Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Apure, de 12 de Febrero de 2007

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE

San F. deA., doce (12) de febrero de 2007

196º y 147º

ASUNTO: 1983-TS- 0039-05

DEMANDANTE: G.M.B., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 8.189.321, con domicilio en Guasdualito Estado Apure.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: T.A.M., venezolano, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nº 60.244, con domicilio en Guasdualito Estado Apure.

DEMANDADA: PDVSA SUR PETRÓLEO Y GAS S.A. Inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, con fecha 16 de noviembre de 1978, bajo el N° 26, Tomo 127-A, con ulteriores reformas registrada el 30 de diciembre de 1997, bajo el N° 21, Tomo 583-A SGDO, del mismo Registro Mercantil.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: E.E.G.C., venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nº 49.422 domiciliado en el Estado Barinas.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES.

BREVE RELATO DE LOS HECHOS

El presente juicio, inicia mediante demanda interpuesta por el ciudadano G.M.B., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 8.189.321, contra la Empresa PDVSA SUR PETRÓLEO Y GAS S.A., por prestaciones sociales, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en Guasdualito la admite el 20 de diciembre de 2000, librando Boleta de Citación al ciudadano F.L., Gerente de Relaciones Laborales de la Empresa demandada, y Cartel de Notificación al ciudadano N.B., en su carácter de Gerente Distrital del área PDVSA SUR PETRÓLEO Y GAS.

En fecha 30 de enero de 2001, el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, dictó auto, mediante el cual repuso la causa de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, al estado de practicar nuevamente la citación a la Empresa PDVSA, en la persona del ciudadano F.L., en virtud de que se incurrió en error involuntario en la practica de la citación de la parte demandada por órgano del alguacil de ese Tribunal, al considerarse citada sin haber firmado la boleta, sino que fue firmada por otra persona que laborba en la Empresa PDVSA.

Cursante al folio veintisiete (27), consta la certificación del alguacil del Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, de haber practicado debidamente la citación del ciudadano F.L., representante legal de la Empresa demandada.

Del folio veintiocho (28) al folio treinta y uno (31), cursa escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado judicial de la parte demandada, donde niega, rechaza y contradice todos los hechos alegados por el actor; de igual forma solicita la intervención forzada por medio de cita de saneamiento y de garantía de la Sociedad Mercantil Transporte y Servicios Alvamor C.A.

Posteriormente en fecha 08 de marzo de 2001, el apoderado judicial de la parte demandada, consignó escrito de promoción de pruebas, constante de dos folios útiles. Igualmente al folio ciento cuarenta y siete (147) cursa escrito de promoción de pruebas presentado por el ciudadano Á.M.V.M., en su carácter de Director Gerente de la Empresa Transportes y Servicios Alvamor C.A.

En fecha dos (02) de julio de 2001, el apoderado judicial de la parte demandante consignó escrito de informes, de igual forma consta del folio doscientos treinta y tres (233) al folio doscientos treinta y cuatro (234) escrito de informes presentado por la parte demandada.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del T. delT. y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Apure con Sede en Guasdualito, en fecha veinticinco (25) de abril de 2002, dictó sentencia mediante la cual declaró Con lugar la acción incoada por el ciudadano G.M.B., contra la Empresa Mercantil PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A.

Contra dicha decisión en fecha seis (06) de mayo de 2002, el apoderado judicial de la parte demandada, ejerció recurso de apelación, dicha apelación fue oída en ambos efectos.

En fecha 11 de junio de 2002, fue recibido el expediente por ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio A. delE.B., para conocer de la apelación propuesta.

En fecha once (11) de febrero de 2005, este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, se abocó al conocimiento de la presente causa en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el Estado Apure.

Siendo la oportunidad para dictar sentencia en la presente causa, este Tribunal lo hace previa las siguientes consideraciones:

De la revisión exhaustiva a las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal observa lo siguiente:

Del auto de admisión de fecha veinte (20) de diciembre de 2000, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en Guasdualito folio 17 del presente expediente, se evidencia una seria de vicios procesales que envuelve la presente causa, con la inobservancia de la notificación a la Procuraduría General de la República al momento de la admisión de la demanda, obligatoriedad que reviste carácter de orden público y condiciona la validez del proceso, en virtud de la necesidad de notificar a dicho funcionario, en todas las demandas en que la República pueda tener directa o indirectamente interés, lo cual ocurre en el presente caso, tal y como lo establece el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que dispone:

La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada o oficio por el Tribunal (subrayado del Tribunal) o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República

Ahora bien, al ser la accionada una empresa, donde tiene especial interés la Nación, los funcionarios judiciales deben, por mandato expreso del artículo anterior notificar al Procurador o Procuradora General de la República, en razón de que obra directa o indirectamente contra los intereses patrimoniales de la República.

