Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 19 de Junio de 2013

La Indemnización Laboral establecida en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo monto en el presente caso y para el momento de la Contestación de la Enfermedad por parte de INSAPSEL es de TEINTA MIL SEISCIENTOS BOLIVARES FUERTES (BSf.30.000, 00).

LA sanción Pecuniaria prevista en el numeral tercero del artículo 130 de la Ley de Prevención Condición y Medio Ambiente de Trabajo una indemnización entre 2 y 5 años de trabajo, para este momento el monto es de CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLIBVARES FUERTES CON SIETE CENTIMOS (BS. 130.589,7), monto que corresponde a los 2.190 días continuos.

Daños Morales: La indemnización a que haya lugar por el daño que estoy sufriendo que estaré padeciendo por vida. Esta indemnización por daño civil denominada daño moral, de conformidad con lo establecido en los artículos 1193 y 1196 del Código Civil.

Finalizo demandando por este escrito a la Gobernador del estado Aragua, en la persona de su representante legal Procuraduría General del Estado Aragua, la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NUEVE BOLIVARES CON SIETE CENTIMOS (BS. 322.509,7) por los conceptos ya mencionados.

De las prestaciones sociales, Asimismo demando el pago de las pensiones dejadas de percibir hasta la fecha futura en la cual sea declarada su retiro legal de la administración por la vía de la jubilación.

Fundamento su solcito en los artículos 26, 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 144 Estatuto de la Función Pública y 259 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo; así como los artículos 108, 133,666 y 668 de la Ley orgánica del Trabajo, 92, 93, 94 y 95 Ley del Estatuto de la Función Pública, Finalizo solicitando la nulidad del acto de remoción tácito y retiro de hecho y que fuese acordado su reincorporación a los fines del otorgamiento del derecho a la jubilación y al pago de una pensión, el Pago de la indemnización por la enfermedad ocupacional. Igualmente solicito el pago de las prestaciones sociales adeudad hasta la fecha cierta que le sean concedida a la ciudadana C.E.R.S..

III

CONTESTACION AL FONDO DE LA CONTROVERSIA

Alega el Apoderado Judicial de la Procuraduría General del Estado Aragua, Abogado W.S., inscrito en el Inpreabogado bajo el número 116.796, como punto previo que “….se declare como punto previo la Perención de la Instancia de conformidad con lo establecido en los artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, toda vez que el recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, presentado por la Recurrente en fecha 09 de agosto del 2010, fue admitido en fecha 08 de octubre del 2010, transcurriendo dos años, un mes y once días hasta el 15 de noviembre del 2012, fecha última esta en la cual nuestra representante es notificada sobre el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial….”

Argumenta igualmente que “… cronológicamente de las actas que conforman la presente causa, se observa un simple cálculo matemática, que entre el 08/10/2010 fecha en la cual sea emitió el Recurso y el 15/11/2012 fecha en la cual mi representada fue notificada, transcurrió el lapso requerido para que operara la Perención de la instancia, por lo que puede observarse que la recurrente dejo transcurrir sobradamente el lapso de dos (2) años para impulsar el proceso, tendiente ala citación y notificación de nuestra representada…”

Arguye que “… quedo evidenciado que transcurrió con demasía el lapso establecido por el legislador para que proceda la perención de la instancia en la presente causa, lapso en el cual la parte actora no ejecuto diligentemente ningún acto de procedimiento para que el mismo continuara su curso , quedando de esta forma comprobada la inactividad y la conducta pasiva de la actora en lo que respecta a la obligación que la ley de impone a los fines de darle impulso al proceso del cual es el principal interesado..”

Por lo antes expuesto es que de conformidad don lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por la inactividad de la parte recurrente de dale impulso procesal a la presente causa.

Con respecto a la defensa de fondo la parte recurrida argumento su defensa en los siguientes términos:

Que “Niego, rechazo y contradigo los argumentos expuesto por la recurrente en su escrito libelar, por resultar falsos y contradictorios dichos argumentos, siendo que para la fecha en la cual fue suprimida y liquidada INVITAR, la recurrente solo tenía una antigüedad de 16 años, 8 meses y 8 días, es decir no cumplía con los requisitos mínimos de tiempo de servicio para una jubilación ordinaria, conforme al ordenamiento jurídico respectivo…”

Que “…. La Recurrente no cumplía con el requisito esencia establecido en el numeral 3 del artículo 4 del Instructivo que Establece las Normas que Regula tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que presten servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y para los obreros dependiente del Poder Publico Nacional, inmerso en el decreto N° 4.107, debidamente publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 342.988, de fecha 28 de noviembre de 2005, para que se pudiese abrir un procedimiento de jubilación especial por el Ejecutivo regional ante la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela para su otorgamiento….”

