Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 12 de Noviembre de 2010

que el ex Magistrado Dr. R.D.C. establece en su libro “Procesos sobre la Propiedad y la Posesión”, lo siguiente: (...) “por cuanto la acción de reivindicación no tiene pautado un procedimiento especial, el procedimiento a seguir es el juicio ordinario, según lo previsto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil...”

(...) El Magistrado Dr. C.O.V., en decisión de fecha 16 de marzo de 2000 de la Sala de Casación civil establece lo siguiente: “que los juicios de reivindicación son por Procedimiento ordinario.”

En sentencia de fecha 5 de abril de 2001, contenida en el expediente N° RC-00-005, con ponencia del Magistrado Dr. A.R.J. “de lo cual es claro que la reivindicación se sustancia íntegramente dentro de un procedimiento ordinario”.

el Dr. R.R.M. establece en su libro “Nulidades Procesales, Penales y Civiles”, lo siguiente: “Debe advertirse que no se trata de inadmitir la demanda porque el procedimiento no sea adecuado, sino que el juez debe corregir tal defecto cuando la parte demandante indica un procedimiento inadecuado o que no corresponde...”

- que por todo lo antes expuesto, solicita que el presente recurso de apelación sea declarado sin lugar y en consecuencia quede firme la nulidad del auto de admisión de fecha 14-04-2010, y la causa continúe su trámite por el procedimiento correspondiente y legal, como lo es el juicio ordinario establecido en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo dictamina el auto de admisión de fecha 31-05-2010.

- que el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil establece: ...omissis...

- que el artículo 15 del Código adjetivo que rige la materia establece: ...omissis...

- que el artículo 49 en su numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra lo siguiente: ...omissis...

- que el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece: ...omissis...

- que la finalidad de la nulidad del auto de admisión es asegurar la garantía constitucional de los derechos fundamentales y la defensa en juicio, por lo tanto hay una finalidad genérica de asegurar la defensa de juicio de la persona y sus derechos, es decir, tener una tutela efectiva.

- que también fundamenta la presente solicitud en las sentencias de la Sala Constitucional de fecha 09-10-2002, con ponencia del Magistrado Dr. J.M.D.O., expediente N° 01-2813, sentencia N° 2403 y reiterada por la misma Sala en fecha 26-07-2006 con ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón...”

Observaciones a los informes presentados por la parte demandada.

En fecha 29-09-2010 (f. 41 al 45) el abogado P.E.G.R., actuando en su condición de apoderado judicial de la parte actora, consigna escrito de observaciones a los informes presentados por la parte demandada, en los siguientes términos:

- que según el decir de los apelantes en su escrito de informes, el auto apelado de fecha 31-05-2010 fue dictado con el objeto de corregir un error involuntario, y que la actuación del juez se fundamenta en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, y continúa diciendo que constatando que la misma fue admitida para tramitar el proceso por el procedimiento breve, algo que según el conocimiento en la materia tiene el demandado considera que “no es lo correcto ni legal”, con respecto a este argumento del demandado hago la observación que el Juez de la causa alega un “error material involuntario”, pero es necesario aclararle a la contraparte que la admisión de una causa no depende de la voluntad del Juez, sino de la voluntad de la ley, en este caso a las normas que hacen el marco para ello, establecidas en el Código de Procedimiento Civil...”

- que en el presente caso regla cuáles pretensiones pueden ser admitidas y cuales no, y en la ruta para establecer el procedimiento adecuado a esa pretensión le es obligatorio al Juez tener a la vista y aplicar la resolución 2009-0006 emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18-03-2009, que le va a determinar el procedimiento adecuado en función de la cuantía establecida en la demanda.

