIBELLI SOLANYI G.J. y K.J.F.L., por ante la Defensoría del Niño (a) y Adolescente “Una Puerta Abierta a la Esperanza”, en fecha: 16-10-2014, donde el Obligado Alimentario acuerda fijar la Obligación de Manutención para su hijo (IDENTIDAD OMITIDA), de tres (03) años de edad, en la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000, °°) MENSUAL, a razón de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 500,°°) SEMANAL estableciéndose que dicha cantidad se hará efectiva a través de entrega personal a la madre del mencionado niño, previo recibo firmado, comenzándola a cumplir a partir del mes de OCTUBRE DE 2014. De igual manera, se comprometió que en los meses de MAYO y OCTUBRE, DICIEMBRE, aumentaría el doble de la cantidad ofrecida para coadyuvar con los gastos escolares si fueren necesarios y los que se generen por ocasión de la época decembrina y gastos de ropa de uso diario; así como aportar el 50% de los gastos médicos y medicinas, siendo informado de que dicho monto será adaptado en forma automática y proporcional de acuerdo a los ingresos de éste. De igual forma, se dejó constancia de que le fue notificado al obligado alimentario que el atraso injustificado en el pago de la Obligación de Manutención devengaría intereses calculados a la rata del 12% anual de conformidad con lo establecido en el artículo 374 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y en caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio, se procedería de acuerdo a las sanciones establecidas en los artículos 223, 245 y 389 Ejusdem. Estando presente la ciudadana: GIBELLI SOLANYI G.J., aceptó la Obligación de Manutención ofrecida por el padre de su hijo, comprometiéndose a cumplir con los deberes y derechos en relación a la custodia, vigilancia, asistencia, orientación moral y educativa, conforme al artículo 5 de la citada Ley.
MOTIVA
Ahora bien, establece el artículo 315 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente lo siguiente: “Lograda la conciliación total o parcial, el conciliador enviará al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el acta respectiva para su homologación. El juez debe tomar la decisión dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del acuerdo conciliatorio…”; de igual forma establece el artículo 317 Ejusdem que “El juez no homologará el acuerdo conciliatorio cuando éste vulnere los derechos de los niños y adolescentes, trate de asuntos sobre los cuales no es posible la conciliación, por estar referidos a materias no disponibles o derechos irrenunciables o verse sobre hechos punibles.”
De lo anterior se colige que se deben revisar ciertos extremos a que se contrae la precedente norma para impartir la respectiva homologación al presente Acuerdo Conciliatorio.
Así pues, se tiene previsto en el artículo 202 Literal “f” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que las Defensorías de los Niños, Niñas y Adolescentes tienen entre sus atribuciones la siguiente: “estímulo al fortalecimiento de los lazos familiares, a través de procesos no judiciales, para lo cual podrán promover conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, conforme al procedimiento señalado en la Sección Cuarta del Capítulo IX, en el cual las partes acuerden normas de comportamiento en materias tales como obligación alimentaria y régimen de visitas, entre otras”.
Así pues, se observa que el texto de las disposiciones transcritas revela que la Obligación de Manutención puede ser objeto de conciliaciones y que las mismas pueden ser realizadas por ante esta entidad de atención como ha ocurrido en el presente caso y, que además de tales normativas se desprende que estamos en presencia de un derecho disponible sobre el cual si es posible conciliar o convenir, llenándose de esta manera uno de los extremos a que se contrae la norma del artículo 317 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.
En lo que respecta al hecho de que el juez para homologar debe constatar que no han sido vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en estas clases de procedimientos; es menester, resaltar que bajo estos parámetros se debe evaluar la capacidad económica del Obligado Alimentario, por ser éste un elemento determinante para efectivamente saber si se han tutelado debidamente los derechos, en este caso el de alimentos que es el discutido.
Precisado lo anterior, este juzgador como garante de que se cumplan los derechos de la infancia y adolescencia, para determinar la capacidad económica del obligado alimentario lo hace de la revisión realizada a las actuaciones remitidas por la Defensoría, donde se deja constancia de la labor que desempeña éste, observándose que el obligado alimentario trabaja como OBRERO EN LA FINCA NICOLCA, ubicada EN EL CASERÍO PLAYONCITO; siendo por tanto la obligación convenida, cónsona con su capacidad económica, con lo cual se está garantizando a su hijo un nivel de vida que le va ha permitir su desarrollo integral.
Dentro de este marco, considera quien juzga que siendo el derecho de alimentos reconocido como una garantía primordial de los derechos humanos tanto de la infancia como de la adolescencia, al cual le ha sido otorgado por nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela rango constitucional cuando se dispuso en su artículo 76 lo siguiente: “…El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, mantener y asistir a sus hijos o hijas (sic). La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria”, siendo por tanto una obligación irrenunciable, intransferible e indelegable y constatándose que no se han vulnerado los derechos del niño involucrado en el presente procedimiento y habiéndose previsto el incremento automático que prevé la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en su artículo 375; este Tribunal resuelve impartir la respectiva homologación del Acuerdo Extrajudicial en los términos acordados por las partes intervinientes en el proceso. ASI SE DECIDE.-
