Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Delta Amacuro, de 6 de Junio de 2013
| Fecha de Resolución | 6 de Junio de 2013 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación |
| Ponente | Vilma Teresa Martorelli Betancourt |
| Procedimiento | Colocación Familiar |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado D.A.
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del
Estado D.A..
Tucupita, seis (06) de junio de dos mil trece (2013)
202º y 154º
ASUNTO: YH11-V-2001-000093
COLOCACION FAMILIAR
I.-De Las Partes y sus Apoderados Judiciales
i. i.-Demandante: G.S., Directora del otrora Instituto Nacional del Menor (INAM), Tucupita Estado D.A..
i.i.I.-Apoderado Judicial: Ninguno constituido en autos.
i. ii.-Demandados: C.C., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-4.513.160, residenciada en la siguiente dirección: Calle principal de la comunidad de Guasina Municipio Tucupita Estado D.A..
i. ii. Apoderado Judicial: Ninguno constituido en autos.
II.-Actuaciones De Las Partes y El Tribunal
El presente asunto procede de la Casa Taller Hembra del Instituto Nacional del menor Seccional D.A., se le dio entrada y admisión en fecha 19-12-2001, a la extinta Sala de juicio Nro. 02, del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado D.A., asunto en donde según sus dichos se trata de una Ciudadana C.C., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-4.513.160, residenciada en la siguiente dirección: Calle principal de la comunidad de Guasina Municipio Tucupita Estado D.A., quien solicito la Colocación Familiar en favor del derecho que le asistía a la entonces adolescente L.H., quien se encontraba en la casa Taller Hembra del Instituto Nacional del menor Seccional D.A., por cuanto se encontraba en situación de riesgo, y ella estaba en la posibilidad de cuidarla y protegerla hasta donde sus posibilidades se lo permitieran.
Vistos los hechos se acordó librar oficio a los fines de realizar informe social en la residencia de la ciudadana C.C., por cuanto el mismo día 19-12-2001 compareció la Ciudadana precitada en compañía de la adolescente y manifestó su deseo de que la adolescente residiera con ella y la adolescente manifestó estar de acuerdo, a los folios que van del 38 al 40, reposa el informe social practicado, y a los folios 33 y 34 corre inserta comparecencia de las ciudadanas L.H. Y C.C., en donde manifestaron su consentimiento con el procedimiento de colocación familiar.
Se recibe y se le da entrada al presente asunto en fecha 11 de abril de 2013, por cuanto el Circuito Judicial no se encontraba creado y habían estado suprimidas las Salas de Juicios del extinto Tribunal de Protección de esta Circunscripción Judicial, razón por la cual se realizo el avocamiento y se libro oficio al Equipo Multidisciplinario a los fines de que se realizara informe social visto que hasta la fecha el presente asunto se encuentra paralizado, todo ello con el fin de realizar la revisión en el presente asunto, en los términos establecidos.
III.-De La Motivación Del Presente Fallo
Siendo la oportunidad para decidir este Tribunal hace el siguiente análisis:
Así las cosas, nos encontramos frente a un procedimiento de colocación familiar intentado por la directora de la Casa Taller Hembra del Instituto Nacional del menor Seccional D.A., a solicitud de la Ciudadana C.C., en beneficio de la entonces adolescente (se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), plenamente identificada, según consta en autos.
En principio, establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 3, la perpetuidad de la Jurisdicción, que consiste en que, la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa. En el caso que hoy ocupa nuestra atención, el cual es objeto de revisión, se evidencia que, en principio cuando se impulsa los Órganos de la Administración de Justicia, la Ciudadana L.H., contaba con 14 años de edad, siendo adolescente conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la LOPNNA. Sin embargo, se desprende al folio 14 del presente asunto que, riela acta de nacimiento en copia simple, de la precitada ciudadana, donde claramente se lee que L.D.C., nació en fecha 07 de junio de 1986, y que en la actualidad cuenta con 27 años de edad.
Ahora bien, el artículo 358 de la LOPNNA establece el contenido de la responsabilidad de crianza para los hijos e hijas menores de 18 años de edad:
Artículo 358. Contenido de la Responsabilidad de Crianza. La Responsabilidad de Crianza comprende el deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 359. Ejercicio de la Responsabilidad de Crianza. El padre y la madre que ejerzan la P.P. tienen el deber compartido, igual e irrenunciable de ejercer la Responsabilidad de Crianza de sus hijos o hijas, y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. En caso de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o de residencias separadas, todos los contenidos de la Responsabilidad de Crianza seguirá siendo ejercida conjuntamente por el padre y la madre.