Que la ciudadana C.E.R.S., no presentó una enfermedad grave debidamente dictaminada mediante informe medico avalado por un órgano con competencia en mataría de salud publica, que le impida permanecer el normal desempeño de sus funciones o actividades de índole laboral, y tampoco demostró que se encontraba en una situación grave derivadas de carga familiares, debidamente avalada por informe social, en el cual se le especifica que la circunstancia que genera tal situación depende exclusivamente del trabajo de ella, siendo estas las dos únicas circunstancia excepcionales establecidas en el artículo 5 ejusdem, para que se pueda tramitar y otorga la jubilación especial la cual pretende dicha recurrente. Aunado al hecho de que la recurrente no solicitó a la Junta Liquidadora de INVIVAR la tramitación de la respectiva jubilación especial, y por ser tal especial, esta debía por lo menos solicitar por escrito de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 6 ibidem, en concordancia con el artículo 30 del Reglamento de la Junta Liquidadora de INVIVAR…”

Finalizo solicitando que sea declarad sin lugar en la definitiva.

IV

COMPETENCIA

Cabe resaltar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio de 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su Título VIII todo un proceso dirigido a controlar en vía jurídica el acto, actuación, hecho u omisión de la Administración Pública en ejercicio de la función pública y otorgó la competencia a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las acciones a través de las cuales los funcionarios pueden hacer valer sus derechos frente a la Administración Pública.

En efecto, la disposición transitoria primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, consagra que:

Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funciones el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.

Ahora bien, mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente en su Título III; que se establecerá a qué Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.

No obstante lo anterior, no se puede obviar el principio de especialidad que reviste a ciertas leyes, lo que conlleva a que una determinada ley se aplique con preferencia a otra respecto a una especial materia, principio éste recogido en la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando en su artículo 1 -ámbito de aplicación- hace alusión a “salvo lo previsto en leyes especiales”; por lo que siendo la función pública una materia especial al encontrar su regulación en la Ley del Estatuto de la Función Pública, es que debe dársele aplicación preferente a dicha ley.

En este sentido, es menester resaltar que la competencia a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es la relativa al grado en que conocerán los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, al señalar que “…son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley…”, aspecto que no fue modificado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que se ratifica con lo dispuesto en su artículo 25 numeral 6.

Por lo tanto, se entiende lato sensu que las controversias a que se refiere el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, las siguen conociendo en primera instancia los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, por ser el grado de jurisdicción lo que se encontraba regulado de manera transitoria, máxime que el conocimiento de aquellas acciones distintas a la prevista en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no fue atribuida a otro Órgano Jurisdiccional, por lo que en el presente caso debe atenderse a la especial regulación e intención del legislador plasmada en la Ley del Estatuto de la Función Pública, esto es, la competencia de los Jueces Superiores Contenciosos Administrativos del lugar donde hubieren ocurridos los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia, todo lo cual en modo alguno no contraviene las disposiciones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así, verificada la relación de empleo público señalada por la parte querellante respecto a los Tribunales de la República, lo cual da origen a la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, tal y como fuera apreciado precedentemente, se estima que se encuentran configurados los supuestos para que este Tribunal entre a conocer y decidir la causa.

Ad literam, quien aquí juzga verifica la competencia de este Juzgado para el conocimiento del recurso contencioso administrativo funcionarial que ha sido planteado por tratarse de una reclamación contra un Ente administrativo que se encuentra dentro de los límites de la competencia territorial atribuida a este Órgano Jurisdiccional. Así se decide.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Verificado como quedo planteada la controversia considera esta Sentenciadora que antes de entrar a conocer el fondo de la presente causa, considera necesario pronunciase en primer lugar sobre el punto previo de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, alegado por la parte recurrida en la oportunidad de la Contestación a la Querella en relación a la Perención de la Instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso y ratificado en la oportunidad de la Promoción de pruebas, por lo que pasa de seguidas a pronunciarse en los siguientes términos:

Refiere la representación judicial de la Procuraduría General del estado Aragua que “….se declare como punto previo la Perención de la Instancia de conformidad con lo establecido en los artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, toda vez que el recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, presentado por la Recurrente en fecha 09 de agosto del 2010, fue admitido en fecha 08 de octubre del 2010, transcurriendo un dos años, un mes y once días hasta el 15 de noviembre del 2012, fecha última esta en la cual nuestra representante es notificada sobre el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial….”

Que “…cronológicamente de las actas que conforman la presente causa, se observa un simple cálculo matemática, que entre el 08/10/2010 fecha en la cual sea admitió el Recurso y el 15/11/2012 fecha en la cual mi representada fue notificada, transcurrió el lapso requerido para que operara la Perención de la instancia, por lo que puede observarse que la recurrente dejo transcurrir sobradamente el lapso de dos (2) años para impulsar el proceso, tendiente ala citación y notificación de nuestra representada…”

En este sentido, realizada precedentemente un breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado Superior Estadal señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal que se trate, está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos previstos para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.

