Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 19 de Febrero de 2008

Cuando la caducidad afecta los derechos del portador de la letra frente a todos los obligados de regreso. Esos son los casos indicados por el artículo 461 del Código de Comercio, cuando el portador deja de observar los términos:

1. Para la presentación de una letra de cambio a la vista o a cierto término vista;

2. Para sacar el protesto por falta de aceptación o por falta de pago;

3. Para la presentación al pago, en caso de resaca sin gastos, supuesto en el cual la ley considera la letra perjudicada, como si no se hubiera levantado un protesto cuanto éste es necesario.

En todos los casos anteriormente citados, dice el Código: el portador queda desposeído de sus derechos contra los endosantes, contra el librador y contra los obligados, a excepción del aceptante.

Cuando la caducidad afecta el derecho de ejercitar el regreso. A este supuesto se refiere la segunda parte del artículo 461: si el portador no presenta la letra a la aceptación en el término estipulado por el librador, pierde sus acciones tanto en defecto de pago como de aceptación (a menos que de la estipulación se derive que el librador sólo entendió eximirse de la garantía de aceptación).

En los supuestos indicados en los párrafos anteriores, la comisión del portador legítimo en el lapso establecido (inobservancia de los términos) tiene como efectos la pérdida (caducidad) de las acciones de regreso. La caducidad no funciona frente al aceptante, a quien expresamente excepciona de sus efectos la primera parte del artículo 461 del Código de Comercio (tercer aparte). El legislador consideró innecesario referirse al avalista del aceptante como obligado contra quien no surte efectos la caducidad, por considerar que su posición en el nexo cambiario es idéntica a la de su avalado (se obliga de la misma manera.

El Código de Comercio regula otras hipótesis de caducidad:

1. La omisión del portador de sacar un protesto por falta de pago, en caso de que la letra aceptada por intervención o que contenga indicado para pagar en caso necesario no sea pagada en su oportunidad, cuando el protesto es procedente es decir, si la letra carece de cláusula dispensatoria (artículo 468). Si el protesto no se levanta, el que haya designado la intervención o por cuenta de quien la letra ha sido aceptada y los endosantes posteriores, cesan en su obligación (único aparte, artículo 468). La caducidad, en este caso, limita sus efectos a las acciones contra la persona que haya designado a la que ha de intervenir o a la que haya de ocurrirse por el pago en caso necesario; respecto a la persona por cuenta o en beneficio de quien haya sido aceptada; y por último, respecto de los endosantes posteriores.

2. La omisión del protesto para dejar constancia de la falta de la fecha en que la letra fue presentada a la aceptación. Si el protesto no se levanta, el portador pierde las acciones de regreso (único aparte, artículo 433);

3. La falta de un protesto en el caso de negativa del poseedor del ejemplar enviado a la aceptación de remitir éste al portador legítimo. Si el protesto no se levanta, el portador pierde las acciones de regreso (artículo 474);

4. La misma omisión, en el supuesto de negativa del tenedor del título original a enviar éste al portador legítimo de la copia (artículo 476).

   P.T. incluye como supuestos de caducidad la pérdida de las acciones en los casos de los artículos 469 y 471 del Código de Comercio. Sin embargo, en esos dos casos no se trata de inobservancia de los términos, sino del uso de una potestad atribuida por la ley al portador.

   Según la doctrina y jurisprudencia dominante, la caducidad legal tiene carácter de orden público. En materia cambiaria, esta posición está reforzada por la condición del protesto, al cual muchas legislaciones atribuyen carácter solemne, además de presupuesto de ejercicio de las acciones cambiarias. Nuestra jurisprudencia ha decidido en materia de caducidad:

1. Que puede ser legal o contractual;

2. Que la caducidad legal es de orden público, razón por la cual no requiere ser alegada por la parte a quien beneficia, puede ser invocada en cualquier estado y grado del proceso, puede ser aplicada de oficio por el juez y no es renunciable por la persona a quien favorece;

