El gobierno oculta los problemas y cuando las personas se quejan las arresta

Existe un patrón siste-mático de persecución política del gobierno de Venezuela: no asu me los problemas, los oculta y cuando las personas se quejan, las arresta. Si esto no funciona, busca chivos expiatorios para justificar su narrativa, aseguró Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, quien dejó claro que por esta situación atraviesan los panaderos.El Ejecutivo no asume su responsabilidad ante la escasez de trigo y los culpa de ser responsables de no producir pan.Esta afirmación la hizo en una de las tres audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que Venezuela fue protagonista.La persecución política, el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas se debatieron en el seno de la Organización de Estados Americanos, con participación de ONG venezolanas y representantes del Estado.Romero indicó que la repre sión aumentó desde 2014 y que aunque se liberaron algunas personas, se ha encarcelado a otras, manteniéndose siempre un número cercano a los 100 detenidos. El diálogo, más que traer liberación de personas, incrementó los arrestos para utilizar a los presos políticos como fichas de negociación.Alertó sobre 19 casos con bole tas de excarcelación que no han sido ejecutadas. ¿Cómo es posible que un tribunal dicte una medida y las personas no hayan sido liberadas?.Las ONG Transparencia Ve nezuela, Acceso a la Justicia, Centro de Justicia y Paz, Provea, Sinergia, Civilis, el Instituto de Prensa y Sociedad y Espacio Público entregaron a la CIDH un informe en el que se denuncia que en Venezuela no hay justicia y que se irrespetan los derechos humanos.El documento tiene ocho capítulos en los que se destacan la falta de independencia judicial, la violación al debido proceso, el hecho de que no se admiten casos por formalidades, la violación al derecho de acceso a la información pública y a la libertad de expresión e información.Mercedes De Freitas, direc tora ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que en el país la justicia y la política están vinculadas. Destacó que hubo parcialidad en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Declaró que se limitan las investigaciones por actos de corrupción.Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, denunció la violación del debido proceso. Detalló que 21 de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no cumplen con los requisitos mínimos para estar en sus cargos. Subrayó que en el caso de los magistrados nombrados en...

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