Decisión nº PJ0762015000072 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 5 de Agosto de 2015
| Fecha de Resolución | 5 de Agosto de 2015 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Ciudad Bolivar |
| Ponente | Olga Vede Ruiz |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO BOLIVAR
SEDE CIUDAD BOLIVAR
ASUNTO Nº: FP02-O-2014-0000029
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
PARTE ACCIONANTE: GLIEB ALZOLAR, JANITZA ANDRADE, JIGDA VILLARROEL y E.C., titulares de las cédulas de identidad Nº: 8.885.936, 19.536.794, 16.009.425 y 3.502.594, respectivamente.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACCIONANTE: FREDDLYN MORALES, abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA bajo el Nº: 108.483.
PARTE ACCIONADA: REYKIAVIK HERNANDEZ, I.L., J.R., ANA BETANCOURT, DIXOAIRA BELLO, MARIDEE MENDOZA y J.A.M., titulares de las cédulas de identidad Nº: 8.856.695, 4.751.824, 8.885.142, 15.125.451, 17.837.141, 11.167.809 y 16.209.767, respectivamente, en su carácter de miembros de la Junta Directiva del SINDICATO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES Y PROFESORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA A.J.D.S., así como los docentes JUAN ARENAS, LEDYS CARRASQUEL, MARIANELA GAVIDIA, QUIRAR AFANADOR, RODNY PIÑA, J.C., J.B., I.G., BELKYS SOTILLO, J.R., M.O., N.S., F.T., A.F., D.C., A.M., COROMOTO SIFONTES y RAISSI GARCIA, titulares de las cédulas de identidad Nº 13.796.176, 12.186.371, 15.618.429, 12.186.666, 13.015.967, 18947.926, 17.382.200, 22.115.072, 8.851.693, 13.658.407, 10.569.471, 19.534.583, 9.820.742, 12.599.297, 19.078.266, 11.167.739, 14.144.092 y 4.981.004, respectivamente.
APODERADOS DE LA PARTE ACCIONADA: No tiene Apoderado Judicial legalmente constituido.
MOTIVO: ACCION DE A.C..
Visto que en fecha Dos (02) de Junio de 2014 se recibió por ante la Unidad de Recepción de Documentos (URDD) del Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar, Acción de A.C. por la presunta violación del derecho constitucional al libre tránsito, al trabajo y al riesgo de sus derechos para el cumplimiento de sus deberes, interpuesta por los ciudadanos GLIEB ALZOLAR, JANITZA ANDRADE, JIGDA VILLARROEL y E.C., en contra de los ciudadanos REYKIAVIK HERNANDEZ, I.L., J.R., ANA BETANCOURT, DIXOAIRA BELLO, MARIDEE MENDOZA y J.A.M., en su carácter de miembros de la Junta Directiva del SINDICATO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES Y PROFESORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA A.J.D.S., así como los docentes JUAN ARENAS, LEDYS CARRASQUEL, MARIANELA GAVIDIA, QUIRAR AFANADOR, RODNY PIÑA, J.C., J.B., I.G., BELKYS SOTILLO, J.R., M.O., N.S., F.T., A.F., D.C., A.M., COROMOTO SIFONTES y RAISSI GARCIA, ya identificados.
Por auto de fecha Seis (06) de Junio de 2014, se admitió la referida acción y se ordenaron las notificaciones pertinentes a los efectos de la celebración de la audiencia constitucional, oral y pública. Sin que hasta la fecha la parte Accionante haya consignado las copias necesarias para certificar y proceder a notificar a los indicados en el Auto de Admisión.
De lo anterior se desprende que, en este Tribunal la parte accionante no realizó actuación procesal alguna para impulsarla. Por lo que se hace necesario hacer las siguientes consideraciones:
La inactividad procesal suscitada desde entonces, en el m.d.p. breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que la parte accionante ha perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en obtener la solución judicial acelerada y preferente que se dispensa por conducto del procedimiento de a.c.. En efecto, el interés procesal es la posición de los accionantes frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela.
Este interés subyace en la pretensión inicial de los accionantes y debe subsistir en el curso del proceso. La falta inicial de interés procesal impide el juicio sobre el mérito de la pretensión de los accionantes y por ello se sanciona con la declaratoria de inadmisibilidad de la pretensión, tal como lo reflejan las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, varias de las cuales recogen supuestos de falta de interés procesal (por irreparabilidad, cesación, consentimiento, elección de otra vía de protección judicial).