- que en ese mismo orden y de una simple revisión del auto apelado, el Juez de la causa establece como único fundamento legal el artículo 206 eiusdem, pero lo aplica en forma parcial, pues no toma en consideración la parte final del mismo que establece: “En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado”, último precepto de esta norma conocida como principio finalista, que en criterio del tratadista venezolano Ricardo Henríquez La Roche, al analizar dicho principio en su obra Código de Procedimiento Civil comentado, en forma muy clara señala: ...omissis... que el artículo in comento tiene plena vigencia, más aún si lo aplican en concordancia con el artículo 257 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de cuyo contenido se deduce la reafirmación del principio finalista cuando este ordena que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, con el previo mandato legal de adoptar un procedimiento breve, oral y público.

- que es bueno recordarle que al momento de reponerse injustamente la causa, este proceso estaba en fase de pruebas, donde antes se cumplieron todos los pasos procesales que le garantizaran al demandado su derecho a la defensa, es decir, él fue citado personalmente, y dentro del término legal dio contestación a la demanda, contestación que hizo refiriéndose exclusivamente al fondo de la demanda, sin tocar para nada lo relativo a la pertinencia del procedimiento aplicado en principio, que lo fue el procedimiento breve.

- que llama mucho la atención y no deja de sorprender que el demandado en su escrito de informes (folio 39) escribió lo siguiente: “... y por tal motivo realizo (sic) la corrección legal correspondiente fundamentando también su actuación en los siguientes puntos que a continuación expongo:” y que luego agrega una serie de sentencias y doctrinas que según él, forma parte del fundamento que tuvo el ciudadano juez de la causa para reponerla en su auto de fecha 31-05-2010, pero como dejó establecido antes, de una simple revisión de dicho auto apelado, se observa que el único fundamento que usó el Juez a quo para reponer la causa fue el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue citado en forma incompleta, y que en ninguna parte de dicha sentencia se observa ni jurisprudencia, ni doctrina alguna que fundamente su decisión de reponer la causa como lo hizo, por lo que mal puede el demandado atribuirle fundamentos legales inexistentes en el auto objeto de esta apelación, que lo que tratan es crear confusión a la hora de tomar una decisión en esta incidencia.

- que no obstante lo anterior, y en análisis de esos cuatro puntos que según el demandado fundamentó también el juez su actuación, se observa que si se toma el extracto que hace de la obra del eminente procesalista y ex magistrado Dr. R.D.C. cuando establece: “Por último, por cuanto la acción de reivindicación no tiene pautado un procedimiento especial, el procedimiento a seguir es el del juicio ordinario, según lo previsto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil “. Que es cierto que según lo pautado en el artículo 338, se establece el carácter residual del procedimiento ordinario, en el sentido que es el que se debe aplicar a todas aquellas causas que no tiene un procedimiento especial asignado para su sustanciación, pero no es menos cierto que el procedimiento breve, también tiene ese carácter residual, ya que por él deben ser tramitadas y sustanciadas todas las demandas que no tengan asignado un procedimiento especial y su cuantía no exceda del límite cuántico que haya establecido la autoridad competente, y en este caso es donde hay que hacer énfasis obligatoriamente en el artículo 2 de la Resolución 2009-0006 emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18-03-2009, que a la letra dice: “Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T), y al ser la autoridad competente el Tribunal Supremo de Justicia, según el artículo 267 de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para establecer la competencia por la cuantía así como el procedimiento aplicable en función del límite cuántico, entonces no podría constituir este hecho causal de reposición o nulidad del auto inicial de admisión ya que el procedimiento a seguir, en nuestro caso es el breve establecido en el artículo 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

- que la parte demandada junto a sus apoderados judiciales, lo que hacen en su escrito es traer una serie de argumentos en forma serpenteante, sin base y acomodados a su mejor parecer, y que dice esto porque si ellos consideran que lo esgrimido en sus informes, es la normativa a aplicar, entonces es extraño que en ningún momento se refieran a la mencionada Resolución 2009-0006, ni siquiera para atacarla, la esquivan, porque saben que en el fondo es la que se debe aplicar al caso que nos ocupa.