En el caso que nos ocupa, al verificar las actas insertas al expediente, se constata que no se materializó, de forma alguna, notificación a la Procuraduría General de la República, en cabeza del Procurador o Procuradora General, de la demanda que da lugar a la presente litis. Así, ni del auto de admisión de la demanda, ni de cualquier otra acta se refleja que se hubiere efectuado u ordenado la notificación antes reseñada.

En este sentido, se considera oportuno reiterar que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 27 de fecha 5 de febrero de 2002, dejó sentado el criterio según el cual, los funcionarios judiciales están en la obligación de notificar a la Procuraduría General de la República, de toda acción que vaya en contra de los intereses monetarios del Estado Venezolano, por razón de la garantía del derecho a la defensa que se le debe asegurar a la República, señalando así, lo siguiente:

El artículo 38 de la antigua Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, norma que estuvo vigente al momento de admitirse la presente acción, y que a partir del 13 de noviembre de 2001, por la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, fue derogada por el novísimo cuerpo normativo mencionado, y sustituida por los artículos 94, 95 y 96 de ese texto legal, que reza:

‘Artículo 94. Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de la admisión de toda demanda que obre directa o indirectamente contra los intereses patrimoniales de la República. Las notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañadas de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de la notificación, practicada en el respectivo expediente. Vencido este lapso, el Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Esta suspensión es aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es superior a Mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.).

El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede del referido lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.

Artículo 95. Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República.

Estas notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañados de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de la notificación practicada en el respectivo expediente. El Procurador o Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.

Artículo 96. La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República’.

(Omissis).

De igual forma, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, haciendo referencia al alcance y contenido de la derogada disposición contenida en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sustituido, como ya se indicó, por los citados artículos 94, 95 y 96, expresó lo siguiente:

‘(...) El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dispone lo siguiente:

Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador General de la República de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales de la República.

Dichas notificaciones se harán por oficio y deberán ser acompañadas de copia certificada de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. El Procurador General de la República deberá contestarlas en un término de noventa (90) días, vencido el cual se tendrá por notificado.

(Omissis).

La falta de notificación será causal de reposición a instancia del Procurador General de la República

.

La norma transcrita establece la obligación de los funcionarios judiciales de notificar al Procurador General de la República de cualquier demanda interpuesta que afecte directa o indirectamente los intereses patrimoniales de la República. Dicha norma es expresión de las prerrogativas jurisdiccionales que posee la República en lo que respecta a los juicios en los que se afectan sus intereses patrimoniales. Sin embargo, la norma citada no sólo se refiere a los intereses patrimoniales directos de la República en sí misma. Es decir, dicha norma no sólo se relaciona con aquellas demandas, oposiciones, excepciones, providencias, sentencias o solicitudes de cualquier naturaleza contra la personalidad jurídica de la República, sino que igualmente la norma está referida a los organismos descentralizados funcionalmente.

En este sentido, el autor J.C.O., a manera esquemática clasifica a los organismos descentralizados funcionalmente en dos tipos de personas: personas de derecho público y personas de derecho privado. Dentro de las primeras se incluyen las siguientes: los institutos autónomos, las universidades nacionales, las sociedades anónimas creadas por ley y una persona de naturaleza única, como lo es el Banco Central de Venezuela. Dentro de las segundas se encuentran: las asociaciones civiles, las sociedades anónimas y las fundaciones. (V. J.C.O.. Los Institutos Autónomos. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1995, p. 50-51).

Partiendo de lo anterior, en el caso objeto de esta decisión, es de notar que nos encontramos en presencia de una persona de derecho privado como es la Fundación Fondo de Fortalecimiento Social.