PARA EL EJERCICIO DE LA CUSTODIA SE REQUIERE EL CONTACTO DIRECTO CON LOS HIJOS E HIJAS y, por tanto, deben convivir con quien la ejerza. El padre y la madre decidirán de común acuerdo acerca del lugar de residencia o habitación de los hijos o hijas. Cuando existan residencias separadas, el ejercicio de los demás contenidos de la Responsabilidad de Crianza seguirá siendo ejercido por el padre y la madre: Excepcionalmente, se podrá convenir la Custodia compartida cuando fuere conveniente al interés del hijo o hija.
En caso de desacuerdo sobre una decisión de Responsabilidad de Crianza, entre ellas LAS QUE SE REFIEREN A LA CUSTODIA o lugar de habitación o residencia, el padre y la madre procurarán lograr un acuerdo a través de la conciliación, oyendo previamente la opinión del hijo o hija. Si ello fuere imposible, cualquiera de ellos o el hijo o hija adolescente podrá acudir ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 177 de esta Ley. (Subrayados, mayúsculas, negrillas y cursivas de este Despacho)
De las normas transcritas, se desprende que la custodia, les corresponde en principio a ambos padres mientras dure el matrimonio. La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en los artículos que preceden, hace una clara distinción entre la responsabilidad de crianza y custodia, lo que antes se conocía como guarda y custodia. La responsabilidad de crianza le corresponde a ambos padres, es un deber indeclinable que se encuentra en consonancia con lo que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 78, en cuanto a la equiparación de géneros. Y es que ambos padres –padre y madre- están en la plena capacidad de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral y, la custodia; la ejerce uno solo de ellos cuando existe la separación de los padres.
Sin embargo, debemos tener claro que el presente asunto versa sobre la COLOCACIÓN FAMILIAR, de una sobrina, la cual consiste justamente en otorgar la responsabilidad de crianza preventivamente a esta persona conforme lo dispone el artículo 396 de la LOPNNA, en el hogar de la ciudadana C.C., de la entonces adolescente (se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), plenamente identificada quien es tía de la adolescente.
En este orden de ideas, y partiendo del principio que, la finalidad de la COLOCACIÓN FAMILIAR tiene por objeto esa responsabilidad de crianza –en este caso-, análogamente debemos indicar que la custodia forma parte de uno de los atributos de la p.p., tal como se desprende del artículo 347 de la LOPNNA:
Artículo 347. Definición. Se entiende por P.P. el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas QUE NO HAYAN ALCANZADO LA MAYORIDAD, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas. (Negrillas, mayúsculas y subrayados de este Despacho)
De igual manera, el artículo 348 ejusdem respecto al contenido de la p.p. señala:
Artículo 348. Contenido. La P.P. comprende la RESPONSABILIDAD DE CRIANZA, la representación y la administración de los bienes de los hijos e hijas sometidos a ella. (Negrillas, mayúsculas y subrayados de este Despacho)
Ahora bien, el artículo que precede, es claro al sostener que la p.p. que ejercen el padre y la madre de los hijos e hijos, se refiere a aquellos hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, siendo ésta uno de los factores para que esa potestad se extinga, tal como lo prevé el primer aparte del artículo 356 de la LOPNNA, al señalar que la P.P. se extingue –entre otros casos- por la Mayoridad del hijo o hija, lo que perfectamente se colige que, siendo la custodia uno de los atributos de la p.p. que todo padre y madre ejercen sobre sus hijos e hijas y que, si ésta –la p.p.- se extingue con el cumplimiento de la mayoría de edad de los mismos, los hijos y las hijas obtienen la plena capacidad para actuar por sí mismo sin el auxilio o asistencia de sus padres, representantes o responsables –el cual es el caso actual- y que, al extinguirse la p.p. –como ya se dijo- se extingue con ella todos sus atributos, siendo la custodia uno ellos, anteriormente conocida como guarda. Y así, se establece.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Constitucional, sentencia Nro. 828 de fecha 20 de mayo de 2008, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, dejó sentado –entre otras cosas- lo siguiente:
…omissis…En efecto debe destacar esta Sala que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la mayoridad de la persona se alcanza a la edad de dieciocho (18) años (Vid. Artículo 18 del Código Civil), y desde entonces la persona deja de estar bajo la potestad de sus padres y ADQUIERE EL LIBRE GOBIERNO DE SU PERSONA al presumirse civilmente capaz....omissis…
…omissis…De tal manera que el abogado F.C.M. actuó como apoderado judicial de la ciudadana: Beila C.P., quien a su vez representaba a su hijo menor de edad, H.D.S.P., por lo que esta Sala, al haber constatado en autos que alcanzó la mayoridad, evidencia que adquirió su plena capacidad, haciendo cesar la representación que se arrogaba su madre para defender sus derechos y garantías constitucionales, perdiendo, por tanto, vigencia el mandato judicial otorgado con tal fin…omissis.. (Negrillas, cursivas, subrayados y mayúsculas de quien suscribe).