- que con relación al argumento final de la parte demandada, de que la finalidad de la nulidad del auto de admisión es asegurar la garantía constitucional de los derechos fundamentales y la defensa en juicio, es decir tener una tutela judicial efectiva, finalidad ésta que no está expresada en esa forma en ese auto de nulidad; y le observa que nada mas alejado de la realidad de la presente causa, pues como se ha explicado, éste es un juicio que se había venido desarrollando con todas esas garantías constitucionales y procesales, pues el demandado, una vez citado personalmente, y en franco ejercicio de su derecho a la defensa, contestó en tiempo hábil a la demanda y estaba en etapa de pleno desarrollo para probar lo pretendido en su contestación, y sin embargo esa tutela judicial quedó vulnerada como igualmente quedó vulnerada la igualdad de las partes y todo el enunciado del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, con ese auto del a quo de fecha 31-05-2010, porque cuál es el beneficio para una u otra parte que implica una reposición o nulidad del auto de admisión con todo lo que ello implica, si lo que se busaca es una justicia eficaz, la cual dentro del dinamismo que ha tenido el derecho procesal en estos tiempos recientes que nos da el instrumento procesal contenido en la Resolución 2009-0006 emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18-03-2009, específicamente en su artículo 2, el daño evidente es el que está recibiendo su mandante porque, la justicia que le pertenece se ve lamentablemente obstaculizada por la actuación equivocada por el tribunal, en el auto de fecha 31 de mayo de 2010...”

6. Motivaciones para decidir

   El asunto sometido al conocimiento de esta alzada se refiere al recurso de apelación ejercido por la parte actora, contra el auto emitido en fecha 31-05-2010 por el Juzgado de los Municipios Arismendi, Gómez y A.d.C. de esta Circunscripción Judicial, que repuso la causa al estado de admisión de la demanda, por considerar que dicho tribunal erró al admitir la misma por los trámites del juicio breve a que alude el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, siendo que por tratarse de una acción reivindicatoria, debió ordenarse su trámite y sustanciación por el juicio ordinario de conformidad con el artículo 338 eiusdem.

   Se observa que la parte actora al fundamentar el recurso de apelación ante esta alzada, manifestó que no debió reponerse la causa a tal estado, toda vez que para el momento de emitirse la decisión apelada, el juicio se encontraba en etapa probatoria, y que al haberse consumado la contestación de la demanda, resultaba inútil e innecesaria tal reposición, pues ya el acto había alcanzado el fin al cual estaba destinado, de conformidad con lo preceptuado en la parte final del artículo 206 del texto legal adjetivo.

   Ahora bien, cabe destacar de la revisión de las actas procesales, muy especialmente del libelo de la demanda inserto a los folios 1 al 6 de este expediente, que los abogados P.E.G.R. y M.R.R., actuando en su condición de apoderados judiciales del ciudadano Glauvel J.B.M., demandaron por Reivindicación al ciudadano D.E.L.M., y que en su escrito libelar estimaron la demanda en la suma de noventa y cuatro mil doscientos cincuenta bolívares (Bs. 94.250,00) suma ésta que corresponde a la cantidad de mil cuatrocientas cincuenta unidades tributarias (1.450 U.T). Se observa asimismo que la demanda fue introducida en fecha 25-03-2010, y de acuerdo al auto inserto a los folios 7 y 8 de este expediente, fue admitida en fecha 14 de abril de 2010, emplazándose al demandado a dar contestación a la demanda al segundo (2°) día de despacho siguiente a su citación, “todo de conformidad con el artículo 2 de la Resolución 2009-0006 de fecha 18 de Marzo de 2009 sobre el procedimiento breve...”

   En atención a lo anterior, resulta oportuno señalar que la resolución N° 2009-0006 de fecha 18-03-2009 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 2 dispone:

   Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T), asimismo las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T)...”

