Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 22 de Febrero de 2010
| Fecha de Resolución | 22 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo |
| Ponente | Carmen Esther Gómez |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 22 de Febrero de 2010
199º y 151º
SEDE CONSTITUCIONAL
Expediente Nº: 16.457-09
ACCIONANTE: ciudadanos V.M.M.C. y C.A. MONTERO GONZÁLEZ, mayores de edad, Venezolanos, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.280.992 y V-7.234.480, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES: Abg. E.P.C., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 12.891.
PRESUNTO AGRAVIANTE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, a cargo del Juez SAMIL E.L..
MOTIVO: A.C..
De la revisión de las actas que conforman las presentes actuaciones, se observa que estamos en presencia de una ACCIÓN DE A.C., interpuesta por los ciudadanos V.M.M.C. y C.A. MONTERO GONZÁLEZ, mayores de edad, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.280.992 y V-7.234.480, respectivamente, debidamente asistidos en este acto por los Abg. E.P.C., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 12.891, contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
Dichas actuaciones fueron recibidas por este Tribunal Superior en Sede Constitucional, en fecha 08 de Julio de 2009, según nota suscrita por la secretaría del despacho, constante de (01) pieza de diecinueve (19) folios útiles (Folios 01 al 19) y (01) anexo de cuatro (04) folios útiles (folios 20 al 34).
Posteriormente, en fecha 13 de Julio de 2009, se le dio entrada e ingreso al libro de causas llevadas por este Juzgado asignándosele el Nro. C-16.457-09 (Folio 35).
Seguidamente, en fecha 16 de Julio de 2009, este Juzgado Superior dicta auto que corre inserto a los folios treinta y seis (36) al treinta y nueve (39), en el cual se ordena suministrar el domicilio procesal del tercero interesado FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ARAGUA (FUNDARAGUA), debiendo corregir la presente solicitud, dentro de un lapso de dos (02) días hábiles siguientes a aquel en que conste en autos las resulta de la notificación ordenada, asimismo se le advierte a la parte accionante en amparo, que en caso de no cumplimiento de la presente disposición, dicha solicitud será declarada inadmisible.
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UNICO:
En el presente caso se constató que desde la fecha 16 de Julio de 2009, oportunidad en la cual se ordenó suministrar el domicilio procesal del tercero interesado FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ARAGUA (FUNDARAGUA), a la presente fecha han transcurrido más de seis (6) meses, sin que la parte presuntamente agraviada haya mostrado interés en la prosecución de la presente acción, pues no ha hecho acto de presencia ni por si ni por medio de apoderado alguno.
En este orden, esta Superioridad, actuando en sede constitucional, procede en consecuencia a decidir y lo hace bajo los argumentos de hecho y de derecho que de seguidas se exponen:
El artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, derecho común en materia procesal, señala: que “…el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión...” Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes.
Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre justicia acelerada y preferente.
En efecto, el interés procesal es la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela; éste interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.
La falta inicial de esta “necesidad de tutela” (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión del actor y por ello se sanciona con la declaratoria de inadmisibilidad de la pretensión, tal como lo reflejan las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, varias de las cuales recogen supuestos de falta de interés procesal (por irreparabilidad, cesación, consentimiento, elección de otra vía de protección judicial). (Sentencia de la SC TSJ N° 00-0562).
Ahora bien, la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del procedimiento, también puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que esté en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
En este sentido, en materia de amparo constitucional, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo ha recogido dos supuestos: el desistimiento y el abandono en el trámite.
Bajo esta perspectiva, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha estimado como principal efecto del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que puede asumirse el decaimiento de la acción de amparo una vez transcurrido un lapso de seis (06) meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esta causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.
Pero como quiera que la acción de amparo, tiene por norte el restablecimiento de la situación jurídica infringida, lesiva de derechos fundamentales, mediante un procedimiento breve y sumario, el transcurrir del tiempo tiene también efectos importantes en lo que respecta a la necesidad de protección constitucional.
Tal conclusión, deriva de la propia naturaleza del Amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el Amparo, un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, ó la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la Jurisprudencia Patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue el Amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis (06) meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por lo tanto resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis (06) meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permita que se tolere pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor aquél.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Jurisprudencia establecida a través de sentencia Nº 982, de fecha 06 de Junio de 2.001, con ponencia del Magistrado Dr. P.R.R.H., donde se dejo sentado el criterio de declarar la perención de la acción de amparo y por ende la extinción de la instancia, estableció lo siguiente:
...Así, a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable. En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés... La inactividad por seis (06) meses de la parte actora en el proceso de Amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica en las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica sobre de Derechos y Garantías Constitucionales y, con ello, la extinción de la Instancia...
(Subrayado y Negritas de esta Superioridad Constitucional).
En el caso de autos, dado que la presente causa ha sido evidentemente abandonada por la parte actora desde la fecha 16 de Julio de 2009, oportunidad en la cual se ordenó suministrar el domicilio procesal del tercero interesado FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ARAGUA (FUNDARAGUA) (folios 36 al 39), y desde esa fecha hasta ahora no se ha puesto de manifiesto interés alguno por parte de los accionantes en la consecución del proceso, por consiguiente, tal conducta de los presuntos agraviados conduce a presumir, que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiesten interés. En consecuencia, no quedando dudas en el caso concreto, que la presente causa ha estado paralizada durante (07) meses y seis (06) días, y no existiendo en auto manifestación alguna por las partes en que se dicte decisión, por cuanto no existen interés de orden público inherentes a la misma, se constata la extinción de la instancia por ABANDONO DE TRÁMITE, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.
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DISPOSITIVA
Por las razones que anteceden, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y T. delE.A., actuando en sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara la extinción de la instancia por ABANDONO DE TRÁMITE, del Recurso de Apelación del amparo constitucional interpuesto por los ciudadanos V.M.M.C. y C.A. MONTERO GONZÁLEZ, mayores de edad, Venezolanos, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.280.992 y V-7.234.480, respectivamente, debidamente asistidos en este acto por el Abg. E.P.C., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 12.891, en contra del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por abandono del tramite de conformidad a lo establecido en el articulo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia con el Artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
Notifíquese a la accionante de la presente decisión mediante boleta, y una vez que conste en autos la misma se ordena el archivo del expediente, así mismo se ordena notificar al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y Sellada en esta Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en sede Constitucional en Maracay, a los veintidós (22) días del mes de Febrero del año dos mil diez (2010). Años: 199° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZ SUPERIOR CONSTITUCIONAL,
DR. C.E.G. CABRERA
LA SECRETARIA,
ABG. JUAISEL GARCIA.
En la misma fecha, se publicó el fallo anterior, siendo las 10:15 a.m. LA SECRETARIA,
ABG. JUAISEL GARCIA.
CEGC/JG/jjmñ
Exp. Nº C-16.457-09.