3. Que la caducidad contractual no puede ser contraria al orden público y a las buenas costumbres;

4. Que el tiempo necesario para que opere la caducidad corre fatalmente;

5. Que la simple presentación de la demanda evita la caducidad (impropiamente se habla de interrupción de la caducidad), lo cual contrasta con la interrupción de la prescripción, que sólo se logra con la citación del demandado o con el registro de la demanda;

6. Que ejercida la acción, ésta no sigue sujeta a caducidad;

7. Que el lapso se computa conforme a las reglas generales del artículo 12 del Código Civil;

8. Que si vence el lapso de caducidad y la acción no ha sido intentada, se produce la pérdida del derecho.

   Han sido reiteradas las Jurisprudencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que han establecido que cuando la acción cambiaria se ejerce contra el aceptante, obligado cambiario directo, como ocurre en el caso de especie, no es necesario levantar el protesto por la falta de pago de la letra de cambio.

   En el presente caso, efectivamente las Letras de Cambio demandadas, no indican la fecha de vencimiento, por lo que de conformidad con el artículo 411 del Código de Comercio, se consideran pagaderas a la vista.

   Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 442 ejusdem, establece que la letra de cambio a la vista es pagadera a su presentación, y debe presentarse al cobro dentro de los plazos legales o convencionales fijados para la presentación a la aceptación de las letras pagaderas a un plazo vista, y de conformidad con el artículo 431 del Código de Comercio, la letra a la vista debe presentarse al cobro dentro de los seis meses siguientes a la fecha de emisión, no es menos cierto, que el artículo 454 ejusdem, facultan al legítimo tenedor a ejercitar su acción sin necesidad de sacar un protesto por falta de aceptación o falta de pago. Asimismo la disposición contenida en el artículo 461 del tantas veces mencionado Código de Comercio, establece claramente que vencidos los términos fijados para la presentación de una letra de cambio a la vista o a cierto término vista, el portador pierde todos sus derechos contra endosantes, contra el librador y contra los obligados, pero no así contra el aceptante.

   Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido que cuando la acción cambiaria se ejerce contra el aceptante, obligado cambiario directo, como ocurre en el caso de especie, no es necesario levantar el protesto por la falta de pago de la letra de cambio a su vencimiento. En consecuencia, el Tribunal tiene que forzosamente declarar sin lugar la caducidad invocada por la parte demandada. Así se establece.

   DE LA TACHA DE FALSEDAD

   Este tribunal antes de emitir su pronunciamiento en cuanto al análisis de las pruebas promovidas por la parte intimante, previamente pasa a efectuar el análisis correspondiente en cuanto a la tacha de los documentos fundamentales de la acción y para ello observa:

   En la oportunidad de la contestación a la demanda, la parte intimante, procedió a tachar las ocho letras de cambio demandadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.381 del Código Civil, así como en el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, ahora bien, por cuanto el tachante no formalizó la tacha de falsedad dentro del lapso establecido en el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal declaró TERMINADA LA INCIDENCIA DE TACHA.

   DE LAS PRUEBAS

   PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE INTIMANTE Y ANÁLISIS DE LAS MISMAS

   Reprodujo, ratificó, e hizo valer en todas y cada una de sus partes los instrumentos cambiarios, consignado con el libelo de la demanda, marcados con las letras A, B, C, C, D, E, F, G y H., es decir:

   1. - Letra de cambio signada con el Nº2/9, librada y aceptada en fecha 22 de noviembre del año 2002, por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES, (Bs.5.000.000,oo), hoy 5.000,00 Bs.F, para ser pagada a su presentación en la ciudad de San A.d.L.A.d.E.M..