Así las cosas, y retomando el punto planteado en un principio referente a la perpetue juris que prevé el artículo 3 del CPC, nos encontramos que, si bien es cierto que, aún y cuando en un inicio la demanda se interpuso cuando L.H., era una adolescente, y fue otorgada la colocación familiar en fecha 11-01-2002, y en los actuales momentos según las disposiciones contenidas en la ley es objeto de revisión la sentencia, y por lo que a tenor del mencionado principio, quien aquí decide debe tomar una decisión en la presente causa y de hecho así ocurrirá, no es menos cierto que ocurrió el hecho sobrevenido del cumplimiento de la mayoría de edad de la precitada, quien hoy es una adulta de 27 años de edad, y como quiera que nuestro ordenamiento jurídico prevé que toda persona se presume apta al cumplir los 18 años para ejercer cualquier tipo de acción sin la representación de sus padres, representantes o responsables, adquiriendo de esa manera su independencia personal y, visto a su vez que el último aparte de ese mismo artículo 3 del CPC señala que el principio de la perpetuidad de la jurisdicción opera, salvo que la Ley disponga lo contrario y, analizado como fuera que el presente asunto trata en relación de la COLOCACIÓN FAMILIAR de una ex adolescente hoy adulta que, por la naturaleza de la acción, causa estado de independencia de la ciudadana L.D.C.H.M., por haber cumplido la mayoridad, debe esta Juzgadora declarar el cierre de la presente causa por cuanto no existe materia sobre la cual decidir, toda vez que la responsabilidad de crianza provisional que ejercía la ciudadana C.C., respecto a su sobrina antes identificada, según sentencia de fecha 11-01-2002, se extinguió de pleno derecho y así deberá ser declarado en la dispositiva del presente fallo. Y así, expresamente se decide.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y para el Régimen Procesal Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado D.A., no procederá al análisis las partes al proceso en relación de la colocación familiar, a los fines de la revisión por ser inoficioso e impertinente, si la responsabilidad de crianza ha sido extinguida de pleno derecho, por cuanto consta en el informe social practicado de la misma posee 27 años de edad y es madre de siete hijos. Y así, se establece.
IV.-Dispositiva
Por todas las consideraciones anteriormente expuestas es por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y para el Régimen Procesal Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado D.A., administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad De La Ley, con fundamento en lo previsto en los artículos: 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 347, 356 ordinal 1º, 358, 359, 452 de la LOPNNA, declara:
NO HAY MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en la presente COLOCACIÓN FAMILIAR incoada por la directora de la Casa Taller Hembra del Instituto Nacional del menor Seccional D.A., a solicitud de la Ciudadana C.C., en beneficio de la entonces adolescente (se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), plenamente identificadas en autos.
De igual manera por estar paralizada la presente causa, se acuerda la notificación, de acuerdo al artículo 452 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense las correspondientes boletas y una vez que el secretario deje constancia en autos ciérrese y archívese el presente asunto. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISION. Dada firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y ejecución y para el Régimen Procesal Transitorio De Protección De Niños, Niñas Y Adolescentes del de la Circunscripción Judicial Del Estado D.A., A LOS SEIS (06) DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2013. AÑOS 202° DE LA INDEPENDENCIA Y 154° DE LA FEDERACIÓN. Cúmplase.-
La Jueza Provisoria,
Abg. V.M.
El Secretario
Hora de Emisión: 3:03 PM
Asistente que realizo la actuación: V.M.
YH11-V-2001-000093