Ahora bien, otra situación puede ocurrir cuando en el curso del proceso puede sobrevenir la pérdida del interés. Es lo que sucede cuando los accionantes desisten de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del procedimiento. Pero también puede acontecer que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que esté en curso.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Bajo esta perspectiva, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha estimado, como principal efecto del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que puede asumirse el decaimiento de la acción de amparo una vez transcurrido un lapso de seis (06) meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte accionante.
Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos, de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esta causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución por medio de esta acción, toda vez que aún cuando tiene por norte el restablecimiento de la situación jurídica infringida mediante un procedimiento breve y sumario, el transcurrir del tiempo también tiene efectos importantes en lo que respecta a la necesidad de protección constitucional invocada.
Una muestra de ello ha sido recogida por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según la cual la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales por más de seis (06) meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía. En virtud de ello, resulta lógico deducir que soportar -una vez iniciado el proceso- una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto resultaría incongruente concluir que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses (6) para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se soportase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de la tutela jurídica solicitada, por un lapso mayor aquél. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 982 del 6 de junio de 2001 (caso: J.V.A.C.), se ha pronunciado en los siguientes términos: “…Si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél. ...”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte accionante en el p.d.a., en la etapa de admisión, o una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso de la parte presuntamente agraviada, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y con ello, la extinción de la instancia. Así se Establece.
En consecuencia, conforme al criterio jurisprudencial precedentemente expuesto y verificado que en la presente causa ha transcurrido un lapso superior a seis (6) meses, contado a partir del Seis (06) de Junio de 2014, sin que la parte Accionante haya impulsado la continuación del proceso, resulta forzoso declarar el Abandono del Trámite y en consecuencia, terminado el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como del criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
En virtud de las consideraciones anteriores, este JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, CON SEDE EN CIUDAD BOLIVAR, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Terminado el Procedimiento, por Abandono del Trámite, en la Acción de A.C. interpuesta por los ciudadanos GLIEB ALZOLAR, JANITZA ANDRADE, JIGDA VILLARROEL y E.C., titulares de las cédulas de identidad Nº: 8.885.936, 19.536.794, 16.009.425 y 3.502.594, respectivamente, contra los ciudadanos REYKIAVIK HERNANDEZ, I.L., J.R., ANA BETANCOURT, DIXOAIRA BELLO, MARIDEE MENDOZA y J.A.M., titulares de las cédulas de identidad Nº: 8.856.695, 4.751.824, 8.885.142, 15.125.451, 17.837.141, 11.167.809 y 16.209.767, respectivamente, en su carácter de miembros de la Junta Directiva del SINDICATO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES Y PROFESORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA A.J.D.S., así como los docentes JUAN ARENAS, LEDYS CARRASQUEL, MARIANELA GAVIDIA, QUIRAR AFANADOR, RODNY PIÑA, J.C., J.B., I.G., BELKYS SOTILLO, J.R., M.O., N.S., F.T., A.F., D.C., A.M., COROMOTO SIFONTES y RAISSI GARCIA, titulares de las cédulas de identidad Nº 13.796.176, 12.186.371, 15.618.429, 12.186.666, 13.015.967, 18947.926, 17.382.200, 22.115.072, 8.851.693, 13.658.407, 10.569.471, 19.534.583, 9.820.742, 12.599.297, 19.078.266, 11.167.739, 14.144.092 y 4.981.004, respectivamente.
REGISTRESE Y PUBLIQUESE
Dado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, SEDE CIUDAD BOLÍVAR, en Ciudad Bolívar a los Cinco (05) días del mes de Agosto del año Dos Mil Quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación de la República Bolivariana de Venezuela.
LA JUEZ,
ABG. O.V.R.
LA SECRETARIA,
ABG. K.M.P.
Nota: En esta misma fecha, siendo las 02:55 p.m. previo cumplimiento de las formalidades de la Ley, se dictó y publicó la anterior decisión. Déjese copia certificada de la presente Sentencia en el compilador respectivo.-
LA SECRETARIA,
ABG. K.M.P.
OVR/km