   2. - Letra de cambio signada con el Nº3/9, librada y aceptada en fecha 22 de noviembre del año 2002, por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES, (Bs.5.000.000,oo), hoy 5.000,00 Bs.F, para ser pagada a su presentación en la ciudad de San A.d.L.A.d.E.M.. 3.- Letra de cambio signada con el Nº4/9, librada y aceptada en fecha 22 de noviembre del año 2002, por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES, (Bs.5.000.000,oo), hoy 5.000,00 Bs.F, para ser pagada a su presentación en la ciudad de San A.d.L.A.d.E.M..-

   4. - Letra de cambio signada con el Nº5/9, librada y aceptada en fecha 22 de noviembre del año 2002, por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES, (Bs.5.000.000,oo), hoy 5.000,00 Bs.F, para ser pagada a su presentación en la ciudad de San A.d.L.A.d.E.M..

   5. - Letra de cambio signada con el Nº6/9, librada y aceptada en fecha 22 de noviembre del año 2002, por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES, (Bs.5.000.000,oo), hoy 5.000,00 Bs.F, para ser pagada a su presentación en la ciudad de San A.d.L.A.d.E.M..

   6. - Letra de cambio signada con el Nº7/9, librada y aceptada en fecha 22 de noviembre del año 2002, por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES, (Bs.5.000.000,oo), hoy 5.000,00 Bs.F, para ser pagada a su presentación en la ciudad de San A.d.L.A.d.E.M..

   7. - Letra de cambio signada con el Nº8/9, librada y aceptada en fecha 22 de noviembre del año 2002, por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES, (Bs.5.000.000,oo), hoy 5.000,00 Bs. F, para ser pagada a su presentación en la ciudad de San A.d.L.A.d.E.M..

   8. - Letra de cambio signada con el Nº9/9, librada y aceptada en fecha 22 de noviembre del año 2002, por la cantidad de CUATRO MILLONES DE BOLIVARES, (Bs.4.000.000,oo), hoy 4.000,00 Bs.F, para ser pagada a su presentación en la ciudad de San A.d.L.A.d.E.M..

      El Tribunal observa que dichos instrumentos cambiarios, quedaron con todo su valor probatorio por efecto de la no formalización de la tacha incidental por parte del tachante, por lo que este Tribunal los tiene por reconocidos, les otorga todo el valor probatorio que de ellos emana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, quedando demostrado en autos la obligación que contrajo la parte demandada con la parte actora. Así se declara.

   2. - En el Capítulo Segundo promovió el escrito de contestación de la demanda. Esta sentenciador considera pertinente señalar que, conforme a reiterada jurisprudencia, los escritos presentados por las partes, ya sea de demanda, de contestación, de informes o de observaciones a los informes de la contraparte, no constituyen pruebas, sino que contienen los alegatos de las partes. Así se establece.

   3. - En el Capítulo Tercero, promovió documento público conformado por Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa SUMINISTROS AGRICOLAS VENEZOLANOS, SUAGRIVEN, C.A, este Tribunal observa que aún cuando se trata de un documento público que le merece plena fe a este Juzgador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil, no tiene ninguna relevancia en el presente juicio. Así se establece.

   4. - En el Capítulo Cuarto, promovió GACETA MERCANTIL, de fecha miércoles 19 de junio de 2002, donde se encuentra publicada el Acta de Asamblea extraordinaria de accionistas de la Empresa SUMINISTROS AGRICOLAS VENEZOLANOS, SUAGRIVEN, C.A. Este Tribunal con respecto a dicha prueba, aún cuando la misma constituye un acto de ley, y se tiene como fidedigna, la misma no es relevante para el presente juicio.

   5. - En el Capítulo Quinto, promovió documento público conformado por Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa SUMINISTROS AGRICOLAS VENEZOLANOS, SUAGRIVEN, C.A, este Tribunal observa que aún cuando se trata de un documento público que le merece plena fe a esta Juzgadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil, no tiene ninguna relevancia en el presente juicio. Así se establece.

