Decisión nº 10 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 8 de Agosto de 2006
| Fecha de Resolución | 8 de Agosto de 2006 |
| Emisor | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A |
| Ponente | Helen Nefferty Garcia Ramirez |
| Procedimiento | Revision De Medida |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- EN SU NOMBRE.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 3.- SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE. CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA.- SAN CRISTÓBAL, MARTES, OCHO (08) DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS.
196º y 147º
Visto el contenido del escrito presentado por el Abogada G.M.T.B., en su carácter de Defensor Público del adolescente IDENTIDAD OMITIDA ART. 65 LOPNA en donde solicita LA REVISION DE LA MEDIDA impuestas en fecha 30-07-2006 específicamente la del literal “g” del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este Tribunal acuerda pronunciarse sobre lo solicitado y en consecuencia para decidir observa:
Que en fecha TREINTA (30) DE JULIO DE 2006, este Tribunal celebro audiencia de presentación de detenido en flagrancia, solicitada por la Fiscalia XVII del Ministerio Público, en relación a la aprehensión del adolescente IDENTIDAD OMITIDA ART. 65 LOPNA en la presunta comisión del delito FACILITADOR EN LA DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO; la cual se declaro con lugar, por cuanto se encontraban llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, para calificar su aprehensión como flagrante, se ordeno continuar por el procedimiento ordinario y dado al hecho a investigar, se le impuso al adolescente imputado, la medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad de las contenida en el literal “g” del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
En cuanto a la revisión de la medida esta Juzgadora observa que el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal establece la posibilidad de que el Juzgador examine el mantenimiento de las medidas cautelares, o en todo caso sustituirlas por una medida menos gravosa. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación ( SUBRAYADO NUESTRO). Norma esta aplicable por supletoriedad del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que el único órgano del Estado competente para intervenir en la esfera jurídica de cada individuo es el Juez, con arreglos al estado de Derecho, en otra palabras se debe concluir que la admisibilidad o no de una medida de privación de libertad corresponde únicamente al Juez, sin embargo, este poder conferido a los jueces penales de la República Bolivariana de Venezuela, en modo alguno es absoluto sino que se encuentra limitado, por una protección jurídica contra la injerencia procesal penal en los derechos fundamentales de cada individuo, estos límites están establecidos tanto en el principio de juzgamiento en libertad de las personas, como en el principio de inocencia, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, estableciendo que estos dos últimos instrumentos legales, un régimen de medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad, esto es en razón de que el legislador venezolano, se orientó en el camino de la sustitución de la pena privativa de libertad. Así el legislador venezolano, en nuestra especial jurisdicción, enumero siete medidas que puede el Juez imponer al imputado previa solicitud de parte y aún de oficio, según como lo establece el artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, convirtiéndose estas medidas además de hacer cesar la detención si fuese el caso, es decir, una vez ejecutada la detención preventiva del adolescente imputado, este puede obtener a través de cualquiera de ellas el beneficio de la libertad, también lograr la manera de asegurar su comparecencia a los demás actos procesales.
En el presente caso podemos observar que nos encontramos ante la investigación de un hecho que a pesar que se encuentra dentro de los establecidos en el parágrafo segundo del artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, como uno de los que puede llegar a imponérsele como sanción la privación de libertad, como es el de FACILITADOR EN LA DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, y siendo el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente quien acoge principios reguladores contenidos en la Convención sobre los Derechos del niño y agrega otros provenientes de los demás instrumentos jurídicos que integran la doctrina de protección integral, en los que se encuentra el principio de inocencia y del juzgamiento de personas en libertad, es por lo que este Tribunal en aras de los principios que rigen nuestro Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, observando las circunstancias que rodean al hecho, es por lo que esta Juzgadora considera DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE, la solicitud formulada por la Abogada Defensora G.M.T., y en consecuencia en cuanto la medida del literal “g” impuesta, esta Juzgadora la modifica en el sentido de que los fiadores tengan un ingreso mensual cada uno de 15 unidades Tributarias, es decir, se rebaja de 30 a 15 Unidades Tributarias, imponiéndose en este caso las medidas de los literales “b” y “c” del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, Y ASI FORMALMENTE SE DECIDE.
En consecuencia, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL Nº 3 DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, atendiendo a los principios universales consagrados en nuestra legislación venezolana, tales como el Derecho a la Defensa, Derecho a la Libertad y el de la Excepcionalidad de la Privación de Libertad DECIDE: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE, la solicitud formulada por la Abogada G.M.T., Defensora Publica del adolescente IDENTIDAD OMITIDA ART. 65 LOPNA, SEGUNDO: SE MODIFICA la medida cautelar del literal “g” del articulo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, imponiéndosele la de los literales “b” y “c” del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescentes. TERCERO: El adolescente imputado IDENTIDAD OMITIDA ART. 65 LOPNA queda obligado a: 1.- Someterse a la custodia y vigilancia de su representante legal, el cual deberá consignar constancia de residencia expedida por la Asociación de vecinos correspondiente. 2.- Presentarse cada QUINCE (15) días por ante este Tribunal y cada vez que sea citado o notificado por el Tribunal. 3.- Presentación de DOS (2) fiadores que llenen los requisitos exigidos por el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal y que tengan una capacidad de ingreso de QUINCE (15) UNIDADES TRIBUTARIAS. Notifíquese al defensor, al adolescente y a la Fiscal Décimo Novena del Ministerio Público.
AB. H.N.G.R..
JUEZ PROVISORIO DE CONTROL No. 3
AB. M.A.N.G.
SECRETARIA
En la misma fecha se cumplió lo ordenado y se libraron las correspondientes boletas.
