Decisión nº INERLOCUTORIA21-2014 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Febrero de 2014
| Fecha de Resolución | 21 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Lilia María Casado |
| Procedimiento | Extinguida La Acción Por Perdida De Interés |
Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veintiuno (21) de febrero de 2014
203º y 155º
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
CON FUERZA DE DEFINITIVA Nº 21
Asunto N°: AP41-U-2007-000043
En fecha 26 de septiembre de 1997, el ciudadano J.D.L.V.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 2.939.631, actuando en su carácter de presidente de la empresa GRÁFICAS ALBORADA, C.A., interpuso recurso contencioso tributario, contra la Resolución Nros. GGSJ/GR/DRAAT/2006-344 de fecha 21 de febrero de 2006, emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y tributaria (SENIAT), mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente antes mencionada, y en consecuencia, se confirmaron los actos administrativos contenidos en las planillas de liquidación Nros. 01-10-26-004141 y 01-10-26-004140, de fecha 16 de julio de 1997, 01-10-26-011850, 01-10-26-011848 y 01-10-26-011849, de fecha 12 de agosto de 1997, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, por la cantidad total de Bs. 641.625,91, lo que equivale a la cantidad actual de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 641,62), por concepto de impuesto, intereses moratorios y multas.
En fecha 25 de enero de 2007, el recurso fue recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores Contenciosos Tributarios del Área Metropolitana de Caracas, y este Tribunal le dio entrada a la presente causa en fecha 09 de abril de 2007 bajo el Asunto N° AP41-U-2007-000043, ordenándose notificar a los ciudadanos Procuradora General de la República, Contralor General de la República, Fiscal General de la República, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente GRÁFICAS ALBORADA, C.A.
Así, los ciudadanos Fiscal General de la República, Contralor General de la República, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y a la Procuradora General de la República, fueron notificados en fechas 22/06/2007, 22/06/2007, 20/06/2007 y 26/06/2007, respectivamente, siendo consignadas las boletas y oficios el 04/07/2007, 04/07/2007, 23/07/2007 y 01/08/2007, respectivamente.
A través de diligencia de fecha 25 de septiembre de 2007, la abogada D.L., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 40.147, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, solicitó a este órgano jurisdiccional copia simples.
El 24 de febrero de 2011, fue consignada la boleta de notificación correspondiente a la recurrente GRÁFICAS ALBORADA, C.A., dejando constancia que no fue notificada.
En fecha 28 de enero de 2014, se público cartel a las puertas del tribunal concediéndole diez (10) días de despacho vencidos los cuales se entenderá que la recurrente esta a derecho.
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario incoado subsidiariamente al jerárquico por la recurrente GRÁFICAS ALBORADA, C.A., contra la Resolución Nros. GGSJ/GR/DRAAT/2006-344 de fecha 21 de febrero de 2006, emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y tributaria (SENIAT); no obstante, se observa que desde el día 25 de enero de 2007, fecha en la cual este Tribunal recibió el recurso contencioso tributario subsidiariamente al jerárquico tal y como consta del folio 45 del expediente judicial, hasta la presente fecha, la contribuyente accionante no realizó acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso.
En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en el cual se estableció lo siguiente:
…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido
.
En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal).
Siendo así, en el presente caso se observa que desde el día 25 de enero de 2007, fecha en la cual este Tribunal recibió el recurso contencioso tributario subsidiariamente al jerárquico, tal y como consta del folio 45 del expediente judicial, hasta la presente fecha, no consta ninguna actuación de la contribuyente recurrente GRÁFICAS ALBORADA, C.A., evidenciándose que la causa estuvo paralizada por más de siete (07) años, por lo que indudablemente, conforme al criterio precedentemente transcrito, se presume la pérdida del interés procesal por parte de la recurrente, en que se dicte sentencia, quedando así extinguida la presente causa. Así se declara.
Como consecuencia de la declaratoria anterior, este Tribunal no entra a pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DEL P.P.P.D.I. en el recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al jerárquico por el ciudadano J.D.L.V.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 2.939.631, actuando en su carácter de presidente de la empresa GRÁFICAS ALBORADA, C.A., contra la Resolución Nros. GGSJ/GR/DRAAT/2006-344 de fecha 21 de febrero de 2006, emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y tributaria (SENIAT), mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente antes mencionada, y en consecuencia, se confirmaron los actos administrativos contenidos en las planillas de liquidación Nros. 01-10-26-004141 y 01-10-26-004140, de fecha 16 de julio de 1997, 01-10-26-011850, 01-10-26-011848 y 01-10-26-011849, ambas de fecha 12 de agosto de 1997, respectivamente, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, por cantidad total de Bs. 641.625,91, lo que equivale a la cantidad actual de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 641,62), por concepto de impuesto, intereses moratorios y multa.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. De igual forma notifíquese a la Fiscal Trigésima Tercera del Ministerio Público, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y a la accionante GRÁFICAS ALBORADA, C.A., de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 277 del Código Orgánico Tributario.
Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro m.T.d.J. (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintiuno (21) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014).
Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Juez,
L.M.C.B.E.S.,
J.L.G.R.
Asunto N°: AP41-U-2007-000043
LMCB/JLGR/JP.