   6. - En el Capítulo Sexto, promovió publicación EL EXPEDIENTE, DIARIO JURÍDICO MERCANTIL, de fecha 05 de agosto de 2002, sin relevancia en cuanto a los hechos controvertidos.

   7. - En el Capítulo Séptimo promovió documento público conformado por la participación que en fecha 19 de Noviembre de 2002, hizo el señor A.R.D.S., con el carácter de Director de la empresa SUMINISTROS AGRICOLAS VENEZOLANOS, SUAGRIVEN, C.A. El Tribunal observa que aún cuando se trata de un documento público que le merece plena fe a esta Juzgadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil, tampoco tiene relevancia en el presente juicio. Así se establece.

      DE LA OPOSICIÓN A LA INTIMACIÓN Y DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE INTIMADA:

      La parte intimada sólo se limitó a formular simple oposición al decreto intimatorio y para ello alegó que no adeudaba concepto alguno a la parte intimante, ni intereses, tal como lo probaría a lo largo del juicio, ello se desprende del escrito cursante al folio 65 del presente expediente, empero, no consta de autos que la parte intimada haya promovido prueba alguna, dentro del lapso previsto por el legislador para ello.

      Planteados así los hechos sometidos a la consideración de este Tribunal y siendo la oportunidad legal para decidir, se procede a hacerlo de la siguiente forma:

      CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

      La doctrina patria, ha definido al procedimiento por intimación o monitorio, como “aquel de cognición reducida, con carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos de créditos que hacer valer, asistidos por una prueba escrita. Puede ésta dirigirse en tal caso al Juez mediante demanda, y el Juez, inaudita altera parte (sin oír a la otra parte), puede emitir un decreto con el que impone al deudor que cumpla su obligación. Esto debe ser notificado al deudor, y entonces, o el deudor hace oposición y en tal caso surge de ello un procedimiento ordinario, o el deudor no hace oposición dentro del término, y entonces el decreto pasa a ser definitivo-irrevocable, con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena.

      La admisión de la demanda tramitada por el procedimiento por intimación, contempla la exigencia previa de una serie de requisitos establecidos en el mencionado artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, los cuales se justifican plenamente, por cuanto el decreto de intimación posterior, contendrá una orden efectiva de pago o entrega de la cosa, que en caso de no mediar oposición, adquirirá el carácter de un título ejecutivo derivado de una sentencia definitiva.

      El procedimiento por intimación, está diseñado para el cobro o satisfacción de una obligación de hacer, a través de modalidades taxativas contempladas en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, a saber: a.- El pago de una suma líquida y exigible de dinero; b.- La entrega de cantidad cierta de cosas fungibles; y, c.- La entrega de una cosa mueble determinada.

      En tal sentido este sentenciador observa:

      Que en el caso de autos, la parte intimante, ciudadanos: R.P.P., M.D.D.F. e I.T.D.S., actuando con el carácter de mandatarios del ciudadano J.A.L.G., según se evidencia de Endoso en Procuración de Cobro, como documento fundamental de la demanda, consignaron ocho (8) letras de cambio, libradas al ciudadano J.A.L.G., para ser pagadas sin aviso y sin protesto, por el ciudadano ALBEL R.D.S., por las cantidades allí señaladas, las mismas aún cuando fueron tachadas por la parte intimada, quedaron reconocidos al no ser formalizada oportunamente la tacha, quedando con todo su valor probatorio los referidos documentos privados, conforme a lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la parte intimada procedió a formular oposición al decreto intimatorio, por lo que el proceso continuó por los trámites del procedimiento ordinario, y en la oportunidad de la contestación, se limitó a negar y rechazar la demanda propuesta por el intimante, por lo que le correspondía durante la secuela del proceso demostrar lo alegado en autos, de acuerdo a la norma contenida en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:

      Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación...”