   Del extracto antes transcrito emerge, que la Resolución emanada del M.T. de la República, regula el régimen de las cuantías, y en la misma se ha establecido que todas las demandas introducidas a partir de esa fecha y cuya cuantía no exceda de 1.500 U.T, deben ser tramitadas y sustanciadas de acuerdo a las prerrogativas establecidas por la ley para los juicios breves, es decir el establecido en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

   No obstante lo anterior, al tratarse el presente juicio de una acción reivindicatoria, no puede aplicarse a éste, el trámite dispuesto en dicha Resolución, toda vez que este tipo de acciones -independientemente de su cuantía- tienen su procedimiento pautado de acuerdo al contenido y alcance del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil conforme al cual deben ser iniciados, sustanciados y decididos todos los litigios que no tengan pautado un modo especial, como es el caso de los juicios reivindicatorios. De lo anterior se deduce que la decisión apelada, al reponer la causa al estado de admisión, pretende ordenar la estructura y secuencia preestablecida en la ley para este tipo de procedimientos, la cual fue subvertida por el a quo al darle inicialmente al proceso un trámite errado, constituyendo esa actuación inicial una evidente violación de las formas procesales previamente establecidas para la sustanciación de los juicios y que en definitiva constituyen la violación de disposiciones de orden público que no pueden ser subvertidas ni por las partes ni mucho menos por el Juez. Así se declara.-

   Ahora bien, con respecto al alegato esgrimido por el recurrente en informes, al señalar que la reposición decretada por el a quo, resulta inútil en atención al principio finalista consagrado en la parte final del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, observa esta alzada que es criterio tanto de la doctrina como de la jurisprudencia patria, que cuando se sigue conforme al juicio breve, un procedimiento que ha debido iniciarse por el procedimiento ordinario, se le causa perjuicio a las partes, toda vez que se reducen términos y lapsos procesales, así como oportunidades para que éstos puedan hacer valer los recursos establecidos en el juicio ordinario, de los cuales adolece el juicio breve. De allí que resulta evidente que en el caso de autos se lesionó el derecho a la defensa de los litigantes, al admitirse la demanda de reivindicación por el juicio breve, y no por el ordinario, ya que éste es de mayor cobertura procesal y probatoria. En tal sentido la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda por el juicio ordinario, no constituye una reposición inútil -al contrario- responde al interés específico de la correcta administración de justicia, y al cumplimiento de la noción del debido proceso. Así se declara.-

   En base a todas las anteriores consideraciones, quien aquí decide concluye que la decisión apelada debe ser confirmada, ya que con la reposición decretada se activó uno de los mecanismo dispuesto por la ley para que los jueces puedan procurar la estabilidad de los juicios “evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal” y siendo que al haberse admitido la presente demanda de reivindicación por los trámites del juicio breve, siendo lo correcto por el trámite del juicio ordinario, se vulneraron normas de orden público procesal que deben ser subsanadas oportunamente a los fines de evitar futuras reposiciones que menoscaben los principios de economía y celeridad procesal, de allí que el presente recurso de apelación debe ser declarado sin lugar como será señalado de manera expresa, positiva y precisa en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide.

7. Decisión

   En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este juzgado superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, administrado justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado P.E.G.R., actuando en su condición de apoderado judicial de la parte actora, contra el auto de fecha 31-05-2010, dictado por el Juzgado de los Municipios Arismendi, A.d.C. y Gómez de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.

Se confirma el auto apelado dictado en fecha 31-05-2010, por el Juzgado de los Municipios Arismendi, A.d.C. y Gómez de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta

Se condena en costas del recurso a la parte apelante, por disposición expresa del artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese a las partes la presente decisión, por haber sido emitida la misma fuera del lapso señalado en el artículo 251 eiusdem.

Publíquese, regístrese, diarícese y déjese copia. Remítase el expediente al juzgado de la causa en su oportunidad.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, en la ciudad de La Asunción, a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

El Juez Superior Temporal,

Abg. J.A.G.M.

La Secretaria,

Abg. Luimary Campos Caraballo

Exp. Nº 07872/10

JAGM/lcc.-

Interlocutoria

En esta misma fecha (12-11-2010) siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) se dictó y publicó, la anterior decisión previo el cumplimiento de todas las formalidades de Ley. Conste,

La Secretaria,

Abg. Luimary Campos Caraballo