De allí que la República “indirectamente” posee intereses patrimoniales en cuanto a la demanda ejercida contra el referido organismo. En este sentido, esta Sala comparte el criterio del autor J.C.O., quien, en referencia a la notificación establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala lo siguiente:

(...) es precisamente con respecto a los organismos dotados de personalidad jurídica, distinta de la República, que la disposición cumple una innegable función por lo que respecta a actuaciones que puedan obrar “indirectamente” contra los intereses de la República, ya que cualquier acción contra la República misma haría intervenir al Procurador sin que ello pueda dar lugar a interpretaciones distintas.

(Omissis)

La notificación al Procurador General de la República, debemos aclarar, no tiene por finalidad hacer a la República parte en el proceso. La Procuraduría no asume tampoco el papel de abogado de la empresa (fundación en el caso a que se refiere la presente decisión) ya que ésta tiene su representación propia. La notificación constituye, por el contrario, el cumplimiento de una formalidad que faculta al Procurador para intervenir, de acuerdo con las instrucciones que le imparta el Ejecutivo Nacional, sin que tal notificación lo obligue necesariamente a actuar en el proceso. Además su intervención no altera la relación procesal que se establece entre las partes directamente interesadas en la litis...

. (J.C.O.. Las empresas públicas en el derecho venezolano. Editorial Jurídica Venezolana. Colección Estudios Jurídicos Nº 13. Caracas, 1982, p. 347).

Por lo anterior, es evidente que el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es aplicable para aquellas demandas intentadas contra la Fundación Fondo de Fortalecimiento Social. Así pues, en principio, el Juez Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas actuó conforme a la ley al haber dictado el auto de fecha 1º de marzo de 2000 mediante el cual ordena notificar al Procurador General de la República a fin de que dicho ente, si lo considerare conveniente, se hiciere parte en dicho proceso.

(...) Es importante destacar que resulta claro, y no es objeto de discusión, que la notificación del Procurador General de la República es una de las prerrogativas procesales de la República, por lo que se requiere que tal notificación se realice previo al inicio de la sustanciación de cualquier juicio que directa o indirectamente obre contra los intereses de la República, estando condicionada la validez y eficacia de cualquier acto procesal que se lleve a cabo en estos juicios, al requisito previo de la notificación al Procurador. Tampoco es objeto de discusión la suspensión del juicio por noventa (90) días continuos en los casos donde la República participa en forma directa como persona jurídica’. (Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 24 de octubre de 2000) (Subrayado de la Sala).”

Como se aprecia del criterio jurisprudencial precedentemente transcrito, en aquellos juicios en los cuales pudieran verse afectados de manera directa o indirecta los intereses pecuniarios de la República, si se produce la falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, ello acarreará la nulidad de cualquier acto procesal que se llevare a cabo.

Es por ello, que al ser la parte demandada una empresa donde el Estado tiene participación accionaría, en el caso bajo examen, se ha debido notificar al Procurador o Procuradora General de la República, de la demanda que justifica este proceso; ello con la finalidad de que se enterara de la existencia de la presente acción, y poder hacerse parte en ésta.

En consecuencia, este Tribunal de Alzada declara Con Lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por el apoderado judicial de la llamada en saneamiento “Transporte y servicios ALVAMOR, C.A., en fecha 31 de julio de 2006, anulándose todas las actuaciones que constan en el expediente a partir del auto de admisión y ordena reponer la causa al estado de que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, que resulte competente para conocer el presente juicio, practique la notificación a la Procuradora General de la República, sin necesidad de realizar nueva notificación de la empresa demandada, de la parte demandante, ni de la citada en saneamiento, toda vez que éstas ya tienen conocimiento de la presente acción. Así se establece.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud formulada por el apoderado judicial de la Empresa “Transportes y servicios ALVAMOR” citada en saneamiento, y en consecuencia se REPONE la causa al estado ya fijado en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: No hay expresa condenatoria en costas del proceso dada la naturaleza de la presente decisión.

Publíquese, regístrese, notifíquese al Procurador General de la Republica de conformidad con el artículo 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y déjese copia certificada en este Tribunal.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, el día doce (12) de febrero de 2007. Años: 196 de la Independencia y 147 de la Federación.

El Juez,

Francisco R. Velázquez Estévez

La Secretaria,

M.A.C.

En la misma fecha se publicó y registró el presente fallo, siendo las tres (3:00) horas de la tarde.

La Secretaria

M.A.C.

Exp. Nº 1983-TS-0039-05