      Y por cuanto se evidencia de autos que no probó sus alegatos, que desvirtuaran los hechos alegados por la parte actora en su libelo de demanda, es forzoso para éste Tribunal declarar con lugar la demanda y así debe establecerse en el dispositivo del presente fallo, condenando al intimado a pagar las siguientes cantidades: PRIMERO: TREINTA Y NUEVE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.39.000.000,oo), hoy 39.000,00 Bs.F, que corresponde al monto total de los instrumentos cambiarios signados con los Nros.2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 y 9/9, libradas y aceptadas para ser pagadas si aviso y sin protesto. SEGUNDO: TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE ML SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON NOVENTA Y DIS CENTUNIS (Bs.3.057.638,92), hoy 3.057,63 Bs.F, por concepto de intereses moratorios vencidos generados por los instrumentos cambiarios, calculados a la rata del 5% anual desde el día 22-05-2003, hasta el día 09-02-2005. TERCERO:. Las costas del presente juicio, conforme lo establece el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil, calculadas prudencialmente por éste Tribunal en la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA BOLIVARES CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS, (Bs.10.601.770,85), hoy 10.601,77 Bs.F, Todo lo cual suma la cantidad de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES, CON VEINTISÉIS CENTIMOS, (Bs.53.008.854,26), hoy 53.008,85 Bs.F. CUARTO: El Tribunal acuerda mediante una Experticia complementaria del fallo, la indexación solicitada sobre el monto antes mencionado, desde el día de la admisión de la demanda, 17 de Febrero de 2005, hasta que quede firme el presente fallo. Así se decide.

      CAPITULO III

      DISPOSITIVA

      Por todos los razonamientos anteriores, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley y de conformidad con los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara:

CON LUGAR la demanda de INTIMACIÓN, interpuesta por los ciudadanos R.P.P., M.D.D.F. e I.T.D.S., actuando con el carácter de mandatarios del ciudadano J.A.L.G., como Endosatarios en procuración de Cobro, contra el ciudadano: A.R.D.S. , ambas partes identificadas en el cuerpo de esta sentencia.

Se condena a la parte intimada a pagarle a la parte intimante las siguientes cantidades de dinero: A) : La cantidad de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.39.000.000,oo), hoy 39.000,00 Bs.F, que corresponde al monto total de los instrumentos cambiarios signados con los Nros.2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 y 9/9, libradas y aceptadas para ser pagadas si aviso y sin protesto. B) La cantidad de TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE ML SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON NOVENTA Y DIS CENTUNIS (Bs.3.057.638,92), hoy 3.057,63 Bs.F, por concepto de intereses moratorios vencidos generados por los instrumentos cambiarios, calculados a la rata del 5% anual desde el día 22-05-2003, hasta el día 09-02-2005. C) Las costas del presente juicio, conforme lo establece el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil, calculadas prudencialmente por éste Tribunal en la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA BOLIVARES CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS, (Bs.10.601.770,85), hoy Bs. 10.601,77 Bs.F, todo lo cual suma la cantidad de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES, CON VEINTISÉIS CENTIMOS, (Bs.53.008.854,26), hoy 53.008,85 Bs.F.

El Tribunal acuerda mediante una Experticia complementaria del fallo, la indexación solicitada sobre el monto antes mencionado, desde el día de la admisión de la demanda, 17 de Febrero de 2005, hasta que quede firme el presente fallo.

Por haber resultado la parte intimada totalmente vencida en el presente juicio, se le condena en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese a las partes, por haber sido dictado el presente fallo fuera del lapso legal, conforme a lo previsto en el artículo 251 eiusdem.

REGISTRESE, PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, a los diecinueve (19) días del mes de Febrero de dos mil ocho (2008).- Años: 197º de la Independencia y 149º de la Federación.

EL JUEZ PROVISORIO,

DR. H.D.V. CENTENO G.

LA SECRETARIA ACC.,

ABG. A.M.G..

NOTA: En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo la 3:00 p.m.

HDVCG/lcfa.

Exp. No. 15051 LA SECRETARIA ACC.,