Gobierno impone control total de precios

Las estructuras de costos y los precios de venta al público de alimentos, productos de cuidado personal y artículos para la limpieza del hogar se regirán, a partir de mañana, por un nuevo sistema de control. Con la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos y su reglamento, las empresas y personas que produzcan, distribuyan y comercialicen bienes y servicios quedan sujetos al control riguroso de la superintendencia del área. El organismo determinará los porcentajes de ganancias, utilidades y precios máximos de venta al público que podrán tener las compañías reguladas y los fijará mediante una providencia administrativa. Se le da potestad a los conse jos comunales y a cualquier organización social, previa autorización de la superintendencia, de fijar precios, costos y márgenes de ganancia de los bienes y productos sujetos a control. El presidente Hugo Chávez dijo que se creará un catálogo estándar de todos los bienes y servicios que se regularán y los precios fijados. Para tal fin se tomará en cuenta el costo de la materia prima nacional o importada, la mano de obra, los servicios, el costo de transferencia tecnológica e incluso se compararán los precios nacionales de venta al público con los internacionales. Las empresas estarán obliga das a registrarse en el sistema de costos y precios, y presentar a la superintendencia las estructuras de costos detallados por cada rubro que procesen. En caso de que el Gobierno considere que los montos estén sobreestimados, evadan regulaciones y contengan ganancias exageradas serán rechazados y quedará a potestad del Ejecutivo fijarlos. Tampoco se reconocerán los costos de productos que presenten cambios en las presentaciones y formatos como medida para evadir controles de precios. El Gobierno se reserva el de recho de establecer los precios según los criterios socialistas plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. En especial aquellos lineamientos que favorezcan la determinación del mejor precio para la población y la satisfacción de las necesidades sociales y el interés nacional, dicta el reglamento en el artículo 25. Incluso los precios de los bienes y servicios contratados por el sector público serán regulados por la superintendencia. El economista Ángel Alayón dijo que las empresas tendrán que someter a consideración todas sus estructuras de costos al Gobierno y proponer los precios de venta al público. Si el Ejecutivo autoriza las estructuras y los precios, las...

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