Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Lara, de 5 de Agosto de 2014
| Fecha de Resolución | 5 de Agosto de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Segundo del Trabajo |
| Ponente | José Tomas Alvarez Mendoza |
| Procedimiento | Incomparecencia De La Parte Actora |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, martes, cinco (05) de agosto de dos mil catorce (2014).
204º y 155º
ASUNTO: KP02-R-2014-000634
PARTE ACTORA: G.J.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-09.540.931.
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: N.K.R.C. y A.V. COLMENARES, abogadas, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 89.723 y 90.349 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: S.M.D.V.T.D.R..
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: I.M.R., C.Y.R.D.G., JOSEPH SABBAGH, EGILDA DE LOS A.G.Á., S.G. y J.A.C., abogado, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 74.866, 9.643, 90.078, 92.307, 90.131 y 173.803 respectivamente.
MOTIVO: Cobro de prestaciones sociales.
Sentencia: Interlocutoria. (Incomparecencia de la parte actora a la prolongación de la audiencia preliminar).
RECORRIDO DEL PROCESO
La presente causa sube a esta alzada por recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 25 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta circunscripción judicial, en la cual se declaró desistido el procedimiento y terminado el proceso.
El 03/07/2014 se oyó la apelación en ambos efectos.
En fecha 21/07/2014 el asunto es recibido por este juzgado, fijándose para el día 29/07/2014 a las 11:00 a.m, la celebración de la audiencia de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Siendo ésta la oportunidad procesal correspondiente para motivar la decisión, una vez dictado del dispositivo del fallo, éste juzgado procede a hacerlo en los siguientes términos:
ALEGATOS DE LAS PARTES EN LA AUDIENCIA
La representante judicial de la parte actora señaló, que el día pautado para la celebración de la prolongación de la audiencia preliminar ocurrió una manifestación pública en el oeste de la ciudad, específicamente en la Avenida F.J., que les impidió a las apoderadas judiciales de la trabajadora comparecer al acto pautado.
Explicó que ambas apoderadas residen en el municipio Morán, en la ciudad de “El Tocuyo y que tomaron las previsiones del caso, no obstante, llegaron luego de la hora prevista para la celebración de la audiencia en virtud de la obstaculización de la vía que conduce a la entrada de la ciudad de Barquisimeto.
Alegó que no existe ninguna intención de desistir del procedimiento y que el hecho invocado es de conocimiento público y notorio, por lo que solicita la reposición de la causa.
Por su parte, la representación de la parte demandada alegó que de acuerdo a lo señalado en sentencia de fecha marzo de 2007, caso: Taxi Guayuni, con la apelación deben consignarse los documentos en que se fundamenta la impugnación.
Indicó que el día 25 de junio de 2014, estuvo por un lapso de 40 minutos en la sede del tribunal y no hizo acto de presencia la representación de la parte actora.
Argumentó que el hecho descrito por la recurrente no constituye una justificación de su incomparecencia debido a que pudo tomar vías alternas y estimar las previsiones necesarias para cumplir con su obligación procesal.
Agregó que no existe justificación alguna en este caso, ya que bien podía la actora hacer acto de presencia en la sede del tribunal, aún sin compañía de sus apoderadas.
Expresó que no existe constancia alguna que las apoderadas judiciales se encontraban en la vía que fue trancada.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ARGUMENTACIÓN
Revisadas las actas que conforman el expediente, oída la exposición de la parte apelante y analizada la decisión impugnada, éste tribunal observa que el asunto sometido a consideración de esta alzada, consiste en determinar si la parte accionante no compareció la audiencia preliminar por motivos fundados en un caso fortuito de fuerza mayor.
Para decidir, el tribunal advierte que el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece:
Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar se considerará desistido el procedimiento, terminando el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión, el demandante podrá apelar a dos (2) efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Parágrafo Primero: El desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos.
Parágrafo Segundo: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente, el Tribunal Superior del Trabajo decidirá oral e inmediatamente la apelación, previa audiencia de parte, pudiendo ordenar la realización de una nueva audiencia preliminar, cuando a su juicio existieren fundados y justificados motivos o razones de la incomparecencia del demandante por caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobables, a criterio del Tribunal. La decisión se reducirá a forma escrita y contra la misma será admisible el recurso de casación, si alcanzare la cuantía a que se refiere el artículo 167 de esta Ley y se intentare dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha decisión.
Parágrafo Tercero: Si el recurrente no compareciere a la audiencia fijada para resolver la apelación, se considerará desistido el recurso de casación y se condenará al apelante en las costas del recurso.
Analizada la norma es necesario advertir, que en ausencia de legislación expresa sobre caso fortuito o fuerza mayor en la legislación laboral, se debe acudir al derecho común para precisar su noción. En ese sentido, en materia civil se contemplan varios supuestos dentro del género “causa extraña no imputable”, al referirse al efecto del incumplimiento de las obligaciones (artículo 1.264 del Código Civil).