Cabe resaltar que para casos como el de autos, una vez admitido el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, y libradas la respectiva notificación y citación, deviene una carga procesal para la parte querellante de proceder a impulsar y consignar las correspondientes copias fotostáticas requeridas en el auto de admisión dictado, para que el Alguacil del Tribunal practique efectivamente la citación y notificación de aquellos contra los cuales dirige su pretensión; por lo que conforme a lo señalado supra, dicha omisión o inactividad implicaría una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación necesaria para continuación del procedimiento instaurado.

En efecto, en el caso de marras de la revisión de las actas procesales se constatan las siguientes actuaciones:

• En fecha 08 de Julio del 2011, el Abogado L.K.C.P., mediante diligencia procedió a sustituir Poder en la Abogada Adelaide Manfredi Delgado, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 79.369, carácter este que no ostentaba, por cuanto de las actas procesales hasta la referida fecha, no tenía acreditada tal representación. Destacándose en todo caso, que el fondo de diligencia no insta a la continuidad de la presente causa, por cuanto la actuación verificada en la misma no es una actuación procesal tendente a la continuidad de la causa. (Vid., folio 28)

• En fecha 06 de octubre de 2011, compareció el Abogado L.K.C.P., presentó diligencia, mediante la cual consignó Instrumento Poder y solicitó la expedición de las respectivas fotocopias del libelo y sus anexos a los fines de practicar las Notificaciones, diligencia esta que “en principio” insta a la continuidad de la presente causa. (Vid., folio 29)

• En fecha 19 de Junio de 2012, el gado L.K.C.P., mediante diligencia procedió a sustituir Poder en el Abogado R.E.M.B., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 125.975. Destacándose, que el fondo de la diligencia no insta a la continuidad de la causa, por cuanto la actuación verificada no impulsa la continuidad de la misma. (Vid., folio 38)

• Posteriormente, el 09 de octubre de 2012, la ciudadana C.E.R.S., titular de la cédula de identidad Nº 5.270.754, actuando con el carácter de parte querellante, debidamente asistida por la Abogada Z.D., inscrita en el Inpreabogado bajo el numero 22.158; Solicita el Abocamiento de la Jueza que suscribe en la presente causa y se notifique a la parte querellada. (Vid., folio 39 y su vuelto)

• En fecha 10 de octubre de 2012, este Tribunal dictó auto mediante el cual se aboco a la presente causa, fijando el lapso de cinco (5) días de despacho de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

• En fecha 15 de octubre de 2012, la ciudadana C.E.R.S., titular de la cédula de identidad número 5.270.754, debidamente asistida por el Abogado N.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el número 67.311, estampo diligencia solicitando copia simple de la contenido total del expediente.

• En fecha 22 de octubre de 2012, este Juzgado dictó auto mediante el cual ordenó dejar sin efecto los Oficios Librados a la Procuradora General del estado Aragua y al Gobernador del Estado Aragua, librándose nuevos oficios.

• En fecha 23 de octubre de 2012, la ciudadana C.E.R.S., titular de la cédula de identidad número 5.270.754, debidamente asistida por el Abogado el Abogado L.K.C.P., inscrito en el Inpreabogado bajo el número 78.633, estampo diligencia solicitando copia los fotostátos precisos, para notificar a la Gobernación y a la Procuradora del Estado Aragua, en fecha 25/10/2012, se entregó lo solicitado.

• En fecha 25 de octubre de 2012, el Abogado L.K.C.P., inscrito en el Inpreabogado bajo el número 78.633, estampo diligencia mediante la cual sustituyo Poder en la Abogado Adelaide Manfredi Delgado, titular de la cédula de identidad N° 12.994.902 e inscrita en el Inpreabogado bajo el número 79.369.

• En fecha 22 de noviembre de 2012, el Alguacil de este Despacho, mediante diligencia, consignó las notificaciones libradas a los ciudadanos Gobernador y procuradora General del Estado Aragua., las cuales corres insertos a los folios 47 al 50.

De lo destacado supra, observa este Órgano Jurisdiccional que desde el 06 de Octubre de 2011, cuando el Apoderado Judicial de la parte recurrente consigna Instrumento Poder y solicita las copias para la practica de las notificaciones, no es sino hasta el 09 de Julio de 2012, que la parte actora obligada a ejercer la actividad tendente a la continuidad de la causa, solicita el Abocamiento en la presente causa y se notifique a la parte querellada; por lo que se evidencia que durante dicho lapso, no fue materializada oportunamente ninguna actuación procesal a instancia de parte interesada para la continuación del procedimiento, es decir, la parte querellante no mostró dentro del año siguiente a la fecha del (06) de octubre del 2011, interés procesal alguno para materializar las subsiguientes actuaciones, habiendo transcurrido un lapso superior a un (01) año de paralización de la causa.