Asimismo, por caso fortuito debemos entender el suceso imprevisto que no se puede prever, ni resistir y que emana de la naturaleza. Por fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto, no ha podido resistirse y que por lo general emana del hombre, exigiéndose para la procedencia de ambos que los mismos deban llenar ciertas condiciones tales como:
-
Que produzca la imposibilidad absoluta de poder ejecutar la obligación, esta condición no debe ser teórica sino formal o practica.
-
Que la imposibilidad absoluta debe ser sobrevenida, esto es que se presente con posterioridad a haberse contraído la obligación.
-
Que la causa extraña no imputable sea imprevisible.
-
Que sea inevitable, es decir, que no pueda subsanarse.
-
La ausencia total de culpa y dolo por parte del deudor.
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 17 de febrero de 2004, caso A.S. contra Publicidad Vepaco, analizando el alcance del caso fortuito o la fuerza mayor, estableció:
...se considera prudente y abnegado con los f.d.p. (instrumento para la realización de la justicia), el flexibilizar el patrón de la causa extraña no imputable no solo a los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, sino, a aquellas eventualidades del quehacer humano que siendo previsibles e incluso evitables, impongan cargas complejas, irregulares (que escapan de las previsiones ordinarias de un buen padre de familia) al deudor para cumplir con la obligación adquirida.
Naturalmente, tal extensión de las causas liberativas de la obligación de comparecencia a la audiencia preliminar sobrevienen como una excepción de aplicación restrictiva, a criterio del juzgador.
En tal sentido, la representación recurrente señaló que no compareció a la audiencia preliminar debido a que el día 25 de junio de 2014 fueron trancadas las vías de acceso que conducen a la sede del tribunal de la causa desde su localidad de residencia, en virtud de las manifestaciones convocadas por los habitantes de la comunidad “Roca Rosa” en el Kilometro 7 de la Avenida F.J., lo cual cataloga como un hecho notorio.
De esta manera, a juicio de esta alzada, los hechos antes narrados constituyen un hecho notorio comunicacional, el cual la Sala de Casación Social en sentencia de fecha 19 de Septiembre de 2002, caso J.G.A.H., toma para sí el criterio establecido por la Sala Constitucional de nuestro máximo tribunal en sentencia de fecha 15 de marzo del año 2000, en la que se expresó lo siguiente:
El hecho publicitado o comunicacional no es un hecho notorio en el sentido clásico, ya que puede no incorporarse como permanente a la cultura del grupo social, sin embargo su publicidad lo hace conocido como cierto en un momento dado por un gran sector del conglomerado, incluyendo al juez; y desde este ángulo se puede afirmar que forma parte durante épocas, de la cultura, así luego desaparezca, ya que su importancia o trascendencia era relativa, tenía importancia solo en un espacio y tiempo limitado y a veces breve.
Este concepto moderno del hecho notorio diverge del hecho público. Este último parte de diversos criterios conceptuales. Unos consideran que atiende a una ficción legal de conocimiento, desligado de una difusión suficiente. Un ejemplo es el hecho que goza de los efectos del registro público, o de la publicación en periódicos oficiales; otra vertiente para conceptualizarlo, lo señala como el que tiene lugar en sitios públicos, criterio también ajeno a su difusión; y una última es, que el hecho público es aquel que surge de actos del poder público.
El hecho comunicacional, fuente de este tipo particular de hecho notorio que se ha delineado, es tan utilizable por el juez como el hecho cuyo saber adquiere por su oficio en el ejercicio de sus funciones, y no privadamente como particular, lo que constituye la notoriedad judicial y que está referido a lo que sucede en el tribunal a su cargo, como existencia y manejo de la tablilla que anuncia el despacho; o lo relativo al calendario judicial, a los cuales se refiere el juzgador sin que consten en autos copias de los mismos; notoriedad judicial que incluye el conocimiento por el juez de la existencia de otros juicios que cursan en su tribunal, así como el de los fallos dictados en ellos.
¿Puede el juez fijar al hecho comunicacional, como un hecho probado, sin que conste en autos elementos que lo verifiquen? Si se interpreta estrictamente el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual es un principio general, el juez sólo puede sentenciar en base a lo probado en autos, con excepción del hecho notorio. Tiene así vigencia el vetusto principio que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pero si observamos las sentencias, encontramos que ellas contienen un cúmulo de hechos que no están probados en autos, pero que son parte del conocimiento del juez como ente social, sin que puedan tildarse muchos de ellos ni siquiera como hechos notorios. Así, los jueces se refieren a fenómenos naturales transitorios, a hechos que están patentes en las ciudades (existencia de calles, edificios, etc.), a sentencias de otros tribunales que se citan como jurisprudencia, a obras de derecho o de otras ciencias o artes, al escándalo público que genera un caso, a la hora de los actos, sin que existan en autos pruebas de ellos.