Así las cosas, ante la ausencia de una disposición expresa contenida en la Ley del Estatuto de la Función Pública, relativa a la figura de la perención de la instancia, es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:

Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.

Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.

En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión.

Al respecto, conviene traer a colación lo dispuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 956 de fecha 01 de Junio de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, en la que dejo sentado lo siguiente:

“(…omissis…) Corresponde a esta Sala hacer las siguientes distinciones:

El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.

Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).

En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.

El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.

Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.

Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio. (…omissis...)” (Destacado de este Tribunal Superior)

En efecto, conforme al criterio vinculante supra transcrito, advierte este Órgano Jurisdiccional que de verificarse en el caso sub examine, la perención de la instancia, las actuaciones efectuadas después de haberse consumado la misma de pleno derecho, no convalidan la inactividad de la parte actora.

En este sentido, de la revisión a las actas procesales observa este Tribunal que la actuación por parte de la actora tendente a la prosecución de la causa después de que este Tribunal Superior admitió el recurso interpuesto y libró las notificaciones de ley, se verificó el día 06 de octubre de 2011, cuando el Apoderado Judicial solicitó la expedición de las fotocopias para la practica de la citación y notificación respectiva.

No obstante ello, desde el día 06 de octubre de 2011, no es sino hasta el 09 de octubre de 2012, que la parte actora obligada a ejercer la actividad tendente a la continuidad de la causa, solicita el Abocamiento en la presente causa y se notifique a la parte querellada; por lo que se evidencia que durante dicho lapso, no fue materializada oportunamente ninguna actuación procesal a instancia de parte interesada para la continuación del procedimiento, es decir, la parte querellante no mostró dentro del año siguiente a la fecha del (06) de octubre del 2011, interés procesal alguno para materializar las subsiguientes actuaciones, habiendo transcurrido un lapso superior a un (01) año de paralización de la causa. (Vid., folio 39 y su vuelto)

En igual sentido, el acto procedimental siguiente tendente a la prosecución del juicio, por parte de este Tribunal Superior Estadal desde la fecha de la admisión (06/10/10) y emisión de los oficios de notificación y citación (08/10/10), ocurrió el 10 de octubre de 2012, mediante auto suscrito por la Ciudadana Juez de este Despacho, en el cual se aboca al conocimiento de la presente causa, a instancia de la parte actora.

Así las cosas, de las actuaciones precedentemente descritas logra evidenciar este Órgano Jurisdiccional que entre las verdaderas actuaciones de la parte actora tendentes a la prosecución de la presente causa, esto es, entre el 06 de octubre de 2011 y, el 09 de octubre de 2012, transcurrió más de un (01) año de paralización de la causa y constatada la falta de impulso de la acción incoada -no imputable a este Órgano Jurisdiccional- en tanto- durante los referidos años este Tribunal Superior nunca estuvo acéfalo o sin actividad judicial; razón por la cual resulta forzoso para esta Instancia Judicial declarar CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide.

Ahora bien, como consecuencia de haberse declarado la Perención de la Instancia, resulta inoficioso para este Órgano Jurisdiccional entrar a conocer los argumentos de fondo en la presente causa. Así se establece.

VI

DECISIÓN

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este TRIBUNAL SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve declarar:

SU COMPETENCIA para entrar a conocer y decidir en primera instancia el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL interpuesto por la ciudadana C.E.R.S., titular de la cédula de identidad Nº 5.270.754, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA, POR ÓRGANO DEL INSTITUTO CORPORATIVO DE LA VIVIENDA DE ARAGUA (INVIVAR).

CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL interpuesto por la ciudadana C.E.R.S., titular de la cédula de identidad Nº 5.270.754, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA, POR ÓRGANO DEL INSTITUTO CORPORATIVO DE LA VIVIENDA DE ARAGUA (INVIVAR).

Por cuanto la presente decisión se dicta dentro del lapso de ley, resulta inoficioso ordenar la práctica de las notificaciones de las partes. Así mismo, en acatamiento a lo previsto artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Nº 6.286, de fecha 30 de julio de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.892 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, notifíquese del contenido de este fallo a la ciudadana Procuradora General del estado Aragua, bajo Oficio. Líbrese Oficio.

Publíquese, diarícese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, diecinueve (19) días del mes de Junio de dos mil trece (2.013). Año 203º y 154°.

LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,

DRA. M.G.S..

LA SECRETARIA,

ABOG. SLEYDIN REYES.

En esta misma fecha, siendo las 03.10 p.m., se publicó y registro la anterior decisión.-

LA SECRETARIA

Materia: Contencioso Administrativo

Exp. Nº DE01-G-2010-000008

Numero Antiguo: 10.454

MGS/sr/mr/der