Si esto es posible con esos hechos, que casi se confunden con el saber privado del juez, con mucha mayor razón será posible que el sentenciador disponga como ciertos y los fije en autos, a los hechos comunicacionales que se publicitan hacia todo el colectivo y que en un momento dado se hacen notorios (así sea transitoriamente) para ese colectivo.
Esta realidad lleva a esta Sala a considerar que el hecho comunicacional, como un tipo de notoriedad, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado; y pudiendo los miembros del colectivo, tener en un momento determinado, igual conocimiento de la existencia del hecho, porque negar su uso procesal.
Asimismo, en dicho fallo se dejó sentado que tal categoría de hechos no necesitan ser alegados por las partes, sino que pueden ser incorporados al proceso de oficio por el juez, en este sentido se expresó:
Planteado así la realidad de tal hecho y sus efectos, concatenado con la justicia responsable y sin formalismos inútiles que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla; aunado a que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal como lo establece el artículo 257 de la vigente Constitución, y que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, como lo expresa el artículo 2 ejusdem, en aras a esa justicia expedita e idónea que señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que el hecho comunicacional y su incorporación a los autos de oficio por el juez, no está prevenido expresamente en la ley, ante su realidad y el tratamiento que se viene dando en los fallos a otros hechos, incluso de menos difusión, esta Sala considera que para desarrollar un p.j., idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y por ello puede fijar como cierto, los hechos que de una manera uniforme fueron objeto de difusión por los medios de comunicación, considerándolos una categoría de hechos notorios, de corta duración.
(…omissis…)
No existe en las leyes procesales una oportunidad para que las partes consulten a los jueces sobre su conocimiento del hecho notorio clásico, o del notorio comunicacional, lo que carga a las partes, sobre todo con respecto a estos últimos, a probarlos mediante las publicaciones o copias de los audiovisuales, si es que dudan que el juez no los conozca. A tenor del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil los actos que la ley ordena se publique en periódicos son considerados fidedignos, lo que involucra que el periódico que los contiene también los son, salvo prueba en contrario. Ahora bien, si el ejemplar de la prensa se reputa, sin más, que emana del editor en esos casos, y que dicho ejemplar representa la edición de ese día, igual valor probatorio debe tener el periódico como tal en lo que al resto de su contenido expresa.
Pero para el juez, conocedor del hecho, de oficio puede acogerlo y fijarlo en el fallo, siempre que reúna las condiciones que permiten al hecho comunicacional considerarse notorio.
De las pruebas consignadas, a saber: constancia de residencia y diarios informativos “El Informador”, “El Impulso” y “La Prensa”, estos últimos de fecha 26 de junio de 2014, se aprecia que las abogadas A.V.C. y N.R., residen en el sector “La Estrella” de El Tocuyo, municipio Morán del estado lara y que el día miércoles, 25 de junio de 2014, hubo protestas en el kilometro 7 de la Avenida F.J.d. municipio Iribarren, que afectaron el libre tránsito en ese sector.
De esta manera, con base a la doctrina antes expuesta y al ser conocidos comunicacionalmente los hechos alegados como justificantes de la falta de comparecencia a la audiencia preliminar, que además fueron suficientemente probados -impedimento de uso de la vía de acceso a esta ciudad de Barquisimeto (sede del tribunal de la causa)-, debe necesariamente concluirse que la parte actora justificó su falta, por tal motivo se repone la causa al estado que el juzgado de origen fije la nueva oportunidad procesal para que sea celebrada la audiencia respectiva. Y así se decide.
Respecto a la necesidad de consignación de los documentos probatorios antes de la celebración de la audiencia de apelación, este juzgado estima que la apreciación de la Sala no extendió los efectos de su criterio a los demás tribunales de la República, por lo cual no resulta de obligatoria aplicación en el caso sub examine.
De igual forma se acota, que el hecho invocado resulta claramente irresistible a las apoderadas judiciales de la actora, y a la vez imprevisible, pues la circunstancias alegadas –manifestaciones- comenzaron cuatro (04) horas antes de la prolongación pautada, sin que pueda considerarse método alguno para estimar que se conocía lo que iba ocurrir.
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley, declara:
CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 25/06/2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta circunscripción judicial.
No hay condenatoria en costas del recurso, dadas las resultas del fallo.
Se REVOCA la decisión recurrida.
Se REPONE la causa al estado de que el Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta circunscripción judicial, fije nueva oportunidad para la continuación de la audiencia preliminar, sin necesidad de nuevas notificaciones dado que las partes se encuentran a derecho.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los cinco (05) días del mes de agosto de 2014. Año 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
Abg. J.T.Á.M.
Juez
Abg. J.C.R.
Secretario
Nota: En esta misma fecha, 05 de agosto de 2014, se dictó y publicó la anterior decisión. Año 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
Abg. J.C.R.
Secretario
KP02-R-2014-000634
